Por qué la ciudadanía siempre lleva la carga

El presidente de la República ha señalado que Guatemala puede cerrarse completamente si los contagios superan los 400 casos en un día. Todos sabemos que al ritmo que avanza el virus es más que probable que se llegue a dicha cifra en pocos tiempo. Incluso, quizás ya se ha llegado y el Estado ha fallado a la hora de cuantificar la dimensión de la expansión viral. Dicho esto, el presidente deber ser consciente de los riesgos que un confinamiento forzoso y radical puede traer no solo para la economía, sino para la salud, el bienestar y la estabilidad del país. 

El Ejecutivo guatemalteco considera que un confinamiento radical es la mejor herramienta para proteger las vidas de los ciudadanos, pero dicho razonamiento posee dos problemas. El primero es la asunción implícita de una dicotomía entre salud y economía. El segundo, el hecho de trasladar la responsabilidad en la gestión de la pandemia a la ciudadanía, obligando a esta a permanecer en sus hogares paralizando con ello la actividad económica del país. Hace unos días, Luis Huete, profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) de la Universidad de Navarra, señalaba que podemos clasificar a los países y su gestión de la crisis del COVID-19 de la siguiente manera: 

• países que están fracasando a nivel sanitario (muertos por millón de habitantes) y a nivel económico (caída del producto interior bruto (PIB));
• países que están fracasando a nivel sanitario, pero no en el ámbito económico (reduciendo drásticamente la caída de PIB que pueden sufrir); 
• países que están fracasando a nivel económico, pero no a nivel sanitario; 
• países que están haciéndolo bien, manteniendo bajo el nivel de muertos por millón y minimizando el impacto negativo de la crisis del coronavirus. 

España ha fracasado a la hora de proteger vidas y, desafortunadamente, también a la hora de salvar la economía. Sin lugar a dudas, ha sido uno de los peores países a nivel global en cuanto a gestión de la crisis se refiere. Dicha situación ha provocado más de 27.000 muertos y probablemente una caída del PIB superior al 10%.

En el segundo gráfico, podemos observar la situación de América Latina a finales abril del presente año. Como se puede observar, Guatemala destacaba por su buen hacer durante la primera fase de la crisis del COVID. 

Dichos gráficos se sostienen en las previsiones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó a finales del pasado mes. Con base en dicho informe, Guatemala sufrirá este año una caída del 3% del PIB y el año que viene se recuperará creciendo a un 4%. En perspectiva comparada y hasta hace apenas veinte días, Guatemala lo estaba haciendo bien. El Gobierno no debe cambiar de opinión y creer en la falsa dicotomía que algunos defienden. La mejor manera de proteger la vida de los ciudadanos es a través de una economía abierta y activa. 

A medida que avanza la crisis, sin embargo, el Ejecutivo no ha sabido responder a los nuevos desafíos que se han ido presentando. Dichos desafíos pasan por tres medidas claramente definidas: 

1. pruebas masivas a la población;
2. distribución masiva de equipos de protección tanto a sanitarios como a ciudadanos;
3. campaña de comunicación con objeto de promover el distanciamiento social y unas mínimas medidas de higiene personal. 

Si durante el pasado mes el Gobierno hubiese hecho los deberes, probablemente Guatemala podría mantener su economía funcionando y, al mismo tiempo, controlar la expansión del virus. Hacer frente a las tres medidas expuestas líneas atrás es obligación del Estado y, en ese sentido, el Ejecutivo debería explicar a la población porqué no se han hecho realidad. Grosso modo, las tres medidas han facilitado la recuperación y el éxito de países como Taiwán, Singapur, Corea del Sur o Alemania a la hora de enfrentar la amenaza que representa el COVID-19. 

Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por el camino fácil: señalar a periodistas que desean saber más y echarle la culpa a la ciudadanía, es decir, trasladar a esta los costes de la ineficiencia estatal. Y no hay mayor coste que el hecho de quedarse en casa, algo bueno para los políticos, pero muy malo para la economía y para la ciudadanía. Con el confinamiento radical se paraliza la actividad productiva y se impide la generación de rentas a amplias capas de la población. El coste de la incapacidad por parte del Ejecutivo no lo puede asumir la ciudadanía. Es terriblemente injusto. El Gobierno debería reconocer sus errores, aceptar sus responsabilidades y aprovechar los fondos que han logrado conseguir para ejecutar rápido y de forma masiva las tres acciones expuestas.  Eso es lo que nos dice la evidencia empírica; eso es lo que nos enseñan aquellos países que han gestionado adecuadamente la situación. 

De lo contrario, la conflictividad social podría aumentar y la insatisfacción con la democracia y con el sistema político guatemalteco (ya elevada a día de hoy) no dejará de crecer, abriendo una ventana de oportunidad para sectores antisistema. Nadie niega la responsabilidad individual en este tipo de crisis, tampoco las obligatorias medidas de convivencia que se deben asumir para coexistir con el virus. Pero el Gobierno no puede trasladar constantemente responsabilidades a la población sin asumir retos, desafíos y obligaciones que vayan más allá de prohibir. Sobre todo, cuando sabemos que gran parte de la población guatemalteca necesita salir a la calle para trabajar y llevar comida y víveres de todo tipo a sus hogares. Asuman sus responsabilidades y no trasladen los costos de sus errores a la población.