La elección del Jefe del Ministerio Público

«Esté o no esté, me desplacen o yo me canse y
decida irme, la prueba va a seguir estando»
Alberto Nisman
Fiscal Argentino
(1963-2015)

Dentro de poco asistiremos, como cada cuatro años, a un nuevo proceso para la elección de Fiscal General de la República. La designación del nuevo Jefe del Ministerio Público es trascendental, en virtud de que a éste corresponde el ejercicio de la acción penal pública.

El nombramiento de Fiscal General recae en el Presidente de la República, quien deberá escogerle dentro de una nómina de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación. En esta oportunidad no nos referiremos a la comisión de postulación, ni su integración, ni a la manera en la que ésta ha funcionado; nos enfocaremos más bien en el hecho de que corresponda al Presidente de la República nombrar al referido funcionario.

Históricamente, es comprensible que la elección del Jefe del Ministerio Público corresponda al Presidente de la República.

El Ministerio Público tiene sus orígenes en la Francia medieval. En aquel entonces, según explica Alberto Herrarte, «surgió como una necesidad del poder real para defender los intereses del fisco, de donde deriva el nombre de Ministerio Fiscal [en nuestra legislación y en otras legislaciones modernas se le denomina: Ministerio Público], pero también como una necesidad para llenar el vacío que se producía cuando, por falta de interés, no había acusador particular para la persecución de los delitos…». Miguel Ángel Castillo Soberanes lo explica en estos términos: «El procurador y el abogado del rey se crearon para la defensa de los intereses del príncipe (pour la défense des interésts du prince et de l´État). El procurador se encargaba de los actos del procedimiento y el abogado del litigio, en donde estuvieran en pugna los derechos del monarca o las personas que estaba bajo su protección (…). Estos funcionarios (…) protegían inicialmente los derechos e intereses particulares del rey, con el fin, prácticamente, de aumentar su tesoro; (…) su naturaleza fue cambiando hasta convertirse y organizarse como representantes, ya no del monarca sino del Estado, con objeto de asegurar el castigo del delito en nombre del interés social»

En Guatemala, antes de la reforma constitucional de 1993, las funciones esenciales del Ministerio Público eran, como en los orígenes de la institución: i) velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, y ii) ejercer la representación del Estado. En este esquema, las calidades de Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público recaían en una sola persona, nombrada por el Presidente de la República.

Posteriormente, como consecuencia de la modificación del texto constitucional, hubo una escisión: por un lado, al Ministerio Público le corresponde el ejercicio de la acción penal pública y la función de velar por el estricto cumplimento de las leyes país; y, por el otro, a la Procuraduría General de la Nación, el ejercicio de la representación del Estado además de la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. A partir de la nueva configuración institucional –en el que la función de representación del Estado, de asesoría y consultoría de los órganos y entidades del Estado dejó de estar a cargo del Ministerio Público–, resulta razonable que el margen de discrecionalidad del Presidente de la República para designar al Jefe del Ministerio Público se haya reducido: ahora debe elegirlo de una nómina de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación.

En 2016, los Presidentes de los Organismos del Estado, con el apoyo de la Secretaría Técnica del Dialogo Nacional, sometieron a discusión una serie de propuestas de reforma constitucional. Inicialmente, en éstas, el nombramiento del Fiscal General seguía estando a cargo del Presidente de la República, pero la nómina de elegibles ya no sería seis, sino de tres personas. De esta manera, al reducir el número de personas que integraban la nómina, se restringía, acertadamente, todavía más, el ámbito de discrecionalidad del Presidente de la República para llevar a cabo la referida designación. Desafortunadamente, luego del proceso de dialogo convocado, la propuesta de reforma plantea que la nómina esté integrada por cuatro candidatos: dos propuestos por el Congreso de la República y dos propuestos por la Corte Suprema de Justicia.

En lo que respecta a la elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, es preciso destacar la propuesta de reforma constitucional presentada, en 2009, por ProReforma. En ésta no solo se despoja al Presidente de la República de la mencionada facultad, sino que se elimina la discrecionalidad del órgano designante; lo anterior en virtud de que corresponde a la Corte Suprema de Justicia nombrar, mediante sorteo, al referido funcionario.

A principios de año, el Ministerio Público informó a que investiga a Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín –hermano e hijo del Presidente de la República– señalándolos de presuntamente haber participado en el caso denominado «El Estado como botín: Registro de la Propiedad». Ambos fueron ligado a proceso por el juez competente. Hace algunas semanas, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron que fuera levantada la inmunidad al Presidente de la República por «la posible comisión de hechos que podrían dar lugar a formación de causa penal por su actuación como Secretario General del partido FCN-Nación». Los solicitantes sostienen que el Presidente de la República, mientras se desempeñó como Secretario General del partido político que le llevó al poder, «pudo haber recibido contribuciones en forma anónima, además de no haberlas registrado en los libros contables de la organización política. De igual forma, pudo haber impedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la realización de su función de control y fiscalización de los fondos públicos y privados, con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales».

A la víspera de la elección del Jefe del Ministerio Público, dos familiares del Presidente de la República se encuentran ligados a proceso y sobre él pende una solicitud de levantamiento de inmunidad por la supuesta comisión de delitos electorales.

Como se dijo antes, la discrecionalidad del Presidente de la República, al momento de escoger al jefe del ente investigador, se encuentra matizada por la labor que previamente lleva a cabo la Comisión de Postulación encargada de proponer la nómina. No obstante, las circunstancias mencionadas deben invitarnos a reflexionar en torno a la manera en la que fue prevista la elección del Fiscal General que, a la postre, recae en una sola persona: el Presidente de la República.

El hecho de que el referido nombramiento corresponda al Presidente de la República no necesariamente implica lesión al principio de autonomía funcional que debe regir las actuaciones del Ministerio Público, ni siquiera en el contexto al que se ha hecho referencia. Sin embargo, convendría revisar el modelo de designación del Fiscal General para robustecer la garantía de que éste desempeñará sus funciones sin interferencias externas provenientes, en este caso, del Organismo Ejecutivo.

Colaboración

Jorge Luis Córdova
Miembro del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas
Universidad Francisco Marroquín

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[1] Herrarte, Alberto. Derecho Procesal Penal. El Proceso Penal Guatemalteco. Editorial «José de Pineda Ibarra», Guatemala: 1978. Página 91 y 92

[2] Castillo Soberanes, Miguel Ángel. El monopolio del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público en México. México : UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992. Página 16. (Disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/864-el-monopolio-del-ejercicio-de-la-accion-penal-del-ministerio-publico-en-mexico)

[3] Antes de la reforma constitucional de 1993, la Constitución Política de la República de Guatemala establecía: «El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y ejercer la representación del Estado…»

[4] La Secretaría Técnica del Dialogo Nacional está integrada por el Ministerio Público (MP), el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Oficina Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala (ver: Dialogo Nacional l Hacia la reforma de la Justicia en Guatemala: http://www.reformajusticiagt.org)

[5] Geovanni Contreras y Claudia Palma. Van por cambios a la Constitución. Prensa Libre, 26 de abril de 2016. (Disponible en: http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/comienza-dialogo-para-reformar-el-sector-justicia)

[6] En el sorteo participan seis personas, que integren la nómina que propone una Comisión de Postulación a la Corte Suprema de Justicia.

[7] Ministerio Público. El Estado como Botín: MP y CICIG continúan ampliación del caso Registro de la Propiedad. 18 de enero de 2017 (Disponible en: https://www.mp.gob.gt/noticias/2017/01/18/el-estado-como-botin-mp-y-cicig-continuan-ampliacion-del-caso-registro-de-la-propiedad/)

[8] Ministerio Público. Caso financiamiento electoral ilícito FCN-Nación: MP y Cicig presentan antejuicio contra el Presidente Constitucional de la República Jimmy Morales Cabrera. 25 de agosto de 2017 (Disponible en: https://www.mp.gob.gt/noticias/2017/08/25/caso-financiamiento-electoral-ilicito-fcn-nacion-mp-y-cicig-presentan-antejuicio-contra-el-presidente-constitucional-de-la-republica-jimmy-morales-cabrera/)

[9] Ídem.

 

La Elección del Fiscal General

Ayer se dio a conocer la nómina presentada por la Comisión de Postulación para nombrar el Fiscal General de la misma. El Presidente de la República deberá escoger al Jefe del Ministerio Público quien ocupará el cargo durante los próximos cinco años. Varios grupos quienes han estado fiscalizando el proceso manifestaron su descontento en cuanto a la integración de dicho listado, aduciendo que muchos de sus miembros no son idóneos para ocupar tal cargo, y también formulando señalamientos que se habían producido acuerdos previos entre algunos miembros de la Comisión de Postulación para asegurarse que ciertos candidatos resultaran postulados.

Este es el primer proceso de designación de Fiscal General que se hace bajo el amparo de la Ley de Comisiones de Postulación, al igual que lo fue la reciente designación de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, es evidente que a pesar de las aspiraciones plasmadas en dicha ley y de la fiscalización y presión que han ejercido algunos grupos, el proceso de designación de Fiscal General tiene serias deficiencias, como sucede con otras instituciones del gobierno, que se originan realmente en la Constitución.

Las Comisiones de Postulación se establecieron en la Constitución con el propósito de que se integraran con miembros que fueran ajenos a la actividad política del país, a manera de que los nombramientos de los funcionarios postulados no fueran politizados. Esto se cumple en parte pues no se puede decir que todos los decanos de las diversas facultades de leyes, por ejemplo, representan intereses políticos.

Sin embargo, el error fundamental radica en que la última palabra la tiene siempre algún órgano del gobierno, que por definición, es político. En el caso del Ministerio Público, esta prerrogativa recae exclusivamente en manos del Presidente, quien elige entre los seis postulados; pero lo mismo puede decirse de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son designados por los diputados al Congreso. Sería ingenuo pretender que estos funcionarios se desprendiesen de sus intereses políticos al momento de hacer estos nombramientos.

Otra equivocación grabada en la Constitución es la relativa al plazo para el cual muchos de estos funcionarios son electos. Originalmente sucedía que el período de gobierno coincidía con los cinco años para los cuales eran nombrados los funcionarios de las diversas instituciones, particularmente las de justicia como Ministerio Público, Corte Suprema o Corte de Constitucionalidad, pero lo mismo podría decirse de otras como la Contraloría General de Cuentas o la Junta Monetaria. El período de gobierno se redujo a cuatro años con la última reforma constitucional exitosa, sin embargo, los períodos de los cargos en estas instituciones aún siguen siendo tan cortos como para que en muchos casos se pueda ejercer notable influencia sobre ellos.

Al final, lo que resulta son instituciones de justicia supeditadas a intereses políticos. Y mientras no se modifique la Constitución en ese aspecto, no podremos esperar obtener resultados distintos, a pesar de las buenas intenciones que puedan tener las manifestaciones de grupos o jóvenes quienes hoy más visiblemente se interesan porque tengamos mejores funcionarios.

Alejandro Baldizón