Restricciones constitucionales

Uno de los focos de estudio más importantes para la economía política constitucional es el diseño de reglas constitucionales que limitan el poder gubernamental. Estas disposiciones jurídicas sirven como marco regulador a los actores políticos de una sociedad y promueven así la existencia de un sistema de controles y equilibrios dentro del Gobierno. Entendiéndose como restricciones constitucionales, estas reglas actúan en el sistema institucional evitando que intereses particulares se filtren y perviertan las decisiones que conciernen al bienestar público. Estos mecanismos deberán fijar hasta qué punto un actor político tiene alcance dentro del sistema y restringir su accionar estableciendo con anterioridad los lineamientos a seguir para la elaboración de políticas públicas y leyes. Desde este enfoque, las restricciones constitucionales son instituciones que sirven como limitaciones diseñadas por el hombre para estructurar la interacción política, económica y social (North 1991).

Ejemplo:

Un claro ejemplo de una restricción constitucional la encontramos en el artículo 6 de la Constitución de Guatemala:

Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad.

El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán el proceso correspondiente. (Constitución Política de la República de Guatemala 1985)

Este artículo tiene como objetivo limitar la acción del funcionario o agente de autoridad dentro de la esfera privada del individuo, procurando así salvaguardar los derechos individuales del ciudadano de posibles abusos de poder. El artículo se presenta como una restricción al poder de la autoridad y resguarda dentro del sistema penal de la República guatemalteca el principio de presunción de inocencia procurando que el ejercicio del poder sea más imparcial.

Referencias:

• Holcombe, Randall. 2018. «Checks and Balances: Enforcing Constitutional Constraints». Economies MDPI Open Access Journal 6 (4): 1-12.
• North, Douglass C. 1991. «Institutions». Journal of Economic Perspectives 5 (1): 97-112.