¿Podrá Costa Rica ver más allá del “shock religioso”?

El domingo 4 de febrero del presente año se llevaron a cabo, entre confusión e incertidumbre, las elecciones para elegir al binomio presidencial y 57 diputados del Congreso costarricense. Tal y como se expuso en el artículo de la semana pasada en la comparación entre el sistema político de Costa Rica y Guatemala el escenario de incertidumbre fue nuevamente señalado por distintos diarios del país, tales como El Financiero. Fueron publicadas, en dichos medios de comunicación, entrevistas a varias personas que afirmaron no estar seguros del candidato al que le iban a entregar su voto, incluso estando a pocos minutos de hacerlo. Los resultados revelaron la realidad de los costarricenses: el “shock religioso” no los deja ver más allá de la reforma de la Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral y la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos -CIGH- sobre el matrimonio igualitario.

Varios politólogos han llamado al rechazo de una vasta mayoría de la población y de candidatos presidenciales hacia la reforma educativa y la resolución de la CIDH un “shock religioso”. Lo anterior responde a que se ha vuelto el centro de debates políticos previos a la primera ronda electoral y generó polarización y posturas muy definidas en los candidatos. El repudio viene especialmente de varios de los ciudadanos católicos y evangélicos que, no puede olvidarse, son por mucho la mayoría de la población. Aunque Costa Rica se caracterice por ser un país con diversidad religiosa al ser practicadas en el territorio alrededor de 80 religiones, estudios del Centro de Investigaciones Pew muestran que un poco más del 85% de la población son católicos y protestantes. Aunque la Iglesia católica tiene una mayoría dominante -con un 71.5%-, la Iglesia evangélica va tomando cada vez más fuerza. Esto es relevante porque nos muestra que no solo la población tiene prácticas religiosas fuertes y establecidas, sino que sí pelean por los ideales que dichas religiones enseñan.

La característica religiosa de muchos de los costarricenses lleva entonces a que no sean del todo sorprendentes los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales: obtiene más votos el candidato Fabricio Alvarado Muñoz con un 24,91% de los mismos, seguido por Carlos Alvarado Quesada con un 21,66%. Es curioso como el perfil de los candidatos -a grandes rasgos- refleja las preocupaciones de los electores: ambos son jóvenes y buscan cambios. Pero el perfil de Fabricio Alvarado resalta, no solo por estar ligado al partido Restauración Nacional identificado con una ideología cristiano-política y de conservadurismo social, sino por ser además de diputado y periodista, cantante cristiano.  En su calidad de diputado, Alvarado se ha opuesto a temas como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el aborto y la fertilización in vitro y ha participado y liderado marchas como la pasada “marcha por la vida” oponiéndose al matrimonio igualitario y el aborto.

La popularidad de Fabricio Alvarado refleja que la población costarricense se encuentra realmente en shock. Mucho de ello se atribuye a la resolución de la CIDH, como se expuso posteriormente, y a las afirmaciones del actual presidente Luis Guillermo Solís en las que se tomará en cuenta la orden de garantizar los mismos derechos para las parejas del mismo sexo ante el matrimonio que a las parejas de distinto sexo. Esta noticia cae como balde de agua fría para una gran parte de la población y se hace latente el rechazo ante la misma. El Centro de Investigaciones y Estudios Políticos -CIEP- realiza un análisis que refleja que el 60% de los costarricenses entrevistados rechazan el matrimonio igualitario. Esto puede servir para vislumbrar por dónde va la opinión pública que se verá plasmada en las próximas elecciones el 1ro de abril.

Lo que está por verse es si los costarricenses serán capaces de ver más allá de este shock religioso y centrarse en el debate de políticas fiscales y educativas o soluciones para problemas como el desempleo y la seguridad. Esto es de vital importancia ya que, aunque los temas relacionados al matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sean de gran importancia para la sociedad, no son los únicos problemas que atraviesa el país. Algunas personas incluso llegaron a llamar a Costa Rica la “Suiza de Centroamérica” por sus niveles de desarrollo distintos a los de la región. Con el paso de tiempo sus ciudadanos han ido perdiendo la confianza en el aparato político al igual que lo han hecho los inversores. Lo anterior les ha llevado a una desaceleración económica y a que incremente la tasa de desempleo, fenómenos que vienen siendo visibles a partir el 2015. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica -INEC- para el 2016 se llegó a un 9.3% y para 2017 a un 8.1%, cifras que no se habían visto en los últimos 20 años.

Con tanto sobre la mesa solo queda esperar para ver si los costarricenses podrán generar más diálogo y consciencia en el resto de la población sobre los distintos problemas que atraviesa el país, más allá de diferencias en el ámbito del matrimonio igualitario o la educación sexual laica. Después de todo, el país no puede separarse de temas económicos o de la inseguridad. Al igual que en el resto de Centroamérica, es visible la separación entre las necesidades de la población, la opinión pública y la agenda de los políticos. Al alejarse tanto la agenda política de los ciudadanos se da cada vez un desgaste más grande en los políticos profesionales, aquellos que sí trabajan por cambios en su país de manera constante y honrada.

Colaboración
Paulina Vidaurre Pinto
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
Universidad Francisco Marroquín

Pizza Party “Propuesta para la reforma a la Ley Electoral”

El día jueves 16 de Marzo CADEP ofreció una pizza party para hablar sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Estas reformas han sido propuestas por varios movimientos, entre ellos el movimiento de pro-reforma que se intentó realizar hace unos años atrás. Con ellas se pretendían una serie de cambios a la constitución para fortalecer y transparentar el gobierno de la república y sus actividades. Entre las propuestas estaba, por ejemplo, establecer un sistema bicameral conformado por un Senado independiente, pues no responde a los intereses de algún grupo de poder económico o político, y una Cámara Legislativa que decretará normas de Derecho Privado y generales tributarias, este se integrará con 45 senadores (con edades de 50 a 65 años) electos para un período de 15 años por personas comprendidas entre 50 y 65 años. Lastimosamente este proyecto no fue aprobado pero sí se dieron cambios en la LEPP más adelante en el año 2016 que entre sus objetivos tenían planeado transparentar el financiamiento de los partidos políticos y el TSE.

El licenciado Mario Fuentes Destarac, el invitado de ese día, nos habló sobre los tres tipos de valores que podemos encontrar en nuestra constitución, los valores republicanos, democráticos y humanistas. Estos valores son los que deben de prevalecer en nuestra constitución, debido a que forman parte de su esencia y todas las reformas que se busquen deben de estar orientadas a fortalecerlos. Al momento de intentar promover reformas a dicho documento, es necesario evaluar que las propuestas que se van a plantear no vayan en contra de estos tres valores. Se debe de realizar un análisis a conciencia sobre lo que es viable en el país y lo que es compatible con nuestra constitución.

Así, partiendo de estos tres valores, podemos llegar a fortalecer el Estado de Derecho de nuestro país. Proponiendo reformas que fortalezcan estos tres valores y que no solo responda a los intereses de los que las proponen, podemos llegar a generar un cambio duradero y fructífero en la política nacional. Esta pizza party en la que se discutieron las reformas propuestas hace un tiempo por Manuel Ayau y académicos que apoyaban sus ideas y en la que el licenciado Fuentes Destarac nos aclaró la esencia de nuestra constitución, nos permitió entender dos puntos importantes. El primero es que es posible que los cambios políticos inicien desde abajo. Para poder presentar la iniciativa del proyecto pro-reforma lo que se hizo fue recolectar las firmas requeridas, esto fue hecho por un grupo de ciudadanos activos preocupados por mejorar la situación del país. Por supuesto, esto no siempre es fácil, muchas veces la excesiva burocracia y los funcionarios preocupados solamente por sus interese se interponen en el camino al cambio. Pero es necesario que los ciudadanos sigamos intentando generar un cambio desde abajo en nuestro país. El segundo punto importante es entender que para promover cambios de este tipo es necesario hacer un análisis profundo del tema y contar con personas capacitadas que puedan guiar la ruta. No podemos empezar a promover reformas o cambios en la nación sin pensar en las consecuencias que esto va a traer y sin analizar a consciencia la situación de nuestro país y su constitución.

Alejandra María Penagos Samayoa
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
Universidad Francisco Marroquín

Prostitución de la Constitución

Guatemala se enfrenta a una posible reforma a su Constitución. Para entender los riesgos de reformarla les recomiendo este artículo del Prof. Pazos.

Luis Pazos

En un régimen absolutista el gobernante, llámese rey, emperador o Presidente, puede hacer lo que quiera; en un régimen republicano, democrático, su actuación se define por una Constitución, cuya función fundamental es marcarle límites a los gobernantes.

En un gobierno absolutista los funcionarios actúan como quieren. En un régimen constitucional los gobernantes solo deben hacer lo que específicamente les permite la Constitución y los ciudadanos todo, menos lo que les prohíbe.

Una parte de la Constitución describe las funciones de cada dependencia y funcionario público, la otra las llamadas garantías individuales, que dejan claro que ningún gobernante puede atentar contra la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos sin un juicio previo. Lo demás que incluyan sale sobrando, en todo caso debe ir en leyes secundarias.

Para que una Constitución genere certeza y seguridad jurídica debe ser estable y sin cambios cotidianos, como si fuera un calendario. Su contenido no necesita renovarse, pues son principios fundamentales.

De la Constitución se desprenden todas las demás leyes y reglamentos, los que no deben contradecir la Constitución, y de hacerlo deben considerarse inconstitucionales por los jueces. La prostitución de la Constitución mexicana radica en sus constantes reformas y en la inclusión de artículos que no deberían estar en ese ordenamiento, que solo debe contener preceptos fundamentales.

Durante sus 196 años como país independiente (1821-2017), México ha tenido cinco constituciones, mientras los Estados Unidos en sus 241 años de independencia solo una, con 230 años de vigencia y solo 27 enmiendas. La Constitución mexicana más reciente, con 100 años de vigencia, le han recetado 229 decretos de reformas constitucionales, que modificaron alrededor de 700 artículos. La Constitución norteamericana tiene solo 7,754 palabras, la de México 62,012, 8 veces más. Los constantes cambios y su innecesaria extensión, manifiestan su prostitución.

Se deben derogar todos los artículos que legisladores ignorantes y demagogos incluyeron indebidamente en la Constitución, que generan inseguridad jurídica, crean una costosa burocracia innecesaria, limitan más a los ciudadanos y amplían las facultades de los gobernantes.

Apuntes de Economía y Política No. 4

Apuntes de Economía y Política en su 4ta edición nos introduce al análisis constitucional, desde la óptica de los economistas.  En el primer artículo el Dr. José Luis Gonzales Dubón  nos explica como la economía es el intercambio de derechos de propiedad entre individuos, y el derecho se puede considerar desde algún punto de vista “vida humana Objetivada”.   Nos recuerda que el estado natural del ser humano es la pobreza, por lo que no hay causas de la pobreza, solo causas de la riqueza, y esta llega cuando las leyes son estables, es decir, no están sujetas al capricho de los gobernantes.

María Ximena Ordóñez, en el segundo artículo,  nos expone un interesante resumen de la historia constitucional de Guatemala. Nos cuenta que el inicio de la vida constitucional se remonta a las constituciones de Bayona y la de Cádiz, cuya vigencia en España se hacía extensiva a las Indias.  Nos cuenta que Guatemala en sus principios de vida independiente utilizó la figura de Senado para reducir los riesgos de tiranía. También en su vida constitucional ha sido parte de una federación de estados.  Ha tenido 10 Constituciones y más de trece reformas constitucionales en los menos de 200 años de vida independiente.

Según el Dr. Keith S. Rosenn, en ningún lugar del mundo existen constituciones más elaboradas y menos observadas que en América Latina.  Más de 255 constituciones en las 20 Repúblicas que llamamos América Latina es sencillamente una indicación de la enorme dificultad que tiene la región para regirse por un gobierno constitucional.

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Más deuda, ¿a cambio de…?

Ejecución de obras queda a discreción de diputados.

 El apoyo de algunas bancadas del Congreso de la República para aprobar la emisión de Q4 mil 500 millones en bonos tendrá su precio, ya que el uso Q320 millones en obras quedará a criterio de los integrantes de la Comisión de Finanzas”.

Estos son el encabezado e introducción de una noticia presentada en la edición electrónica de Prensa Libre del día 2 de mayo de 2010. (1) La nota claramente insinúa que para lograr los votos necesarios en el Congreso para aprobar dicha deuda hubo que dejar Q320 millones al manejo discrecional de los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso, la cual está integrada por diputados de distintas bancadas, de manera que los representantes de los partidos que conformaron la alianza se verán beneficiados en cuanto a poder decidir sobre el destino de dichos recursos.

Más allá de las consecuencias económicas de la deuda, me parece que lo más relevante es resaltar que realmente no hay criterios económicos o técnicos serios detrás del endeudamiento, sino más bien se observa que la decisión es el resultado de la colusión de intereses como las necesidades inmediatas de recursos que tiene el gobierno para financiarse durante este ejercicio y las ventajas que algunos partidos podrán tomar de disponer de una buena cantidad de recursos para obras programadas a su discreción.

Por ende, una conclusión lógica constituye comprender la necesidad de establecer límites constitucionales al endeudamiento público, el cual, como se ha visto, es actualmente muy propenso a ser utilizado de manera discrecional por parte de los políticos, sin tener realmente en cuenta las consecuencias para la población. 

Sin embargo, esto no sería suficiente. La Junta Monetaria, por ejemplo, autónoma solo en papel, es quien en primera instancia debe aprobar cualquier endeudamiento. Y mientras su integración siga siendo politizada, seguirá atendiendo los intereses de los políticos que la integran. Otro caso es el propio congreso, cuyos representantes realmente lo son pero de partidos políticos, no de electores. Ello particularmente por la forma en que son electos. De esa cuenta resulta muy fácil para los jefes de bancadas que suman mayoría negociar prácticamente cualquier acuerdo, pues los votos son, más que disciplinados, subordinados.

Al final se debe comprender que la solución no es más que una reforma constitucional sería, que realmente vaya a la raíz del problema. De lo contrario, seguiremos haciéndonos preguntas como ¿Más deuda, a cambio de…?

(1) http://www.prensalibre.com.gt/noticias/politica/Ejecucion-obras-queda-discrecion-diputados_0_254974549.html

Alejandro Baldizón