La elección del Jefe del Ministerio Público

«Esté o no esté, me desplacen o yo me canse y
decida irme, la prueba va a seguir estando»
Alberto Nisman
Fiscal Argentino
(1963-2015)

Dentro de poco asistiremos, como cada cuatro años, a un nuevo proceso para la elección de Fiscal General de la República. La designación del nuevo Jefe del Ministerio Público es trascendental, en virtud de que a éste corresponde el ejercicio de la acción penal pública.

El nombramiento de Fiscal General recae en el Presidente de la República, quien deberá escogerle dentro de una nómina de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación. En esta oportunidad no nos referiremos a la comisión de postulación, ni su integración, ni a la manera en la que ésta ha funcionado; nos enfocaremos más bien en el hecho de que corresponda al Presidente de la República nombrar al referido funcionario.

Históricamente, es comprensible que la elección del Jefe del Ministerio Público corresponda al Presidente de la República.

El Ministerio Público tiene sus orígenes en la Francia medieval. En aquel entonces, según explica Alberto Herrarte, «surgió como una necesidad del poder real para defender los intereses del fisco, de donde deriva el nombre de Ministerio Fiscal [en nuestra legislación y en otras legislaciones modernas se le denomina: Ministerio Público], pero también como una necesidad para llenar el vacío que se producía cuando, por falta de interés, no había acusador particular para la persecución de los delitos…». Miguel Ángel Castillo Soberanes lo explica en estos términos: «El procurador y el abogado del rey se crearon para la defensa de los intereses del príncipe (pour la défense des interésts du prince et de l´État). El procurador se encargaba de los actos del procedimiento y el abogado del litigio, en donde estuvieran en pugna los derechos del monarca o las personas que estaba bajo su protección (…). Estos funcionarios (…) protegían inicialmente los derechos e intereses particulares del rey, con el fin, prácticamente, de aumentar su tesoro; (…) su naturaleza fue cambiando hasta convertirse y organizarse como representantes, ya no del monarca sino del Estado, con objeto de asegurar el castigo del delito en nombre del interés social»

En Guatemala, antes de la reforma constitucional de 1993, las funciones esenciales del Ministerio Público eran, como en los orígenes de la institución: i) velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, y ii) ejercer la representación del Estado. En este esquema, las calidades de Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público recaían en una sola persona, nombrada por el Presidente de la República.

Posteriormente, como consecuencia de la modificación del texto constitucional, hubo una escisión: por un lado, al Ministerio Público le corresponde el ejercicio de la acción penal pública y la función de velar por el estricto cumplimento de las leyes país; y, por el otro, a la Procuraduría General de la Nación, el ejercicio de la representación del Estado además de la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. A partir de la nueva configuración institucional –en el que la función de representación del Estado, de asesoría y consultoría de los órganos y entidades del Estado dejó de estar a cargo del Ministerio Público–, resulta razonable que el margen de discrecionalidad del Presidente de la República para designar al Jefe del Ministerio Público se haya reducido: ahora debe elegirlo de una nómina de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación.

En 2016, los Presidentes de los Organismos del Estado, con el apoyo de la Secretaría Técnica del Dialogo Nacional, sometieron a discusión una serie de propuestas de reforma constitucional. Inicialmente, en éstas, el nombramiento del Fiscal General seguía estando a cargo del Presidente de la República, pero la nómina de elegibles ya no sería seis, sino de tres personas. De esta manera, al reducir el número de personas que integraban la nómina, se restringía, acertadamente, todavía más, el ámbito de discrecionalidad del Presidente de la República para llevar a cabo la referida designación. Desafortunadamente, luego del proceso de dialogo convocado, la propuesta de reforma plantea que la nómina esté integrada por cuatro candidatos: dos propuestos por el Congreso de la República y dos propuestos por la Corte Suprema de Justicia.

En lo que respecta a la elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, es preciso destacar la propuesta de reforma constitucional presentada, en 2009, por ProReforma. En ésta no solo se despoja al Presidente de la República de la mencionada facultad, sino que se elimina la discrecionalidad del órgano designante; lo anterior en virtud de que corresponde a la Corte Suprema de Justicia nombrar, mediante sorteo, al referido funcionario.

A principios de año, el Ministerio Público informó a que investiga a Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín –hermano e hijo del Presidente de la República– señalándolos de presuntamente haber participado en el caso denominado «El Estado como botín: Registro de la Propiedad». Ambos fueron ligado a proceso por el juez competente. Hace algunas semanas, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron que fuera levantada la inmunidad al Presidente de la República por «la posible comisión de hechos que podrían dar lugar a formación de causa penal por su actuación como Secretario General del partido FCN-Nación». Los solicitantes sostienen que el Presidente de la República, mientras se desempeñó como Secretario General del partido político que le llevó al poder, «pudo haber recibido contribuciones en forma anónima, además de no haberlas registrado en los libros contables de la organización política. De igual forma, pudo haber impedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la realización de su función de control y fiscalización de los fondos públicos y privados, con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales».

A la víspera de la elección del Jefe del Ministerio Público, dos familiares del Presidente de la República se encuentran ligados a proceso y sobre él pende una solicitud de levantamiento de inmunidad por la supuesta comisión de delitos electorales.

Como se dijo antes, la discrecionalidad del Presidente de la República, al momento de escoger al jefe del ente investigador, se encuentra matizada por la labor que previamente lleva a cabo la Comisión de Postulación encargada de proponer la nómina. No obstante, las circunstancias mencionadas deben invitarnos a reflexionar en torno a la manera en la que fue prevista la elección del Fiscal General que, a la postre, recae en una sola persona: el Presidente de la República.

El hecho de que el referido nombramiento corresponda al Presidente de la República no necesariamente implica lesión al principio de autonomía funcional que debe regir las actuaciones del Ministerio Público, ni siquiera en el contexto al que se ha hecho referencia. Sin embargo, convendría revisar el modelo de designación del Fiscal General para robustecer la garantía de que éste desempeñará sus funciones sin interferencias externas provenientes, en este caso, del Organismo Ejecutivo.

Colaboración

Jorge Luis Córdova
Miembro del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas
Universidad Francisco Marroquín

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[1] Herrarte, Alberto. Derecho Procesal Penal. El Proceso Penal Guatemalteco. Editorial «José de Pineda Ibarra», Guatemala: 1978. Página 91 y 92

[2] Castillo Soberanes, Miguel Ángel. El monopolio del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público en México. México : UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992. Página 16. (Disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/864-el-monopolio-del-ejercicio-de-la-accion-penal-del-ministerio-publico-en-mexico)

[3] Antes de la reforma constitucional de 1993, la Constitución Política de la República de Guatemala establecía: «El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y ejercer la representación del Estado…»

[4] La Secretaría Técnica del Dialogo Nacional está integrada por el Ministerio Público (MP), el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Oficina Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala (ver: Dialogo Nacional l Hacia la reforma de la Justicia en Guatemala: http://www.reformajusticiagt.org)

[5] Geovanni Contreras y Claudia Palma. Van por cambios a la Constitución. Prensa Libre, 26 de abril de 2016. (Disponible en: http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/comienza-dialogo-para-reformar-el-sector-justicia)

[6] En el sorteo participan seis personas, que integren la nómina que propone una Comisión de Postulación a la Corte Suprema de Justicia.

[7] Ministerio Público. El Estado como Botín: MP y CICIG continúan ampliación del caso Registro de la Propiedad. 18 de enero de 2017 (Disponible en: https://www.mp.gob.gt/noticias/2017/01/18/el-estado-como-botin-mp-y-cicig-continuan-ampliacion-del-caso-registro-de-la-propiedad/)

[8] Ministerio Público. Caso financiamiento electoral ilícito FCN-Nación: MP y Cicig presentan antejuicio contra el Presidente Constitucional de la República Jimmy Morales Cabrera. 25 de agosto de 2017 (Disponible en: https://www.mp.gob.gt/noticias/2017/08/25/caso-financiamiento-electoral-ilicito-fcn-nacion-mp-y-cicig-presentan-antejuicio-contra-el-presidente-constitucional-de-la-republica-jimmy-morales-cabrera/)

[9] Ídem.

 

Menos impuestos en EU, menor inversión en México

Luis Pazos

impuesto taxEl muro, aunque en parte es el “petate del muerto” de Trump, implica la política de frenar la migración ilegal de mexicanos a EU y la necesidad de crear condiciones en México para absorber esa mano de obra.

La revisión del TLCAN puede dificultar y encarecer las exportaciones a los Estados Unidos. Sin embargo, esas políticas anunciadas por Donald Trump no son las que obligarán al gobierno de México a realizar cambios más difíciles y profundos, si no quiere un freno de la inversión extranjera y una migración de la que ya existe en México.

Las políticas que más frenarán la inversión en México, principal factor para crecer y crear empleos, son las anunciadas por Trump de reducir impuestos y reglamentaciones.

Ya ordenó al poder ejecutivo que por cada nuevo trámite deben derogar dos de los existentes. En cuanto a la reducción de impuestos, aunque a mediano y largo plazo generan más empleos y crecimiento, a corto plazo implican reducir el gasto público para no disparar el déficit.

Reducir impuestos sin elevar déficit ni deuda ha postergado la decisión del Congreso de EU para bajar impuestos.

En México los impuestos a determinados niveles ya son más altos que en EU. Una comparación de Santader Trade y Doing Business, muestra que los diferentes impuestos que pagan las grandes empresas en México sobre utilidades, 51.7%, son mayores a los que pagan en EUA: 43.9%. Tres millones de pesos gravables o su equivalente en dólares, pagan 28% en Estados Unidos, en México un 35%.

La progresividad es mayor en México. Las horas dedicadas a cumplir con el pago de impuestos son menores en EU, 175, que en México, 286.

Hasta ahora los altos impuestos en México se han compensado con salarios comparativos más bajos que en Estados Unidos, y con reducidos o nulos impuestos a las exportaciones mexicanas, por el TLCAN, pero una probable alza de aranceles y de baja de impuestos en EU, será un grave problema para México.

De no cambiar las políticas crecientes de gasto, deuda y déficit en los 4 años del actual gobierno (ver libro EPN: EL RETROCESO) y bajar impuestos, generarán una reducción de la inversión en México que puede llevar a una recesión con desempleo parecida a las sufridas en los 80 y 90.

Las carreteras

Al manejar en El Salvador inmediatamente te das cuenta que hay mejores carreteras que en Guatemala; tanto en tamaño, calidad de la construcción y señalización. Es importante la comparación con El Salvador porque es un país que tiene problemas de corrupción muy parecidos, un sistema político inestable y al igual que Guatemala grandes carencias de ingresos para sus ciudadanos y por ende para el gobierno.  Y con los mismos lastres ha logrado hacer mejores carreteras, lo que demuestra que tenemos un problema adicional en nuestros procesos de construcción y reparación.

Viajar por Guatemala en automóvil te permite ver el fracaso estrepitoso de los gobiernos.  Las principales carreteras que comunican las ciudades más importantes del país y que nos conectan con los países vecinos, están en muy mal estado o se está destruyendo, y en ambos casos la reacción del gobierno es muy lenta.   La principal inversión en carreteras del gobierno anterior resulto ser un verdadero saqueo, conocido como el caso  Odebrech.  Y este gobierno le ha apostado a que el Ejército Nacional se haga cargo del tema, lo que demuestra que ya no le tienen confianza al Ministerio encargado del tema.

También vemos en las principales rutas entre ciudades internas un tráfico  creciente y cada año nuevos cuellos de botella vehiculares. Lo que demuestra es que el parque vehicular crece más rápido que la inversión en carreteras, lo podemos ver como un claro ejemplo que el gobierno no ha logrado satisfacer las necesidades de los automovilistas.  Si tienes años de viajar por Guatemala te podrás dar cuenta como la ruta que va de Cuilapa a Jutiapa sigue siendo la misma, la que comunica del Rancho a Cobán lo único nuevo que tiene son túmulos.  La movilidad en el país se ha reducido drásticamente, no solo dentro de las ciudades sino en las carreteras  que comunican entre ciudades.

Una actividad que parece muy sencilla, pero el gobierno es y ha sido incapaz de mantener las carreteras señalizadas y con las carrileras pintadas. Hacen túmulos en cualquier parte y no los pintas con colores fosforescentes y menos colocan una señalización adecuada.

Las carreteras secundarias, es decir, que van a cabeceras municipales menos pobladas son otro desastre.  Falta de bacheo, túmulos y mala señalización es la constante.

Para llegar a este punto no solo ha sido culpa del ejecutivo; hemos tenido injerencia del Congreso con  complicidad de constructores y también de las entidades financieras internacionales, es decir, al sistema lo han logrado cooptar; políticos, burócratas nacionales e internacionales y constructores privados.

Las vías de comunicación terrestres son un pilar para el desarrollo económico y social, pues facilitan la movilización de bienes y servicios y el acceso a las comunidades, lo que hace que quienes viven en estas comunidades se integren al sistema social teniendo acceso a los servicios municipales y estatales, que regularmente se concentran en los centros urbanos, también da acceso al intercambio cultural.

El desarrollo de Guatemala demanda más y mejores carreteras, pero el sistema actual es incapaz de hacerlo.   Hay que replantear la ley de compras y contrataciones del Estado, la forma como se hacen los estudios de pre factibilidad, la posibilidad de abrir y facilitar la opción de participar en la  construcción a empresas de Centro América y México, definir las entidades responsables del mantenimiento y construcción así como estandarizar los tipos de carretera, los requisitos mínimos y lo que debe durar una carretera.

No se puede seguir asignando más fondos al Ministerio de Comunicación si no hay una reforma en sus procesos.

Cristian Álvarez
Director
Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, CADEP

La capacidad de convocar y su poder en la democracia

Era domingo por la noche y en las noticias y las redes sociales empezó a circular información sobre posibles manifestaciones el 7, 8 y 9 de Marzo. La del martes 7 estaba planeada para llevarse a cabo a las 7:00 de la mañana e iba a movilizar a miles de personas. Iban a entrar a la ciudad por distintos frentes en dirección al Congreso de la República. ¿Quiénes eran estas personas? Ciudadanos apoyando a CODECA (Comité de Desarrollo Campesino). Tenían varias peticiones, entre ellas la renuncia del presidente y la nacionalización de la energía eléctrica. Independientemente de si estamos o no de acuerdo con las peticiones de esta organización podemos hacer un análisis objetivo de sus acciones y de sus incentivos para realizar este tipo de movilizaciones masivas.

Como grupo organizado de ciudadanos, CODECA entiende que para hacerse escuchar necesita hacerle presión al Estado. Esto no puede lograrse solamente convocando a una manifestación pacífica en la plaza central de la ciudad porque los resultados no serían inmediatos y tendrían que realizar una alta inversión de tiempo y dinero. Por esta razón deciden entonces hacer uso de las vías públicas para movilizarse y manifestar. Sus acciones crearán molestias a los demás ciudadanos que no son parte de su movilización y así, indirectamente, estos también presionarán al gobierno para que dé una solución pronta al problema. Al hacer estas movilizaciones masivas CODECA también demuestra la gran influencia que posee. Dejando de lado el hecho de que probablemente más de la mitad de las personas que asistieron a la movilización no sabían ni una de las peticiones que estaban demandando, el simple hecho de que CODECA pudiera desplazarlos a todos a la ciudad representa su poder como un actor político y un grupo de presión.

Pero ¿cómo logra movilizar a tantas personas? Probablemente encontrando los incentivos perfectos. Un punto muy controversial sobre las peticiones de CODECA es la nacionalización de la energía eléctrica. La empresa eléctrica Energuate (que no es nacional) ha tenido problemas con comunidades del interior del país por años debido a que estas no cancelan las deudas que tienen por los servicios eléctricos. Esto ha llevado a que se les corten dichos servicios a muchas personas, quienes han respondido tomando dichos servicios de manera ilegal. Así, con la promesa de recibir luz sin necesidad de pago, CODECA probablemente convenció a varias personas de que se unieran a su causa. Otro incentivo es probablemente la promesa de una remuneración; al ofrecer cierta cantidad de dinero a cambio de apoyo durante la movilización, CODECA obtiene más apoyo. Acá podemos ver su capacidad económica que solamente nos deja con más dudas aún sobre la procedencia de sus fondos. Esto también evidencia que, probablemente, la mayoría de las personas que decidieron participar en la manifestación del martes no poseen un trabajo fijo que puedan perder por ausentarse sin justificación. Así, jugando con los intereses y las necesidades de las personas, CODECA obtiene el apoyo que necesita para realizar estas manifestaciones y conseguir sus objetivos.

Colaboración
Alejandra María Penagos Samayoa
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
Universidad Francisco Marroquín

Cómo darle trabajo a deportados de EUA

El gobierno de Guatemala al igual que al gobierno de México pueden hacer muy poco para influir en las políticas migratorias, y el trato que Estados Unidos da a nuestros compatriotas que  trabajan en tierras americanas o que sueñan con llegar a ellas.  Lo que si pueden hacer los gobiernos es impulsar políticas que atraigan más y mejores fuentes de empleo a sus países.
Luis Pazos
Para que la economía absorba el regreso de cientos de miles de mexicanos de Estados Unidos, y evitar que desempleados y subempleados traten de pasar la frontera para conseguir un buen empleo, que no lo pueden encontrar en México, es necesaria la derogación de leyes y reglamentos que obstaculizan la creación de empleos.

Muchos de los que regresan traen recursos para comprar  tierras y convertirse en pequeños propietarios, pero la incertidumbre de la propiedad en el campo les impide hacerlo. Se debe facilitar la compra-venta de ejidos, derogar leyes que exigen asambleas en las comunidades para validar su venta. Que cada ejidatario o comunero venda o compre tierras con la misma seguridad jurídica y procedimientos que en las zonas urbanas.

Cientos de miles llegarán de los EUA en busca de empleo, por lo que es necesario flexibilizar las leyes laborales y reducir cargas fiscales a los empresarios para incentivar y facilitar la creación de más empleos.

El exceso de cargas, reglamentaciones y de gravosas multas por cualquier falta administrativa, que generan corrupción, mayores costos de transacción en la apertura de empresas y en la contratación de personal, son de las principales causas de la baja creación de empleos en México. Es necesario simplificar la ley laboral, reducir impuestos y trámites a la generación de empleos legales para aumentar su oferta en el mercado laboral.

Los planes de aplicar impuestos a exportaciones hacia los Estados Unidos de productos mexicanos y de bajar los impuestos a empresas en los Estados Unidos de Trump, hacen necesario la reducción de impuestos a las empresas en México para darle competitividad a la inversión. Si Trump reduce los impuestos a empresas en EUA, el peligro no solo será que emigren empresas extranjeras que ya están en México sino que no lleguen más a invertir.

Facilidad y seguridad en adquirir propiedades en el campo, reducción de cargas fiscales y laborales a los creadores de empleos, son algunos cambios que deben iniciar el Ejecutivo a nivel reglamentos y los legisladores en cuanto a reformas y derogación de leyes.

No quedarnos en llamados a la unidad o a una negociación digna, y postergar reformas en el entorno legal interno, necesarias para amortiguar y contrarrestar las políticas anunciadas por Trump.

Jurisdicción indígena: ¿una oportunidad o una amenaza?

Más de diez años discutiendo sobre si se debe reformar o no la Constitución y en esa discusión han existido propuestas como ProReforma, Usac, Asies, Url, entre otras. La propuesta más reciente que está en el Congreso toca un tema bastante confuso, el pluralismo jurídico. Con respecto a este tema se pretende incluir el derecho indígena como método alterno legítimo para implementar la justicia en algunos lugares del país. Dicha reforma puede ser vista y analizada desde varios ángulos; puede pensarse que el Estado no está siendo eficiente en impartir justicia en zonas del interior del país, por lo que las comunidades que allí residen se han visto en la necesidad de implementar sus propias reglas basadas en sus costumbre. Estas reglas, por lo tanto, se pueden considerar legítimas y utilizarse en casos de ausencia del Estado con previa elección de las distintas comunidades. Pero incluir el pluralismo jurídico en la Constitución también se puede ver como un intento de algunos grupos de ver sus intereses representados en el Estado. Independientemente de las razones por las cuales se crea que esta reforma debe de realizarse o no, hay que analizar bien las intenciones de los grupos que están pujando en el Congreso por ella y entender si esto es en realidad lo que el país necesita en el ámbito jurídico.

Es verdad que muchas veces el Estado no tiene los recursos o la capacidad para lograr que la ley impere en todo el territorio. Según Hans Hermann-Hoppe esto es consecuencia de que el Estado tenga el monopolio para la implementación de la ley y el orden, y en su opinión esto puede solucionarse creando leyes privadas. Lo anterior se logra quitándole el monopolio al Estado y permitiendo que distintas entidades privadas provean el servicio de la implementación de la ley y el orden. Por supuesto, estas entidades siempre tienen que cumplir con ciertas reglas generales para la convivencia pacífica en todo el territorio. Puede verse el derecho indígena como un intento para crear este tipo de entidades y así regular nuestra conducta en la sociedad; sin embargo, esto implicaría cambios no sólo con respecto al pluralismo jurídico sino también a cómo está conformado nuestro Estado.

Creo que esto no es la solución a la falta de justicia. Es responsabilidad del Estado velar porque se cumpla la ley y el Estado guatemalteco es claramente ineficiente para ello. El pluralismo jurídico complicaría más aún un sistema que, de por sí, ya es difícil de entender para la mayoría de los ciudadanos. Al entrar otro tipo de derecho en juego ¿cómo se va a decidir bajo qué derecho va a ser juzgada una persona? ¿cómo saber si un asunto le compete al derecho indígena o no? y ¿cómo equiparar los castigos y las sentencias de ambos derechos para que, sin importar en qué derecho sea juzgada una persona, ésta sea castigada de una manera justa?

El objetivo de la reforma debe ser otro; tratar de fortalecer el sistema jurídico y el Estado haciéndolos a ambos más incluyente en este sentido es clave. Es necesario lograr que impere la ley en todo el territorio y que las leyes sean más sencillas, para que nadie se sienta en la necesidad de crear leyes para defenderse solo.

Colaboración

Alejandra María Penagos Samayoa
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
Universidad Francisco Marroquín

La Protección a los productos Nacionales

Día a día cada persona consume productos que van desde cuidado personal a alimentos. Rastrear el origen de los mismos no es complicado, pues muchos de los productos que consumimos sabemos su origen y en resumen son; extranjeros o nacionales. En términos sencillos cada consumidor debe escoger un producto extranjero o uno nacional. Pero algunas veces el gobierno toma la decisión por el consumidor y decide (sin dejar opinar al consumidor ni participar al productor extranjero) que el producto nacional es el ganador. Con esto la diversidad de productos que se ofrecen en el mercado nacional disminuye, pues para hacer ganar al “productor nacional” el gobierno debe establecer una serie de obstáculos a la importación; los cuales van desde impuestos a excesivas clasificaciones aduaneras.

Como es de esperarse muchas empresas extranjeras se retiran del mercado pues no logran sobrellevar las distintas trabas gubernamentales, afectando de manera directa al consumidor quién en primera instancia pierde una serie de productos que podría consumir (mejores productos o más económicos). Pero estas políticas proteccionistas no solo afectan a los productores extranjeros y a los consumidores naciones, pues varios empresarios nacionales pierden la facilidad de importar materias para elaborar sus productos; ya que en aduanas las trabas impiden el fácil acceso teniendo como consecuencia un aumento en costos y un alza en los precios con lo que disminuye la competitividad en el mercado de los mismos.

A estas alturas es relevante preguntar: si no hay aparentes beneficiarios, ¿para qué inducir más impuestos de importación y más trámites en las aduanas? La respuesta; pues si bien el empresario promedio debe de luchar por su lugar en el mercado, existen otros que se hacen de influencias gubernamentales para beneficiarse a costa de políticas extractivas que nada tienen que hacer con el beneficio de la población. De esta manera con un aumento en aranceles, una clasificación más estricta o bien agregar un ingrediente más a la lista, como una vitamina más al azúcar, se impide la “competencia extranjera” del mercado nacional. Con este proceder, quienes se benefician del proteccionismo pierden cualquier incentivo para realizar un producto de calidad, pues de cualquier manera el gobierno vela por que sea ese producto el consumido en el país sin importar que no sea el mejor en el mercado.

Entonces por qué no permitir que sean los consumidores quienes libremente elijan cuál producto deseen consumir. Por qué no dejar que sea el producto de calidad y mejor aceptación el ganador en el mercado y que cada empresa busque su lugar bajo una competencia realmente justa y sana. Y esto aplica tanto a nivel nacional como internacional, pues si bien deseamos importar el mejor producto para nuestro consumo, lo mismo sucede con cada ciudadano de los distintos países del mundo. Debemos cuidarnos de políticas proteccionistas; que acrediten a políticos para decidir que producto debemos consumir. Políticas que en nada benefician al consumidor, al empresario promedio y en grandes rasgos al país.

Colaboración
María José Quezada
Estudiante Relaciones Internacionales
Universidad Francisco Marroquín

Prostitución de la Constitución

Guatemala se enfrenta a una posible reforma a su Constitución. Para entender los riesgos de reformarla les recomiendo este artículo del Prof. Pazos.

Luis Pazos

En un régimen absolutista el gobernante, llámese rey, emperador o Presidente, puede hacer lo que quiera; en un régimen republicano, democrático, su actuación se define por una Constitución, cuya función fundamental es marcarle límites a los gobernantes.

En un gobierno absolutista los funcionarios actúan como quieren. En un régimen constitucional los gobernantes solo deben hacer lo que específicamente les permite la Constitución y los ciudadanos todo, menos lo que les prohíbe.

Una parte de la Constitución describe las funciones de cada dependencia y funcionario público, la otra las llamadas garantías individuales, que dejan claro que ningún gobernante puede atentar contra la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos sin un juicio previo. Lo demás que incluyan sale sobrando, en todo caso debe ir en leyes secundarias.

Para que una Constitución genere certeza y seguridad jurídica debe ser estable y sin cambios cotidianos, como si fuera un calendario. Su contenido no necesita renovarse, pues son principios fundamentales.

De la Constitución se desprenden todas las demás leyes y reglamentos, los que no deben contradecir la Constitución, y de hacerlo deben considerarse inconstitucionales por los jueces. La prostitución de la Constitución mexicana radica en sus constantes reformas y en la inclusión de artículos que no deberían estar en ese ordenamiento, que solo debe contener preceptos fundamentales.

Durante sus 196 años como país independiente (1821-2017), México ha tenido cinco constituciones, mientras los Estados Unidos en sus 241 años de independencia solo una, con 230 años de vigencia y solo 27 enmiendas. La Constitución mexicana más reciente, con 100 años de vigencia, le han recetado 229 decretos de reformas constitucionales, que modificaron alrededor de 700 artículos. La Constitución norteamericana tiene solo 7,754 palabras, la de México 62,012, 8 veces más. Los constantes cambios y su innecesaria extensión, manifiestan su prostitución.

Se deben derogar todos los artículos que legisladores ignorantes y demagogos incluyeron indebidamente en la Constitución, que generan inseguridad jurídica, crean una costosa burocracia innecesaria, limitan más a los ciudadanos y amplían las facultades de los gobernantes.

¿Cómo afectan los paros en la economía del país, podrían haber alternativas?

Los paros y bloqueos siempre generan gastos adicionales a empresarios y ciudadanos, unos pierden más que otros dependiendo del producto y actividad. Seguro un vendedor rutero pierde más que un doctor. Y un distribuidor de melocotones pierde más que uno de telas.

Un costo que sube de forma peligrosa, que no se ve pero existe, es el aumento de riesgo país. Los compradores de fresas de Canadá ven que es mejor negociar con otros proveedores pues en Guatemala hay muchas posibilidades de incumplimiento. Hay negocios que se van a dejar de hacer. Los importadores buscarán comprar en Chile o Colombia, aunque sea más caro, pero hay menos riesgo. Eso lo pagaremos todos los guatemaltecos pues menos actividad empresarial genera menos demanda de empleados, aumenta el desempleo y bajan los salarios.

Conociendo Guatemala y sus procesos, la prepotencia, es la peor alternativa. Hay muchos problemas, la falta de diálogo solo polariza y manda el mensaje que no podemos resolver nuestras diferencias en una mesa y tiene que ser con huelgas o con el uso de la fuerza. La huelga y la policía debe ser la última opción y no la primera.

Poner a funcionar otra vez el ferrocarril

En este tema de transporte de mercadería también se ha mencionado la idea de poner a funcionar otra vez el ferrocarril, ¿consideras que ayudaría o qué otros medios de transporte debería implementarse en Guatemala?

Estados Unidos y Argentina lograron altos niveles de riqueza a principios del siglo XX en parte por su red de ferrocarriles, los trenes llegaban a todo el país y a los principales puertos. Transportar mercaderías en ferrocarril es más barato, lo cual termina beneficiando a los ciudadanos.

Si hace falta el tren en Guatemala, que conecte las principales ciudades con los puertos y aeropuertos, con México, El Salvador y Honduras. Pero no solo necesitamos trenes, también necesitamos inversión en los puertos y en los aeropuertos y mejores carreteras. El problema es que no alcanza el presupuesto del Estado para más y mejores vías de comunicación. Por supuesto necesitamos mejorar la gestión de las aduana, pues no funciona tener buenos puertos y que los trámites para sacar de la aduana los contenedores tomen dias. Tampoco se aprovechan buenas carreteras si se pierden muchas horas en la frontera con Honduras o El Salvador.

De nuevo hay que recurrir a los ahorros de los privados y a la iniciativa empresarial para desarrollar el país. Es fácil ver que se necesita desde hace varios años; el anillo metropolitano de la ciudad de Guatemala, de la ciudad de Chimaltenango, de Barberena, de Cuyotenango y pronto en la entrada a Mazatenango por mencionar algunos. Hay que ampliar a cuatro carriles la carretera a Izabal, Cobán, Frontera con el Salvador, de Xela a San Marcos, de nuevo por mencionar las que son urgentes. Pero es importante recordar que la infraestructura vial, así como los puertos y aeropuertos deben siempre tener capacidad ociosa, es decir, se deben construir pensando en que funcionen los próximos 15 años con holgura.

Las principales carreteras que ya existen se deben concesionar para que los privados cobren peajes y las mantengan en buen estado, y parte de lo que se recaude se debe destinar a la construcción de caminos vecinales y mejorar carreteras de menor importancia. También se debe incentivar la participación de los privados en la construcción de nuevas carreteras, el periférico de Chimaltenango, de la ciudad de Guatemala y de Barberena debe ser construido inmediatamente con capital privado y cobrar peaje.

Un porcentaje de las utilidades de los peajes que se cobren por el uso de las carreteras ya construidas y de lo recaudado por las nuevas concesiones, debe ir al gobierno y utilizarse específicamente para construir caminos vecinales, donde los privados no estén interesados en invertir.

Por supuesto las tarifas autorizadas y las utilidades de estas empresas deben estar a la vista del público, para garantizar transparencia y poder medir los beneficios de la participación privada en este tema tan importante para el desarrollo de Guatemala.