Grupos de interés


Public Choice utiliza la premisa de que no existe un “interés público” más allá del interés individual de los actores que conforman el público. De esta forma, los actores individuales se involucran en el proceso político para poder conseguir beneficios que valoran de manera individual. La forma de conseguir tales beneficios es agruparse con otros individuos que tienen los mismos intereses y dar lugar a grupos de interés. Estos actores son clave dentro del proceso y el mercado político. Mancur Olson (1965) entiende a las asociaciones de interés como procesos de acción colectiva cuyos objetivos son la consecución de bienes públicos que satisfacen los intereses de sus individuos. Olson supone que los individuos solo están interesados en formar parte de asociaciones de interés cuando los beneficios de participar en el grupo superan los costos (Jordana 2005, 300). Estos beneficios pueden ser regulaciones, exenciones de impuestos, leyes, subsidios, etc. 

Todos los grupos de interés representan los intereses de sus miembros y estos pueden estar o no alineados con el interés público. No obstante, muchas veces la efectividad de estos grupos depende de su tamaño. Los grupos pequeños suelen tener beneficios concentrados, mientras en los grandes existe un mayor incentivo a ser free rider de los esfuerzos de otros miembros de la asociación. Ahora, si bien los grupos pequeños tienen ventajas organizacionales, los grupos grandes tienen el potencial de tener mayor influencia política (Holcombe 2016, 75). 

 

Ejemplo: 

En Guatemala, podemos nombrar el sindicato de maestros, los distintos gremios de actividades productivas, el sector privado organizado, la Asociación Nacional del Café (ANACAFE) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), entre otros. En el caso de ANACAFÉ, este grupo tiene sus propios intereses y tiene incentivos para buscar medidas regulatorias que los beneficien directamente. Un caso concreto es el Decreto 4-2019 “Ley para la Reactivación Económica del Café”, promulgado en el 2019 y que busca fomentar que el sector cafetalero cuente con herramientas financieras y tributarias para mejorar sus índices de rentabilidad y que esto, a su vez, contribuya económicamente a nivel país (Coyoy 2019, párr. 1). 

 

Referencias:

 


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