Tratados de Libre Comercio – TLCs

Es muy frecuente escuchar que actualmente vivimos en un mundo cada vez más globalizado, el cual no da indicios de dar marcha atrás. Esto no es una invención o una suposición de solamente algunos académicos o de algunos analistas, sino una realidad latente. Muestra de ello es que los países estén cada vez más interconectados en todos los ámbitos, en especial en lo político y económico. La configuración ha cambiado, las comunicaciones son cada vez más rápidas, el comercio se ha diversificado e incluso el desarrollo ha amenazado la naturaleza de formas nunca antes vistas. Se podrían buscar un sinfín de argumentos en contra o a favor de la globalización, pero esto no cambiaría la realidad, por lo que considero que es de gran relevancia profundizar en que los hechos a nivel internacional impactan de manera nacional en menor o mayor medida. Tal es el caso de los Tratados de Libre Comercio o los Acuerdos Comerciales los cuales han llegado a diversificarse enormemente abarcando temas que van más allá del comercio y teniendo gran influencia en las políticas e industrias nacionales.

Así como hay argumentos que apoyan y otros que desacreditan la globalización, encontramos posiciones encontradas con respecto al funcionamiento de los Tratados de Libre Comercio -TLC-. Lo anterior responde a que, a pesar de lograr varios avances, no en todos los casos se han alcanzado los objetivos planteados o se ha llegado a perjudicar en gran medida la industria nacional -en especial a los países menos desarrollados- si no se es totalmente cuidadoso en la creación de estos. Para comenzar, resulta pertinente convenir que en este caso se utiliza la definición del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- para referirse a los TLC. Dicho concepto aplica cuando se suprimen o se reducen considerablemente los aranceles entre los signatarios de dicho tratado. Se toma en consideración que los aranceles no son suprimidos para terceros países fuera del tratado ya que es un mecanismo de incentivarlos a ser parte de ellos para gozar de estos beneficios. Como último punto, no debe olvidarse que para gozar de estos beneficios se deben hacer ciertos compromisos que, muchas veces resultan en la crítica a los tratados ya que pueden llegar a dañar algunas industrias en el proceso.

Según los datos del KOF Globalisation Index se puede observar gráficamente que la mayoría de los países muestran un crecimiento en el nivel de globalización que alcanzan. Es interesante además contrastar que el nivel de globalización alcanzado guarda cierta relación con el Producto Interno Bruto per Cápita. Es decir, entre mayor es el grado de globalización los países tienden a PIB per Cápita más altos. Por ejemplo, el PIB per Cápita de Noruega -que tiene un 85.81 en globalización para 2015- es de 74,505.25 USD y el de Guatemala -con un 63.17 de globalización- es de 3,923.57 USD. Es interesante la comparación entre Noruega -con uno de los niveles más altos de globalización- y Madagascar -con uno de los más bajos, 46.78 para 2015- ya que mientras Noruega alcanza el PIB per Cápita anteriormente mencionado, Madagascar apenas llega a un 401.86 USD.

El hecho que se excluya a los países que no forman parte del tratado genera polémica por ser considerado una membresía con consecuencias que resultan muy caras para quienes no pueden o quieren pagarla. Sin embargo, es por lo general de gran beneficio para aquellos que reúnen todos los requisitos y dan un paso hacia los desafíos del Comercio Exterior y se adaptan a los nuevos TLC. Aunque pudiera pensarse que esto debería ser preocupación únicamente de aquellos que se dediquen al estudio de las Relaciones Internacionales, de empresarios que se beneficien directamente o de algunas personas con este tipo de interés particular, debería ser un punto de discusión entre políticos, politólogos y demás civiles. Lo anterior responde a la manera en la que los TLC pueden impactar la economía y las industrias del país ya que en muchos casos si el arancel no es desgravado progresivamente o no se toman las precauciones necesarias se puede llegar a destruir alguna industria nacional. Y es confuso observar que en algunas ocasiones ni siquiera los empresarios se comprometen a participar activamente en la búsqueda de condiciones favorables para su industria. Con ello no se sugiere tomar medidas proteccionistas que, en vez de permitir y fomentar el comercio, lo obstruyan de manera perjudicial; lo que se busca es enfatizar en las consecuencias potenciales de los tratados para que se genere más discusión entorno a estos.

Como en otros temas, entre más informada y educada se encuentre una población más difícil será que se cometan errores en la política ya que, idealmente, se elegirán líderes con mayor preparación, capaces de formar equipos de trabajo con personas calificadas. Por ello, no solo se debería buscar que el conocimiento en materia de TLC se propague sino también se debería analizar el impacto que tienen de manera objetiva. En otras palabras, no solo suponer que son una herramienta mágica que puede impulsar la economía de un país o que la llevarán a la ruina. Una propuesta para lo anterior es medir con cifras y datos reales cómo se comportan las exportaciones e importaciones luego de la entrada en vigor de un tratado, ¿hay algún cambio considerable? Se puede analizar además si es visible una proliferación de mercados y productos emergentes que lleve al país a diversificarse y a no depender tanto de un número reducido de productos. Y si el Producto Interno Bruto per Cápita muestra un aumento en la riqueza de los habitantes del país lo cual implica que tienen acceso a mejores condiciones de vida y más recursos que les permitan desarrollarse de manera más óptima.

Colaboración
Paulina Vidaurre Pinto
Estudios políticos y Relaciones Internacionales
Universidad Francisco Marroquín

Guatemala y Costa Rica: Una política sin norte

A inicios de este mes aparece una columna de opinión del politólogo, Constantino Urcuyo, en el periódico costarricense “La Nación”, que no solo llama la atención sino también a la reflexión. A lo largo de la exposición de sus argumentos pareciera que habla de Guatemala y su escenario político, económico y social: un país dividido, dirigentes con visiones cortoplacistas o con falta de las mismas, multipartidismo extremo y una actitud de rechazo a los partidos franquicia que inundan la vida política, electores en busca de un salvador -de preferencia alejado de la clase política tradicional-, sociedades cada vez más desiguales e incluso inseguridad que apremia al país. Es hasta el final de la columna que se comienza a vislumbrar que no se trata de Guatemala sino de Costa Rica cuando se menciona el clima previo a las elecciones presidenciales, a las cuales se someterán este año. Se hace evidente que la coyuntura costarricense no difiere sustancialmente de la guatemalteca previa a las elecciones de 2015.

Si bien es cierto que las pasadas elecciones en Guatemala se vieron influidas en gran medida por la renuncia y detención del binomio presidencial y otros funcionarios de alto rango, la poca confianza en los partidos políticos y la búsqueda desesperada de escapar de los políticos conocidos no se ausenta. Con lo anterior no se busca un consuelo a la situación guatemalteca cada vez más inestable o de falta de entusiasmo e involucramiento en la vida política, que se traduce incluso en la falta de gobernabilidad que atravesamos, la pérdida de interés de posibles inversionistas en el país. Esto se hace visible además una caída de seis puntos en el Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial, colocando al país en el puesto 84. Lo que sí se busca es evidenciar con esta comparación es que la región atraviesa dificultades similares ya que, a pesar de que Costa Rica sea considerado un país en varios aspectos más avanzado -tales como la educación y la seguridad- y que se encuentre en el puesto 47 del índice anteriormente mencionado, su situación política no dista mucho.

Vale la pena entonces mencionar ambos países deben prestar más atención al multipartidismo extremo que ha venido persiguiendo sus elecciones y que los ha llevado a ser cada vez menos gobernables, y que resulta en incongruencias entre el posicionamiento ideológico de cada ciudadano y la manera en la que en realidad votan. Esto se refleja en las pasadas tres elecciones de cada país en las que es más curioso aún el caso de Costa Rica que el de Guatemala. Según los estudios anuales de la organización Latinobarómetro los costarricenses se han identificado como de izquierda, pero los binomios presidenciales electos han sido únicamente de derechas. En Guatemala por su parte, de las últimas tres elecciones en la única en la que ha coincidido la ideología de derechas que la mayoría de entrevistados considera ser parte de; es con la elección de Jimmy Morales y Jaffet Cabrera con el partido Frente para la Convergencia Nacional, profesamente de derechas. Esta incompatibilidad permite ver un reflejo de la manera en que los partidos franquicia o taxi, como les llama Urcuyo, han dejado desorientado al elector, lo cual en el caso de Guatemala podría acentuarse aún más debido a la falta de educación de la mayoría de los habitantes. Se cae en la pregunta, ¿cómo se espera que un partido tenga una ideología que transmitirle al elector si lo único que se busca es llegar al poder y no hacerlo con el fin buscar una mejora para el país?

El politólogo llama entonces a la activa participación de los medios de comunicación y de diversos actores para que guíen el futuro del país. Claro está que se necesitan medios de comunicación serios y objetivos, que no respondan a intereses particulares, sino que estén comprometidos con la investigación y la transmisión de noticias alejadas de sesgos. Hace falta en ambos países el diálogo y la conciliación de diferencias entre distintos grupos de la sociedad, porque al final lo que se debería buscar es el progreso de la nación y no aferrarse al poder de la mano de la corrupción. Y aunque duela aceptarlo, hace falta que tanto los jóvenes como los adultos nos alejemos de la indiferencia y la falta de interés desde nuestra preparación hasta la participación política si queremos que el país llegue a una transformación.

Colaboración
Paulina Vidaurre Pinto
Estudios políticos y Relaciones Internacionales
Universidad Francisco Marroquín

Ciudad sagrada: Jerusalén

“Jerusalén es el corazón del pueblo judío y es una profunda fuente de nuestro orgullo,” afirmó el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, en Washington, D.C., el 25 de octubre de 1995. Diez días después de emitidas estas palabras, fue asesinado en Tel Aviv por el estudiante ultranacionalista Yigal Amir, opuesto a las tentativas de acuerdos de paz promovidas por el gobierno de Rabin. El evento en Washington conmemoraba los 3,000 años de la existencia de la sagrada ciudad. Rabin añadió que existía consenso entre israelís sobre la importancia de reclamar la histórica Jerusalén como capital del estado, porque como esa ciudad, no hay dos. Ese sigue siendo el sentir de los israelís.

El día anterior, como símbolo de la amistad diplomática entre Estados Unidos e Israel, la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aprobaron, con una gran mayoría de votos bipartidistas, una ley que reconocía a Jerusalén como la capital de Israel y que decidía el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Dicho traslado debía completarse en 1999. El presidente en esos momentos, Bill Clinton, asustado por las reacciones adversas del mundo árabe, no firmó la ley por considerar que ésta podría poner en riesgo las negociaciones de paz, pero ésta sí entró en vigencia días más tarde. La promesa política fue de posponer más que de rechazar la posibilidad de un eventual traslado de la embajada. En los años subsiguientes, George Bush y Barack Obama también adoptaron esta actitud de espera.

El pasado miércoles 5 de diciembre, el Presidente Donald Trump anunció que trasladará la embajada de su país a Jerusalén, reconociéndola como la capital de Israel. No se ha fijado un plazo para efectuar el traslado, y funcionarios de la Casa Blanca aclaran que la medida requiere del apoyo del Congreso, así como de la elaboración de planes para ubicar un sitio adecuado, diseñar el nuevo edificio y construirlo, todo ello cuidando los gastos.

Como era de esperar, varios grupos palestinos convocaron a paros y manifestaciones en protesta por el anuncio de Trump. Los palestinos reclaman el este de Jerusalén como la capital de su futura nación. El rey Salman de Arabia Saudita le advirtió a Trump que este anuncio equivalía a provocar al mundo musulmán.

No obstante, James Phillips de la Fundación Heritage, experto en asuntos de Medio Oriente, afirmó que Trump tomó la decisión correcta. “El reconocimiento de Jerusalén recompensa a un aliado cercano y corrige una injusticia histórica: el hecho que la soberanía israelí sobre su propia capital no ha sido reconocida,” expresó Phillips.

Jerusalén es una ciudad sagrada para muchas religiones, incluyendo el islam, el cristianismo y el judaísmo. Las tres religiones comparten la veneración por el monte del Templo, por ejemplo. De niño, Jesucristo fue presentado en el templo por sus padres, y allí predicó, curó enfermos y protagonizó milagros. La última cena tuvo lugar en Jerusalén, así como su arresto, juicio y la crucifixión del Señor.

El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, afirmó que la ciudad debe unir y no dividir a las religiones. En una cena para el Christian Media Summit, Barkat afirmó que “en un kilómetro cuadrado de Jerusalén, encontrarás más sinagogas, iglesias y mezquitas que en cualquier otra parte del mundo”. El rol de la ciudad es invitar a todos, incluyendo a los no religiosos.

El anuncio de Trump capturó primeras planas, pero no sabemos si se tomarán los pasos administrativos necesarios para cumplir con la proclama mediática, ni si la situación logrará desenvolverse sin provocar mayores confrontaciones y violencia.

Enlace del artículo: http://www.feylibertad.org/ciudad-sagrada-jerusalen/

Por Carroll Ríos de Rodríguez
Instituto Fe y Libertad

Impunidad, causa de fondo de la corrupción

Luis Pazos

Los mexicanos no son corruptos por naturaleza. Los altos porcentajes de corrupción son resultados de un entorno legal que la propicia. En México es más fácil y productivo ser corrupto que honesto. Los corruptos ganan, los honestos pierden. El lema “el que no tranza no avanza” lo hace realidad un entorno lleno de reglamentaciones y leyes confusas, con un alto grado de discrecionalidad, que deja en manos de los funcionarios el poder abrir una empresa, construir, cambiar de giro, vender, comprar y contratar.

En cuanto a la impartición de justicia, el pobre por cualquier acusación va a la cárcel, pero si tiene para pagar un buen abogado, puede librarla aunque haya robado millones.

No todos los funcionarios son corruptos, los hay honestos, pero generalmente no son reconocidos y ponen en riesgo su trabajo si no cooperan con las tranzas y excesos de sus superiores. Hay empresarios que han hecho sus fortunas asociados con funcionarios corruptos para lavarles dinero, venderles empresas y mercancías a sobreprecios o comprar terrenos y activos del gobierno por debajo de su costo. Otros empresarios son honestos, pero tienen que ceder ante chantajes de clausura o multas excesivas, que les provocan grandes pérdidas o la quiebra, si no entregan dinero a los funcionarios corruptos, respaldados por leyes y reglamentos interpretados “a modo”.

En México hay más corrupción que en Japón por sus altos grados de impunidad. En Japón más del 95% de quienes cometen un delito lo pagan con cárcel o multas, en México más del 95% quedan impunes, no enfrentan cargos ni penas por sus delitos.

Para combatir estructuralmente la corrupción se debe reducir la sobre reglamentación y las leyes discrecionales, para disminuir las fuentes legales de chantaje a los ciudadanos. Aumentar la transparencia en el uso de los impuestos, principalmente en los Estados, y darle competencia a la Auditoría Superior de la Federación para que consigne a corruptos directamente a jueces del poder judicial, y no solo entregue las denuncias a procuradurías y fiscalías en manos de las mismas autoridades involucradas en los delitos.

Sin cambios estructurales en leyes, en la rendición de cuentas y el combate a la impunidad, es difícil reducir un saqueo de las arcas públicas no visto antes en México.

 

El ABC de la Economía

Muchos economistas defendemos el simple ABC del progreso; trabajo duro para poder ahorrar y con estos ahorros vivir mejor. Esa vida mejor se alcanza cuando esos ahorros se convierten en inversiones productivas, que generan mejores fuentes de empleo y productos más baratos. Nuevas inversiones generan competencia por vender más y mejores productos, y también por contratar o retener empleados. Sueldos más altos y productos más baratos aparecen en los lugares donde el mercado es más libre, es decir, donde hay mas bienes de capital a disposición de la comunidad.

Hay otro grupo de economistas que piensa que esto es demasiado sencillo y muy bueno para ser verdad, y empiezan a desarrollar teorías que necesariamente pasan por sustituir la actividad libre de los individuos por el gobierno. Y lo que resulta es que se unen algunos ciudadanos con los gobernantes en contra de los ciudadanos. Surgen monopolios, excesos de los sindicatos, límites a la competencia, prohibiciones para trabajar etc.

Lo sencillo se arruina. En lugar de motivar, la competencia se limita. Se prohíbe el ingreso de más empresas y eso baja la demanda de salarios. Esas ideas equivocadas nos dejan en la pobreza y el sub desarrollo.

Cristian Álvarez
Director
Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, CADEP

Sobre minería en Guatemala

1. El tema minero es controversial hoy en día, ¿cómo considera que se ha abordado en Guatemala?
Muy parecido a la mayoría de los problemas que nos aquejan, este tema se ha abordado de una forma simple y se ha polarizado a un simple; sí o no a la minería. Dejando por un lado distintas opciones para hacer viable los potenciales proyectos mineros en el país y sobre todo ignorando las experiencias de éxito de otros países. Por supuesto mucho de lo que se habla sobre el tema son mentiras y exageraciones, tanto del lado de los daños como de los beneficios, ni es verdad que las minas van a envenenar y acabar con el agua, ni tampoco es verdad que es la solución a los problemas de pobreza y empleo en Guatemala.

2. La minería ha bajado actualmente sus ingresos, ¿usted considera que sigue siendo rentable en el país?
La mayoría de los minerales sufren ciclos en sus precios, pero mantienen una demanda constante, así que es un negocio que siempre estará presente. Pero claro que en épocas de precios bajos, como los actuales, y costos de transacción altos como los que hay actualmente en Guatemala, si podemos pensar que en Guatemala no habrán nuevas inversiones en el sector durante los próximos años.

3. ¿Cuáles serían los beneficios y desventajas de la minería en Guatemala?
La primer y más importante ventaja para Guatemala es que la minería es una fuente más de empleos y segundo genera ingresos adicionales para el gobierno y algunas municipalidades. Ambos temas muy necesarios para Guatemala.
La desventaja es que al no tener una ley que refleje un consenso del tema y sobre todo tener que pedir tantos permisos en distintas entidades gubernamentales y municipales e incluso las consultas populares, generan que la probabilidad de cometer un errores sea muy alta, lo que da como resultado futuros enredos legales. Estos conflictos legales terminan enviando un mensaje negativo a los inversores internacionales y nos ponen mal ante sus ojos, alejando la inversión extranjera no solo de la industria minera sino en muchas otras.

Cristian Álvarez
Director
Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, CADEP

La filosofía de la libertad

Quienes defendemos la filosofía de la libertad creemos que los seres humanos tienen derechos fundamentales, como lo son la vida, la libertad, la justicia (sin apellidos) y la propiedad privada. Opinamos que el sistema de libre empresa es el camino para mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos y que el guatemalteco mejorara sus condiciones económicas en la medida que su trabajo beneficie a los demás, produciendo más, produciendo nuevos y mejores productos de forma más eficiente.

El gobierno tiene funciones importantes que cumplir, como lo son: velar por la justicia, la paz, y garantizar los derechos de los ciudadanos.  Es muy importante que el gobierno no interfiera en las actividades pacíficas y voluntarias de los guatemaltecos.

Este sistema de libre empresa es compatible con el desarrollo económico, social y sobre todo individual, construyendo una sociedad con altos principios éticos de recto comportamiento. Pues en este sistema de libre empresa tu prestigio es tu mayor activo.

Cristian Álvarez
Director
Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, CADEP

La elección del Jefe del Ministerio Público

«Esté o no esté, me desplacen o yo me canse y
decida irme, la prueba va a seguir estando»
Alberto Nisman
Fiscal Argentino
(1963-2015)

Dentro de poco asistiremos, como cada cuatro años, a un nuevo proceso para la elección de Fiscal General de la República. La designación del nuevo Jefe del Ministerio Público es trascendental, en virtud de que a éste corresponde el ejercicio de la acción penal pública.

El nombramiento de Fiscal General recae en el Presidente de la República, quien deberá escogerle dentro de una nómina de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación. En esta oportunidad no nos referiremos a la comisión de postulación, ni su integración, ni a la manera en la que ésta ha funcionado; nos enfocaremos más bien en el hecho de que corresponda al Presidente de la República nombrar al referido funcionario.

Históricamente, es comprensible que la elección del Jefe del Ministerio Público corresponda al Presidente de la República.

El Ministerio Público tiene sus orígenes en la Francia medieval. En aquel entonces, según explica Alberto Herrarte, «surgió como una necesidad del poder real para defender los intereses del fisco, de donde deriva el nombre de Ministerio Fiscal [en nuestra legislación y en otras legislaciones modernas se le denomina: Ministerio Público], pero también como una necesidad para llenar el vacío que se producía cuando, por falta de interés, no había acusador particular para la persecución de los delitos…». Miguel Ángel Castillo Soberanes lo explica en estos términos: «El procurador y el abogado del rey se crearon para la defensa de los intereses del príncipe (pour la défense des interésts du prince et de l´État). El procurador se encargaba de los actos del procedimiento y el abogado del litigio, en donde estuvieran en pugna los derechos del monarca o las personas que estaba bajo su protección (…). Estos funcionarios (…) protegían inicialmente los derechos e intereses particulares del rey, con el fin, prácticamente, de aumentar su tesoro; (…) su naturaleza fue cambiando hasta convertirse y organizarse como representantes, ya no del monarca sino del Estado, con objeto de asegurar el castigo del delito en nombre del interés social»

En Guatemala, antes de la reforma constitucional de 1993, las funciones esenciales del Ministerio Público eran, como en los orígenes de la institución: i) velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, y ii) ejercer la representación del Estado. En este esquema, las calidades de Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público recaían en una sola persona, nombrada por el Presidente de la República.

Posteriormente, como consecuencia de la modificación del texto constitucional, hubo una escisión: por un lado, al Ministerio Público le corresponde el ejercicio de la acción penal pública y la función de velar por el estricto cumplimento de las leyes país; y, por el otro, a la Procuraduría General de la Nación, el ejercicio de la representación del Estado además de la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. A partir de la nueva configuración institucional –en el que la función de representación del Estado, de asesoría y consultoría de los órganos y entidades del Estado dejó de estar a cargo del Ministerio Público–, resulta razonable que el margen de discrecionalidad del Presidente de la República para designar al Jefe del Ministerio Público se haya reducido: ahora debe elegirlo de una nómina de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación.

En 2016, los Presidentes de los Organismos del Estado, con el apoyo de la Secretaría Técnica del Dialogo Nacional, sometieron a discusión una serie de propuestas de reforma constitucional. Inicialmente, en éstas, el nombramiento del Fiscal General seguía estando a cargo del Presidente de la República, pero la nómina de elegibles ya no sería seis, sino de tres personas. De esta manera, al reducir el número de personas que integraban la nómina, se restringía, acertadamente, todavía más, el ámbito de discrecionalidad del Presidente de la República para llevar a cabo la referida designación. Desafortunadamente, luego del proceso de dialogo convocado, la propuesta de reforma plantea que la nómina esté integrada por cuatro candidatos: dos propuestos por el Congreso de la República y dos propuestos por la Corte Suprema de Justicia.

En lo que respecta a la elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, es preciso destacar la propuesta de reforma constitucional presentada, en 2009, por ProReforma. En ésta no solo se despoja al Presidente de la República de la mencionada facultad, sino que se elimina la discrecionalidad del órgano designante; lo anterior en virtud de que corresponde a la Corte Suprema de Justicia nombrar, mediante sorteo, al referido funcionario.

A principios de año, el Ministerio Público informó a que investiga a Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín –hermano e hijo del Presidente de la República– señalándolos de presuntamente haber participado en el caso denominado «El Estado como botín: Registro de la Propiedad». Ambos fueron ligado a proceso por el juez competente. Hace algunas semanas, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron que fuera levantada la inmunidad al Presidente de la República por «la posible comisión de hechos que podrían dar lugar a formación de causa penal por su actuación como Secretario General del partido FCN-Nación». Los solicitantes sostienen que el Presidente de la República, mientras se desempeñó como Secretario General del partido político que le llevó al poder, «pudo haber recibido contribuciones en forma anónima, además de no haberlas registrado en los libros contables de la organización política. De igual forma, pudo haber impedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la realización de su función de control y fiscalización de los fondos públicos y privados, con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales».

A la víspera de la elección del Jefe del Ministerio Público, dos familiares del Presidente de la República se encuentran ligados a proceso y sobre él pende una solicitud de levantamiento de inmunidad por la supuesta comisión de delitos electorales.

Como se dijo antes, la discrecionalidad del Presidente de la República, al momento de escoger al jefe del ente investigador, se encuentra matizada por la labor que previamente lleva a cabo la Comisión de Postulación encargada de proponer la nómina. No obstante, las circunstancias mencionadas deben invitarnos a reflexionar en torno a la manera en la que fue prevista la elección del Fiscal General que, a la postre, recae en una sola persona: el Presidente de la República.

El hecho de que el referido nombramiento corresponda al Presidente de la República no necesariamente implica lesión al principio de autonomía funcional que debe regir las actuaciones del Ministerio Público, ni siquiera en el contexto al que se ha hecho referencia. Sin embargo, convendría revisar el modelo de designación del Fiscal General para robustecer la garantía de que éste desempeñará sus funciones sin interferencias externas provenientes, en este caso, del Organismo Ejecutivo.

Colaboración

Jorge Luis Córdova
Miembro del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas
Universidad Francisco Marroquín

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[1] Herrarte, Alberto. Derecho Procesal Penal. El Proceso Penal Guatemalteco. Editorial «José de Pineda Ibarra», Guatemala: 1978. Página 91 y 92

[2] Castillo Soberanes, Miguel Ángel. El monopolio del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público en México. México : UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992. Página 16. (Disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/864-el-monopolio-del-ejercicio-de-la-accion-penal-del-ministerio-publico-en-mexico)

[3] Antes de la reforma constitucional de 1993, la Constitución Política de la República de Guatemala establecía: «El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y ejercer la representación del Estado…»

[4] La Secretaría Técnica del Dialogo Nacional está integrada por el Ministerio Público (MP), el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Oficina Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala (ver: Dialogo Nacional l Hacia la reforma de la Justicia en Guatemala: http://www.reformajusticiagt.org)

[5] Geovanni Contreras y Claudia Palma. Van por cambios a la Constitución. Prensa Libre, 26 de abril de 2016. (Disponible en: http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/comienza-dialogo-para-reformar-el-sector-justicia)

[6] En el sorteo participan seis personas, que integren la nómina que propone una Comisión de Postulación a la Corte Suprema de Justicia.

[7] Ministerio Público. El Estado como Botín: MP y CICIG continúan ampliación del caso Registro de la Propiedad. 18 de enero de 2017 (Disponible en: https://www.mp.gob.gt/noticias/2017/01/18/el-estado-como-botin-mp-y-cicig-continuan-ampliacion-del-caso-registro-de-la-propiedad/)

[8] Ministerio Público. Caso financiamiento electoral ilícito FCN-Nación: MP y Cicig presentan antejuicio contra el Presidente Constitucional de la República Jimmy Morales Cabrera. 25 de agosto de 2017 (Disponible en: https://www.mp.gob.gt/noticias/2017/08/25/caso-financiamiento-electoral-ilicito-fcn-nacion-mp-y-cicig-presentan-antejuicio-contra-el-presidente-constitucional-de-la-republica-jimmy-morales-cabrera/)

[9] Ídem.

 

Peligro de expectativas positivas falsas

Luis Pazos

Robert Lucas, profesor de la Universidad de Chicago, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1995 por cimentar la teoría de las expectativas racionales, la cual señala que las acciones futuras de los agentes económicos: inversión, precios, tasas de interés, entre otras variables, son impactadas por lo que esperemos del futuro de la economía.

Con base en una interpretación “a modo” de esa teoría, concluyen algunos funcionarios que quienes hablan mal de la economía crean expectativas negativas que la empeoran. Por lo tanto, le piden a empresarios, comunicadores y líderes de opinión, que no hablen mal de la economía mexicana, si quieren cooperar a que mejore.

Para apuntalar las expectativas optimistas, el gobierno proporciona datos macroeconómicos de reducción de pobres, del déficit presupuestal y de una futura caída de la inflación. Muchos empresarios, comunicadores y académicos se unen a los coros de que vamos bien por el bien del país. El Presidente pide que vean lo bueno. Las críticas, cooperan según esa óptica, a una mayor inflación, más déficit en cuenta corriente, más deuda, aumento de precio del dólar y mayores tasas de interés; por lo tanto si quieres que a México le vaya bien, no digas que las actuales políticas de gasto y deuda tienen un futuro negativo.

¡Falso!, ese sofisma parte de premisas equivocadas, que algunos aceptan por conveniencia y otros por ignorancia. Afirmar que todas las variables económicas van bien cuando algunos datos que publican no tienen un sustento sólido, solo sirve para que los resultados negativos se retarden y estallen después con más fuerza, pero no mejoran sustancialmente las expectativas racionales, pues no existen razones suficientes para que la recuperación se materialice.

Contrariamente a lo que dicen los portavoces oficiales, afirmar que vamos bien sin realizar correcciones de fondo, despreocupa a los gobernantes de frenar estructuralmente los excesos. Sólo los rectifican en la medida que pueden presentar información que parezca cierta, para seguir gastando, sin austeridad ni orden, y vender expectativas irracionales positivas que duren hasta las elecciones o la entrega del poder a otro gobierno.