Guatemala no es pobre por corrupta

Una crítica a la narrativa de la «lucha contra la corrupción»

Olav Dirkmaat

Olav Dirkmaat / 30 de agosto del 2023

Guatemala no es pobre por corrupta

Una crítica a la narrativa de la «lucha contra la corrupción»

Resumen: Es un mito que Guatemala no se desarrolle porque no ha erradicado la corrupción. Los países primero se vuelven ricos y luego reducen la corrupción. Esto explica la relación entre riqueza y la (ausencia de) corrupción. En la medida que los salarios aumentan, el costo de tomar parte en la corrupción también aumenta. Esta es la principal razón por la que la corrupción se reduce. El Índice de percepción de corrupción es un indicador engañoso de la corrupción. Según otras medidas, como las tasas de soborno y el sobrecosto en el gasto estatal, Guatemala no es más corrupto que otros países en vías de desarrollo. La corrupción es universal y ha existido en todos los tiempos; además, es inherente a cualquier sistema político y burocrático. En los países desarrollados sigue existiendo corrupción, pero pasa a ser una corrupción más «sofisticada» y menos «descarada». No existe relación entre corrupción y ahorro, corrupción y élites, ni corrupción y honestidad social, La causa fundamental de la pobreza en Guatemala no es la corrupción, sino la falta de ahorro e inversión. Por último, la narrativa de una «lucha contra la corrupción» sirve de pretexto para el financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) y surge cuando existen «luchas por el poder».

Tabla de contenidos

1. Introducción
2. Definiendo la corrupción: ¿de qué estamos hablando?
- 2.1 Tipos y formas de corrupción
- 2.2 La composición de la corrupción
  - La corrupción como intercambio
  - La corrupción como robo
3. Midiendo la corrupción: problemas inherentes y politización de la corrupción
4. La corrupción existe en todo el mundo y es inherente a cualquier sistema político y burocrático
5. El mundo al revés: la relación entre desarrollo económico y corrupción
6. La corrupción no es lo que impide el desarrollo económico de Guatemala
7. La narrativa de «lucha contra la corrupción» surge cuando existen «luchas por el poder»
8. Conclusiones
Referencias

1. Introducción

La reacción automática del guatemalteco promedio cuando indagamos en las causas del subdesarrollo económico de Guatemala es echarse las manos a la cabeza y gritar «¡La corrupción!». Como académico e inversor, nunca me he contentado con respuestas fáciles y superficiales.

Una «encuesta» no encuesta en Twitter confirmó esta suposición tan enraizada entre los guatemaltecos:

La causa inmediata de la pobreza en Guatemala, desde el punto de vista de la ciencia económica, es la falta de ahorro (la opción menos escogida). La falta de ahorro produce una falta de inversión. Una falta de inversión produce una falta de productividad. Una falta de productividad produce pobreza. Además, como veremos en esta investigación, el argumento que la corrupción inhibe la inversión (y, por lo tanto, sea una causa raíz) es igual de dudoso.

Esta investigación no es una defensa de la corrupción; nadie en su sana mente está a favor de la corrupción. Sin embargo, este estudio es una crítica de la narrativa dominante que la corrupción es lo que mantenga a Guatemala hundida en pobreza.

Esta investigación no es una defensa de la corrupción; nadie en su sana mente está a favor de la corrupción. Es más, como liberal, quien defiende la idea de un Estado limitado, resulta frustrante la extracción de rentas políticas que desperdician nuestros impuestos. Sin embargo, este estudio es una crítica de la narrativa dominante que la corrupción es lo que mantenga a Guatemala hundida en pobreza.

En resumen, discutiré lo siguiente:

La corrupción existe en todo el mundo y es inherente a cualquier sistema político y burocrático
La corrupción existe y ha existido incluso en los países desarrollados; a veces de menor o de mayor grado, a veces de forma descarada (sobornos en efectivo) o menos descarada (nombramientos tanto en el sector público como el sector privado y licitaciones cuestionables). Incluso si nos limitamos a la corrupción descarada, Guatemala está muy lejos de estar entre los países más corruptos.

La corrupción ha acompañado el proceso de desarrollo económico de cualquier país desarrollado (los países considerados «ricos» y «poco corruptos» hoy en día)
Es un mito que estos países primero erradicaron la corrupción y después se desarrollaron; solo en las etapas muy avanzadas del desarrollo lograron bajar los indicios de corrupción. La corrupción se reduce cuando un país ya tiene mayores ingresos y riqueza, no al revés: es una falacia que Guatemala debe erradicar la corrupción antes de que se pueda desarrollar. La corrupción no produce subdesarrollo; más bien, la riqueza atenúa la corrupción.

La corrupción no es el factor que impide el desarrollo económico de Guatemala
Son otros factores los que son determinantes en el atraso económico del país y la corrupción en sí no es la causa última de estos.

Es un mito que los países considerados «ricos» y «poco corruptos» primero erradicaron la corrupción y después se desarrollaron.

La medición de la corrupción es dudosa, especialmente cuando «se miden» percepciones
Si en un país existe libertad de expresión y prensa, se destapan y llegan a la luz casos de corrupción, consecuentemente reportados por la prensa. El hecho de que estos casos de corrupción salgan a la luz puede influir negativamente en la percepción de la corrupción dentro de la población. Sin embargo, a la vez, señala una reducción de la corrupción (desmantelamiento de estructuras de corrupción). Esto nos lleva a la paradoja de que, en países con libertad de prensa, la percepción de corrupción puede empeorar, mientras que la corrupción en realidad se está reduciendo. Además, afirmaré que el creador del «Índice de percepción de corrupción» publicado por Transparency International, ha renegado de su uso. Según el propio creador, el índice no debe existir, ya que su mera existencia influye en la variable que pretende medir. En otras palabras, si en un país existe una percepción mala (y, como consecuencia, se reporta una posición baja en el índice), y la prensa reporta la posición baja, este desempeño en el índice acaba influyendo en la siguiente medición de percepciones (en inglés, self-reinforcing cycle). De esta forma, puede ser que la corrupción sea exactamente la misma, pero que la percepción de esta se empeore año tras año. Además, se mide la percepción por parte de un grupo selectivo de «expertos», quienes frecuentemente tienen un interés económico para sostener una percepción de alta corrupción.

La narrativa de la «lucha contra la corrupción» es cíclica e históricamente aparece cuando existe una «lucha por el poder»
En la primera premisa, estableceré que la corrupción es universal y de todos los tiempos. Más interesante aún es que, a lo largo de la historia, como Kroeze et al. (2018) muestran, el discurso «anticorrupción» ha sido un fenómeno cíclico que «viene y se va». Consta que esta narrativa suele asomar su cabeza cuando existe una lucha por el poder: es una vieja táctica maquiavélica declarar al oponente político «corrupto» (por lo tanto, inmoral) y, a la vez, a uno mismo el «bueno» (por lo tanto, moral)¹. Esto no significa que la corrupción ha disminuido cada vez que surgen estas narrativas «anticorrupción»; simplemente reemplaza a unos corruptos, anhelando el poder, por otros. No es sorpresa: al fin y al cabo, la corrupción, más que una función de personas, es una función de sistemas.

La lucha contra la corrupción es el pretexto, el caballo de Troya, de la ayuda externa.

La narrativa de la «lucha contra la corrupción» es la principal fuente de ingresos de muchas ONG
La lucha contra la corrupción es el pretexto, el caballo de Troya, de la ayuda externa. Esta ayuda estatal se canaliza a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) locales e internacionales. Similar a la «lucha contra las drogas» (en realidad cualquier «lucha» contra algún enemigo invisible y abstracto), esta genera incentivos perversos que hacen que el problema se sostenga y se expanda. Si los ingresos de una ONG dependen de la existencia de «corrupción», solo podrá conseguir más donaciones si la «corrupción está siendo cada vez peor»². Si dijese que el problema de la corrupción está disminuyendo gracias a la ayuda «bien gastada» por la ONG, ya no habrá motivo de seguir financiándola. De esta forma, el public choice muestra que el incentivo perverso de las ONG que viven a base de subsidios es una especie de búsqueda de rentas: su mera existencia depende de que el «problema» no solo se sostenga, sino que se vuelva peor³, al menos en cuanto a la percepción. Tienen el incentivo de perpetuar el problema en lugar de resolverlo. Por lo mismo, las «luchas» y «guerras», metafóricas, contra entes abstractos nunca tienen un fin y, por lo mismo, pueden perpetuar una constante búsqueda de rentas: una «lucha» contra Bin Laden termina cuando se aniquila a Bin Laden, pero una «lucha» contra el terrorismo no tiene un fin claramente definido.

Esta investigación resolverá cada punto en más detalle.

El discurso «anticorrupción», a lo largo de la historia, ha sido un fenómeno cíclico que «viene y se va». Consta que esta narrativa suele asomar su cabeza cuando existe una lucha por el poder.

2. Definiendo la corrupción: ¿de qué estamos hablando?

Algo que significa todo, significa nada. En Guatemala, «corrupción» es un término general para «explicar» todos los males del país. ¿Falta de desarrollo económico? Corrupción. ¿Desnutrición? Corrupción. ¿Falta de vacunas? Corrupción. ¿Mal sistema de salud? Corrupción.

El concepto corrupción es sumamente amplio. Puede involucrar lo que se denomina petty corruption (corrupción insignificante): el típico ejemplo es de un policía que ha encontrado alguna infracción y que, en lugar de sancionar, pide un soborno. También puede involucrar corrupción legislativa, donde agentes públicossecuestran el aparato estatal por interés propio, por ejemplo, introduciendo una ley que «beneficia a los suyos» a costa de la población.

Hoy día, el término corrupción va ligado con el enriquecimiento personal por parte de operadores vinculados al Estado. Cabe recordar que históricamente el término corrupción tenía una connotación más amplia, haciendo referencia a aspectos morales más generales. Realmente, el término como tal empieza a ser definido de esta forma y politizado a partir de los años 90 con la fundación Transparency International. Por lo mismo, algunos autores (e. g., Kroeze et al., 2018) han denominado este movimiento como el «(neo)colonialismo del siglo XXI», ya que esta politización ha ocurrido en mayor parte desde los países ricos hacia los países pobres.

2.1 Tipos y formas de corrupción

En efecto, existen tres tipos de corrupción que tocamos, de una u otra forma, en esta investigación: la petty corruption (corrupción burocrática a bajo nivel), la captura regulatoria (sea a través del Congreso o los ministerios) y la captura judicial. La corrupción electoral (también conocida como «fraude electoral»), aunque es por muchos motivos interesante y relevante para Guatemala, no es parte del alcance de esta investigación.

El tipo de corrupción se define según el agente que faculta la corrupción. Las formas de corrupción son las herramientas, los actos concretos, que los agentes emplean. Podemos distinguir entre las principales formas de corrupción:

Curiosamente, estas formas de corrupción pueden ser adoptadas en prácticamente cualquier nivel de agente público: por los agentes burocráticos, judiciales, legislativos y ejecutivos. Los sobornos se dan en todos los niveles, por ejemplo. También pasa con la extorsión estatal: la extorsión puede ser practicada por un policía, por un ministerio, pero también por el judicial.

2.2 La composición de la corrupción

Estas categorías son similares a las categorías que utiliza Yuen Yuen Ang (2020). Ella distingue de la siguiente forma la corrupción⁴:

Según Yuen Yuen Ang (2020), la estructura de la corrupción importa más que el nivel general de corrupción.

Propone que la corrupción en China es menos dañina (en términos económicos) que la de Rusia, porque la composición de la corrupción varía. China tiene niveles más bajos de corrupción en las categorías de robo insignificante, robo grande, y pago por velocidad, pero más corrupción en la categoría de pago por acceso. Según la misma Yuen Yuen Ang (2020), el pago por acceso incluso podría ser positivo en el corto plazo, porque puede fomentar la inversión, pero a costa de crisis futuras⁵ (como la crisis de los chaebols en Corea del Sur).

La corrupción como intercambio

En cierto sentido, podríamos decir que Ang (2020) combina tipos y formas de corrupción. Sin embargo, la distinción entre el público en general y las élites es, desde el punto de vista académico, un poco dudosa. Por ejemplo, si un alcalde nombra a su esposa secretaria y le otorga un salario (nepotismo), ¿es robo insignificante o robo grande? Al fin y al cabo, el dinero involucrado⁶ es insignificante para el contribuyente, pero sí involucra una élite según la propia definición de Ang. El problema es que estos casos son increíblemente típicos, incluso en países supuestamente «no corruptos» y ricos.

La palabra élite tiene un fundamento académico débil: un vistazo a la historia de cualquier país, especialmente la de los desarrollados, muestra que no es cuestión de «élite», sino «élites», en plural, grupos capaces de organizarse de forma más eficiente que el «hombre común», que continuamente tienen intereses contrarios unos con los otros.

La denominación de la palabra élite tiene un fundamento académico débil: un vistazo a la historia de cualquier país, especialmente la de los desarrollados, muestra que no es cuestión de «élite», sino «élites», en plural, grupos capaces de organizarse de forma más eficiente que el «hombre común», que continuamente tienen intereses contrarios unos con los otros. De pronto, una azucarera está encantada con una política que restringe la competencia de azúcar importada; una productora de golosinas o bebidas azucaradas en el mismo país, no tanto. Es un mito muy persistente en Guatemala que existe una «élite», un «pacto de corruptos», con un interés unificado, que exitosamente ha capturado el poder del Estado. Solo una lógica marxista de clases asume (erróneamente) que los empresarios tienen los mismos intereses.

Además, aunque parezca condenable, es difícil sostener que este tipo de corrupción impide que un país sea próspero o no. Incluso los más radicales defensores de la lucha contra la corrupción difícilmente pueden sostener que el nombramiento de una secretaria condena un país (o una ciudad) a la pobreza. Parece que la propuesta de Ang está demasiado enfocada en el contexto chino, pero en la academia se supone que conceptos universales son aplicables independientemente de un contexto local.

La corrupción como robo

La parte de arriba del cuadrante (robo insignificante y grande) realmente es un «impuesto de la corrupción». Como cualquier impuesto, genera un costo adicional para el contribuyente⁷. El contribuyente paga, por ejemplo, $1 millón en impuestos por un puente que solo vale $750,000; la diferencia equivale al «impuesto de la corrupción».

El abuso de fondos públicos impone un costo económico a los contribuyentes: por culpa del sobrecosto que genera esta corrupción, el Estado tiene que extraer más recursos del sector privado que en ausencia de este. El mal uso de fondos públicos, sea por ineficiencia o por corrupción, siempre conduce a mayores impuestos y una mayor usurpación de fondos privados. Sin embargo, este costo —aunque parezca alto dada la abundancia de casos mediáticos de corrupción en Guatemala— es relativamente bajo con un Estado que representa el 14% del gasto del país (gasto público sobre PIB), tal como veremos más adelante.

Además, sugiero que (incluso en países en vías de desarrollo) el robo legislativo es bastante raro. Por ejemplo, el Caso Odebrecht solo acabó abarcando la corrupción legislativa porque se tuvo que aprobar el financiamiento del proyecto que provenía de dos préstamos de los bancos de desarrollo⁸. Más común es ejercer influencia desde las legislaturas en ciertos nombramientos en burocracias estatales y semiestatales: no obstante, este es más un caso de tráfico de influencia que de robo.

También vemos (en el siguiente capítulo) que el robo burocrático, del tamaño que sea y aunque genera costos innecesarios para la población, realmente no puede mantener a un país hundido en la pobreza. De hecho, veremos que, si medimos la corrupción en Guatemala, según el robo burocrático, paradójicamente es menor en Guatemala que en países considerados «menos corruptos» e incluso países desarrollados.

Entonces, lo que nos queda es la corrupción que involucra intercambio, tanto dentro la burocracia como dentro de la legislatura (y, por extensión, las cortes), que según algunos movimientos de activismo político son el mayor problema para Guatemala, es decir, la corrupción de la mal llamada élite.

A estas alturas, cabe resaltar que estos tipos de corrupción florecen cuando existe mucha regulación en un país (lo veremos más adelante en el capítulo IX). Cuando uno tiene que «pedir autorización» al Estado para desarrollar una actividad, a través de permisos, licencias, registros, etcétera, existe amplia oportunidad de que este tipo de corrupción prospere.

También es importante notar que existe una relación entre la legislatura y la burocracia, aunque las separo en mi marco conceptual: la burocracia solo puede ejercer su capacidad corruptiva con la ayuda de legislación que se lo permita. Si no existe legislación, por ejemplo, que obliga a un importador a conseguir un permiso de importación, no puede ejercer un funcionario público el otorgar/no otorgar el permiso como herramienta de extorsión. No hace falta pagar un soborno si el funcionario no tiene la capacidad de impedir la actividad que deseas desarrollar, o como bien decía Mises (1949), «el hecho de que los empresarios corrompen a políticos y funcionarios públicos y son chantajeados por ellos no indica que sean supremos y que gobiernan el país. Son los gobernados –y no los gobernantes— quienes sobornan y pagan tributo» (p. 273).

Aunque en esta investigación se tratan todos los tipos de corrupción, siempre tendremos en cuenta particularmente la corrupción que involucra la corrupción legislativa, judicial y burocrática de alto nivel. Sin embargo, algunas de las medidas acaban midiendo robo burocrático, usualmente mordidas a bajo nivel, y no tipos de corrupción potencialmente más dañinos. Lo tendremos en cuenta a lo largo de esta investigación.

3. Midiendo la corrupción: problemas inherentes y politización de la corrupción

Entonces, ¿cómo procedemos a medir la corrupción? No es tan sencillo, especialmente porque el término significa tantas cosas y, aunque lo definimos, es difícil de aplicar (en la academia hablaríamos de la «operacionalización» del concepto, es decir, convertir un concepto en observaciones medibles).

Y ahí el problema: es generalmente aceptado que «la corrupción» no se deja medir⁹.

3.1 Midiendo percepciones

Una solución ante este problema es, entonces, medir «percepciones». Encuestemos a la población, o a una selección de «expertos» o «representantes de la sociedad civil»¹⁰, sobre cuál es su percepción de la corrupción en el país. (Obviemos por un momento que, en el caso de Guatemala, esta selección de expertos resulta consistir en personas de estas mismas ONG que tienen un interés económico en sostener la «lucha contra la corrupción»¹¹).

De esta forma, se supone, podemos comparar las percepciones de corrupción entre diferentes países. Además, si repetimos la misma encuesta de percepciones todos los años, podemos tener una idea de que si la «corrupción» incrementó o disminuyó en dicho país.

Desde 1996, Transparency International ha publicado precisamente su «Índice de percepción de corrupción». Transparency no realiza estas encuestas; recoge encuestas de otras fuentes y las convierte en un solo agregado. Esto en sí ya es motivo para cierta sospecha, porque muchas de las encuestas simplemente no cubren a todos los países (es decir, el puntaje para Guatemala está compuesto de menos fuentes que el puntaje de, digamos, Dinamarca)¹².

Este es el supuesto desempeño de Guatemala tanto en términos comparativos (versus otros países) como con el paso de tiempo:

Según el índice de Transparency International, Guatemala se encuentra entre los 30 países más corruptos del planeta, junto a países como Haití, Eritrea, Afganistán y Corea del Norte. A lo largo del tiempo, según estos mismos datos, ha empeorado la corrupción: según esta «aproximación», hoy estamos mucho peor que hace 10 años.

Sin embargo, el «Índice de percepción de corrupción» para medir la corrupción trae consigo peligrosos cabos sueltos. Resumiré varios de ellos a continuación.

Solo mide percepciones, no hechos
Que esta medición carece de cualquier fundamento científico no debe sorprender, ya que fue impulsada por activismo político. De hecho, el académico que «creó» el «Índice de percepción de corrupción» se echó para atrás en el 2009, temiendo cabalmente el secuestro «político» de su herramienta supuestamente «académica». Van Hulten (2018) lo explica mejor que yo: «Todo el mundo debería preguntarse cómo es posible que pueda sobrevivir, durante 25 años, el resultado de una investigación que también se usa como herramienta para fines políticos, que ofrece solo “percepciones” de un fenómeno socioeconómico global, la corrupción, y nada de hechos».

De hecho, Campbell (2013) nos ayuda con el ejemplo de Brasil de lo cuestionable que es el índice. Según el «Índice de percepción de corrupción», la corrupción en Brasil es un grave problema, mucho más grande que en la mayoría de países. Sin embargo, en otra encuesta, se concluye que solo el 4% de brasileños ha pagado un soborno en su vida, un menor porcentaje que en EE. UU. y cualquier otro país latinoamericano.

Solo mide las percepciones de un grupo de «expertos» no seleccionado de forma aleatoria

Dentro de la academia, el «Índice de percepción de corrupción» (IPC) ha sido muy criticado. Por ejemplo, Cobham (2013) escribe lo siguiente: «Por casi 20 años, Transparency International ha publicado un “Índice de percepción de corrupción” que posiciona a los países según qué tan corruptos son percibidos por un grupo pequeño de individuos» [énfasis mío]. Esto se conoce como «sesgo de selección de la muestra» (sample selection bias), porque la muestra no ha sido elegida de forma aleatoria.
Peor aún, como veremos más adelante, en el caso de Guatemala se suele medir las percepciones de un grupo de supuestos expertos (CU, EIU, y WMRC) que directamente dependen de la narrativa anticorrupción para sus propios ingresos, dando lugar a un grave conflicto de interés. Sin embargo, incluso si no dependieran económicamente de la narrativa, sigue siendo posible que no sea representativa la percepción de un grupo reducido, elegido no aleatoriamente, para la corrupción experimentada en todo el país.

Solo mide la percepción general de la corrupción y no distingue entre corrupción insignificante y Corrupción Grande
Otro, no menos relevante, es el hecho de que una percepción general de la corrupción no implica la medición de la corrupción que realmente puede mantener un país hundido en pobreza. En otras palabras, no distingue entre los distintos tipos y formas de corrupción, discutidos en el capítulo anterior. Además, parece que varias de las encuestas recogidas preguntan por diferentes tipos de corrupción, confundiéndolos y agregándolos como si fueran iguales.

La publicación del «Índice de percepción de corrupción» influye en la misma percepción (endogeneidad)
Cobham (2013) explica que un caso (mediático) de corrupción puede generar un ciclo vicioso: el propio índice puede influir (e influye) en las percepciones de corrupción cuando el desempeño de un país en el índice es divulgado en los medios de prensa. Es por lo mismo que el creador del índice, Lambsdorff, se apartó de la publicación de este. El principal problema del índice para medir la corrupción es entonces que viola el supuesto que la medición de la variable sea independiente. Según Andersson & Heywood (2009), «Es (…) probable que (…) un elemento contribuyendo a la percepción de corrupción en diversos países sea precisamente su posición (ranking) en los anteriores índices de percepción, así introduciendo una cierta endogeneidad al índice compuesta por la incorporación de resultados anteriores en cada nueva publicación» (p. 753).

La percepción depende más del «número absoluto de casos de corrupción» que la incidencia relativa y esto sesga negativamente la medición para países más poblados
Asimismo, la corrupción percibida no coincide con la corrupción experimentada, especialmente para países en vías de desarrollo (Donchev & Ujhelyi, 2014; Andersson & Heywood). Como dice Weber Abramo (2007), «la “distancia” entre opiniones y experiencias varía aleatoriamente de país a país» (p. 6). Más adelante veremos que la percepción de corrupción en Guatemala no coincide con la corrupción verdaderamente experimentada, es decir, la percepción es mucho peor que los índices de corrupción experimentada. Es más, el número absoluto de actos corruptos influye más en la percepción de corrupción que el porcentaje de la población afectada. En otras palabras, esto se vuelve muy problemático para hacer comparaciones entre países, porque implica un sesgo que pone en desventaja a países más grandes (cuanto más grande un país, más problemático el índice). Aquí es de notar que Guatemala es el país más poblado de Centroamérica.

Mayor percepción de corrupción puede, paradójicamente, significar más transparencia y menos corrupción
Como veremos más adelante, una mayor percepción de corrupción, curiosamente, podría indicar una mayor libertad de prensa y una mayor capacidad de identificar actos corruptos. En este sentido, creo que la evaluación de la corrupción guatemalteca ha sido más por percepciones que por hechos, y tanto el índice como la paradoja de la transparencia pueden contribuir a estas tendencias (peor percepción, mejor realidad).

La corrupción es más visible que nunca, porque vivimos probablemente en la época de mayor transparencia en la historia del país. Aparentemente, los casos de corrupción tienden a salir a la luz (tal vez gracias a los nuevos medios de comunicación), son reportados, y así son testimonio de una reducción de la corrupción. En países como Cuba nunca hay indicios de corrupción, no por qué no existe la corrupción, sino porque no existe una prensa libre para reportarla.

Esto incluso ha llevado a que uno de los creadores originales del índice, Johann Graf Lambsdorff, por este y otros problemas, se alejara del índice.

Existen efectos culturales, también para las propias escalas de evaluación
A esto podemos sumar aun otro problema: el efecto cultural en escalas de evaluación. En otras palabras, si preguntamos a un europeo, un latino y un americano qué tan felices están (de 1 a 10), existen interpretaciones diferentes culturales de la propia escala de evaluación: nos pueden dar 3 diferentes respuestas, ¡aunque estén igual de felices! Por ejemplo, el europeo piensa que jamás puede estar un 10 de feliz, porque eso implicaría un estado perfecto e inalcanzable de felicidad. A la vez, para el americano, si se levanta de buen humor, podría declarar que está 10 de 10 feliz: la interpretación de lo que significa un «1» o un «10» varía de cultura a cultura.

Al momento de hacer comparaciones entre países y, por lo tanto, culturas, como hace el índice de Transparency International, el efecto cultural puede volverse problemático. Varios estudios (e. g., Van Herk et al., 2004; Harzing, 2006) muestran que en los países de Europa del Sur (más parecidos culturalmente a Guatemala) tienden a dar respuestas más extremas que en los países de Europa del Norte. Además, el efecto cultural suele ser impredecible y varía de tema a tema, lo cual imposibilita «corregirlo».

Mi hipótesis es que los guatemaltecos, especialmente en cuanto a posiciones políticas, culturalmente tienden a posturas e interpretaciones extremas; es decir, aunque la percepción de corrupción sea igual en Guatemala que en Armenia, por ejemplo, los guatemaltecos darían una peor respuesta en una determinada escala de evaluación.

Este no es el único efecto cultural que implica un grave problema para el «Índice de percepción de corrupción». Más adelante veremos cómo los ciudadanos de países ricos (en concreto, Alemania) asocian la corrupción con el subdesarrollo y, porque ellos perciben sus propios países como modernos y desarrollados, por definición no pueden ser percibidos como corruptos (a pesar de oleadas de casos de corrupción). Esto ha hecho que el «Índice de percepción de corrupción» parezca una división de países ricos versus países pobres, con prácticamente nula movilidad a lo largo de los años (ningún país «corrupto» se ha vuelto «no corrupto» o viceversa) desde su incepción en el 1996 (Heywood & Rose, 2014).

La exactitud del índice da una sensación de objetividad que no lo implica
Se vuelve todavía peor: las diferencias derivadas de las escalas de evaluación, agregadas de una forma dudosa de diferentes encuestas que preguntan cosas diferentes con escalas de evaluación diferentes, son tan pequeñas, que pone en duda la idea de posicionar a un país en un ranking. Conlleva muchos problemas afirmar que la diferencia entre 24 y 26 puntos (sobre 100) sea robusta, pero a la vez puede significar 30 o 40 posiciones de diferencia en la tabla que pretende rankear a los países.

Andersson & Heywood (2009) dan el ejemplo de Bielorrusia. En 2005, sacó 26/100. Un año antes, en 2004, sacó 33/100. Ahora, ¿significa que Bielorrusia se ha vuelto sumamente más corrupto a lo largo de los 12 meses o simplemente existe poca diferencia objetiva entre la magnitud de la corrupción en Bielorrusia en 2005 en comparación a 2004? Como dicen Andersson & Heywood (2009), «podemos poner en duda si la precisión del puntaje o posición sea útil o informativa» (p. 754).

Existen cambios de metodología y fuentes de datos a lo largo de los años
Como el «Índice de percepción de corrupción» es un índice sintético que recopila datos de una serie de otras fuentes, estas (incluyendo a las metodologías de cada una de ellas) cambian con el paso de tiempo. Esto ha llevado a Lambsdorff (2006), el creador del índice, a declarar que el índice jamás debe ser usado para comparaciones entre periodos (¿está Guatemala mejorando o empeorando de un año al otro?) ni para comparaciones entre posiciones de países (¿está Guatemala mejor o peor posicionada que México?).

Existe una deshonestidad por parte de Transparency en todo esto. Por un lado, declaran que es inválida esta interpretación del índice por motivos metodológicos. A la vez, en sus propios comunicados y eventos de prensa, Transparency se contradice. Integrantes de Transparency, por parte de Acción Ciudadana, han declarado ante los medios, por ejemplo, que Guatemala es el quinto país peor calificado de América y que Guatemala bajó al puesto 150, su «peor posición en la historia». Según las propias advertencias de Transparency, estas son interferencias que no se deben hacer con base en el índice porque carecen de fundamento.

Es más, todo esto pone en duda la necesidad de publicar el índice anualmente: según el propio creador del índice, este jamás debe ser usado para comparaciones en el tiempo, ya que la composición de las fuentes también cambia en el tiempo. Esto nos deja con una sospecha asentada: el único motivo de publicar anualmente el «Índice de percepción de corrupción» y resaltar mediáticamente el desempeño de los países año a año es uno y es uno solo: hacer política, con el disfraz de la academia.

3.2 Midiendo indirectamente la corrupción («proxies»)

Las percepciones son tan generales que habrá que dudar mucho del valor informativo de esta medición. Por lo mismo, muchos encuestadores empezaron a preguntar «cosas más concretas» a una muestra de la población en lugar de la percepción general de una élite de activistas políticas.

Por ejemplo, podríamos preguntar a la población general que si han pagado (o le han solicitado) un soborno en los últimos 12 meses.

Aunque es claro que existe un problema de sesgo de autoinforme (self-reporting bias) que empeora en el tiempo (produce un menor error de medición preguntar si has comido pizza hoy que si has comido pizza en los últimos 30 días), esta parece una mejor forma de «aproximar» la corrupción.

Sin embargo, el problema de preguntar a la población si han pagado algún soborno en los 12 meses anteriores tiene que ver con el tipo de corrupción que mide. Claramente, la mayoría de estos casos son ejemplos de petty corruption o robo insignificante; la población generalmente no interactúa con diputados, ministros, y magistrados, pero sí con el policía en la calle o el funcionario que te atiende cuando retiras un DPI. La medición de un tipo de corrupción (en este caso, robo insignificante) como indicativo para el «nivel general de la corrupción» asume una correlación 1:1 entre ambas variables. Sin embargo, la observación de petty corruption o robo insignificante, aunque puede coincidir, no tiene por qué ir de mano con Grand Corruption o corrupción legislativa, por ejemplo.

Cuando se mide la corrupción a través de las tasas de soborno, incluso si se mide por servicio estatal (pedir documentos, hospitales, policía, jueces, etcétera), acaban midiendo «corrupción baja». Esto implica que cualquier «corrupción altoburocrática», «corrupción legislativa» y «corrupción alto-judicial» se escapa de la medición y requiere interpretaciones más allá de un simple dato.

Paradójicamente, según el «Índice de percepción de corrupción» de Transparency International, Guatemala es de los países más corruptos del mundo (posición 150 de 180 países). Sin embargo, según el mismo Transparency International que publica «la tasa de soborno» por distintos servicios públicos, Guatemala ni siquiera está entre los países más corruptos de Centroamérica, mucho menos del mundo. Esto muestra que el índice tiene graves problemas.

Veamos cómo compara Guatemala con el promedio de la región y nuestros vecinos en cuanto a la incidencia de sobornos por servicio público (datos del 2017):

En resumen, según las tasas de soborno (encuestadas), Guatemala es en promedio igual de corrupto que los demás países latinoamericanos y menos corrupto que nuestros países vecinos. La excepción es la tasa de soborno de la policía, más alta en Guatemala que en Latinoamérica (igual de alta que en México). Los jueces en México y El Salvador parecen ser menos corruptos, según esta medición, mientras que los jueces hondureños serían mucho más corruptos.

De todos modos, el propio Transparency International nos ha tratado de vender justamente la idea contraria¹³: la relación entre su medición de «percepciones» (una variable soft) y, por ejemplo, la tasa de soborno (una variable hard) tiene una correlación de 1:1. Para este propósito, usa dentro de sus informes gráficas como la siguiente (cada punto representa un país):

Para un principiante, parece que tienen un punto: ¡miren cómo los puntos (las observaciones) coinciden con la línea trazada! De igual forma, el «coeficiente de correlación» va a ser un número alto. Sin embargo, las medidas de correlación están siendo mal usadas (es decir, abusadas) con la presencia de una relación no lineal, lo cual claramente es el caso aquí. Taleb (2019) incluso muestra que, con datos generados aleatoriamente, es fácil llegar a coeficientes de correlación altos sin que haya correlación. Le llevó a afirmar que correlación no solo no implica casualidad, sino que correlación muy seguidamente ni siquiera implica correlación.

Lo puedo mostrar visualmente. Si presento la misma gráfica de forma parcial, ya vemos el problema con los datos y la supuesta correlación entre «percepciones» y «tasa de sobornos»:

Volvamos a la misma pregunta: ¿existe alguna relación entre percepciones (de una élite estrecha) y la tasa de soborno de la población general? La respuesta es «no»: la gráfica de arriba parece una dispersión aleatoria: hay países con una tasa de soborno de 2%, evaluados como sumamente corruptos (<4/10) y hay países con una tasa de soborno de 7% evaluados como casi nada corruptos (>8/10). Digamos que, para tasas de soborno entre 0% y 15%, no hay relación alguna entre la tasa de soborno y el puntaje en el «Índice de percepción de corrupción» (IPC). Con IPC entre 5 y 10 (baja percepción de corrupción), el número de personas que realmente han pagado un soborno está en un rango de 2 y 5% (todos menos de 10%).

Una mejor percepción [de la corrupción] no implica menos sobornos y una peor percepción no implica más sobornos.

Ahora veamos la otra mitad de la gráfica:

Observamos en la gráfica que, con IPC entre 2 y ±3 (alta percepción de corrupción), el número de personas que realmente han pagado un soborno va de 65% a menos de 10% (aproximadamente el mismo porcentaje que en países donde no se percibe corrupción). Es decir, aquí tenemos países con alta percepción, pero una tasa de sobornos relativamente baja, y países con alta percepción, pero con tasas de soborno también elevadas.

Esto muestra que no hay relación alguna entre percepción de mucha corrupción y el porcentaje de personas que ha pagado un soborno en los 12 meses anteriores, porque mejor percepción no implica menos sobornos y peor percepción no implica más sobornos. A pesar de esto, Transparency International (2007) afirma que: «los resultados son claros: en aquellos países donde expertos perciben la corrupción como generalizada, una mayor proporción de ciudadanos pagan sobornos para obtener algún servicio» (p. 10). Yo me atrevo a decir que, si una cosa queda clara, es todo lo contrario: lo dudosas que son las correlaciones pseudocientíficas de Transparency International de su índice de percepción con otras variables relevantes.

3.3 Midiendo sobrecostos en el gasto del Estado

Lo que sí se puede medir de forma más objetiva es el sobrecosto que implican las compras del Estado (típicamente atribuidos a un reparto corrupto del gasto público). Por ejemplo, el Estado compra 1 millón de mascarillas a un precio de $2 por mascarilla, pero la mascarilla realmente solo cuesta $1 en el mercado. La diferencia, $1 millón de dólares, es un despilfarro de los impuestos atribuido a actos corruptos. Este sobrecosto puede ser causado por, siguiendo nuestra definición inicial, favoritismo, nepotismo, malversación de fondos, sobornos e incluso extorsión (pay to play).

Desde el punto de vista académico, es probablemente una de las mejores formas de medir la corrupción. Sin embargo, no cubre ciertos tipos de corrupción, como la corrupción legislativa y la captura regulatoria, las cuales eluden una medición objetiva y cuantitativa (aunque por lo mismo son fáciles de «politizar»).

Sin embargo, esto nos lleva a un camino inesperado. Si la corrupción se mide por el sobrecosto de las compras del Estado (por ejemplo, la construcción de una carretera), entonces el problema en Guatemala termina siendo así:

menor que en otros países, incluso aquellos países que son ricos y, según las «percepciones de expertos», pocos corruptos;
menor que en otros países, porque el trabajo generalmente es menos remunerado.

La razón es doble:

El gasto del Estado en Guatemala es bastante menor que en otros países (15%
sobre el PIB versus 53% en la Unión Europea).
Incluso en el «peor de los escenarios» (sobrecosto excesivo en Guatemala
versus el resto de los países) no haría mucha diferencia para el ingreso per
cápita en el país (es decir, el país sería prácticamente igual de pobre de lo que
es hoy).

A estas alturas, vale la pena citar los estudios realizados en Europa sobre los costos de la corrupción. La propia Unión Europea estima que el costo directo de la corrupción (en cuanto a compras del Estado) es, como estimación conservadora, $162,000 millones de dólares (€120,000 millones de euros). Con una población de 447.7 millones, esta cifra implica $361 al año per cápita.

Por otro lado, un estudio de RAND Corporation del 2016 pone la cifra en $1,089,000 millones (€990,000 millones) al año, unas 8 veces más alta. La cifra de RAND implica $2,432 al año per cápita. Podríamos usar las dos estimaciones como rango inferior y superior para nuestros propósitos¹⁴.

El siguiente paso es comparar este costo de la corrupción en la Unión Europea con el costo comparativo en Guatemala. La información brindada por el Ministerio de Finanzas (concretamente, el documento Presupuesto 2021 para ciudadanos) dificulta desglosar el gasto.

Lo que en sí es cierto es que 13.6% del gasto se destina a la deuda pública y 26.8% son transferencias corrientes que no tienen contraprestación de servicios (y, por lo tanto, no puedes «sobrepagar»).

Sin embargo, la comparación es un poco «injusta» para Guatemala, ya que el restante 59.6% incluye gastos (por ejemplo, salarios) que, incluso si se sobrepagaran, jamás se consideraría «corrupción» en el caso de la Unión Europa¹⁵ porque esta solo incluye compras del Estado (y no, por ejemplo, pago de salarios, por elevados que fueran).

La paradoja, entonces, es que incluso en el peor de los escenarios, si medimos la corrupción como sobrecosto en las compras del Estado, el problema de corrupción es de menor magnitud en Guatemala que en los países de la Unión Europea.

4. La corrupción existe en todo el mundo y es inherente a cualquier sistema político y burocrático

4.1 Por qué la corrupción es inherente a cualquier sistema político y burocrático

Según Mises (1949), «el intervencionismo genera siempre corrupción» (p. 867). Nos dice Mises (1929) que «si la opinión pública siente por doquier un tufo de corrupción en el Estado intervencionista, no le faltan razones. La corruptibilidad de los políticos, de los representantes y de los funcionarios públicos es la única base en que se apoya el sistema» (p. 59).

Es más, la «competencia de mercado» significa competir para ganar el favor de un cliente que prefiere su producto o servicio sobre el de otros. Esta produce intercambios del tipo «gana-gana» sin privar recursos de un tercero inocente. La «competencia política» significa invertir recursos para obtener un beneficio otorgado por un agente del Estado y que prive a un tercero de sus recursos a través de la coacción. Esta última también se conoce como «rent-seeking» (búsqueda de rentas políticas)¹⁶. El «privar» (a costillas de otros) aquí es clave, como comenta Mises (1949): «La actividad intervencionista da lugar a que ciertos grupos o individuos se enriquezcan a costa de otras personas o agrupaciones. Lo que no impide que, con frecuencia, el daño infligido a unos no beneficie a nadie, con lo que al final todos salen perjudicados» (p. 866). Esta «competencia política» se trata de obtener favores del poder estatal. Como Mises (1949) añade, «en muchos ámbitos de la administración de medidas intervencionistas, el favoritismo simplemente no puede ser evitado» (p. 735).

En los sistemas políticos y burocráticos, siempre y sin excepción existen dos fuentes concretas de corrupción:

Las compras del Estado y la asignación de subsidios, ayuda, crédito y otros fondos (gastos) por parte del Estado
Esta fuente tiene todo que ver con el dinero que gestiona el Gobierno; ya que ni el funcionario público ni los políticos electos usan su propio dinero cuando hacen compras o se lo gastan, no tienen por qué cuidarlo. Si se malgasta el dinero, ellos no sufren las consecuencias negativas del desperdicio. Es más, son fuentes de enriquecimiento personal. Si se «malgasta» el dinero en él mismo, goza de las consecuencias positivas a costillas del resto de la población. Están gastando dinero de los demás, no de ellos, en «ellos mismos». En cambio, en el ámbito privado, quien gasta su propio dinero procura el mejor uso del dinero o, en caso de empresas, los accionistas tienen incentivos monetarios (menores ganancias) para detectar y velar por un uso adecuado de su dinero por parte de funcionarios corporativos. Contrario a los agentes políticos, los agentes privados están gastando su dinero.
La función intermediaria del Estado
Esta fuente tiene todo que ver con la función reguladora del Gobierno. En concreto, se refiere al poder del Estado de restringir actividades económicas. Ya que estas restricciones pueden ser selectivas, se abre un campo de «posibilidades de corrupción». El Estado restringe la actividad económica a través de sistemas de permisos, licencias, cuotas (y «contingentes arancelarios»), regulaciones, autorizaciones, prohibiciones, sindicalizaciones, registros, colegiados, exenciones tributarias y concesiones. Todos estos pueden servir para vender privilegios e inducen potencialmente corrupción. Es principalmente por este motivo que los liberales afirmamos que la ausencia de estas restricciones a la libre actividad económica reduce las posibilidades de corrupción. Si el Estado no puede excluir a un emprendimiento e impedir sus actividades económicas, las empresas no tienen por qué recurrir a la corrupción¹⁷.

Debido a que estas dos fuentes son universales e inherentes a todos los Gobiernos en el mundo, sean de menor o mayor tamaño, la corrupción también es universal y de todos los tiempos.

No obstante, podemos afirmar que:

cuanto menor sea el gasto público, menores las posibilidades de corrupción de fuente #1; y
cuantas menos restricciones (de todo tipo) a la actividad económica, menores las posibilidades de corrupción de fuente #2.

Como primer paso, para comprobar estas hipótesis, he hecho un modelo de regresión lineal (OLS) con errores estándares robustos (para evitar heteroscedasticidad). La variable que trataré de explicar es el puntaje de los países en el «Índice de percepción de corrupción». Como variables explicativas, incluyo el gasto público sobre producto interno bruto (PIB) de 2021 del Banco Mundial y la libertad regulatoria (datos del «Índice de libertad económica» de Heritage Foundation) del mismo año. «Libertad regulatoria» es un simple promedio de los puntajes de «libertad para hacer negocios», «libertad laboral», «libertad monetaria», «libertad de comercio», «libertad de inversión» y «libertad financiera»¹⁸. Pruebas adicionales muestran que no hay problemas de colinealidad.

En este caso, sale significante (>.99) la variable de libertad regulatoria, es decir, a mayor libertad regulatoria, menos corrupción. Aproximadamente por cada punto adicional (1 a 100) en el índice de libertad regulatoria, se mejora la percepción de corrupción (1 a 100) con un punto. A la vez, la variable de gasto público no sale significante (no hay evidencia de una relación entre gasto público y percepción de
corrupción).

Muestro la relación entre mayor libertad regulatoria y menos corrupción visualmente en la siguiente gráfica (Figura 8):

Sin embargo, me hizo pensar que la variable de gasto público sobre PIB contiene mucho ruido. Primero, en la muestra hay muchos países de extrema pobreza con sectores informales grandes que, por necesidad, hace que parezca poco el gasto público. Segundo, muchos países ricos hoy día tienen, por desgracia, Estados de bienestar muy generosos, lo cual aumenta el gasto público sobre PIB. Tercero, hay países con altos ingresos por recursos naturales que usualmente aumentan el gasto público, pero no tienen por qué causar más corrupción en otros sectores de la economía (en teoría, un país con muchos recursos naturales explotados por el Estado podría tener un Estado pequeño, pero un alto gasto sobre PIB). Cuarto, puede haber un factor cultural que sea un factor de confusión.

Por estas razones, decidí modificar la variable de gasto público: de cada país, identifico el país vecino y asigno un «1» cuando el Estado gasta menos que su vecino y un «0» cuando el Estado gasta más que su vecino. De esta forma, divido la muestra de países en dos: países donde el gasto público es mayor en su vecindad y países donde el gasto público es menor en su vecindad. Esto debe corregir el sesgo por el sector informal (el sector informal de Honduras es más parecido al de El Salvador que, digamos, Bélgica), el factor cultural y la división rico/pobre.

Con mi nueva variable, decidí repetir el modelo de regresión lineal. Estos son los resultados:

Sin embargo, no cambia el resultado y (aunque el signo sea negativo) solo me sale significante la variable de libertad regulatoria. Efectivamente, no es de mayor relevancia la variable de gasto público sobre PIB y esto se vuelve más obvio cuando vemos los simples promedios de los dos grupos de países (países que gastan más que su vecino y países que gastan menos que su vecino).

El gasto público promedio de los grupos son 44.1% y 44.5% respectivamente (apenas hay diferencia) y el mediano es de 39% y 41.5% (apenas hay diferencia). Por eso, podemos entender que no se logró establecer una relación empírica entre gasto público y percepción de corrupción.

Mi forma de interpretar esta brecha entre teoría y práctica se puede vincular a nuestra discusión anterior sobre la medición de la corrupción. Discutí tres formas comunes de medir la corrupción: una siendo medir el sobrecosto en las compras del Estado. He afirmado que paradójicamente en países con más gasto público la corrupción, medida como sobrecosto en términos absolutos en las compras del Estado, suele ser más alta. Sin embargo, en los modelos de arriba, he usado otra medida de corrupción, el «Índice de percepción de corrupción». Propuse que en Guatemala la corrupción medida por el sobrecosto en los gastos del Estado no puede ser más alta que en muchos países desarrollados, porque el Gobierno de Guatemala tiene un gasto público sobre PIB más bajo. Es bastante probable que, si tuviéramos un dato que mide el sobrecosto en las compras del Estado como porcentaje del PIB, la relación entre corrupción y gasto público fuera positivo y significante (es decir, a mayor gasto público, mayor corrupción).

Por lo tanto, me atrevo a decir que la corrupción en muchos países modernos no es menos que la guatemalteca, sino en algunos casos incluso hasta más. En muchos de estos países presuntamente «menos corruptos», la cantidad de regulación y gasto público es mayor. Más adelante evidenciaré esta afirmación. Lo que sí es cierto es que, cuanto más desarrollado un país, menos «descarada» y más «sutil» será la corrupción. En la siguiente sección, discutiré cabalmente esta diferencia.

4.2 De corrupción descarada a corrupción sofisticada

Cuando la corrupción se vuelve más costosa, porque el costo de oportunidad incrementa (como veremos, a mayores salarios, menor corrupción), la forma de la corrupción también cambia. Los funcionarios públicos y políticos empiezan a tener más escrúpulos y tratan de ocultar, aunque sea parcialmente, la corrupción. Por ejemplo, un ministro corrupto, en lugar de literalmente «robarle» dinero para proporcionarlo a su primo, le ofrece que de una «capacitación» o «consultoría». ¿El primero se considera corrupción, pero el segundo no? Estas y otras incoherencias son típicas, especialmente en países desarrollados considerados «no corruptos», pero son increíblemente difícil de detectar (¿cómo evalúa un observador externo el valor de una capacitación en alguna dependencia del Estado y cuál es su valor de
mercado?). Aunque el segundo es una forma de corrupción que también existe en Guatemala, un país típicamente transita de formas más descaradas a formas más «sofisticadas» de extraer recursos del Estado para beneficio propio.

A continuación, discutiré varios de los ejemplos de ambas formas de corrupción:

Sobornos
Existen muchas formas «legales» y «lícitos» de sobornar funcionarios públicos y políticos electos. Por ejemplo, puedes tener un acuerdo implícito que, para ciertos favores, le pagas al político en cuestión cuando este salga de la política. Cuando acabe su término o mandato, le pagas montos ridículos para ser conferencista (muy por encima del valor de mercado) o le otorgas alguna posición remunerada donde cobra mucho más de lo usual¹⁹.
Nepotismo
Cuando hablamos de nepotismo, un funcionario público guatemalteco tal vez contrataría directamente a su esposa. Un funcionario público europeo (caso real en el Parlamento Europeo), contrataría a la esposa de su compañero, mientras que el compañero contrataría a su esposa. Ambos son claros ejemplos de nepotismo, solo que uno es «descarado» y el otro es «sofisticado» y «sutil».
Malversación de fondos
Un alcalde puede desviar presupuesto para construir algo que solo le beneficia a él, como una expansión de su casa o para pavimentar su propiedad. Esta es una forma de corrupción descarada que ha sido observada en Guatemala. A la vez, existen formas más sofisticadas para malversar fondos públicos. Le puedo asignar presupuesto para una «consultoría» a un conocido y cobrarle una comisión ilegal (kickback) de un cierto porcentaje del monto. El servicio que se presta nunca se presta o, en el mejor de los casos, es irrelevante y acaba siendo engavetado y se extrae de forma exitosa pero ilícita fondos públicos. ¿Cómo va a ser la ciudadanía capaz de identificar estas formas de malversación de fondos? Usualmente es muy complicado y da suficiente margen a funcionarios y políticos para malversar fondos de forma «legal» impune²⁰.
Fraude
Los casos de fraude en Guatemala han sido bastante obvios, especialmente el caso Lago de Amatitlán y el caso Odebrecht, claros ejemplos de corrupción descarada. Otra forma de perpetuar fraude, sin embargo, es a base de «información privilegiada». Esta ya era una vieja práctica en Nueva York. Si un político ya sabe que va a salir una concesión para, digamos, un parque de atracciones, puede enriquecerse ilícitamente con esta información. Empezará a comprar, por ejemplo, los terrenos subyacentes cuando estos todavía están baratos. Cuando se anuncia la concesión, el valor de la tierra sube casi inmediatamente y el político acaba lucrando de una forma cuestionable y corrupta, pero también de una forma extremadamente rentable. La versión moderna ha sido practicada por muchos miembros del Congreso de EE. UU.: antes de los anuncios oficiales, hacen ciertas compras/ventas en la bolsa de valores con las cuales terminan lucrando de forma ilícita.²¹. Sin embargo, ¿cómo probamos que la esposa o el esposo del diputado está actuando con base en información privilegiada (ilegal) o información públicamente disponible (legal)? Cualquier rumor publicado en alguna esquina oscura en la web es suficiente para exonerar al diputado de acusaciones de fraude.
Extorsión
Esta forma también se ha practicado en Guatemala, es decir, amenazar directamente a un empresario (no otorgando un permiso, quitándole su licencia o embargando su cuenta bancaria) para que este realice un pago a un funcionario o político. Estas extorsiones, sin embargo, también pueden ser mucho más sutiles. Los partidos políticos en EE. UU. dependen del financiamiento del sector privado, de individuos (típicamente adinerados) o empresas. Por ejemplo, una ley de competencia (antitrust) permite que un Ejecutivo puede amenazar con una demanda contra una empresa o un empresario, en la cual la carga de la prueba recae sobre los hombros del acusado. Este fue el caso de Microsoft²² que en su momento simplemente no quería meterse a la política y mantenerse lejos de Washington, D. C. Una demanda contra Microsoft, con toda presión mediática que involucra, de mano de un interrogatorio político televisado, hizo que Microsoft a partir de aquel momento empezara a pagar contribuciones de campaña a todos los partidos y políticos que fueran necesarios para dejarlos en paz. Este tipo de extorsión política es típico en países desarrollados.
Favoritismo
El favoritismo incluso tiene un propio nombre en los países desarrollados: la política de «puerta giratoria». En lugar de colocar a un hermano, primo, amigo, esposo, amante en un puesto público (curiosamente, esto se conoce como «cama giratoria» en Italia) en lugar de una persona mejor capacitada (corrupción descarada), esta forma de corrupción se vuelve bastante más sofisticada. Un alto funcionario o un político acaba trabajando en una empresa en el sector privado, con el beneficio de su anterior puesto. Por ejemplo, Robert Rubin empezó como banquero en Goldman Sachs, después fue parte de la administración del presidente Clinton principalmente como secretario del Tesoro de EE. UU., para después volver como CEO de Citigroup que termina siendo rescatado por el Gobierno de EE. UU. mientras Rubin recibió más de $126 millones de dólares en compensación. Citigroup, rescatado por el contribuyente estadounidense, fue demandado por varios inversores e indemnizó por $590 millones a los denunciantes, mientras Rubin quedó completamente impune. Este tipo de «reparto de puestos de trabajo» es, en prácticamente todos los casos, un ejemplo de favoritismo en países modernos y supuestamente «no corruptos». También existen muchos casos de nepotismo en los países desarrollados, otorgando contratos del Estado (por ejemplo, de construcción) a empresas de familiares o conocidos, y rechazar mejores ofertas de proveedores alternativos sin conexiones personales.

Resumiré en la siguiente tabla las diferencias entre las distintas formas de corrupción de «descarada» a más «sofisticada».

4.3 ¿Son los países «no corruptos» verdaderamente «no corruptos»?

Antes que nada, quisiera citar a Tänzler et al. (2016): «La discusión sobre la corrupción en Alemania parece extraña y, de hecho, a veces, esquizofrénica. Por un lado, los medios están repletos de casos de corrupción, pero, por el otro lado, da la sensación de que no le afecta al país. Un policía, a quien entrevistamos, nos da algunas pistas iniciales sobre cómo es este entendimiento societal más amplio y “típico” alemán de la corrupción. Pese a que este oficial luchó exitosamente contra la corrupción por la mitad de su vida y goza de una extraordinaria reputación como experto en corrupción, cuando le preguntamos sobre su visión sobre la corrupción en Alemania inesperadamente nos respondió que no había corrupción en Alemania. Esta visión es irreconciliable con su trabajo como policía, pero es consistente con la visión general sobre la corrupción de los alemanes: los alemanes se perciben a sí mismos como ciudadanos de un país moderno, y que –por supuesto– esto también significa que la corrupción no es un problema en Alemania. La corrupción es vista como “no alemana”, como incompatible con la autopercepción cultural de ciudadanos decentes y responsables. (…) La percepción de corrupción de la población alemana ignora una parte de la realidad» (p. 90).

Tänzler et al. (2016) siguen con la distinción que hice antes entre petty corruption (corrupción insignificante) y Grand Corruption (corrupción grande). Según Tänzler et al. (2016), para los alemanes «corrupción» únicamente significa «corrupción insignificante» y como tal solo es estigmatizada como una conducta despreciada por parte de «extranjeros», no de alemanes. A pesar de una abundancia de casos de Grand Corruption en Alemania, el tabú de la corrupción insignificante parece ser, como dicen Tänzler et al. (2016), un antifaz del más elegante Grand Corruption. En Alemania, es generalmente aceptado que esta sea una práctica normal en el mundo de los negocios. Por lo tanto, la corrupción grande no es considerada corrupción. Es más, cuando haya acusaciones de corrupción a un nivel político alto en Alemania (por ejemplo, el caso de Kohl), la reacción es «pero ustedes son iguales (de corruptos) que nosotros», es decir, así es como el sistema funciona.

Esto sugiere que la corrupción está viva en prácticamente todo el mundo. Para profundizar esta idea, combino los datos del «Índice de percepción de corrupción» con datos de una encuesta realizada por la Comisión Europea. Por la misma razón, solo tengo países europeos en la muestra. Aquí van los primeros 10, es decir, los 10 países europeos menos corruptos según el índice de Transparency International:

Podemos observar que no hay relación entre el puntaje en el índice de percepción y la encuesta de la Comisión Europea. Por ejemplo, Países Bajos (#4) y Austria (#7) tiene un mucho mejor puntaje que Estonia (#10) en el «Índice de percepción de corrupción». Sin embargo, existen más empresarios en Países Bajos y Austria que opinan que la corrupción en su país es generalizada (57%), trece puntos porcentuales por encima de Estonia.

Otra ilustración: Finlandia (#2) es rankeado, según «Índice de percepción de corrupción», como uno de los países menos corruptos del mundo (#3). En el mismo índice de Transparency International, Finlandia (#2) recibe un puntaje mucho más alto que Luxemburgo (#6). Sin embargo, 37% de los empresarios en Finlandia creen que la corrupción es generalizada en su país, mientras solo 26% en Luxemburgo.

Más llamativo aún es que en el top 10 de países «menos corruptos» según Transparency International, nadie cree que la corrupción en su país no existe. En otras palabras, la corrupción es universal y no solo un problema específicamente de Guatemala. A pesar de esto, existen países que de todos modos son ricos. En conclusión, ya tenemos un primer indicio de que no existe relación entre corrupción y desarrollo económico.

A todo esto podemos sumar más evidencia cualitativa. De hecho, fue el europarlamentario Daniel van der Stoep quien, con las cámaras de PowNed, documentó parte de la corrupción descarada en Bruselas y Estrasburgo. Desde exposiciones de arte, pagadas por el contribuyente europeo, al reembolso ilícito de gastos personales jamás incurridos, hasta el parqueo lleno de Mercedes con chóferes que los europarlamentarios utilizan, a costa del contribuyente, para uso recreacional. Las consecuencias de esta corrupción para los europarlamentarios son mínimas, porque se encuentran lejos, muy lejos, de su electorado.

Además de la corrupción a nivel europeo, también existe un sinfín de casos de corrupción a nivel nacional en los países presuntamente «no corruptos», usualmente sin mayores consecuencias para los involucrados. Además, estos casos de corrupción son típicamente identificados por la prensa investigativa, no endógenamente por parte de dependencias del Estado.

En la siguiente tabla, resumiré varios casos de corrupción (relativamente) recientes de alto impacto en Alemania, Países Bajos y Estados Unidos (esta lista es lejos de ser exhaustiva y sirve únicamente de ilustración).

Volviendo a la pregunta inicial: ¿son los países considerados «no corruptos» verdaderamente «no corruptos»? Mi respuesta es negativa:

La corrupción pasó de ser descarada a ser cada vez más sofisticada y difícil de detectar.
En los países «no corruptos», ningún empresario cree que no existe la corrupción en su país.
El top 10 de países supuestamente «no corruptos» según Transparency International, no coincide con la percepción de los empresarios en estos países de que la «corrupción en su país es generalizada»: en 5 de estos 10 países, más de 40% de los empresarios cree que la corrupción en su país es generalizada.
Existen una enorme variedad de ejemplos de casos de corrupción (de alto nivel y de alto impacto) en los países «no corruptos».
A pesar de esto, los ciudadanos de países ricos y modernos asocian la palabra corrupción con países pobres y atrasados y no con ellos mismos.

4.4 ¿Es la corrupción «cultural»?

Otro argumento es que los países «no corruptos» simplemente son menos corruptos por su cultura. El danés promedio simplemente es menos corrupto que el guatemalteco promedio. Tenemos el Gobierno que «nos merecemos». El cambio comienza «con uno mismo». No podemos esperar de los gobernantes lo que «no somos». Paradójicamente, vimos más arriba que los alemanes se autoperciben como un «país moderno» y sostienen la creencia que los países modernos no son corruptos, a pesar de una larga lista de casos de corrupción como fenómeno regular y aceptado.

Aunque esta línea argumentativa (todos los guatemaltecos son corruptos, por lo tanto, somos pobres) contradice la narrativa dominante (una élite guatemalteca es corrupta, por lo tanto, somos pobres), ambas tienen algo en común. Ambas son en última instancia imanes de ayuda externa.

Si todos los guatemaltecos son innatamente «corruptos» por motivos culturales, entonces se enfocarán las donaciones en «construir ciudadanía», ciudadanos «responsables» y educación en lugar de la «lucha» frontal contra «la corrupción» que pretende ir detrás de una supuesta élite minoritaria corrupta. Por lo mismo, sería importante abarcar la idea de la corrupción como un fenómeno general en Guatemala.

En esta parte de la investigación, veremos que el guatemalteco no es más deshonesto o corrupto que los ciudadanos de países considerados menos corruptos y más ricos.

4.4.1 El experimento del «dado»

Existe un experimento realizado en varios países —entre ellos, Guatemala— sobre la honestidad intrínseca por país (Gächter & Schulz, 2016). Una parte del experimento es relativamente fácil de entender y da resultados interesantes. Los sujetos en el experimento tiran un dado (sí, de seis lados), autoreportan el número del dado que tira y cada número representa un premio monetario, con una excepción: el número «6» no recibía ningún premio. La idea era ver cuánta gente tira «6» y, como no tiene recompensa en dinero, no lo reporta (y en lugar de reportar un «6», reporta otro número para recibir su consecuente recompensa). Sencillamente, como sabemos que la frecuencia del «6» de una serie de tira dados es 16.66% (100 dividido por 6), podemos observar con qué frecuencia las personas mienten sobre (no) haber tirado un «6». Por ejemplo, si en un país resulta que han reportado el número 6 el 6.6% de las veces, entonces ha sido subreportado por 10 puntos porcentuales y esto representaría «la frecuencia de deshonestidad». Estos son los resultados por país:

La conclusión preliminar es que los guatemaltecos son relativamente honestos. De hecho, son más honestos, según esta medida, que los holandeses, españoles, italianos, colombianos y chinos. La otra curiosidad es que Guatemala es uno de los peores países en cuanto a corrupción según el «Índice de percepción de corrupción» de Transparency International, pero eso no se ve reflejado en la tendencia a mentir por lucro personal en este experimento. De hecho, pone en duda la relación entre «honestidad» y «percepción de corrupción». Observemos la siguiente gráfica de dispersión:

Para los que son observadores alertas, aquí vemos una dispersión casi perfecta, es decir, no hay relación alguna entre el índice de Transparency International y la honestidad en un país. Testimonio de esto es Guatemala: un poco más honesto que Holanda, pero uno está entre los países menos corruptos y el otro entre los países más corruptos del mundo. Esto, en mi juicio, pone otra vez en duda el «Índice de percepción de corrupción»: primero no sabemos lo que mide y lo que mide parece extremadamente dudoso.

4.4.2 El experimento de la «billetera perdida»

Una de las críticas es que el «premio» en este experimento no da la sensación de quitarle algo a «tu paisano». No obstante, existe un experimento de la mano de Reader’s Digest que resuelve esta cuestión. En múltiples ciudades (países) alrededor del mundo, dejaron billeteras «perdidas» que contienen dinero en efectivo y datos de contacto del supuesto dueño. La idea es medir cuántas billeteras son devueltas por los ciudadanos de un país; cuántas más billeteras se regresan, más honesto es un país. Como es claro a quién pertenece la billetera (un paisano), no devolver la billetera equivale a quitarle directamente dinero a un conciudadano.

Debido a que este experimento nunca se realizó en Guatemala, decidí financiar el mismo experimento en Guatemala. Llenamos 12 billeteras con exactamente los mismos contenidos que los del experimento original: una tarjeta de visita, con nombres ficticios y datos de contacto, una llave, una lista de compras, y 50 quetzales en efectivo. Luego, entregamos las billeteras «perdidas» en 12 puntos alrededor de la ciudad, siguiendo una distribución similar a la del experimento original. Después, medimos cuántas billeteras fueron «reportadas» y «entregadas».

Dos de las 12 billeteras fueron devueltas. Curiosamente, esto pondría a Guatemala a la altura de España (y por encima de Portugal) en cuanto a «honestidad». Aun así, España tiene una renta per cápita 6 veces mayor a la de Guatemala. En otras palabras, no parece haber necesariamente una relación entre honestidad y riqueza (ingreso per cápita): por ejemplo, en Suiza, el experimento salió bastante mal (4/12), mientras que en la India, bastante bien (9/12). Sin embargo, la renta per cápita en Suiza es 40 veces más alta que en la India.

No existe relación entre percepción de corrupción y PIB per cápita, ni entre percepción de corrupción y honestidad, ni entre honestidad y PIB per cápita.

Por lo tanto, tal vez sean otros factores que mantienen a Guatemala hundida en la pobreza (los exploraremos más adelante).

La creencia de que las instituciones no dependen de las personas es curiosa, ya que es la única que podría explicar la brecha entre la «percepción de corrupción» y la honestidad guatemalteca. Pero eso es como decir que las instituciones tienen un origen superhumano, creado por los dioses, como meros accidentes, en lugar de creaciones (taxis, en la terminología de Friedrich Hayek) deliberadas de determinadas personas.

Esto nos lleva a un interrogante importante: si el guatemalteco es relativamente honesto, ¿por qué los funcionarios públicos, políticos y empresarios son «corruptos»? ¿Acaso nacen en otros hogares, van a otras escuelas y atienden otros lugares? La respuesta es claramente que no. En efecto, los guatemaltecos son igual de (des)honestos que las personas de muchos otros países, como España. Y, si las personas hacen las instituciones, no tiene por qué ser Guatemala más corrupta que otros países. La diferencia más grande entre Guatemala y los demás países de su estatura, como veremos, es un tema de «narrativa», repetida hasta la saciedad, cuando realmente se trata de una falta de ahorro, inversión y descentralización.

5. El mundo al revés: la relación entre desarrollo económico y corrupción

5.1 La correlación entre pobreza y corrupción

Como hemos visto, la idea fundamental es que la corrupción mantiene a Guatemala hundida en la pobreza. Las gráficas que típicamente se muestra son como la siguiente que relaciona la renta (PIB) per cápita con el desempeño (puntaje) en el «Índice de percepción de corrupción» de Transparency International:

Aquí existe una aparente relación entre ambas variables. Sin embargo, existen dos problemas con esto:

Existen un sinfín de ejemplos contrarios a la relación que muchos pretenden establecer entre corrupción y riqueza.
Jamás establece causa-efecto, es decir, no tiene por qué ser cierto que los países pocos corruptos son ricos por ser poco corruptos (corrupción → riqueza). Propongo que la relación causa-efecto es al revés: cuando los países se vuelven más ricos, como consecuencia estos mismos se vuelven menos corruptos (riqueza → corrupción).

Con respecto al primer punto, podemos ver ejemplos claros en la data. El ejemplo más «burlesco» es el de Taiwán y Bután: ambos reciben 68/100 en el índice de Transparency International. Sin embargo, Taiwán tiene una renta per cápita 11 veces la de Bután ($33,000 versus $3,000). En otras palabras, según Transparency International, existe un país igual de (poco) corrupto que Taiwán, pero a la vez bastante más pobre que Guatemala. Otro ejemplo es Panamá: Panamá tiene un bajo puntaje en el índice de Transparency (36/100), es decir, es percibido como «corrupto». Sin embargo, Gambia, que tiene un mayor puntaje que Panamá (37/100), tiene una renta per cápita de solo $836, es decir, 17 veces menos que Panamá ($14,517). Por último, entre muchas otras incoherencias, EE. UU. sale como bastante corrupto entre los países desarrollados (67/100, posición 28 en el ranking de Transparency International), pero tiene una mayor renta per cápita que, según Transparency, el país menos corrupto del mundo (Dinamarca, 88/100).

Con respecto al segundo punto, el resto de la investigación pone a prueba la relación causa-efecto entre desarrollo y corrupción.

5.2 Un modelo de public choice de la corrupción: por qué la corrupción se disminuye a mayor riqueza

Puede haber una correlación entre riqueza (PIB per cápita) y corrupción. No obstante, propongo que la idea de que la corrupción se reduce como consecuencia del desarrollo económico es teóricamente más sólida. Las razones son las siguientes:

los salarios en el sector público aumentan, por lo cual la corrupción (incluyendo la corrupción legislativa y judicial) se vuelve más costosa;

existen más recursos económicos para implementar tecnologías, sistemas de redundancia y transparencia administrativa, y procedimientos burocráticos para reducir la corrupción;

el crecimiento económico crea «nuevos ricos», nuevas industrias y nuevas estructuras empresariales que, seguidamente, tienen intereses que son contrarios a los de incumbentes.

La corrupción se puede analizar desde un marco de costo-beneficio de la persona corrupta. Un acto corrupto genera beneficios para el corrupto, pero también incurre en costos. En su actuar, tanto los beneficios como los costos son inciertos. Por lo tanto, este juego de costo-beneficio es un juego de probabilidades. Aquí la escuela de public choice dice que la corrupción existe porque los beneficios de la corrupción son concentrados, mientras que los costos (no todos) suelen ser dispersos.

Por ejemplo, cuando un alcalde corrupto construye una calle, pagada con impuestos, que solo le sirve a él, porque conduce exclusivamente a su finca, el beneficio es completamente para él (y los que lleguen a su casa), mientras que el costo se divide entre todos los contribuyentes.

¿En qué consiste el beneficio que deriva un actor corrupto? El beneficio de la corrupción para él consiste en lo siguiente:

a) la aprobación de una legislación que genere rentas políticas;
b) el robo de dinero público para el enriquecimiento personal;
c) impedir que haya competencia para el vendedor de un producto o servicio o impedir que se realice una actividad que reduce las rentas del actor corrupto;
d) la recepción de sobornos por parte de un tercero que procura a, b, o c.

El beneficio de la corrupción solo se materializa cuando el acto corrupto sea exitoso. Como cualquier acción humana, no todas las acciones son exitosas. A veces, se sobreestima el beneficio desde el inicio, se subestiman los costos o simplemente no se logra realizar el beneficio. Por lo tanto, es «beneficio x probabilidad» que determina el beneficio en la ecuación costo-beneficio.

El costo de la corrupción consiste en lo siguiente:

a) la transferencia de recursos (usualmente dinero) que «pague» por la acción corrupta; y/o
b) la probabilidad de que sea detectada la corrupción y que existan consecuencias económicas o personales cuando se detecte.

Digamos que una legislación promete enriquecer, a costa de la población, a un tal Carlos por un monto de $1 millón. Imagínese, además, que haya 100 diputados y que Carlos tenga que «sobornar» 51 diputados para que se apruebe la legislación.

Si los diputados exigen un soborno de $20,000 cada uno, costaría $1,020,000 «comprarlos» y la corrupción le generaría una pérdida. En cambio, si los diputados exigen un soborno de $10,000 cada uno, le costaría $510,000 y la corrupción es claramente beneficiosa para Carlos. Sin embargo, si ahora digo que la probabilidad de que logre pasar la legislación sea 50/50, entonces ya no parece un negocio tan interesante. El beneficio de $1 millón, con 50% de probabilidad, valdría $500,000, menos de lo que cuestan los sobornos a los diputados ($510,000).

Aquí vemos que cuando aumentan los salarios de los funcionarios o diputados a sobornar, el costo de ser corrupto sube (por lo cual, a igualdad de beneficios, se reduce la corrupción). Cuando aumenta la probabilidad de que se detecte la corrupción, el costo de ser corrupto sube (y, así, se reduce la corrupción). Cuando aumentan las consecuencias (condenas, multas, etcétera) al momento de que se detecte la corrupción, el costo de ser corrupto también sube (y, así, se reduce la corrupción). Cuando existe más redundancia administrativa, tendré que sobornar a más personas y sube el costo de ser corrupto (y, así, se reduce la corrupción). Cuando existen muchos intereses (poderosos) en contra de tus intenciones corruptas, sube el costo de ser corrupto (podemos visualizar una especie de subasta donde diferentes intereses contrarios compiten por, por ejemplo, los mismos diputados, funcionarios o jueces; más peticiones o mayor demanda incrementa el «precio» de estos).

A todo esto, podemos ver que la relación causa-efecto de a mayor riqueza, menor corrupción tiene todo el sentido del mundo. En cambio, declarar una lucha contra la corrupción, sin tener los recursos necesarios, es como pedir a los hondureños que organicen los siguientes Juegos Olímpicos.

La hipótesis contraria («primero se reduce la corrupción después se desarrolla») debería de involucrar la «Grand Corruption», especialmente la captura regulatoria. La idea es que el agente público reciba dinero o sea parte de una estructura corrupta que impide la competencia en una dada industria. Sin embargo, la captura regulatoria, asumiendo corrupción por parte de los funcionarios públicos que la habilitan a favor de intereses especiales, simplemente es una cuestión de oferta y demanda. En el caso de la apertura del mercado cervecero, por ejemplo, un competidor extranjero (AB InBev) gastó dinero para que la cerveza fuera incluida en un tratado de libre comercio, así facultándose el acceso al mercado guatemalteco. En este caso, la captura regulatoria fue temporal, no permanente, y se derrumbó a raíz de esfuerzos oficiales y extraoficiales para acceder a unas ganancias latentes en la venta de cerveza. De este modo, si las ganancias son suficientemente altas (en muchos casos, si el guatemalteco percibe un ingreso suficientemente interesante), el «pago por acceso» es justamente eso: un «pago por acceso» que, según la disposición de los actores políticos, «se subastan» a diferentes intereses usualmente al precio más alto.

Las leyes electorales también pueden influir en el costo-beneficio de los operadores corruptos. Por ejemplo, a igualdad de circunstancias, cuantos más diputados requiere una decisión pública, más costoso sobornar una mayoría para que aprueben una ley. Sin embargo, esta investigación no se trata de esa ecuación que en el margen puede influir en el costo-beneficio de la corrupción.

También influye el nivel de descentralización en el costo-beneficio de la corrupción. Primero, una descentralización fiscal y administrativa reduce el potencial beneficio de la corrupción. Las compras de un Estado más pequeño serán más pequeñas y/o la renta que se pueda extraer de una población más pequeña es menor. A la vez, se supone que el costo de la corrupción no cambia significativamente con una descentralización. En otras palabras, la descentralización reduce el beneficio de ser corrupto, pero mantiene el costo de serlo igual, haciéndolo menos interesante. Segundo, la corrupción es más visible. Cuantos menos contribuyentes existen y menos el área que corresponde al gasto público, más obvio es que los contribuyentes pagan sin que reciban algo a cambio (anteriormente di el ejemplo de la lejanía de corruptos europarlamentarios de sus respectivos electorados). Es más sencillo «toparte» con estos contribuyentes, cuando el área política sea más pequeña. Además, es más fácil que tus propias decisiones te afecten a ti, como corrupto, porque es más probable que sufras las consecuencias de malas obras públicas, etcétera, cuando estas están en tu propia vecindad y el actor potencialmente corrupto no solo es gestor, sino también usuario.

En resumen, existen muchos motivos teóricos que respaldan la tesis de que los países primero se desarrollan y después reducen la corrupción, y no lo contrario.

5.3 Relación entre salarios de jueces y corrupción judicial

En la medida que un país se vuelve más «rico», todos los salarios —entre otros, de los jueces— suben. Esto hace que el costo de actos corruptos incremente y que la corrupción disminuya. De nuevo, la reducción de la corrupción es consecuencia de mayor desarrollo económico, no al revés.

Para mostrar la relación entre la corrupción (judicial) y los salarios de los jueces, uso datos de 45 países de la mano de Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) del 2018. En concreto, uso el salario de los jueces de primera instancia que están al inicio de su carrera judicial. Para la corrupción, uso los datos de la (ya criticada) «Índice de percepción de corrupción» del 2021.

Observamos una relación entre la corrupción y los salarios de los jueces. Cuanto mayor el salario de un juez, menor la corrupción judicial. Sin embargo, como veremos en la tabla de abajo, esta relación es entre los salarios absolutos y la corrupción, no los salarios relativos de los jueces (relativos al salario promedio del país).

Ahora bien, según muchos comentaristas en Guatemala, primero debemos erradicar la corrupción para que el país se desarrolle económicamente. Aquí tenemos evidencia (la corrupción judicial es una función de salarios de jueces) de que sea justamente lo contrario: un país primero se desarrolla económicamente, después es capaz de pagar mayores salarios (por ejemplo) a jueces, y esto hace que se reduzca la corrupción.

Por si acaso, decidí hacer una regresión lineal (OLS) con el puntaje (1-100) en el «Índice de percepción de corrupción» como variable dependiente y los salarios de los jueces como variable independiente. Elijo un modelo de regresión con errores estándares robustos por heterocedasticidad. Los resultados son los siguientes:

La relación entre el salario de los jueces de primera instancia y la percepción de corrupción es significante (a un nivel de >.99). Efectivamente, por cada $1,000 dólares adicionales al mes, existe una mejora de 4.5 puntos (siempre sobre 100) en el «Índice de percepción de corrupción».

De hecho, el caso de México aquí es muy ilustrativo. Cito a Sánchez Nassif (2019):

Nuestra tesis es que a medida que el salario del juez es mayor, su precio por inaplicar la ley aumenta, lo que trae como consecuencia una caída en la oferta y demanda de la corrupción. Sin embargo, nos encontramos ante el caso mexicano, un país que, pese a que sus Magistrados ganan hasta veintiséis mil dólares mensuales, es considerado como uno de los tres países más corruptos de Latinoamérica (…). [Sin embargo], como vemos, la corrupción en México es inmensa, la más grande en todos los sectores del continente latinoamericano, salvo sus tribunales. De hecho, la corrupción judicial en México es tan baja como la de Costa Rica (que era menos corrupta que España) o Uruguay, el país menos corrupto de la región (….). El salario de los jueces afectó considerablemente los índices de corrupción judicial del país. (p. 64-65)

Con datos más específicos de los sobornos pagados en los 12 meses anteriores por servicio del Gobierno, podemos ver qué tan corrupto es cada dependencia del Estado (sigamos con el mismo problema que esta corrupción sigue siendo la de escala pequeña o corrupción insignificante).

Los datos de la CEPEJ no incluyen los salarios de los jueces guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos u hondureños. Los recopilé y los muestro a continuación:

En este caso, vemos que en términos generales se mantiene la relación «mayor salario de jueces, menos corrupción». En términos absolutos, los jueces mexicanos son los que más ganan. Un juez hondureño gana un cuarto de lo que gana un juez mexicano. La corrupción en el organismo judicial en Honduras es endémica, en México es relativamente baja.

También vemos que el salario relativo no hace mucha diferencia: los jueces salvadoreños, relativamente poco corruptos según esta medición, ganan más de 7 veces que el salvadoreño promedio, es decir, el juez salvadoreño gana en términos relativos dos veces más que el juez mexicano. Sin embargo, los resultados no cambian mucho.

Los salarios (de jueces) deben subir porque aumenta la productividad, no porque subimos unilateralmente los salarios de jueces

A la vez, Guatemala es uno de los países de la región que más gasta en justicia (en comparación a su PIB), pero tiene problemas en cuanto a la capacidad judicial. Hay una repetida queja de que no hay suficientes jueces. Esto no es por casualidad. Gran parte del presupuesto del Organismo Judicial es absorbido por los relativamente altos salarios de los jueces guatemaltecos; si un juez guatemalteco gana 6 veces de lo que gana un guatemalteco promedio (en lugar de, por ejemplo, 4 veces en caso de un juez mexicano), podemos contratar 33% menos jueces en Guatemala con el mismo gasto relativo sobre PIB que México.

De esta forma, toda esta discusión de riqueza, salarios y corrupción nos puede llevar a una idea muy errónea. No significa que simple y sencillamente subimos los sueldos a todos los jueces, diputados, (vice)ministros y funcionarios públicos, y que así erradicamos la corrupción. Si todo fuera tan simple, la solución la implantaríamos mañana y no haría falta ninguna donación más en la «lucha contra la corrupción». En otras palabras, no existe ninguna evidencia de que los países «no corruptos» empezaron a pagar salarios (relativamente) exorbitantes a los jueces para reducir la corrupción y poder desarrollarse.

Cuando se suben estos salarios de forma unilateral, sin que hayan aumentado los salarios en el sector privado y la productividad en el país, se distorsiona de una forma desastrosa una economía. Por un lado, el mercado laboral se distorsiona porque el sector público, el sector «no productivo», empieza a ser mucho más atractivos para los trabajadores. Por otro lado, para pagar mayores salarios a los funcionarios públicos, uno tiene que extraer más recursos de las manos de los ciudadanos, es decir, el sector privado.

Cuando la productividad en el país no ha aumentado, significa que los salarios del sector público suben a costillas del sector privado; una mayor extracción de dinero del sector privado, a través de impuestos, deja menos dinero para la inversión privada. Netamente, no solo no se incrementaría el salario en el sector público, sino se reduce directamente el salario en el sector privado. Esto no solo daña la inversión, pero además vuelve un puesto de trabajo en el sector público, en términos relativos, aún más atractivo. Puesto de otra forma, si mañana decidimos pagar a los jueces guatemaltecos un salario de un juez holandés, solo podemos mantener la mitad de los jueces en planilla con el mismo presupuesto. Un exceso de salarios para jueces, en términos relativos, tiende a causar problemas de capacidad judicial.
En otras palabras, un país tiene que volverse más rico para pagar más a los jueces sin efectos secundarios nefastos que puedan perjudicar este desarrollo económico.

Estos aumentos salariales deben ser naturales y en función de un incremento salarial en todo el país. Es precisamente por esta razón que la corrupción suele disminuirse cuando un país se desarrolla económicamente, es decir, la prosperidad reduce la corrupción: la ausencia de corrupción no crea prosperidad en sí.

En este sentido, existe un balance delicado entre pagar un mayor salario por juez (jueces menos corruptos) y tener menos jueces (menor capacidad judicial) y pagar un menor salario (jueces más corruptos) y tener más jueces (mayor capacidad judicial). El mismo principio aplica a otros funcionarios públicos: podemos pagar un mayor salario a los policías para que reduzca la corrupción policial y, como consecuencia, tener menos policías, o un menor salario y tener más policías en la calle. Nos lleva al mismo punto inicial: la solución no es tan simple como un simple aumento salarial de funcionarios públicos. Se trata, más bien, de buscar formas de aumentar todos los salarios en el país, a través de más ahorro e inversión, para que también aumenten los salarios de los funcionarios públicos, como jueces y policías.

5.4 Evidencia que los países primero se vuelven ricos y después reducen la corrupción (y no al revés)

La observación empírica es simple, pero potencialmente engañosa: muchos países «ricos» del Occidente tienen menores indicios de corrupción que países pobres, es decir, existe una correlación entre «riqueza» y «corrupción». Sin embargo, como he mencionado, esto no muestra una relación causa-efecto.

Propongo que los países primero se desarrollan y después reducen la corrupción. En cambio, la narrativa dominante en Guatemala es que primero tenemos que erradicar la corrupción para que el país se desarrolle.

5.4.1 Países en desarrollo: corrupción y desarrollo en el mundo

Para analizar en más detalle por dónde anda la causalidad, decidí excluir a los países que hoy por hoy ya son ricos (y ya cuentan con indicios bajos de corrupción) y enfocarme en el diferencial de crecimiento económico de países en vías de desarrollo. He hecho una selección de países con base en los siguientes criterios:

Promedio de crecimiento (real) del PIB de más de 5% (dos puntos porcentuales por encima del promedio de Guatemala)

Países sin ingresos significantes por petróleo (los ingresos petroleros representan menos de 1.5% del PIB en todos los países seleccionados)

Países que eran más pobres que Guatemala en el 1990 (con la excepción de Polonia y Botsuana, sí considerados países pobres en el 1990)

Es importante resaltar que los «pares» seleccionados consisten en países donde el Gobierno típicamente gasta entre 20 y 30 por ciento del PIB, aproximadamente el doble del gasto público en Guatemala.

En otras palabras, si el mal uso de fondos públicos en Guatemala fuera doble de lo que es en países como Albania, aún representaría una menor fracción de la economía guatemalteca. O sea, si consideramos esta corrupción como un impuesto, el «impuesto de la corrupción» que paga la ciudadanía sería relativamente bajo en Guatemala en comparación a sus pares.

Asimismo, los países seleccionados son Indonesia, Vietnam, Kosovo, Serbia, Armenia, China, Botsuana, República Dominicana y Polonia. Estos países representan cinco continentes, es decir, existe una diversidad geográfica y cultural en esta muestra.

A continuación, veremos los niveles de corrupción, medida como una tasa general de soborno, de estos países en comparación con Guatemala.

Vemos que Guatemala aquí está lejos de ser el país más corrupto de la lista: Albania, Vietnam, Rep. Dominicana y Armenia son más corruptos que Guatemala, pero sus economías crecen mucho más rápido. Indonesia, Serbia y China son prácticamente igual de corruptos que Guatemala, pero crecen a un ritmo muy superior al de Guatemala.

De los 10 países con un mucho mejor desempeño económico que Guatemala, 7 son más corruptos que Guatemala, al menos según la tasa de soborno reportada por las poblaciones en cada uno de ellos.

Esta corrupción bien puede ser al nivel micro (lo que denominamos petty corruption, típicamente de funcionario a ciudadano), pero también podemos considerar la percepción de los ciudadanos sobre el impacto de la corrupción sobre la política. Esta última, ya representaría un reflejo muy crudo de la corrupción a niveles altos, por ejemplo, la corrupción legislativa.

Aquí los resultados son aún más sorprendentes: Guatemala, de los 10 países, es el tercer país menos corrupto²³. Recordemos que, de los demás países en esta selección, todos tienen un desempeño económico muy superior al de Guatemala. Solo Vietnam, 1 de los 10, parece ser considerablemente menos corrupto (y con un crecimiento económico muy superior) que Guatemala (2.4 en lugar de 3.2 sobre 4).

Aquí, podemos dejar tres cosas muy claras:

Guatemala no es el único país con problemas de corrupción (como muestra la tasa de sobornos); de hecho, otra vez, es lejos de ser el peor país, incluso en nuestra selección de países con (mucho) mejor desempeño económico.
Guatemala no es el único país en vías de desarrollo donde la política (partidos políticos, Congreso, etcétera) se ve afectada por la corrupción. De hecho, Guatemala, lejos de ser una excepción, es parte de la regla. Además, parece que hay países con problemas más graves que Guatemala, pero con un mucho mejor desempeño económico sostenido.
Los demás países, igual o incluso más corruptos que Guatemala, crecen sus economías a un ritmo muy superior al guatemalteco. Recordemos que crecen a un ritmo de 5% o más al año, mientras Guatemala apenas ha crecido a 3% en la última década.

En otras palabras, pongo la relación entre crecimiento económico (desarrollo) y corrupción en duda: he tratado de evidenciar que la relación causa-efecto corre por el lado contrario de lo que generalmente se asume: un país que se desarrolla económicamente luego reduce la corrupción, no al revés. En lugar de comparar la corrupción en países con altos y bajos niveles de ingresos, comparo la corrupción en países en vías de desarrollo con altas y bajas tasas de crecimiento. Pareciera que países como Polonia están en una buena posición para llegar a ser países económicamente desarrollados en las próximas décadas, a pesar de la corrupción.

Además, veremos que existe más evidencia en la forma de casos de estudio de varios países concretos (China, EE. UU., Corea del Sur y los Países Bajos). En ninguno de estos, se erradicó la corrupción antes del desarrollo económico.

5.4.2 ¿Qué tan corruptos eran los países hoy considerados ricos y «no corruptos»?

Primero, dividir el mundo en dos (típicamente países del Occidente «no corruptos» y países pobres «corruptos») nos da la ilusión de que los países hoy «no corruptos» siempre han sido «no corruptos». Veamos que (i) estos mismos países han sido sumamente corruptos durante sus etapas de desarrollo y que (ii) se pueda defender el caso de que la corrupción todavía ocurre con frecuencia incluso en estos países, aunque de una forma menos descarada y con más tacto.

De hecho, en esta parte de la investigación, vale la pena citar a McCloskey (2015) cuando hace referencia al «gran enriquecimiento» (de 1800 hasta la fecha), durante el cual, por primera vez en la historia de la humanidad, vimos enormes incrementos de la riqueza en determinadas partes del mundo, como los Países Bajos, Inglaterra y posteriormente Estados Unidos:

Más allá de la injusticia y la ineficiencia, ¿es la corrupción mala para el crecimiento económico? (…) El asombroso enriquecimiento de las mejoras producidas por el libre comercio desde 1800 ha elevado el nivel de vida absoluto de las personas comunes no por 5% o incluso por el, digamos, 25% que se podría lograr de inmediato, eliminando la ineficiencia de la corrupción o el desvío de fondos públicos, como los estudios de diversas ONG sobre el gasto del Estado muestran, sino por un 3000%.

Hasta 1800, los seres humanos se tambaleaban a $3 por día, medido en precios actuales. Los afganos [y guatemaltecos] hasta el día de hoy ganan menos. Sin embargo, a estas alturas, un japonés o estadounidense produce, gana y consume entre $90 y $130 dólares al día. El «Gran Enriquecimiento» le sucedió a Gran Bretaña bajo la «antigua corrupción», a los EE. UU. bajo el sistema de botín, a Hong Kong bajo todo tipo de negocios de propiedad turbios. (…) Lo que más importa es si [la corrupción] frena el Gran Enriquecimiento. En Chicago en 1890, no fue así. (p. 4)

A continuación, veremos la evidencia (cualitativa) de los altos indicios de corrupción durante su desarrollo económico en dos países, Países Bajos y Estados Unidos, que formaron parte del «Gran Enriquecimiento» de McCloskey.

Corrupción en Países Bajos

Después de que Napoleón acabó con la República neerlandesa, se instaló una monarquía parlamentaria que sigue hasta el día de hoy. Antes y después, según los criterios morales modernos, los Países Bajos era un país repleto de corrupción (y, aun así, se volvió uno de los países más ricos y, según Transparency International, «menos corruptos» del mundo). De hecho, la famosa novela Max Havelaar (de 1860) en realidad era un libro sobre la corrupción sistémica en los Países Bajos y sus colonias. Tanto oficiales del Estado como empresarios estaban frecuentemente involucrados en casos de corrupción. Cuando se reportaron casos de corrupción, estos, en muchos casos, fueron simplemente ignorados por los superiores. Wertheim (1961) explica que existía una gran variedad de corrupción en Países Bajos: desde
sobornos hasta nepotismo, abuso de poder, influencia ilícita y tráfico de favores. Además, las industrias de azúcar, café y especies eran cuasimonopolios, a través del «Sistema de cultivos», y las ganancias fueron repartidas entre intereses particulares y proyectos de infraestructura. La adquisición de la tierra fue completamente regulada por gobernantes corruptos. Incluso el modelo de concesiones estatales, susceptibles a favoritismo, era común.

Como explica Kroeze (2021):

En el caso de Holanda, Mary Lindeman ha señalado el gran número de textos sobre la corrupción de la República Holandesa que datan de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX [el periodo en el cual Holanda se hizo rico], varios de ellos escritos por destacados historiadores holandeses como Robert Fruin y Pieter Geyl. Estos historiadores enfatizaron el uso de clientelismo y estructuras de poder «oligárquicas» (una oligarquía es un gobierno aristocrático corrupto según la filosofía política clásica), la venta de cargos públicos y los famosos «contratos de correspondencia» que servían para dividir y asegurar cargos públicos entre las familias más prominentes de la República. (p. 179)

Eran movimientos reformistas liberales (sí, no estatistas) que hasta finales del siglo IXX empezaron a exigir más oportunidades para la libre empresa; ya que el Estado todavía controlaba bastante el sector empresarial, con favoritismo, patronaje y nepotismo como regla y no como excepción. Sin embargo, incluso estas reformas liberales fueron bastante graduales. Lo que queda claro, según Kroeze (2021), es que «lo público y lo privado, los negocios y el Estado, los intereses económicos y políticos, se traslapaban, ni siquiera como consecuencia secundaria, sino de una forma abierta e intencional» (p. 186). Hasta en el transcurso del siglo XX, cuando Holanda ya era uno de los países más prósperos del planeta, se empezaron a hacer reformas más profundas e introducir leyes de administración pública. Sin embargo, esto no paró la corrupción: más bien, como muestra el mismo Kroeze, la corrupción empieza a acompañar choques ideológicos.

Kerkhoff (2013) está de acuerdo con este diagnóstico: «El lucro personal de cargos políticos no era inusual y era, en efecto, ampliamente aceptado» (p. 90) Según Kerkhoff et al. (2020), la historia de la corrupción en los Países Bajos no era una historia de «incidentes», sino un fenómeno regular. En toda su historia, muchas formas de corrupción fueron toleradas, frecuentemente como resultado de circunstancias políticas y administrativas. Es más, la democracia moderna que nace en 1848 con una nueva constitución no impide que haya un gran número de escándalos de corrupción. Muchos nombres prominentes han sido sujeto de debates sobre la corrupción, entre ellos, Guillermo V, ministro Van Maanen, y Thorbecke (político neerlandés y autor de la reforma constitucional de 1848). Frecuentemente, la administración de las colonias y las acciones de comerciantes y empresarios industriales también han sido motivo de debate intenso sobre la corrupción en la política holandesa.

Más importante para nuestros propósitos, Kerkhoff et al. (2020) afirman que lo que percibimos como corrupción, tal cual como la moralidad en general, cambia continuamente. A pesar de que muchos estudios y ONG anticorrupción declaran, al contrario, que existe una definición inmutable, universal y atemporal de corrupción, la definición de corrupción ha sido sujeto a frecuentes cambios a lo largo de la
historia. El supuesto que la corrupción en los Países Bajos, como muchos países similares (por ejemplo, Reino Unido), son incidentes aislados, es una afirmación injusta.

Al final, esto lleva a Kroeze (2021) a las siguientes conclusiones:

Para comprender mejor la persistencia de la corrupción en las sociedades modernas, desde una metaperspectiva, la historia europea ha señalado algunos supuestos y falsos mitos que subyacen a las ideas sobre la modernidad, como la naturaleza problemática del concepto de progreso (como algo lineal), así como las diferentes comprensiones de la “modernidad” y la imposibilidad de separar completamente lo público y lo privado, o de alcanzar la situación ideal de una sociedad moderna libre de corrupción. Además, desde una perspectiva a nivel macro, la implementación de instituciones modernas supuestamente “buenas” y “justas” —como el gobierno burocrático impersonal y racional— ha tenido consecuencias paradójicas, ya que también fueron un caldo de cultivo para nuevas formas de corrupción, por ejemplo, la corrupción burocrática. Desde una perspectiva a nivel micro, las ideas anteriores están respaldadas por una gran cantidad de escándalos y casos de abuso del poder público que han sido ubicados por historiadores, lo que nuevamente falsifica la idea de que la corrupción ha sido únicamente un problema para las primeras sociedades modernas, o incidentalmente en la historia moderna y contemporánea. Enfatizar la persistencia de la corrupción no debe confundirse con la negación del cambio y la diferencia en la historia —ciertas formas de corrupción sí desaparecieron—, sino sensibilizarnos sobre el hecho de que no existe una relación automática entre menos corrupción y la era moderna. (pp. 188-189)

A esto podemos sumar casos de corrupción más recientes, como el «escándalo Lockheed». El príncipe Bernardo, esposo de la reina Beatriz, recibió más de un millón de dólares para asegurar que los aviones de Lockheed ganaran la licitación para la compra de unos nuevos aviones militares. Este escándalo llegó a un clímax cuando la reina Juliana amenazó con abdicar para proteger a Bernardo de persecución penal. Bernardo quedó impune.

Otro ejemplo es el caso reciente de compras de mascarillas por €100 millones de euros durante la pandemia por parte de Sywert van Lienden. Van Lienden pretendía que la compra era un acto de caridad, y la venta fue realizada desde una organización sin ánimo de lucro, pero más de €20 millones fueron luego transferidos a una sociedad anónima y terminaron en enriquecimiento personal e ilícito de Van Lienden y dos socios. En cuanto a magnitud, teniendo en cuenta que la población neerlandesa es aproximadamente igual a la población guatemalteca, involucra un monto superior a los sobornos pagados por parte de Odebrecht a funcionarios guatemaltecos ($17.9 millones).

En resumen, la corrupción siempre ha estado presente en los Países Bajos, desde el nacimiento de la República hasta la modernidad. Esta corrupción frecuentemente ha sido endémica y, aunque haya cambiado de forma, el mensaje principal es que los Países Bajos se desarrollaron (es decir, pasó de ser un país pobre a ser un país rico) a pesar de la corrupción sistémica.

Corrupción en EE. UU. (particularmente Nueva York)

No solo históricamente, sino también recientemente, hay un sinfín de ejemplos de todo tipo de corrupción en EE. UU. Empezaré con las etapas de mayor crecimiento económico en EE. UU. y termino con un caso más reciente.

Es imposible tratar todos los casos a lo largo de la historia americana; sin embargo, esta sección sirve como un resumen general.

Abundan los ejemplos de petty corruption en EE. UU. Aunque hoy día sea más difícil sobornar a un policía, en parte porque los policías ganan más que en Guatemala, porque existen mecanismos de monitoreo y retroalimentación del usuario y porque las consecuencias para un oficial corrupto son más graves, no significa que no haya corrupción. Por ejemplo, en el 2016 hubo un caso de corrupción que identificó a
policías en Nueva York que vendían, por unos $6,000 dólares, licencias para portar armas. Estas licencias eran relativamente difíciles de conseguir por vía legal, por lo cual se produjo una estructura criminal que, a cambio de dinero, vendía estas licencias a personas que no la conseguían legalmente²⁴.

Sin embargo, los ejemplos de corrupción de alto nivel (corrupción legislativa y corrupción judicial) también son abundantes. De hecho, existe un término que solo se emplea en EE. UU. por su larga trayectoria en este tipo de corrupción: pork barrel politics («barril de tocino político»). Esto se refiere a la práctica de políticos de intercambiar favores políticos con grupos de interés para asegurar apoyo electoral (votos o financiamiento). Entre 1991 y 2014, se gastó más de $30,000 millones en 111,702 proyectos de esta naturaleza, con ejemplos como el puente de la isla Gravina en Alaska. Esta práctica no es nueva: Abraham Lincoln, por ejemplo, traficaba licitaciones con empresarios del norte para recibir, a cambio, apoyo en su campaña electoral.

Además, aquí el caso de Nueva York es instrumental. Nueva York ha sido, durante mucho tiempo, de las ciudades más prósperas del país, presumiendo niveles de ingresos muy superiores a otras regiones y ciudades, presuntamente menos corruptas. El Gobierno de Nueva York, en los siglos XIX y XX, fue en gran parte controlado por Tammany Hall, una organización política. Como escribe Baida (1986)²⁵:

La historia de la corrupción en la ciudad de Nueva York es la historia de la élite que se organizó y se benefició de esa corrupción, pero es más que eso. Es la historia de los contratistas que se han enriquecido con sus arreglos con los patrones, pero es más que eso. Al final, es la historia de la gente de la ciudad de Nueva York, encogiéndose de hombros, vendiendo sus votos, ocupándose de sus asuntos. Es la historia de la democracia en Estados Unidos. (p. 1)

La Sociedad de St Tammany (1786-1967) tenía un control casi continuo sobre la política neoyorquina. Fue fundada por un comerciante de muebles con el nombre William Mooney a finales del siglo XVIII. Como escribe Baida (1986), «Una historia de corrupción política en Nueva York no es lo mismo que una historia de Tammany, pero Tammany juega un papel tan grande que bien podríamos empezar con ella»
(p. 1).

A través del control municipal, Tammany era infame por traficar favores, con una amplia lista de evidencia de esta élite política local. Como explica Baida (1986):

La «máquina» de Tammany podría repartir golosinas más escasas (contratos y concesiones exclusivas) para ganar el apoyo de poderosos intereses comerciales.

Por ejemplo, la ciudad controlaba distintas valiosas concesiones de agua: derechos para construir muelles y bodegas a lo largo del East River. Durante el régimen de Tweed [el «jefe» Tweed, político demócrata parte de la Sociedad de Tammany], los miembros de algunas de las familias más prominentes de Nueva York, familias con nombres como Astor, Goelet y Delano, recibieron subvenciones de agua a precios muy por debajo de su valor de mercado. A medida que aumentaba la presión sobre Tweed, se nombró un comité especial encabezado por John Jacob Astor III para examinar los libros contables del contralor Connolly. El día anterior a las elecciones de 1871, el comité publicó su informe, felicitando al contralor por su administración «fiel y correcta» de las finanzas de la ciudad.

Las concesiones de agua no eran el único premio que Tammany podía ofrecer a los empresarios de la ciudad. Las franquicias para construir tranvías también estaban disponibles, por un precio. A mediados de la década de 1880, la Broadway Railroad Company ofreció a la Junta de Concejales 750,000 dólares, la mitad en efectivo y la otra mitad en bonos, a cambio de la concesión para construir un ferrocarril en Broadway. Una empresa rival ofreció 500,000 dólares, todo en efectivo, y obtuvo el contrato. La Junta de Concejales que aprobó esta transacción pasó a ser conocida como la «Junta de Sobornos [Boodle]». Al final, tres miembros de la junta se volvieron colaboradores eficaces, seis huyeron a Canadá y diez fueron acusados, aunque nunca fueron llevados a juicio. (p. 4)

Fiorello La Guardia, un rival político de los Tammany, una vez dijo que un político de Tammany que puede permitirse y arriesgarse una revisión de su cuenta bancaria personal es como un unicornio. De hecho, cuando bajo la iniciativa de Franklin D. Roosevelt (el gobernador de Nueva York que acaba siendo presidente) empezó una examinación de la conducta presuntamente corrupta del alcalde y los magistrados de las instancias de justicia más altas de la ciudad, se terminan investigando las cuentas bancarias de varios miembros de los Tammany. Efectivamente, tenían mucho más dinero de lo que justificaban sus salarios, es decir, habían lucrado de la corrupción. El alcalde, Walker, termina renunciando en 1932 y llevando a su amante a un viaje por Europa. Sin embargo, este no era el fin de la corrupción neoyorquina.

En otras palabras, durante prácticamente dos siglos, la Sociedad de Tammany era el núcleo de la corrupción neoyorquina. Sin embargo, durante ese tiempo, Nueva York se ha vuelto uno de los lugares más prósperos del planeta. Mientras en 1774 un neoyorquino ya ganaba el equivalente de $13.85 dólares al día, más que sus pares en el Reino Unido ($12) y aún más que los franceses, hoy día el mismo neoyorquino gana en promedio $35.65 por hora o $285 por día, más de 20 veces más.

Pero si la ciudad de Nueva York ha sido tan infamemente corrupta, ¿por qué entonces ha sido uno de los lugares más prósperos no solo en el mundo, sino incluso dentro de los Estados Unidos? Aquí vemos por qué. Aunque la corrupción era endémica y, ocasionalmente, económicamente ineficiente, no era lo que mantuvo Nueva York hundida en pobreza: aunque es cierto que la historia de Nueva York es una historia de corrupción, también es una historia de ahorro, inversión y empresarialidad.

Ahora bien, incluso en la modernidad la corrupción en EE. UU. es infame. En tiempos recientes, por ejemplo, el senador Nathaniel Oaks fue condenado a más de 3 años en prisión por un caso de corrupción legislativa que involucraba el pago de sobornos en Maryland. Oaks promovió legislación para conseguir financiamiento estatal para un proyecto de desarrollo inmobiliario en cambio a un soborno; también confesó haber cometido varios actos de tráfico de influencia. Esto sería un ejemplo de bastante magnitud y, además, reciente de Grand Corruption.

De nuevo, a pesar de la corrupción, los Estados Unidos y Nueva York se desarrollaron económicamente para solo, posteriormente, reducir (pero no eliminar) la corrupción. La corrupción —sistémica, de alto nivel, legislativa, judicial— no fue un impedimento para el crecimiento económico neoyorquino y americano.

5.4.3 Estados «más corruptos» pero ricos o «menos corruptos» pero pobres en EE. UU.

No solo tenemos evidencia anecdótica. En efecto, si comparamos el nivel de corrupción en las legislaturas, según muestras de observadores políticos (que pasan prácticamente todos los días dentro de ellas) de cada estado en EE. UU. en 1999 y del ingreso por hogar de cada estado 20 años después (en el 2020), vemos que no existe relación alguna entre los niveles de corrupción y el posterior desempeño
económico de cada estado. Además, es de notar que este indicador es de corrupción de alto nivel, especialmente la captura regulatoria, y no de corrupción insignificante (petty corruption).

Puesto de otra forma: imagínense que en 1999 le daría una lista de los estados más corruptos de EE. UU., rankeados de 1 a 47. Después, le reto a una apuesta sobre cuáles estados serán los más ricos y los más pobres en los próximos 20 años.

Si hubiera basado sus apuestas en la lista de estados corruptos (legislaturas corruptas), no acertaría ninguna. En otras palabras, no hay relación entre la corrupción y el desarrollo económico dentro de los EE. UU.

Parece irónico que la vicepresidente de EE. UU., Kamala Harris, quien decía que la corrupción era la causa raíz de la migración porque la corrupción causa pobreza, no ha tomado un momento para ver la evidencia de su propio país: no existe ninguna correlación entre corrupción de alto nivel (corrupción legislativa) e ingreso mediano en EE. UU. Maryland es ejemplar, siendo uno de los estados más corruptos, además de ser uno de los más ricos. Es más, tampoco hay evidencia que la corrupción
legislativa dentro de los estados causa movimientos migratorios hacia otros estados, otro tema recurrente instigado por el Departamento de Estado.

5.4.4 El diagnóstico equivocado: desarrollo, corrupción, élites y cuidadanía

La literatura sobre anticorrupción, promovida en gran parte por la misma ayuda externa neocolonialista de la moralista «lucha internacional contra la corrupción», afirma que los países son más vulnerables a la corrupción cuando:

la élite que gobierna es pequeña;
la participación popular en la política es baja²⁶;
la carencia de un Gobierno «fuerte» con una burocracia profesional (es decir, faltan funcionarios bien capacitados quienes usualmente son bien renumerados, siguen a reglas estandardizadas, y hacen carrera profesional, es decir, no dependen de ciclos electorales)²⁷.

Esta narrativa viene impulsada por intelectuales de países desarrollados que ya se desarrollaron en el pasado. En una gran ironía, muchos países que hoy día son ricos eran precisamente como la literatura de anticorrupción hoy describiría la «receta para el fracaso»: tenían una élite pequeña, tenía poca participación política popular y no tenían una burocracia profesional ni leyes de administración pública.

Los ejemplos, tanto recientes como más antiguos, abundan:

Esta selección no exhaustiva muestra que se debe poner en duda la literatura moderna sobre el «Estado débil» y la anticorrupción. Estos países pasaron de ser pobres a ser ricos, a pesar de que su desarrollo fue caracterizado cabalmente por tener una (a) élite pequeña, (b) baja participación popular en la política y (c)
una carencia de una administración burocrática estandardizada y profesional (de carrera).

Algunos tuvieron muchos problemas de corrupción (China²⁸, Corea del Sur), mientras otros tuvieron menos problemas de corrupción (Países Bajos, Singapur). En todo caso, el diagnóstico neocolonialista es erróneo y, como consecuencia, la ayuda externa (canalizada a través de las ONG) está mal apuntada.

De hecho, propongo que el caso de los Países Bajos es instructivo porque difiere por completo de la caracterización «oficial» que describí arriba. Kroeze (2018) describe el caso holandés:

El caso holandés presenta una paradoja porque se caracterizó por una democratización lenta y el dominio continuo de grupos de élite, clientelismo y una burocratización relativamente tardía, características que, paradójicamente, contribuyeron al control de la corrupción a su manera. La República de los Países Bajos carecía de un Estado fuerte, mientras que se defendían los ideales republicanos basados en legitimidad local en contra del creciente absolutismo y la centralización del Estado. La República descentralizada dependía de cincuenta pueblos y ciudades que redactaron a las carreras una política general, una anomalía en ese momento. La República tenía pocos funcionarios públicos pagados a nivel nacional y local y la administración estaba dominada por redes de patronazgo difusas, si bien relacionadas, que se extendían a través de un mosaico de jurisdicciones, cada una con sus propios estatutos «antiguos» basados en un «common law» local.

Mientras tanto, el Gobierno local estaba a cargo de funcionarios que a menudo eran empresarios que servían a sus intereses privados, familiares, de la ciudad, de la provincia y, durante los asuntos internacionales, nacionales. Se esperaba que pagaran los costos públicos de su propio bolsillo durante un apuro financiero y, por lo tanto, tenían una motivación adicional para relativizar la distinción entre fuentes de ingresos públicas y privadas. Además, había innumerables «ciudadanos-funcionarios» (burgers-ambtenaren), tanto de alto rango como de bajo rango, desde jueces hasta supervisores escolares y vigilantes de diques, que hacían su trabajo con poca o ninguna remuneración. La República de los Países Bajos, podría decirse, estaba llena de funcionarios de todos los niveles, pero muy pocos de ellos eran empleados asalariados. Por lo tanto, la mayoría de los administradores de la República poseían pocos de los criterios del burócrata weberiano. (p. 219)

Continúa Kroeze (2018):

En el siglo XIX, el Estado centralizado emergente pasó a emplear burócratas asalariados, pero siguió siendo, en contraste con otros Estados de Europa continental, relativamente pequeño (solo varios cientos trabajaban en La Haya en 1850). Además, los salarios de los administradores se determinaban caso por caso. Y, aunque un número cada vez mayor de funcionarios poseía un título universitario en derecho, los nombramientos seguían siendo una cuestión de privilegio real y de pertenencia a familias calificadas. Hasta finales del siglo XIX, el servicio civil holandés era dominio de la alta burguesía, parientes de las mismas familias que habían administrado la República, que consideraban déclassé [rebajados] los salarios y las reglas estandarizados. Parte de este ethos burgués era la noción de que un funcionario no debería depender financieramente de los ingresos del Estado, que el puesto era muy apreciado y que los valores burgueses como la modestia, la confiabilidad, la honestidad y la honradez deberían ser defendidos. A nivel local, la remuneración seguía siendo baja para la mayoría de los puestos y el Estado seguía asignando tareas como la ayuda a los pobres o la caridad al sector privado, sobre todo a las iglesias. Solo después de 1880, el número de funcionarios públicos aumentó drásticamente, la estandarización se volvió la norma, y se empieza a adoptar el ideal burocrático (hasta cierto punto). Sin embargo, todavía tomó otro medio siglo antes de que los nombramientos y la permanencia en el cargo estuvieran completamente codificados. Si el Gobierno holandés de finales del siglo XIX era relativamente incorrupto, su secreto no residía en el tamaño y la influencia de una gran burocracia central, sino en un Estado relativamente pequeño y una élite gobernante oligárquica. (p. 220)

Al contrario, el origen de la corrupción, por lo mismo, se debe buscar en la falta de descentralización del poder en Guatemala (y en Latinoamérica en general). La «descentralización» política y fiscal se refiere a reservar la toma de decisión a una unidad política relativamente pequeña o a un nivel más local (en los Países Bajos, las 52 ciudades). En este sentido, la descentralización se refiere tanto a la decisión de cómo gastar los impuestos recaudados (gasto) como la forma de recaudar impuestos (financiamiento)²⁹.

Aunque esta investigación se enfoca en la corrupción y no en las ventajas de la descentralización, podemos hacer algunas afirmaciones con base en la teoría del public choice:

Si la corrupción en una unidad política impide inversiones, habrá incentivos a que otras unidades políticas sí las permiten. Consecuentemente, las unidades menos corruptas ofrecerán las mejores condiciones para sus residentes.

Si la corrupción de una unidad política sube el costo de hacer negocios, los negocios se irían (a igual de circunstancias) a otras unidades políticas. Consecuentemente, las unidades menos corruptas ofrecerán mejores condiciones para empresas y residentes.

Si la corrupción de una unidad política sube el costo de los servicios estatales, tendrá que cobrar mayores impuestos. Consecuentemente, las unidades menos corruptas tendrían una presión fiscal más baja y serían más atractivas para residentes y empresas.

Si la unidad política es suficientemente pequeña, sus gobernantes tendrán que usar los mismos recursos públicos que los gobernados. De esta forma, internalizará mejor el costo de sus políticas públicas y, a igualdad de circunstancias, mejorará la calidad de las decisiones públicas.

(Paradójicamente, si en esta lista reemplazamos la palabra «corrupción» por «ineficiencia», las conclusiones siguen siendo válidas. Desde un punto de vista económico, no importa que si el desperdicio es a causa de incompetencia o maldad).

La idea básica es esta: el votante es muy malo en escoger las políticas públicas ganadoras, pero bueno en escoger el lugar «ideal» para vivir. El votante vota con los pies. Esto ejerce presión sobre la administración pública, porque cada residente representa un ingreso fiscal. En resumen, la competencia entre jurisdicciones pequeñas reduciría la corrupción (y aumentaría el bienestar de la población).

6. La corrupción no es lo que impide el desarrollo económico de Guatemala

6.1 Falta de ahorro y la paradoja del conflicto interno de Guatemala

Si la corrupción no es la causa de la pobreza en Guatemala, ¿cuál sí es la causa del subdesarrollo del país?

Guatemala es pobre porque hay poco ahorro y, por lo tanto, poca inversión.

La tasa de ahorro del país es la siguiente:

Sin embargo, el típico argumento es que los guatemaltecos perciben un ingreso tan bajo que no tienen capacidad de ahorrar. Además de que otros países muestran la falacia de este argumento (en su momento igual de pobres que Guatemala y con tasas de ahorro envidiables), los propios guatemaltecos ahorraban mucho más hasta en un pasado reciente. Esto muestra que la falta de ahorro en sí no es cuestión de capacidad, sino de otros factores. Más importante aún para esta investigación: es difícil sostener que ese «otro factor» sea la corrupción. Es difícil sostener que Guatemala era un país menos corrupto de 1980 a 2000 (con una tasa de ahorro de 10%) que de 2000 a 2020 (tasa de ahorro de 3%). No existe relación causal de corrupción a capacidad de ahorro; simplemente no es cierto que no hay ahorro porque existe corrupción.

En 1977, el ahorro doméstico equivalía a 18.2% del PIB guatemalteco. En los años 90, la tasa de ahorro se mantenía alrededor del 10% del PIB. Sin embargo, en 2008, el país llegó a la tasa abismal de 0.1% sobre el PIB y desde el cambio del siglo los propios guatemaltecos prácticamente dejaron de ahorrar. Esto lo denomino «la paradoja del conflicto interno». Incluso durante el conflicto interno, bajo condiciones económicas más difíciles que hoy, la tasa de ahorro doméstico era 5 veces más alta.

Vemos que, en comparación con otros países, la tasa guatemalteca de ahorro es muy deficiente:

Que sea la falta de ahorro y no la corrupción la causa del subdesarrollo, queda claro cuando listamos los 20 países más ricos del planeta en la actualidad:

Aquí los 20 países más ricos del mundo nos llevan a una curiosa conclusión: existe una relación entre ingreso per cápita y la tasa de ahorro, pero no entre ingreso per cápita y percepción de corrupción (ya con todos sus fallos)³⁰.

EE. UU. parece ser la excepción, pero ha sido cabalmente un país extraordinariamente capaz de atraer capital extranjero, casi desde su incepción³¹.

En cambio, tenemos ejemplos como Israel (#36 en corrupción) que es más rico que Nueva Zelanda (#2 en corrupción) o Irlanda (#17 en corrupción) que es dos veces más rico que Finlandia (#3 en corrupción).

6.2 Falta de inversión extranjera

Es cierto; existe una falta de inversión en Guatemala y en parte es porque no llega una cantidad significativa de inversión extranjera al país³². Como podemos observar, Guatemala jamás ha logrado atraer inversión extranjera directa en cantidades significantes:

Pero también existe un problema con la narrativa de la inversión extranjera. Siempre se cree que existe una fórmula mágica de «atracción de inversión extranjera». En el caso de Guatemala, se supone que planes económicos como «Guatemala no se detiene» ofrecen una solución ante la falta de inversión en el país.

Sin embargo, la cruda verdad es que los países que se desarrollaron sin ahorro doméstico son una especie de unicornios.

De hecho, los países primero generan ahorro interno y solo posteriormente atraen inversión extranjera. La analogía correcta es que el ahorro interno pone en moción la rueda volante del crecimiento económico, mientras que el ahorro externo (inversión extranjera) solo acelera la rueda volante.

Lo ilustraré con datos. Concretamente, quiero conocer el comportamiento de los países que después de la Segunda Guerra Mundial eran pobres (países en «vías de desarrollo») y lograron volverse ricos (países «desarrollados») después. Seleccioné los países con una renta (PIB) per cápita menor a $7,500 en 1960, pero mayor a $30,000 en el 2018. Luego excluí a los países petroleros Bahréin, Arabia Saudí y Omán. Esto me dio una lista de 8 países. De estos países, comparé los datos del ahorro interno tanto en las etapas tempranas de su desarrollo (típicamente los primeros datos disponibles) como el dato más reciente. Vale la pena resaltar que la tasa de ahorro no cambia drásticamente en ninguno de los 8 casos a lo largo del
tiempo.

¿Cuál es la conclusión de este ejercicio? Ningún país pobre que se desarrolló económicamente después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló sin ahorro doméstico o únicamente con inversión extranjera. La lección es que primero debemos encontrar la forma de aumentar el ahorro interno del país, antes de hacer planes son sobrenombres bonitos de consultores de renombre para «atraer inversión extranjera».

6.3 Falta de formación de capital

Entonces, si no hay ahorro doméstico ni extranjero, no hay formación de capital. Formación de capital se refiere a que el ahorro sea convertido en bienes de producción («activos fijos») que permiten incrementos en la productividad (y así en los salarios guatemaltecos). Esta es la miserable situación en la cual se encuentra Guatemala hoy día:

La formación de capital bruta ha colapsado y llegó a su nivel más bajo en 2020 (13.5% sobre el PIB). «Bruta» contempla tanto el reemplazo de bienes de producción obsoletos y depreciados como la adquisición de bienes de producción adicionales. La actual tasa de formación bruta de capital es, probablemente, apenas suficiente para mantener, pero no expandir el stock de capital (el conjunto de bienes de producción) en el país.

CONCLUSIÓN

En conclusión, la causa de la pobreza en Guatemala es la falta de ahorro y, como consecuencia, la baja formación de capital. No existe relación entre la corrupción y el ahorro en un país.

7. La narrativa de «lucha contra la corrupción» surge cuando existen «luchas por el poder»

7.1 Incentivos de una ONG: por qué la «lucha contra la corrupción» jamás reduce la corrupción

Cuando comparamos las organizaciones sin ánimo de lucro (las organizaciones no gubernmentales u ONG) con empresas de lucro, podemos llegar a un mejor entendimiento de las implicaciones de la «lucha contra la corrupción» en Guatemala. A continuación, listaré las diferencias entre una ONG y una empresa con ánimo de lucro³³.

Como escribí en la introducción, la lucha contra la corrupción es el pretexto de la ayuda externa. Esta ayuda estatal se canaliza a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) locales e internacionales.

Desde la perspectiva del public choice, la dinámica es muy similar a la «lucha contra las drogas» (más bien, cualquier «lucha» contra un enemigo invisible y abstracto). Las ONG tienen incentivos perversos para que el problema que pretenden resolver (en este caso, la corrupción) se sostenga y se agrande.

Si una ONG depende para sus ingresos de la existencia de «corrupción», la forma en cómo puede conseguir más donaciones es solo si la «corrupción está siendo cada vez peor». Si dijese que el problema de la corrupción se está disminuyendo gracias a la ayuda «bien gastada» por la ONG, ya no habrá motivo de seguir financiándola. En este sentido, según una encuesta «no encuesta» realizada en Twitter, parece que estos esfuerzos mediáticos, a nivel narrativa, han dado fruto:

De esta forma, el public choice muestra que el incentivo perverso de las ONG que viven a base de subsidios es una especie de búsqueda de rentas: la mera existencia de la ONG depende no solo de que el «problema» se sostenga, sino que se vuelva peor (o, por lo menos, la percepción del problema). Esto produce el incentivo de perpetuar el problema en lugar de resolverlo.

Por lo mismo, las «luchas» y «guerras», metafóricas, contra enemigos abstractos, nunca tienen un fin y sirven para perpetuar una constante búsqueda de rentas: una «lucha» contra Bin Laden termina cuando se aniquila a Bin Laden, una «lucha» contra el terrorismo, las drogas o la corrupción, los llamados enemigos invisibles, no tienen un fin claramente definido: jamás «terminan». Por ello, son el perfecto pretexto para seguir consiguiendo donaciones y financiamiento, especialmente si estos sean estatales.

7.2 Más ayuda extranjera que inversión extranjera: prioridades políticas y burocráticas

Debido a que establecimos que la narrativa anticorrupción es una fuente de ingresos para muchas ONG activas en Guatemala, ahora nos preocuparemos de la magnitud del problema y sus consecuencias para las instituciones guatemaltecas.

Como muestro en el capítulo XI, casi no entra inversión extranjera directa a Guatemala. Sin embargo, según el Banco Mundial, entra aproximadamente $500 millones al año en ayuda externa oficial al país. A estos $500 millones se debe de sumar la ayuda externa que entra indirectamente a Guatemala, por ejemplo, a través de ONG establecidas en EE. UU. o Europa, sin presencia en Guatemala, que transfieren fondos a ONG en Guatemala.

Si solo aislamos los EE. UU. y Europa, mi argumento gana en claridad. Desde EE. UU., Guatemala recibe aproximadamente $250 millones al año en inversión extranjera directa; sin embargo, Guatemala recibe más de $250 millones al año en ayuda de EE. UU. a través del USAID, el Departamento de Estado y varias ONG. Desde Europa, Guatemala recibe más o menos $120 millones en inversión directa, pero recibe más de $250 millones en ayuda externa.

Quien paga, manda. Si apenas entra inversión extranjera en Guatemala, las dependencias del Estado no van a responder a las necesidades de los empresarios. En cambio, si entra mucha ayuda internacional a Guatemala, las dependencias del Estado van a responder a las peticiones de activistas y funcionarios públicos extranjeros. Es mi convicción que esto es exactamente lo que ha pasado en Guatemala.

Para mostrar por qué el fenómeno de «más ayuda que inversión» impacta en las prioridades del Estado de Guatemala, en parte impulsado por la narrativa «anticorrupción», he analizado los datos del presupuesto del Ministerio Público del 2021.

En concreto, si la «inversión» manda, se espera que la fiscalía priorice problemas que afectan en su mayoría al sector empresarial. Se esperaría ver un énfasis en temas como usurpaciones (invasiones), crimen organizado, delitos contra la integridad física (especialmente secuestros) y robo en general.

En cambio, si la «ayuda» manda, se espera ver que la fiscalía priorice problemas que los «ONGeros» priorizan y utilizan para conseguir donaciones. En concreto, se esperaría ver un mayor énfasis presupuestario en temas como violencia contra la mujer, corrupción, tráfico de personas (típicamente con relación a la emigración), medioambiente y derechos humanos.

Los siguientes datos son del presupuesto total del Ministerio Público del 2021. Una parte del presupuesto se asigna simplemente a localidades (municipios, regiones, etcétera) sin uso específico. Sin embargo, otra parte se destina directamente a dependencias especiales con una finalidad específica.

¿Qué podemos concluir con base en los datos? Entre los temas prioritarios para el Estado de Guatemala están, cabalmente, delitos contra la mujer (¡25%!), delitos que involucran adolescentes (10%) y corrupción (7%). El Ministerio Público asigna más presupuesto a delitos contra la mujer que a la extorsión, delitos contra la vida e integridad física, y usurpación (invasiones) de forma combinada.

Mi hipótesis es que esta asignación presupuestaria sesgada, hacia prioridades de «activismo político» a costa de prioridades que apoyarían al desarrollo económico, viene impulsada por la injerencia de Gobiernos extranjeros que brindan, de forma directa e indirecta, ayuda internacional al país. Asimismo, la ayuda externa, y no la inversión externa, es la que determina las prioridades.

7.3 Ejemplos históricos de la narrativa de anticorrupción en luchas por el poder

El historiador neerlandés Kroeze (2017) declaró en una entrevista: «Cuando varias élites no llegan a un acuerdo, se intensifican los reclamos por corrupción. Esto está sucediendo ahora en Rumanía, por ejemplo, donde la gente ha salido a las calles durante semanas para manifestarse contra la corrupción. Dos grandes bloques se han enfrentado allí, compitiendo por el poder. Las acusaciones de corrupción se
han convertido en un arma política que se despliega más rápidamente en períodos de incertidumbre política y económica».

Este ejemplo reciente tiene su precedente histórico. La corrupción en los discursos políticos empieza a aparecer con mayor frecuencia a partir del siglo XIX para adelante. De hecho, según Kerkhoff et al. (2013), la fuente de las percepciones de corrupción transita a partir del siglo XIX de un pluralismo de normas morales (el que seguidamente acaban en conflicto) a unos choques ideológicos. Como escriben Kerkhoff et al. (2013): «Las nuevas élites económicas que surgieron como resultado de la industrialización, usaron sus posiciones económicas y su propio dinero para abogar por y adquirir influencia política, lo cual, a su vez, incita debates sobre la corrupción» (p. 28). En este caso, la «narrativa» de anticorrupción es resultado del enfrentamiento de dos grupos que compiten por el poder; la narrativa anticorrupción se convierte en un «comodín» en los debates ideológicos y públicos sobre qué (y qué no) debe hacerse cargo el Estado.

Incluso Ludwig von Mises ya aludía a la narrativa anticorrupción como arma política. De tal manera, Mises (1963) observaba que: «Es frecuente hoy en día justificar los golpes revolucionarios de creación comunista alegando la corrupción del Gobierno atacado. Este tipo de argumento fue sobre todo manejado por una parte de la prensa americana y por aquellos políticos que tan decisivamente apoyaron, primero, a los comunistas chinos y, después, a las fuerzas castristas, en sus respectivas luchas contra los regímenes de Chiang Kai-Chek y Batista, cuya corrupción se pregonó a los cuatro vientos. Pero lo cierto es que de este modo se puede justificar todo tipo de asalto comunista contra cualquier Gobierno intervencionista que no deje operar libremente al mercado en un auténtico régimen de libre mercado, pues, invariablemente, en todos ellos, como hemos visto, habrá necesariamente corrupción de una u otra clase» [énfasis mío] (p. 867).

Kerkhoff et al. (2010), en un artículo en el que se discuten dos casos concretos en los Países Bajos en siglo XIX, también concluyen que: «La corrupción es frecuentemente usada como herramienta (o, si gusta, munición) en enfrentamientos políticos. (…) En el caso de Van den Bergh [un magistrado], un enfrentamiento entre facciones políticas estaba inherentemente presente en las acusaciones de corrupción. En el caso del Letters Affair [1865], acusaciones de corrupción fueron usadas por católicos
y conservadores para dar una paliza a los liberales. En el segundo caso, además, la corrupción esencialmente era «corrupción de facción» y no corrupción individual» (p. 466).

Sin embargo, incluso en otras épocas que las mencionadas por Mises (1963), nos sobran los ejemplos del empleo de la narrativa anticorrupción como arma política, desde el siglo XV y XVI hasta el siglo presente. Yo mismo me hice la tarea de hacer una lista que resume diferentes ejemplos (sin decir que esta lista es exhaustiva; existen muchos más ejemplos que estos que se podrían sumar)³⁴³⁵³⁶:

Aquí no estoy pasando ningún juicio de valor. No estoy afirmando que los cambios políticos de la tabla arriba sean buenos o malos; únicamente establezco que la narrativa anticorrupción fue un elemento clave en la lucha por el poder en estos mismos ejemplos.

Como también ya afirmamos en capítulos anteriores, la corrupción es inherente a cualquier sistema político y burocrático. Que un régimen nuevo acabe con la corrupción es, por lo mismo, una afirmación tendenciosa.

La narrativa de anticorrupción es un arma de doble filo. Históricamente hablando, la narrativa ha sido usada como un arma «para bien» y a veces «para mal». Por ejemplo, desde cualquier punto de vista (socio)económico, la dictadura cubana que llegó al poder con una narrativa anticorrupción ha sido muy dañina para los intereses de los propios cubanos. Lo mismo se podría afirmar, aunque en menor grado, del partido socialista Podemos en España. A la vez, la fundación de la República de los Países Bajos (la cual coincide con la independización del Imperio español) inauguró uno de los periodos más prósperos de cualquier poder en la historia del mundo, el «Siglo de Oro» neerlandés. Menos de dos siglos después, en el mismo territorio, la misma narrativa anticorrupción sirvió para acabar con esta misma república³⁷.

En resumen, la lección aquí no es que la narrativa anticorrupción necesariamente nos encamina hacia un peor régimen; la lección aquí es que siempre y cuando exista una narrativa anticorrupción lo que hay al fondo es una lucha por el poder. Históricamente, existen muchos ejemplos de que estas narrativas solo cambiaron unos corruptos por incluso peores corruptos y un país de bien a un país de mal. Por lo tanto, habrá que ser muy vigilante y cuidadoso ante discursos de esta naturaleza.

8. Conclusiones

«Jamás debemos olvidar que, en la política, no deberíamos permitir que el poder de las percepciones sirva como proxy para la realidad» (Andersson & Heywood, 2009, p. 762)

Los guatemaltecos deben decidir: ¿queremos un país próspero o un país de ciudadanos que pasan victimizándose y quejándose de la corrupción? Esta investigación muestra lo siguiente:

La lucha contra la corrupción es una lucha contra un enemigo abstracto e invisible.
La corrupción es difícil de definir, (casi) imposible de medir.
La definición de corrupción cambia con el tiempo.
Podemos distinguir entre tipos de corrupción: corrupción insignificante (por ejemplo, corrupción burocrática de bajo nivel) y corrupción grande (por ejemplo, corrupción legislativa o captura regulatoria, corrupción judicial, corrupción burocrática de alto nivel).
Existen distintas formas de corrupción: sobornos, malversación de fondos, favoritismo, nepotismo, fraude, y extorsión (pública).
El frecuentemente citado «Índice de percepción de corrupción» de Transparency International tiene graves problemas metodológicos.
La forma más objetiva de medir la corrupción se limita a un solo tipo de corrupción (vinculado a las compras del Estado); según esta medición, es evidente que Guatemala está muy lejos de ser uno de los países más corruptos del mundo.
La corrupción es universal y existe en todos los países del mundo, aunque a veces de forma «descarada», otras veces de forma «sofisticada».
La corrupción es inherente al intervencionismo, es decir, al sistema político y burocrático.
La corrupción no es cultural y los guatemaltecos son relativamente honestos.
La corrupción se reduce cuando un país se desarrolla económicamente y no al revés (un país se desarrolla cuando la corrupción se reduce).
Cuanto mayor la libertad regulatoria y menor el gasto público, menor la corrupción (y mayor el desarrollo económico).
Cualquier instancia de países que se desarrollan (de ser pobre pasa a ser rico) ha sido acompañada por la corrupción.
Estados Unidos, particularmente Nueva York, y los Países Bajos fueron de los lugares más corruptos durante mucho tiempo, pero justamente durante este mismo periodo de alta corrupción se desarrollaron económicamente.
Muchos países se desarrollaron económicamente con élites fuertes, poca participación popular en la política, sin leyes de administración pública y sin burocracia profesional.
Una prensa libre (no solo prensa tradicional) es clave para reducir índices de corrupción, pero paradójicamente mayor transparencia (mayor número de casos de corrupción «destapados») puede producir una peor percepción de la corrupción; de nuevo, «percepciones» y «realidad» pueden discrepar.
Las ONG de índole anticorrupción tienen un interés directo en sostener la narrativa de la corrupción.
La narrativa de la corrupción sirve como fuente de ingresos para muchas ONG activas en Guatemala.
La narrativa de la corrupción ha sido empleada, en todos los tiempos, como arma política cuando existen «luchas por el poder».

Exijamos políticas públicas que fomentan el ahorro y la inversión en Guatemala, no el envío de ayuda internacional que únicamente sirve para que unos pocos vivan cómodamente y sean expertos en victimizar a una población completa que, al momento de toparse con algún problema, tira un grito al cielo, levanta sus manos, y grita «Es por la corrupción!».

Referencias

Andersson, S., & P.M. Heywood. 2009. The Politics of Perception: Use and Abuse of Transparency International’s Approach to Measuring Corruption. Political Studies 57: 746-767.
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Baida, P. 1986. The Corrupting of New York City. American Heritage 38 (1): 1-17.
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Notas de pie

1
Una táctica en los Países Bajos (siglo XVII) era pintar al Imperio español como «corrupto» para deslegitimar el régimen español (y legitimar la República neerlandesa). Usualmente, los liberales somos escépticos de que un Estado puede volverse «menos corrupto» (más honesto).
2
«¡Hay un incendio, ayúdame con agua!». «¡El incendio es más grande de lo que creía, necesito más agua!».
3
Este fue en buena medida el caso de la CICIG: a pesar de una presencia de más de 12 años, iniciada por una «lucha contra la corrupción» parte de la agenda de la ONU, el argumento en los últimos años consistía en que «la corrupción solo se había vuelto cada vez peor». Más que poner en duda la eficacia de la propia CICIG, sirvió como «narrativa» para conseguir mayores donaciones de Gobiernos e instituciones donantes.
4
«Petty theft refers to acts of stealing, misuse of public funds, or extortion among street-level bureaucrats. • Grand theft refers to embezzlement or misappropriation of large sums of public monies by political elites who control state finances. • Speed money means petty bribes that businesses or citizens pay to bureaucrats to get around hurdles or speed things up. • Access money encompasses high-stakes rewards extended by business actors to powerful officials, not just for speed, but to access exclusive, valuable privileges.» (Ang, 2020)
5
En China usan el término «proyectos de heces de tofu» para señalar inmuebles pocos duraderos construidos con materiales de muy baja calidad que incluso pueden llegar a ser estafas totales. Muchos desarrolladores están siendo forzados a pagar sobornos suculentos a gobernantes locales para que estos hagan la vista gorda.
6
Podemos suponer que la esposa, en su función como secretaria, cobra más de lo que hubiera cobrado en cualquier otro puesto de trabajo fuera del alcance del alcalde. Esta diferencia sería el costo real del acto corrupto.
7
Desde este punto de vista es muy difícil diferenciar entre incompetencia (ignorancia) y corrupción (maldad) en la práctica, es decir, el impuesto de la corrupción podría ser un impuesto de la incompetencia.
8
Los bancos de desarrollo tienen un origen estatal y son frecuentemente fuentes de corrupción. Permiten la financiación de proyectos con respaldo de contribuyentes de uno o varios países sin aprobación parlamentaria.
9
Por lo mismo, libros como La economía atrapada se debe tomar no con un grano, sino un kilo de sal: son «narrativas» basadas en «anécdotas» que no pasan el filtro de la ciencia, tal como debe funcionar.
10
Este es el caso del «Índice de percepción de corrupción» de Transparency International.
11
Michel van Hulten concluye que esto no solo es el caso para Guatemala, sino un problema general: «All the foregoing together leads me to the conclusion that we get a ‘perception of the presence of corruption’ as worded by a small bandwidth of experts in this field, (…), often temporary residents in the country from which they report, employed by companies who make their living from studies in this field. It is not the ‘ordinary people’ involved in the work of these reviewers and investigators. (…). No one will doubt that asking tradeunionists about corruption will deliver other results than asking CEO’s and professors in business administration. Eventually, why should we pay more attention to the perceptions of those belonging to the first selection and not to the second?» [énfasis mío].
12
Aquí Transparency International «se esconde» detrás de una supuesta alta correlación entre encuestas y fuentes para justificar el poder agregar a todas las encuestas. Sin embargo, como veremos más adelante, existen graves problemas con correlaciones de fenómenos no lineales. En casos (países) individuales, las diferencias pueden ser de una magnitud enorme.
13
Es útil mencionar que Transparency International dejó de publicar las encuestas de las tasas de soborno.
14
Existe otro estudio sobre la corrupción sistémica en las compras de la Unión Europea, realizado por PWC (2013) sobre el costo de la corrupción en ocho países de la Unión Europea y cinco categorías (infraestructura diversa, capacitaciones e I&D). Este estudio mide, únicamente en estos países y sectores, un costo directo de la corrupción de €1,470 a €2,248 millones de euros en un año de compras de Estado. Sin embargo, como los autores admiten, este es solo una pequeñísima parte del universo donde pueden existir sobrecostos en las compras del Estado. El sobrecosto fácilmente acaba siendo más de 20%, incluso en la Unión Europea que luego pretende exportar una «lucha contra la corrupción» a los países pobres que la misma no está dispuesta a iniciar en su propia casa.
15
De todos modos, voy a asumir que sobre el 59.6% del gasto del Gobierno de Guatemala puede haber «corrupción», en el sentido del sobrecosto en las compras del Estado, aunque claramente el 59.6% no puede consistir en únicamente compras sobrevaloradas del Estado. De hecho, en muchos países latinoamericanos la brecha entre salarios en el sector privado versus el sector público está mucho más a favor del funcionario público que en Guatemala; sin embargo, aunque yo lo consideraría «inmoral» (especialmente dado de la menor probabilidad de un despido en el sector público), la literatura no lo trata como corrupto. No obstante, por lo menos, doy amplio margen para la típica queja de «plazas fantasmas» que, como se sabe, son un potencial problema en Guatemala, pero en los países europeos no tanto. También existe mucha corrupción con consultorías y capacitaciones (usualmente inútiles a un sobrecosto), categorizados como parte del «gasto de funcionamiento» (una mala clasificación según mi juicio), que incluso en la Unión Europea es una fuente constante de corrupción, especialmente de favoritismo y malversación (PWC, 2014). Mi intención es clara: mostrar que incluso en el peor de los casos, la corrupción en Guatemala, medida según el sobrecosto en las compras del Estado, es menor que en el mejor de los casos en Europa.
16
Curiosamente fue Mises (1929) quien escribió que la corrupción, más que afectar la confianza del público en la virtud del Estado, ponía en duda la virtud de los empresarios y capitalistas. En sus palabras, «El hecho de que sean precisamente los órganos del Estado encargados del control los que protagonizan la corrupción, en lugar de afectar a su confianza en la infalibilidad y pureza inmaculada del Estado, no hace sino llenarle de disgusto moral respecto a los empresarios y los capitalistas» (p. 57).
17
Podría haber escrito, «no tendrán por qué pedirle permiso a su amo». No excluye la posibilidad de empresarios que recurren a la corrupción para favores especiales.
18
Para más información, puede consultar la metodología de Heritage Foundation para medir la libertad regulatoria.
19
El ministro de Finanzas en los Países Bajos (2007-2010), Wouter Bos, organizó un rescate estatal (pagado por el contribuyente holandés) de miles de millones de euros del sector bancario sin aprobación de la Cámara legislativa. Al finalizar su término, fue contratado por KPMG como asesor, ganando dos veces más de lo que ganaba previamente. No es secreto que Bos no tiene las capacidades para los puestos que ocupa en el sector privado, pero se trata de pagos diferidos a cambio de favores políticos.
20
Aquí vale la pena mencionar el caso de los parlamentarios europeos: según establecido, tienen derecho a una indemnización por gastos de desplazamiento (transporte). En la práctica, los europarlamentarios toman un avión y luego pagan a un chofer para que maneje un carro vacío de su país de origen hasta Bruselas para así cobrar la indemnización de todos modos.
21
El caso de Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de los EE. UU., es muy instructivo. Pelosi, junto a su esposo, tiene un patrimonio de más de $120 millones, derivado de tráfico de información privilegiada, aunque solo tiene un salario de no más de $223,000 al año. Necesitaría trabajar más de 500 años para conseguir tal patrimonio solo trabajando. En general, los diputados en EE. UU. consistentemente gozan de mayores retornos en la bolsa de valores que el mercado promedio
22
Este es, en efecto, el famoso caso de Microsoft que trató de alejarse lo más posible de Washington, D. C., hasta que utilizaron la Ley de Competencia (Antitrust) para traer a Bill Gates a Washington y amenazar a Microsoft con una denuncia por prácticas anticompetitivas y competencia desleal por ofrecer gratuitamente Internet Explorer (un navegador web).
23
El dato de Botsuana no existe.
24
«The allegations that the handgun licenses, particularly full- and limited-carry permits, which are difficult to obtain in New York City, were being sold as part of a corruption scheme has prompted a top-to-bottom review of the License Division.» (de New York Times).
25
Para los interesados, recomiendo mucho leer la historia completa de American Heritage aquí.
26
Cabe resaltar que bajo este mismo pretexto mucha ayuda externa fluye a grupos de «construcción de ciudadanía» en Guatemala. La participación política típicamente se asocia con participación electoral en sentido amplio.
27
En Guatemala, esto incluye a los grupos que promueven mucho una «Ley de Administración Pública» para «profesionalizar» el aparato estatal. Estos mismos grupos han defendido la Ley de la Carrera Judicial por los mismos motivos. Una de las críticas es que muchas reglas, trámites y procedimientos administrativos no están explícitos (estandardizados), pero informales e implícitos. Todos los países modernos tienen una ley de administración pública y un derecho administrativo «moderno». Yo no concuerdo con esta tesis como lo explico en el texto.
28
Veremos más adelante que China sigue teniendo problemas graves de corrupción, una excusa perfecta para Xi Jinping para acabar con sus adversarios políticos.
29
Cuando en Guatemala se habla de descentralización, usualmente se refiere únicamente a delegar las decisiones del gasto (y no del financiamiento), pero mantener esta asimetría no es deseable. En el informe La tragedia del común fiscal en Guatemala muestro que esta asimetría genera rentas políticas, corrupción y daño para el país. Peor aún, algunos activistas perdidos creen que descentralización se refiere a quitarle las propiedades a propietarios privados, dividirlas y repartirlas entre la población local. Siempre defiendo la importancia del significado de las palabras y esto no es lo que significa ni debe significar descentralización.
30
Hice un análisis de regresión lineal con errores estándares robustos por si existiese heterocedasticidad con PIB per cápita como variable dependiente. La tasa de ahorro era la única variable significativa, con signo positivo (mayor tasa de ahorro, mayor PIB per cápita). La variable de puntaje en el «Índice de percepción de corrupción» de Transparency International está lejos de ser significante en mi muestra.
31
Es importante notar que Nueva York, Chicago y parte de California han sido centros financieros importantes que atraían grandes cantidades de capital (ahorro) externo. Además, EE. UU. produce la moneda de reserva mundial y prácticamente todos los bancos centrales del mundo invierten en títulos financieros americanos.
32
Según Paul Heywood (2014), existe una «trampa de pobreza» causada por Transparency International. La insistencia en que un país sea corrupto, evidenciado por su posición en el «Índice de percepción de corrupción», aparentemente sí ha logrado asustar a la inversión extranjera directa. En otras palabras, tal vez hay una relación entre corrupción e inversión extranjera, pero no como los activistas políticos se lo imaginan.
33
Aquí es importante darse cuenta de que la ayuda externa es gestionada por burócratas, quienes no están apostando su propio dinero, sino el dinero de sus contribuyentes quienes se mantienen en la ignorancia. En otras palabras, los «donantes» son «funcionarios públicos» quienes «donan» el dinero de los contribuyentes. Como dijo Milton Friedman alguna vez, «Puedes gastar el dinero de otro, en otro. Y si puedo gastar el dinero de otros en alguien más, entonces no me preocupo de cuánto dinero gaste o qué compro. Y eso es lo que hace el Gobierno».
34
Xi Jinping se aprovechó de su narrativa anticorrupción para eliminar dos rivales políticos dentro del Partido Comunista: Bo Xilai y Zhou Yongang. De esta forma, ha fortalecido su posición de poder y logra protegerse cada vez mejor de una futura destitución. Parece que Xi Jinping aprendió a utilizar la narrativa anticorrupción para erradicar a disidentes políticos de Mao y sus famosas «purgas».
35
«La lucha contra la corrupción, uno de los compromisos estrella de Podemos, ha centrado el acto electoral que la formación morada ha celebrado en el Teatro La Alameda de Málaga (…). “Vamos a llegar a Moncloa con escobas y fregonas porque hay que barrer y fregar tanta corrupción y tanta mentira”»
36
El eslogan de Bukele en su campaña presidencial era «El dinero alcanza cuando nadie lo roba», prometiendo un combate contra la corrupción. Parte de sus promesas electorales era la creación de una entidad similar a la CICIG en Guatemala, la CICIES (Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador), en su país.
37
En mi estimación personal, la actual narrativa en Guatemala está siendo empleada «para mal».

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Guatemala no es pobre por corrupta

Una crítica a la narrativa de la «lucha contra la corrupción»

Guatemala no es pobre por corrupta

Una crítica a la narrativa de la «lucha contra la corrupción»

Tabla de contenidos

1. Introducción

2. Definiendo la corrupción: ¿de qué estamos hablando?

2.1 Tipos y formas de corrupción

2.2 La composición de la corrupción

La corrupción como intercambio

La corrupción como robo

3. Midiendo la corrupción: problemas inherentes y politización de la corrupción

3.1 Midiendo percepciones

3.2 Midiendo indirectamente la corrupción («proxies»)

3.3 Midiendo sobrecostos en el gasto del Estado

4. La corrupción existe en todo el mundo y es inherente a cualquier sistema político y burocrático

4.1 Por qué la corrupción es inherente a cualquier sistema político y burocrático

4.2 De corrupción descarada a corrupción sofisticada

4.3 ¿Son los países «no corruptos» verdaderamente «no corruptos»?

4.4 ¿Es la corrupción «cultural»?

4.4.1 El experimento del «dado»

4.4.2 El experimento de la «billetera perdida»

5. El mundo al revés: la relación entre desarrollo económico y corrupción

5.1 La correlación entre pobreza y corrupción

5.2 Un modelo de public choice de la corrupción: por qué la corrupción se disminuye a mayor riqueza

5.3 Relación entre salarios de jueces y corrupción judicial

Los salarios (de jueces) deben subir porque aumenta la productividad, no porque subimos unilateralmente los salarios de jueces

5.4 Evidencia que los países primero se vuelven ricos y después reducen la corrupción (y no al revés)

5.4.1 Países en desarrollo: corrupción y desarrollo en el mundo

5.4.2 ¿Qué tan corruptos eran los países hoy considerados ricos y «no corruptos»?

Corrupción en Países Bajos

Corrupción en EE. UU. (particularmente Nueva York)

5.4.3 Estados «más corruptos» pero ricos o «menos corruptos» pero pobres en EE. UU.

5.4.4 El diagnóstico equivocado: desarrollo, corrupción, élites y cuidadanía

6. La corrupción no es lo que impide el desarrollo económico de Guatemala

6.1 Falta de ahorro y la paradoja del conflicto interno de Guatemala

6.2 Falta de inversión extranjera

6.3 Falta de formación de capital

7. La narrativa de «lucha contra la corrupción» surge cuando existen «luchas por el poder»

7.1 Incentivos de una ONG: por qué la «lucha contra la corrupción» jamás reduce la corrupción

7.2 Más ayuda extranjera que inversión extranjera: prioridades políticas y burocráticas

7.3 Ejemplos históricos de la narrativa de anticorrupción en luchas por el poder

8. Conclusiones

Referencias

Notas de pie

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