Esteve Jobs, el milagro de una adopción

Conocía sobre Steve Jobs lo mínimo; co-fundador de Apple, un icono no solo en la tecnología, sino en mercadeo, y también un ejemplo de las ventajas de vivir en un país con oportunidades donde estas historias de éxito se repiten mucho más que en otros países. Y lo que más me gusta de hablar de este personaje, es la simpatía que muchos ciudadanos del mundo sentían por él.  Es el ejemplo de empresario; alguien que arriesga, lucha por sus ideas, y se enfoca más en crear que en ganar dinero, por supuesto que si creó algo de beneficio para la sociedad recibirá ganancias, y dentro de más intercambio, más grande será su fortuna.

Pero lo que no sabía es que Steve fue adoptado, que gracias a esa magnífica institución que se base en el amor, tuvo una segunda oportunidad de crecer rodeado de amor.    En esta conferencia, por la aceptación de un doctorado, cuenta esa primera parte de su vida. (http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA&feature=share)

Mientras lamentamos la muerte de Steve Jobs, un genio que sin duda los amantes de ipod, iphoene, ipad, etc. lo extrañaremos, en Guatemala estamos matando a futuros Steves Jobs, una simple ley les está robando la posibilidad, a muchos niños que no nacieron en una familia que los rodee de amor y cosas buenas, de integrarse a la sociedad de la mano de una familia sustituta. En el siguiente documental;  (http://reason.com/blog/2011/10/06/reasontv-abandoned-in-guatemal) podemos ver como una nueva ley hizo que las adopciones pasaran de más de 5,000 casos en 2007 a 35 en el 2010.  Es un dato que vale la pena revisar, y sobre todo determinar si los más de 4,000 niños al año que no han sido adoptados están en mejores condiciones que los que   sí tuvieron la suerte de unirse a una familia adoptiva.

Ver las cosas en retrospectiva es muy fácil. Hoy vemos el milagro que es Apple, que por cierto, la existencia de un proceso que facilitase las adopciones lo hizo posible.   Pero ver las cosas a futuro demanda más esmero y cuidado. Pensemos por un momento que los diputados creyeron legítimamente o ingenuamente en el bienestar que podía traer aprobar esta ley en el 2006, pero hoy está claro que destruyó la institución de las adopciones, por lo que esperaríamos que den marcha atrás en tan dañina ley.

En los parlamentos los diputados discuten para aprobar y reformar leyes, pero pocas veces para abolirlas.  Por supuesto muchas veces hay intereses y beneficios creados alrededor de las leyes, y siempre una resistencia al cambio. Pero el cambio es innato al desarrollo, y equivocarse también es parte del progreso y de nuestra imperfección como humanos.  Por eso la importancia de incluir en nuestra constitución un artículo que diga: Los decretos Legislativos caducarán a los diez años de su emisión. Su vigencia se podrá prorrogar después de ocho años de estar en vigor. De esta forma se evita la acumulación de leyes inaplicables, obsoletas, redundantes, contradictorias o que hayan demostrado que son dañinas para la sociedad. (El ocaso legislativo es como se le conoce a la caducidad de las normas que emiten los parlamentos y estaba incluida en la propuesta de reforma constitucional que promueve la asociación proReforma en Guatemala).

Por favor no me ayudes político

Al vivir de cerca la política en Guatemala, muchas veces pienso que James Buchanas y la escuela de Public Choice se quedan cortos al hablar de que el político NO es déspota benevolente, y qué primero pensará en sus intereses personales antes del bien común. Yo creo que la idea del bien común no es parte de su lista de prioridades, hay tantos compromisos adquiridos durante la campaña, favores futuros de campaña, complacer a la comunidad internacional, complacer a los nacionales. Tantas cosas y casos en qué pensar, que el futuro pareciera no tener agenda.

En Guatemala y claro muchos otros países, los políticos nos muestran que no sólo les importa más sus propios intereses que los del país, sino que constantemente actúan de forma destructiva para la sociedad, con poca capacidad de descernimiento, mucho sentido de corto plazo y un desprecio por toda institución y/o persona que se cruce por su camino.
Voy a juntar algunos ejemplos de las decisiones que los políticos toman en Guatemala: Situación A; si usted es empresario y no da factura, la multa comúnmente es el cierre temporal del negocio y la reincidencia se castiga con el cierre del negocio. En el congreso cada ley contra la evasión fiscal, busca que quien no paga sus impuestos según la SAT, la pena sea la cárcel inconmutable. Robarle al estado es comparado con matar a sangre fría o ser un reconocido capo del narcotráfico.
El Estado vive de los impuestos, y claro si no obliga el pago, pues no vive. Pero no se puede atacar y destruir la fuente de impuestos. Pareciera como que si los empresarios son los enemigos de los políticos.
Situación B; Para un partido político en formación, como LIDER o VICTORIA, si hace campaña anticipada, la multa es cancelación del partido. Son duros con la futura competencia. Pero para un Partido Político que ya existe y que hace campaña anticipada la multa es de ochocientos quetzales. Se imagina como tratan al resto, con brutalidad, y ellos mismos se ponen castigos de risa.
Esta injusticia tiene una explicación bien fácil, los políticos hacen las leyes pensando en ellos, sus beneficios, con el único nivel de análisis de que pueden ganar ellos y no más, cada vez aparece menos la pregunta, ¿será bueno para Guatemala?.
Imagínese usted lo que saldría de hacer una reforma a la constitución promovida entre los mismos políticos, no hay duda que el resultado sería la fuente de las injusticias. Por eso es bueno que recordar y aplaudir la forma como se presentó ProReforma, la cual la podría resumir como sigue: Proponer pocos cambios no negociables, luego se le explicaron al pueblo por medio de muchas reuniones, programas de TV radio, artículos de prensa, etc. Este esfuerzo estaba enfocado para que el pueblo votara a favor o en contra de los cambios, ya que no quería dejar los cambios políticos y jurídicos más importantes en manos de “políticos”. Es una diferencia muy importante. Nosotros los ciudadanos debemos amarrar a los políticos, y no dejar que ellos solos se amarren.

Más deuda, ¿a cambio de…?

Ejecución de obras queda a discreción de diputados.

 El apoyo de algunas bancadas del Congreso de la República para aprobar la emisión de Q4 mil 500 millones en bonos tendrá su precio, ya que el uso Q320 millones en obras quedará a criterio de los integrantes de la Comisión de Finanzas”.

Estos son el encabezado e introducción de una noticia presentada en la edición electrónica de Prensa Libre del día 2 de mayo de 2010. (1) La nota claramente insinúa que para lograr los votos necesarios en el Congreso para aprobar dicha deuda hubo que dejar Q320 millones al manejo discrecional de los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso, la cual está integrada por diputados de distintas bancadas, de manera que los representantes de los partidos que conformaron la alianza se verán beneficiados en cuanto a poder decidir sobre el destino de dichos recursos.

Más allá de las consecuencias económicas de la deuda, me parece que lo más relevante es resaltar que realmente no hay criterios económicos o técnicos serios detrás del endeudamiento, sino más bien se observa que la decisión es el resultado de la colusión de intereses como las necesidades inmediatas de recursos que tiene el gobierno para financiarse durante este ejercicio y las ventajas que algunos partidos podrán tomar de disponer de una buena cantidad de recursos para obras programadas a su discreción.

Por ende, una conclusión lógica constituye comprender la necesidad de establecer límites constitucionales al endeudamiento público, el cual, como se ha visto, es actualmente muy propenso a ser utilizado de manera discrecional por parte de los políticos, sin tener realmente en cuenta las consecuencias para la población. 

Sin embargo, esto no sería suficiente. La Junta Monetaria, por ejemplo, autónoma solo en papel, es quien en primera instancia debe aprobar cualquier endeudamiento. Y mientras su integración siga siendo politizada, seguirá atendiendo los intereses de los políticos que la integran. Otro caso es el propio congreso, cuyos representantes realmente lo son pero de partidos políticos, no de electores. Ello particularmente por la forma en que son electos. De esa cuenta resulta muy fácil para los jefes de bancadas que suman mayoría negociar prácticamente cualquier acuerdo, pues los votos son, más que disciplinados, subordinados.

Al final se debe comprender que la solución no es más que una reforma constitucional sería, que realmente vaya a la raíz del problema. De lo contrario, seguiremos haciéndonos preguntas como ¿Más deuda, a cambio de…?

(1) http://www.prensalibre.com.gt/noticias/politica/Ejecucion-obras-queda-discrecion-diputados_0_254974549.html

Alejandro Baldizón

 

La Elección del Fiscal General

Ayer se dio a conocer la nómina presentada por la Comisión de Postulación para nombrar el Fiscal General de la misma. El Presidente de la República deberá escoger al Jefe del Ministerio Público quien ocupará el cargo durante los próximos cinco años. Varios grupos quienes han estado fiscalizando el proceso manifestaron su descontento en cuanto a la integración de dicho listado, aduciendo que muchos de sus miembros no son idóneos para ocupar tal cargo, y también formulando señalamientos que se habían producido acuerdos previos entre algunos miembros de la Comisión de Postulación para asegurarse que ciertos candidatos resultaran postulados.

Este es el primer proceso de designación de Fiscal General que se hace bajo el amparo de la Ley de Comisiones de Postulación, al igual que lo fue la reciente designación de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, es evidente que a pesar de las aspiraciones plasmadas en dicha ley y de la fiscalización y presión que han ejercido algunos grupos, el proceso de designación de Fiscal General tiene serias deficiencias, como sucede con otras instituciones del gobierno, que se originan realmente en la Constitución.

Las Comisiones de Postulación se establecieron en la Constitución con el propósito de que se integraran con miembros que fueran ajenos a la actividad política del país, a manera de que los nombramientos de los funcionarios postulados no fueran politizados. Esto se cumple en parte pues no se puede decir que todos los decanos de las diversas facultades de leyes, por ejemplo, representan intereses políticos.

Sin embargo, el error fundamental radica en que la última palabra la tiene siempre algún órgano del gobierno, que por definición, es político. En el caso del Ministerio Público, esta prerrogativa recae exclusivamente en manos del Presidente, quien elige entre los seis postulados; pero lo mismo puede decirse de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son designados por los diputados al Congreso. Sería ingenuo pretender que estos funcionarios se desprendiesen de sus intereses políticos al momento de hacer estos nombramientos.

Otra equivocación grabada en la Constitución es la relativa al plazo para el cual muchos de estos funcionarios son electos. Originalmente sucedía que el período de gobierno coincidía con los cinco años para los cuales eran nombrados los funcionarios de las diversas instituciones, particularmente las de justicia como Ministerio Público, Corte Suprema o Corte de Constitucionalidad, pero lo mismo podría decirse de otras como la Contraloría General de Cuentas o la Junta Monetaria. El período de gobierno se redujo a cuatro años con la última reforma constitucional exitosa, sin embargo, los períodos de los cargos en estas instituciones aún siguen siendo tan cortos como para que en muchos casos se pueda ejercer notable influencia sobre ellos.

Al final, lo que resulta son instituciones de justicia supeditadas a intereses políticos. Y mientras no se modifique la Constitución en ese aspecto, no podremos esperar obtener resultados distintos, a pesar de las buenas intenciones que puedan tener las manifestaciones de grupos o jóvenes quienes hoy más visiblemente se interesan porque tengamos mejores funcionarios.

Alejandro Baldizón