Ciudad sagrada: Jerusalén

“Jerusalén es el corazón del pueblo judío y es una profunda fuente de nuestro orgullo,” afirmó el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, en Washington, D.C., el 25 de octubre de 1995. Diez días después de emitidas estas palabras, fue asesinado en Tel Aviv por el estudiante ultranacionalista Yigal Amir, opuesto a las tentativas de acuerdos de paz promovidas por el gobierno de Rabin. El evento en Washington conmemoraba los 3,000 años de la existencia de la sagrada ciudad. Rabin añadió que existía consenso entre israelís sobre la importancia de reclamar la histórica Jerusalén como capital del estado, porque como esa ciudad, no hay dos. Ese sigue siendo el sentir de los israelís.

El día anterior, como símbolo de la amistad diplomática entre Estados Unidos e Israel, la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aprobaron, con una gran mayoría de votos bipartidistas, una ley que reconocía a Jerusalén como la capital de Israel y que decidía el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Dicho traslado debía completarse en 1999. El presidente en esos momentos, Bill Clinton, asustado por las reacciones adversas del mundo árabe, no firmó la ley por considerar que ésta podría poner en riesgo las negociaciones de paz, pero ésta sí entró en vigencia días más tarde. La promesa política fue de posponer más que de rechazar la posibilidad de un eventual traslado de la embajada. En los años subsiguientes, George Bush y Barack Obama también adoptaron esta actitud de espera.

El pasado miércoles 5 de diciembre, el Presidente Donald Trump anunció que trasladará la embajada de su país a Jerusalén, reconociéndola como la capital de Israel. No se ha fijado un plazo para efectuar el traslado, y funcionarios de la Casa Blanca aclaran que la medida requiere del apoyo del Congreso, así como de la elaboración de planes para ubicar un sitio adecuado, diseñar el nuevo edificio y construirlo, todo ello cuidando los gastos.

Como era de esperar, varios grupos palestinos convocaron a paros y manifestaciones en protesta por el anuncio de Trump. Los palestinos reclaman el este de Jerusalén como la capital de su futura nación. El rey Salman de Arabia Saudita le advirtió a Trump que este anuncio equivalía a provocar al mundo musulmán.

No obstante, James Phillips de la Fundación Heritage, experto en asuntos de Medio Oriente, afirmó que Trump tomó la decisión correcta. “El reconocimiento de Jerusalén recompensa a un aliado cercano y corrige una injusticia histórica: el hecho que la soberanía israelí sobre su propia capital no ha sido reconocida,” expresó Phillips.

Jerusalén es una ciudad sagrada para muchas religiones, incluyendo el islam, el cristianismo y el judaísmo. Las tres religiones comparten la veneración por el monte del Templo, por ejemplo. De niño, Jesucristo fue presentado en el templo por sus padres, y allí predicó, curó enfermos y protagonizó milagros. La última cena tuvo lugar en Jerusalén, así como su arresto, juicio y la crucifixión del Señor.

El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, afirmó que la ciudad debe unir y no dividir a las religiones. En una cena para el Christian Media Summit, Barkat afirmó que “en un kilómetro cuadrado de Jerusalén, encontrarás más sinagogas, iglesias y mezquitas que en cualquier otra parte del mundo”. El rol de la ciudad es invitar a todos, incluyendo a los no religiosos.

El anuncio de Trump capturó primeras planas, pero no sabemos si se tomarán los pasos administrativos necesarios para cumplir con la proclama mediática, ni si la situación logrará desenvolverse sin provocar mayores confrontaciones y violencia.

Enlace del artículo: http://www.feylibertad.org/ciudad-sagrada-jerusalen/

Por Carroll Ríos de Rodríguez
Instituto Fe y Libertad

Impunidad, causa de fondo de la corrupción

Luis Pazos

Los mexicanos no son corruptos por naturaleza. Los altos porcentajes de corrupción son resultados de un entorno legal que la propicia. En México es más fácil y productivo ser corrupto que honesto. Los corruptos ganan, los honestos pierden. El lema “el que no tranza no avanza” lo hace realidad un entorno lleno de reglamentaciones y leyes confusas, con un alto grado de discrecionalidad, que deja en manos de los funcionarios el poder abrir una empresa, construir, cambiar de giro, vender, comprar y contratar.

En cuanto a la impartición de justicia, el pobre por cualquier acusación va a la cárcel, pero si tiene para pagar un buen abogado, puede librarla aunque haya robado millones.

No todos los funcionarios son corruptos, los hay honestos, pero generalmente no son reconocidos y ponen en riesgo su trabajo si no cooperan con las tranzas y excesos de sus superiores. Hay empresarios que han hecho sus fortunas asociados con funcionarios corruptos para lavarles dinero, venderles empresas y mercancías a sobreprecios o comprar terrenos y activos del gobierno por debajo de su costo. Otros empresarios son honestos, pero tienen que ceder ante chantajes de clausura o multas excesivas, que les provocan grandes pérdidas o la quiebra, si no entregan dinero a los funcionarios corruptos, respaldados por leyes y reglamentos interpretados “a modo”.

En México hay más corrupción que en Japón por sus altos grados de impunidad. En Japón más del 95% de quienes cometen un delito lo pagan con cárcel o multas, en México más del 95% quedan impunes, no enfrentan cargos ni penas por sus delitos.

Para combatir estructuralmente la corrupción se debe reducir la sobre reglamentación y las leyes discrecionales, para disminuir las fuentes legales de chantaje a los ciudadanos. Aumentar la transparencia en el uso de los impuestos, principalmente en los Estados, y darle competencia a la Auditoría Superior de la Federación para que consigne a corruptos directamente a jueces del poder judicial, y no solo entregue las denuncias a procuradurías y fiscalías en manos de las mismas autoridades involucradas en los delitos.

Sin cambios estructurales en leyes, en la rendición de cuentas y el combate a la impunidad, es difícil reducir un saqueo de las arcas públicas no visto antes en México.

 

El ABC de la Economía

Muchos economistas defendemos el simple ABC del progreso; trabajo duro para poder ahorrar y con estos ahorros vivir mejor. Esa vida mejor se alcanza cuando esos ahorros se convierten en inversiones productivas, que generan mejores fuentes de empleo y productos más baratos. Nuevas inversiones generan competencia por vender más y mejores productos, y también por contratar o retener empleados. Sueldos más altos y productos más baratos aparecen en los lugares donde el mercado es más libre, es decir, donde hay mas bienes de capital a disposición de la comunidad.

Hay otro grupo de economistas que piensa que esto es demasiado sencillo y muy bueno para ser verdad, y empiezan a desarrollar teorías que necesariamente pasan por sustituir la actividad libre de los individuos por el gobierno. Y lo que resulta es que se unen algunos ciudadanos con los gobernantes en contra de los ciudadanos. Surgen monopolios, excesos de los sindicatos, límites a la competencia, prohibiciones para trabajar etc.

Lo sencillo se arruina. En lugar de motivar, la competencia se limita. Se prohíbe el ingreso de más empresas y eso baja la demanda de salarios. Esas ideas equivocadas nos dejan en la pobreza y el sub desarrollo.

Cristian Álvarez
Director
Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, CADEP

Sobre minería en Guatemala

1. El tema minero es controversial hoy en día, ¿cómo considera que se ha abordado en Guatemala?
Muy parecido a la mayoría de los problemas que nos aquejan, este tema se ha abordado de una forma simple y se ha polarizado a un simple; sí o no a la minería. Dejando por un lado distintas opciones para hacer viable los potenciales proyectos mineros en el país y sobre todo ignorando las experiencias de éxito de otros países. Por supuesto mucho de lo que se habla sobre el tema son mentiras y exageraciones, tanto del lado de los daños como de los beneficios, ni es verdad que las minas van a envenenar y acabar con el agua, ni tampoco es verdad que es la solución a los problemas de pobreza y empleo en Guatemala.

2. La minería ha bajado actualmente sus ingresos, ¿usted considera que sigue siendo rentable en el país?
La mayoría de los minerales sufren ciclos en sus precios, pero mantienen una demanda constante, así que es un negocio que siempre estará presente. Pero claro que en épocas de precios bajos, como los actuales, y costos de transacción altos como los que hay actualmente en Guatemala, si podemos pensar que en Guatemala no habrán nuevas inversiones en el sector durante los próximos años.

3. ¿Cuáles serían los beneficios y desventajas de la minería en Guatemala?
La primer y más importante ventaja para Guatemala es que la minería es una fuente más de empleos y segundo genera ingresos adicionales para el gobierno y algunas municipalidades. Ambos temas muy necesarios para Guatemala.
La desventaja es que al no tener una ley que refleje un consenso del tema y sobre todo tener que pedir tantos permisos en distintas entidades gubernamentales y municipales e incluso las consultas populares, generan que la probabilidad de cometer un errores sea muy alta, lo que da como resultado futuros enredos legales. Estos conflictos legales terminan enviando un mensaje negativo a los inversores internacionales y nos ponen mal ante sus ojos, alejando la inversión extranjera no solo de la industria minera sino en muchas otras.

Cristian Álvarez
Director
Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, CADEP

La filosofía de la libertad

Quienes defendemos la filosofía de la libertad creemos que los seres humanos tienen derechos fundamentales, como lo son la vida, la libertad, la justicia (sin apellidos) y la propiedad privada. Opinamos que el sistema de libre empresa es el camino para mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos y que el guatemalteco mejorara sus condiciones económicas en la medida que su trabajo beneficie a los demás, produciendo más, produciendo nuevos y mejores productos de forma más eficiente.

El gobierno tiene funciones importantes que cumplir, como lo son: velar por la justicia, la paz, y garantizar los derechos de los ciudadanos.  Es muy importante que el gobierno no interfiera en las actividades pacíficas y voluntarias de los guatemaltecos.

Este sistema de libre empresa es compatible con el desarrollo económico, social y sobre todo individual, construyendo una sociedad con altos principios éticos de recto comportamiento. Pues en este sistema de libre empresa tu prestigio es tu mayor activo.

Cristian Álvarez
Director
Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, CADEP

La elección del Jefe del Ministerio Público

«Esté o no esté, me desplacen o yo me canse y
decida irme, la prueba va a seguir estando»
Alberto Nisman
Fiscal Argentino
(1963-2015)

Dentro de poco asistiremos, como cada cuatro años, a un nuevo proceso para la elección de Fiscal General de la República. La designación del nuevo Jefe del Ministerio Público es trascendental, en virtud de que a éste corresponde el ejercicio de la acción penal pública.

El nombramiento de Fiscal General recae en el Presidente de la República, quien deberá escogerle dentro de una nómina de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación. En esta oportunidad no nos referiremos a la comisión de postulación, ni su integración, ni a la manera en la que ésta ha funcionado; nos enfocaremos más bien en el hecho de que corresponda al Presidente de la República nombrar al referido funcionario.

Históricamente, es comprensible que la elección del Jefe del Ministerio Público corresponda al Presidente de la República.

El Ministerio Público tiene sus orígenes en la Francia medieval. En aquel entonces, según explica Alberto Herrarte, «surgió como una necesidad del poder real para defender los intereses del fisco, de donde deriva el nombre de Ministerio Fiscal [en nuestra legislación y en otras legislaciones modernas se le denomina: Ministerio Público], pero también como una necesidad para llenar el vacío que se producía cuando, por falta de interés, no había acusador particular para la persecución de los delitos…». Miguel Ángel Castillo Soberanes lo explica en estos términos: «El procurador y el abogado del rey se crearon para la defensa de los intereses del príncipe (pour la défense des interésts du prince et de l´État). El procurador se encargaba de los actos del procedimiento y el abogado del litigio, en donde estuvieran en pugna los derechos del monarca o las personas que estaba bajo su protección (…). Estos funcionarios (…) protegían inicialmente los derechos e intereses particulares del rey, con el fin, prácticamente, de aumentar su tesoro; (…) su naturaleza fue cambiando hasta convertirse y organizarse como representantes, ya no del monarca sino del Estado, con objeto de asegurar el castigo del delito en nombre del interés social»

En Guatemala, antes de la reforma constitucional de 1993, las funciones esenciales del Ministerio Público eran, como en los orígenes de la institución: i) velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, y ii) ejercer la representación del Estado. En este esquema, las calidades de Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público recaían en una sola persona, nombrada por el Presidente de la República.

Posteriormente, como consecuencia de la modificación del texto constitucional, hubo una escisión: por un lado, al Ministerio Público le corresponde el ejercicio de la acción penal pública y la función de velar por el estricto cumplimento de las leyes país; y, por el otro, a la Procuraduría General de la Nación, el ejercicio de la representación del Estado además de la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. A partir de la nueva configuración institucional –en el que la función de representación del Estado, de asesoría y consultoría de los órganos y entidades del Estado dejó de estar a cargo del Ministerio Público–, resulta razonable que el margen de discrecionalidad del Presidente de la República para designar al Jefe del Ministerio Público se haya reducido: ahora debe elegirlo de una nómina de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación.

En 2016, los Presidentes de los Organismos del Estado, con el apoyo de la Secretaría Técnica del Dialogo Nacional, sometieron a discusión una serie de propuestas de reforma constitucional. Inicialmente, en éstas, el nombramiento del Fiscal General seguía estando a cargo del Presidente de la República, pero la nómina de elegibles ya no sería seis, sino de tres personas. De esta manera, al reducir el número de personas que integraban la nómina, se restringía, acertadamente, todavía más, el ámbito de discrecionalidad del Presidente de la República para llevar a cabo la referida designación. Desafortunadamente, luego del proceso de dialogo convocado, la propuesta de reforma plantea que la nómina esté integrada por cuatro candidatos: dos propuestos por el Congreso de la República y dos propuestos por la Corte Suprema de Justicia.

En lo que respecta a la elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, es preciso destacar la propuesta de reforma constitucional presentada, en 2009, por ProReforma. En ésta no solo se despoja al Presidente de la República de la mencionada facultad, sino que se elimina la discrecionalidad del órgano designante; lo anterior en virtud de que corresponde a la Corte Suprema de Justicia nombrar, mediante sorteo, al referido funcionario.

A principios de año, el Ministerio Público informó a que investiga a Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín –hermano e hijo del Presidente de la República– señalándolos de presuntamente haber participado en el caso denominado «El Estado como botín: Registro de la Propiedad». Ambos fueron ligado a proceso por el juez competente. Hace algunas semanas, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron que fuera levantada la inmunidad al Presidente de la República por «la posible comisión de hechos que podrían dar lugar a formación de causa penal por su actuación como Secretario General del partido FCN-Nación». Los solicitantes sostienen que el Presidente de la República, mientras se desempeñó como Secretario General del partido político que le llevó al poder, «pudo haber recibido contribuciones en forma anónima, además de no haberlas registrado en los libros contables de la organización política. De igual forma, pudo haber impedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la realización de su función de control y fiscalización de los fondos públicos y privados, con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales».

A la víspera de la elección del Jefe del Ministerio Público, dos familiares del Presidente de la República se encuentran ligados a proceso y sobre él pende una solicitud de levantamiento de inmunidad por la supuesta comisión de delitos electorales.

Como se dijo antes, la discrecionalidad del Presidente de la República, al momento de escoger al jefe del ente investigador, se encuentra matizada por la labor que previamente lleva a cabo la Comisión de Postulación encargada de proponer la nómina. No obstante, las circunstancias mencionadas deben invitarnos a reflexionar en torno a la manera en la que fue prevista la elección del Fiscal General que, a la postre, recae en una sola persona: el Presidente de la República.

El hecho de que el referido nombramiento corresponda al Presidente de la República no necesariamente implica lesión al principio de autonomía funcional que debe regir las actuaciones del Ministerio Público, ni siquiera en el contexto al que se ha hecho referencia. Sin embargo, convendría revisar el modelo de designación del Fiscal General para robustecer la garantía de que éste desempeñará sus funciones sin interferencias externas provenientes, en este caso, del Organismo Ejecutivo.

Colaboración

Jorge Luis Córdova
Miembro del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas
Universidad Francisco Marroquín

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[1] Herrarte, Alberto. Derecho Procesal Penal. El Proceso Penal Guatemalteco. Editorial «José de Pineda Ibarra», Guatemala: 1978. Página 91 y 92

[2] Castillo Soberanes, Miguel Ángel. El monopolio del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público en México. México : UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992. Página 16. (Disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/864-el-monopolio-del-ejercicio-de-la-accion-penal-del-ministerio-publico-en-mexico)

[3] Antes de la reforma constitucional de 1993, la Constitución Política de la República de Guatemala establecía: «El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y ejercer la representación del Estado…»

[4] La Secretaría Técnica del Dialogo Nacional está integrada por el Ministerio Público (MP), el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Oficina Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala (ver: Dialogo Nacional l Hacia la reforma de la Justicia en Guatemala: http://www.reformajusticiagt.org)

[5] Geovanni Contreras y Claudia Palma. Van por cambios a la Constitución. Prensa Libre, 26 de abril de 2016. (Disponible en: http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/comienza-dialogo-para-reformar-el-sector-justicia)

[6] En el sorteo participan seis personas, que integren la nómina que propone una Comisión de Postulación a la Corte Suprema de Justicia.

[7] Ministerio Público. El Estado como Botín: MP y CICIG continúan ampliación del caso Registro de la Propiedad. 18 de enero de 2017 (Disponible en: https://www.mp.gob.gt/noticias/2017/01/18/el-estado-como-botin-mp-y-cicig-continuan-ampliacion-del-caso-registro-de-la-propiedad/)

[8] Ministerio Público. Caso financiamiento electoral ilícito FCN-Nación: MP y Cicig presentan antejuicio contra el Presidente Constitucional de la República Jimmy Morales Cabrera. 25 de agosto de 2017 (Disponible en: https://www.mp.gob.gt/noticias/2017/08/25/caso-financiamiento-electoral-ilicito-fcn-nacion-mp-y-cicig-presentan-antejuicio-contra-el-presidente-constitucional-de-la-republica-jimmy-morales-cabrera/)

[9] Ídem.

 

Peligro de expectativas positivas falsas

Luis Pazos

Robert Lucas, profesor de la Universidad de Chicago, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1995 por cimentar la teoría de las expectativas racionales, la cual señala que las acciones futuras de los agentes económicos: inversión, precios, tasas de interés, entre otras variables, son impactadas por lo que esperemos del futuro de la economía.

Con base en una interpretación “a modo” de esa teoría, concluyen algunos funcionarios que quienes hablan mal de la economía crean expectativas negativas que la empeoran. Por lo tanto, le piden a empresarios, comunicadores y líderes de opinión, que no hablen mal de la economía mexicana, si quieren cooperar a que mejore.

Para apuntalar las expectativas optimistas, el gobierno proporciona datos macroeconómicos de reducción de pobres, del déficit presupuestal y de una futura caída de la inflación. Muchos empresarios, comunicadores y académicos se unen a los coros de que vamos bien por el bien del país. El Presidente pide que vean lo bueno. Las críticas, cooperan según esa óptica, a una mayor inflación, más déficit en cuenta corriente, más deuda, aumento de precio del dólar y mayores tasas de interés; por lo tanto si quieres que a México le vaya bien, no digas que las actuales políticas de gasto y deuda tienen un futuro negativo.

¡Falso!, ese sofisma parte de premisas equivocadas, que algunos aceptan por conveniencia y otros por ignorancia. Afirmar que todas las variables económicas van bien cuando algunos datos que publican no tienen un sustento sólido, solo sirve para que los resultados negativos se retarden y estallen después con más fuerza, pero no mejoran sustancialmente las expectativas racionales, pues no existen razones suficientes para que la recuperación se materialice.

Contrariamente a lo que dicen los portavoces oficiales, afirmar que vamos bien sin realizar correcciones de fondo, despreocupa a los gobernantes de frenar estructuralmente los excesos. Sólo los rectifican en la medida que pueden presentar información que parezca cierta, para seguir gastando, sin austeridad ni orden, y vender expectativas irracionales positivas que duren hasta las elecciones o la entrega del poder a otro gobierno.

El saqueo de PEMEX

Luis Pazos

Durante los primeros cuatro años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la ya maltrecha petrolera estatal agudizó sus desequilibrios debido a la corrupta y pésima administración que culminó con la tardía  decisión de cambiar a su director, en gran parte responsable del empeoramiento de sus finanzas.

Los altos costos de la refinación interna, debido a la baja productividad de sus trabajadores y obsoletas instalaciones, hizo que fuera más barato importar gasolinas que producirlas en México. La productividad por trabajador en Pemex es tres veces menor a las de Chevron y Exxon, y la mitad que en Petrobras. Las gasolinas importadas aumentaron de 49% del consumo interno en 2012 al 64% en el primer semestre de 2017.

La producción petrolera de Pemex cayó en un 21% ese mismo período, mientras la deuda de la paraestatal aumentó en 152% del 2012 al 2016. La deuda de Pemex es más grande que las de las mayores petroleras del mundo: Shell, British Petroleum, Chevron, Standard Oil y Exxon, y produce menos que esas compañías.

Sus abultados pasivos laborales, producto de los privilegios a su corrupto sindicato, a cambio de apoyos al PRI, serán  cubiertos vía impuestos, ante la incapacidad financiera de Pemex de pagarlos.

La balanza comercial de Pemex es negativa, absorbe más dólares por las gasolinas que importa que los que aporta por el crudo que exporta. Los robos de gasolinas aumentaron en 228% del 2102 a 2016. Ver cuadros y datos de la quiebra de Pemex en las págs. 40 a 48 del libro EPN: El RETROCESO.

La acusación al ex director de Pemex de recibir 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, para adjudicarles contratos a sobreprecios, es una prueba más de la corrupta administración de ese monopolio estatal, que hizo necesario el “gasolinazo”, que atizó el aumento de precios y redujo el poder de compra de millones de mexicanos.

El saqueo de Pemex es una de las principales causas del retroceso de la economía mexicana en los cuatro años del gobierno de EPN, como lo demuestro con datos en el libro anteriormente mencionado.

¿Qué es la política sin políticos?

En un prólogo que escribe el ex presidente de México, Vicente Fox, sostiene que existen dos verdades sobre la política: la primera es que  la política es la más noble de las actividades sociales porque busca y promueve el bien común, cuando es bien realizada y la segunda es que ningún país puede progresar si no esta bien gobernado.

Imagino que estas frases pueden ser catalogadas como verdades siempre que se cumplan algunas premisas: la primera y más fácil de ver es que si juzgamos a la actividad de los políticos por las intenciones que se hacen públicas, es decir, que los mismos políticos comparten frente a sus electores y los medios de comunicación, claro que es una actividad con noble intenciones.  Pero el problema de esta frase empieza al contrastarla con la realidad; por eso es que el ex presidente mexicano agrega esta frase de dispensa “cuando es bien realizada”, porque obviamente los ejemplos del desempeño de los políticos deja en duda su veracidad.

Pero lo interesante de analizar es ¿por qué muchos ven con buenos ojos la política y con malos ojos a los políticos?.  Esa dicotomía es resultado de  un análisis  romántico de la política (a priori) y de un análisis realista (que no se puede dejar de ver) de los resultados en los distintos campos de acción donde interfiere los políticos (a posteriori).   El error radica en estudiar la política sin incluir sus principales actores; los políticos, grupos organizados y votantes.  Analizar la política sin analizar a los actores es una análisis vacío, un estudio incompleto, una investigación donde las premisas serán falsas frente a los resultados.  Pareciera que esta forma de estudiar la política se resumen en que los resultados de la política depende de “implorar” para que llegue un buen presidente o buenos funcionarios y no puedes hacer más para cambiar el destino que invocar  para que aparezcan buenos gobernantes.

Cuando juntas el estudio de la política con los actores principales obtienes resultados muy distintos, y no se puede concluir que la primera frase de Fox es una verdad, la política es la mas nobel de las actividades sociales porque busca y promueve el bien común, cuando es bien realizada, pues simplemente los resultados revelan que incluso cuando hay buenos políticos y buenas intensiones los resultados que prometen no se alcanzan, y con malos políticos el resultado es aun peor.

Juzgar  a la política por sus promesas o por lo que busca alcanzar es un error, y de ahí el punto de partida del desprestigio del que goza la política y los políticos en casi todos los ámbitos donde interfiere la política y políticos.

La segunda verdad que menciona Fox “ningún país puede progresar si no esta bien gobernado”, es más ambigua y por eso se acerca más a una “verdad”. Es difícil encontrar en la historia una sociedad exitosa sin gobierno, Milton Friedman creía en eso. No hay un caso de éxito sin gobierno.  Pero hay muchos casos de fracasos de gobiernos, por lo que es muy importante definir “bien gobernado”, pero no en un contexto en el cual esperamos a un Rey sabio y benévolo, sino más bien, usando un contexto real, debemos contestar la pregunta, ¿cómo podemos estar “bien gobernados” cuando los políticos son de carne y hueso?  Y es ahí donde los aportes de la ciencia económica son relevantes al proceso de análisis y estudio de la política, pero sobre todo la economía nos ayuda a definir el campo de acción de los políticos, que problemas se deben resolver en lo privado y cuales deben involucrar a políticos.

El desgaste de los gobiernos en general radica en creer que pueden hacer mejor las cosas que los individuos, que pueden generar mejores resultados legislando y controlando en lugar de dejar a las personas libres,  bajo normas generales y abstractas, que guíen un comportamiento comúnmente aceptado.   Creen que los sueldos mejoraran si ponen leyes de salario mínimo. Creen que el comercio mejorara si hay tarifas y aranceles.  Que las fronteras ayudan al comercio, que la competencia se puede crear con leyes, que las leyes pueden eliminar el consumo de drogas.  Todas estas intervenciones descansan en la esperanza que darán mejores resultados, pero los resultados son distintos a lo propuesto, lo que genera desconfianza de la población, genera que luego de las promesas los políticos deban explicar por que fallaron, etc.

Limitar la acción del gobierno es bueno para todos, mejoraría la credibilidad en la política y en los políticos y es bueno para las personas que vivimos en sociedad.

Cristian Álvarez
Director
Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, CADEP

Menos impuestos en EU, menor inversión en México

Luis Pazos

impuesto taxEl muro, aunque en parte es el “petate del muerto” de Trump, implica la política de frenar la migración ilegal de mexicanos a EU y la necesidad de crear condiciones en México para absorber esa mano de obra.

La revisión del TLCAN puede dificultar y encarecer las exportaciones a los Estados Unidos. Sin embargo, esas políticas anunciadas por Donald Trump no son las que obligarán al gobierno de México a realizar cambios más difíciles y profundos, si no quiere un freno de la inversión extranjera y una migración de la que ya existe en México.

Las políticas que más frenarán la inversión en México, principal factor para crecer y crear empleos, son las anunciadas por Trump de reducir impuestos y reglamentaciones.

Ya ordenó al poder ejecutivo que por cada nuevo trámite deben derogar dos de los existentes. En cuanto a la reducción de impuestos, aunque a mediano y largo plazo generan más empleos y crecimiento, a corto plazo implican reducir el gasto público para no disparar el déficit.

Reducir impuestos sin elevar déficit ni deuda ha postergado la decisión del Congreso de EU para bajar impuestos.

En México los impuestos a determinados niveles ya son más altos que en EU. Una comparación de Santader Trade y Doing Business, muestra que los diferentes impuestos que pagan las grandes empresas en México sobre utilidades, 51.7%, son mayores a los que pagan en EUA: 43.9%. Tres millones de pesos gravables o su equivalente en dólares, pagan 28% en Estados Unidos, en México un 35%.

La progresividad es mayor en México. Las horas dedicadas a cumplir con el pago de impuestos son menores en EU, 175, que en México, 286.

Hasta ahora los altos impuestos en México se han compensado con salarios comparativos más bajos que en Estados Unidos, y con reducidos o nulos impuestos a las exportaciones mexicanas, por el TLCAN, pero una probable alza de aranceles y de baja de impuestos en EU, será un grave problema para México.

De no cambiar las políticas crecientes de gasto, deuda y déficit en los 4 años del actual gobierno (ver libro EPN: EL RETROCESO) y bajar impuestos, generarán una reducción de la inversión en México que puede llevar a una recesión con desempleo parecida a las sufridas en los 80 y 90.