Más policentricidad, mejor salud pública



Eduardo Fernández Luiña

Doctor en Ciencia Política, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y director del Instituto Juan de Mariana en Madrid. 

El pasado mes publicábamos en este espacio un artículo titulado “En defensa de la policentricidad: antídoto contra la pandemia”. En él, defendíamos la cooperación público-privada y la descentralización en el sistema de compras con objeto de reducir el desabastecimiento de productos sanitarios y de primera necesidad para los profesionales de la salud y la ciudadanía. 

Durante el último mes, el Gobierno de Guatemala ha dado pasos en la buena dirección, autorizando a inicios de abril la compra y suministro de pruebas de COVID-19 a cuatro hospitales privados con sede en la capital. Sin embargo, además de la crisis sanitaria, los países deberán afrontar una crisis económica fruto de las medidas asociadas al confinamiento y la parálisis de la actividad empresarial. Guatemala no es una excepción. Para poder reiniciar las operaciones con seguridad y reducir la amenaza que representa el coronavirus, es necesario realizar pruebas masivas a amplias capas de la población con el fin de saber quién está contagiado, quién no y quién representa una amenaza siendo un positivo asintomático. Si fuésemos capaces de llevar a cabo dichas pruebas, la actividad económica y empresarial podría reiniciarse con la aplicación de leves medidas de distanciamiento social y con instrumentos baratos de protección individual como mascarillas y guantes. De lo contrario, corremos el riesgo de sufrir un brote, y con ello padecer con más intensidad los perversos efectos sociales resultado de la incertidumbre económica. 

Para poder reiniciar las operaciones con seguridad y reducir la amenaza que representa el coronavirus, es necesario realizar pruebas masivas a amplias capas de la población con el fin de saber quién está contagiado, quién no y quién representa una amenaza siendo un positivo asintomático.

Dicho esto, y siendo conscientes de la necesaria cooperación entre Estado y empresas para superar esta crisis, parece evidente permitir la realización de pruebas por parte del sector privado e ir más allá de los cinco hospitales que han sido ya autorizados por el Ejecutivo. Vigil Storr, Stefanie Haeffle-Balch y Laura Grube señalaban en uno de sus trabajos que los emprendedores son agentes de cambio social. Son actores relevantes a la hora de superar los problemas y dificultades resultado de una crisis y, debido a todo lo anterior, el Gobierno debe ceder espacio a los emprendedores para que puedan actuar con facilidad. La libertad para emprender es crucial a la hora de edificar comunidades resilientes capaces de enfrentar crisis de una elevada magnitud.

La libertad para emprender es crucial a la hora de edificar comunidades resilientes capaces de enfrentar crisis de una elevada magnitud.

Las empresas, los laboratorios y algunas farmacias deberían poder acceder no solo a la compra de material, sino también disfrutar de la posibilidad de llevar a cabo las pruebas del coronavirus. Dicha medida aumentaría el alcance de la intervención y nos ayudaría a ser más eficaces a la hora de tener un mapa de la población sana. El mundo de la empresa disfruta de una mayor capacidad para permear la sociedad, y, esto, la capilaridad de la que gozan este tipo de organizaciones, debe ser aprovechada por el Estado para llegar a toda la población. Como complemento a lo anterior, no estaría mal que la primera prueba (PCR por ser las más fiables a la fecha) corriese a cargo del Gobierno. Ya que nos hemos endeudado, por lo menos que dichos recursos se gasten en algo útil. 

Con este esquema, el Ejecutivo solo debería encargarse de tareas de coordinación y recabación de datos, siendo consciente del número de sedes activas existentes para la realización de la prueba. Para conseguir lo anterior, se debe crear un registro actualizado en tiempo real con un único objetivo: evitar duplicidades en la implementación. El Estado debe negociar e involucrar activamente también a los colegios de médicos y farmacéuticos, pues parece de sentido común que la puesta en práctica de esta idea (la realización de la prueba a través de empresas, laboratorios y farmacias a lo largo y ancho del país) esté supervisada por profesionales titulados. Como hemos indicado líneas atrás, con esta medida ampliaríamos la cobertura y mejoraríamos el alcance de la intervención a través del diseño de una política pública inclusiva.  

Gracias a la implementación masiva de pruebas, se podría tener una fotografía adecuada de cómo estamos y comenzar la tan necesaria actividad económica con total normalidad. Solo así, con mayor certeza en relación a la salud pública, podemos generar un entorno de confianza que contribuya a minimizar el impacto negativo de la crisis económica. De ser así, quizás las perspectivas de recuperación, que ya de por sí son buenas en perspectiva comparada, puedan incluso mejorar y superar el pronóstico realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El Gobierno debe tener varios objetivos en mente: de un lado, evitar el temido desabastecimiento; de otro, mejorar la capilaridad y el alcance de las medidas de prevención y control de la enfermedad; por último, dejar hacer a las empresas y apostar por la libertad. Solo así conseguiremos el necesario equilibrio entre protección de la salud pública y crecimiento económico. 

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7 de mayo del 2020

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El Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas —CADEP— es el núcleo de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Fue fundado en el año 2002 con el objetivo de promover la teoría de la elección pública —en inglés, public choice—, una herramienta de análisis que utiliza la economía para estudiar la política.

AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.


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