¿Crisis o dictadura sanitaria?

Cuando analizamos crisis históricas, especialmente las que están relacionadas a la seguridad sanitaria, se puede observar una inclinación a soluciones centralizadas, místicas y a la cesión de derechos. Es verdad, es propio de nuestra especie la búsqueda de seguridad; pero también existe una inclinación a encargar la responsabilidad a terceros.

Por ello, en la medida en la que la pandemia ha avanzado, la cesión de libertades se acentúa y los medios de comunicación se instrumentalizan como herramientas de miedo, más que de información. Las democracias libres se ven afectadas por el aumento desmedido del poder del Estado, ya que ¿quién se opondría a la salud?

El mainstream sanitario

Hoy oponerse a políticas con bandera de «sanitarias» —que poco tienen que ver con la contención real de la pandemia— te convierte en un desdichado social. En cambio, el no oponerse se ha traducido en arbitrariedades ilimitadas por parte de quienes ejercen el poder fáctico, anulando a su conveniencia las libertades civiles y el autogobierno.

Así se han desarrollado decisiones hipercentralizadas, justificando que, según la ciencia, disminuir las libertades de movimiento, comercio, trabajo y autogobierno es necesario para mitigar las consecuencias de la COVID-19.

Así se han desarrollado decisiones hipercentralizadas, justificando que, según la ciencia, disminuir las libertades de movimiento, comercio, trabajo y autogobierno es necesario para mitigar las consecuencias de la COVID-19. Sin embargo, en la práctica, medidas como estas son típicamente contraproducentes y carecen de sustentabilidad. Por ejemplo, limitar los horarios de atención de bancos, telefónicas, mercados y supermercados ha llevado continuamente a aglomeraciones innecesarias, además de crear focos de contagio que precisamente antagonizan con los objetivos de una cuarentena.

Mentiras políticas disfrazadas de modelos de contención

La propia Organización Mundial de Salud —OMS— ha reconocido el error de los modelos de las intervenciones no farmacéuticas en la contención de la COVID-19, gracias a las contundentes pruebas presentadas por investigadores en Suecia. Ellos han expuesto el error de excluir a países en los que estas intervenciones no sanitarias —generalmente, encierros— no han sido usadas y promediarlos como eventos aislados. Además, concluyen que la estrategia de confinamiento que muchos países adoptaron, basado en el modelo epidemiológico del Imperial College de Londres —en adelante ICL—, ha sido un fiasco.

Las intervenciones no farmacéuticas dificultan ganarse el sustento, disparan el gasto estatal para programas paternalistas de ayuda y aumentan la discriminación ideológica, mientras los programas no necesariamente alcanzan a la población objetiva.

Estas políticas dificultan ganarse el sustento, disparan el gasto estatal para programas paternalistas de ayuda y aumentan la discriminación ideológica, mientras los programas no necesariamente alcanzan a la población objetiva. Al contrario, sí representan medidas parlamentarias y ejecutivas de corte popular, extremadamente nefastas para las finanzas públicas.

Intervenciones no farmacéuticas: una tragedia humana

Se evidencia esta catástrofe en países como Argentina, en donde se tomó el protocolo de intervenciones no farmacéuticas —modelo ICL— y se ejecutaron confinamientos extremadamente severos. En el proceso, se sacrificó toda actividad humana que no fuera aprobada por el Gobierno, llevando a la pérdida de la posibilidad de subsistencia de gran parte de su población. Aun así, se enfrentan a peores números que la media de países abiertos. De hecho, medidas similares han llevado a una regresión en los datos de pobreza de 185 a 220 millones de latinoamericanos. Este aumento se entiende como significativo y real de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad y más propensas a la dependencia de la voluntad gubernamental.

La crisis de la pandemia es real; pero muchas de las medidas de restricciones civiles que han tomado los Gobiernos de nuestra región, bajo la bandera científica sanitaria, no siempre han sido orientadas a la ciencia ni al beneficio de las personas.

La crisis de la pandemia es real; pero muchas de las medidas de restricciones civiles que han tomado los Gobiernos de nuestra región, bajo la bandera científica sanitaria, no siempre han sido orientadas a la ciencia ni al beneficio de las personas. Por ejemplo, en Canadá surgió una discusión sobre los costos-beneficios de políticas sanitarias en diferentes países. Ya han estimado que el costo en vidas de los bloqueos es al menos de cinco a diez veces mayor que el beneficio, exponiendo que los confinamientos y los cierres de cadenas de suministro, distribución y comercio han producido un balance negativo en cuanto a la lucha contra la COVID-19.

A la vez, existe una lucha demagógica por parte de políticos, quienes usan la seguridad sanitaria para capitalizar votantes. Es importante recordar a nuestros líderes que, en una democracia liberal, la transparencia, la comunicación adecuada, las pruebas suficientes y los esfuerzos permanentes por gestiones óptimas determinan la legitimidad de los actos de gobierno. Mientras que acciones como limitar libertades a voluntad de minorías, imponer medidas con base en miedo, no reconocer errores cometidos y negar la responsabilidad de quienes atentan contra la vida de los guatemaltecos son una contundente expresión de los enemigos de la libertad.

Ojalá que las personas no estén dispuestas a ceder y permitir el secuestro de libertades por gobernantes que utilizan la tragedia humana como catalizador de su poder.