En Colombia, al igual que en varios países, el Estado ejerce control sobre el servicio de educación. Desconfiando profundamente del libre mercado, como una respuesta institucional a una —supuesta— falla del mercado en forma de bienes públicos, el Estado monopoliza la producción de este servicio. O bien, por un lado, se encarga directamente de su producción por medio de colegios y universidades públicas, o, por otro lado, permite cierta manifestación empresarial en la producción del servicio, pero ejerciendo un estricto y celoso control sobre ella.

En este país, la agencia estatal encargada de ejecutar ambas acciones es el Ministerio de Educación. Una particular expresión de todo esto es que este ministerio juzga la calidad de las universidades. A partir de la observación de ciertas condiciones, el Ministerio de Educación otorga una especie de sello de calidad, una certificación de alta calidad, tanto a nivel de programas individuales, como Derecho o Economía, como a nivel institucional, certificando a toda la universidad.

Así como otorga el certificado de alta calidad, el ministerio también lo retira. Este ha sido el reciente caso de la Universidad Sergio Arboleda, en Colombia. Una vez retirado el sello, la universidad —que es particularmente conocida por su inclinación conservadora— no se puede seguir promocionando como de alta calidad, mientras que sí puede seguir aceptando estudiantes para las diferentes titulaciones que ofrece —entre otras consecuencias—.

Los sellos de calidad en la educación forman parte de esas formas particulares de intervención triangular por parte del Estado, controlando el producto, que resultan en la contracción de la oferta de educación universitaria.

El hecho ha ayudado a recordar que el Estado colombiano juzga la calidad de ciertos servicios y que está dispuesto a «proteger» a los consumidores de productos de una calidad inferior. Ante esto, vale la pena preguntarnos ¿qué podemos decir al respecto desde una perspectiva de libertad individual?

El Estado: ¿el garante de la calidad?

Que el Estado se preocupe por la calidad de los productos ofrecidos a los consumidores no es nuevo. Con el afán de proteger a los consumidores de «malos» vendedores de bienes y servicios, el Estado fija arbitrariamente unos estándares de calidad para que funcionen como señales hacia los consumidores, de tal manera que estos puedan discriminar entre oferentes de productos de calidad superior e inferior. La idea —partiendo de un argumento que suele presentarse como teoría de señales, signal theory— es que el consumidor tienda a no confiar en aquel vendedor que, a falta de una señal —el sello de calidad—, le transmita información acerca de su estrategia.

Debido a que la señal es costosa de adquirir, se supone que el comprador asume que el vendedor está tan seguro de la calidad de su servicio que descuenta fuertemente cualquier probabilidad de perder la señal —el sello de calidad— en caso de decepcionar al comprador y perder esa particular inversión.

Simultáneamente, el comprador también sabe que el «mal» vendedor no está en la capacidad de asumir los costos que implicaría aumentar la calidad de producción de su servicio, haciéndose merecedor del sello de calidad. Tendería a discriminar en favor del vendedor que muestre el sello, porque el «mal» vendedor sería consciente de no poder imitar fraudulentamente la estrategia del «buen» vendedor, que incluye tener el sello, sin que los costos de disputar la calidad de su servicio no sobrepasen aquellos costos asociados con la obtención del sello de calidad, la señal.

En un típico ejemplo del famoso caso del «mercado de limones», supuestamente esto evitaría una carrera hacia al abismo en la prestación del servicio de educación superior, que consistiría en que ciertas universidades «de garaje» compitan con precios progresivamente más bajos disminuyendo la calidad de sus servicios, expulsando a universidades de potencialmente más alta calidad, al ser cada vez menos favorecidas por los estudiantes.

Junto con el otorgamiento de licencias de funcionamiento, los sellos de alta calidad en la educación forman parte de esas formas particulares de intervención triangular por parte del Estado, controlando el producto, que resultan en la contracción de la oferta de educación universitaria, disminución de la intensidad de la competencia entre universidades y aumento de los precios de las matrículas —todo ello en perjuicio de los consumidores: los estudiantes—.

En la medida que se otorgan cada vez más de estos sellos de calidad, cada uno termina valiendo menos.

Existen dos problemas fundamentales con este argumento y, por ende, con el sello de alta calidad estatal a las universidades.

Sello inútil

Por un lado, en la medida que se otorgan cada vez más de estos sellos de alta calidad, cada uno termina valiendo menos. Esta puede ser una de las razones por la cual las universidades que ya cuentan con la certificación de alta calidad se podrían oponer al otorgamiento a otras. A aquella conclusión llegamos con el conocimiento de la ley de utilidad marginal, según la cual, dentro de la oferta de un medio en particular, la utilidad —y, por ende, el valor— de un medio adicional solo se puede asignar a la satisfacción de una necesidad de un menor grado de urgencia. Desde 2010 hasta 2019, el número de universidades en Colombia ha pasado de 1 a 66. Este crecimiento es casi exponencial.

Desde 2010 hasta 2019, el número de universidades en Colombia ha pasado de 1 a 66. Este crecimiento es casi exponencial.

Ante este hecho, es lógico llegar a concluir que el valor de cada uno de estos sellos es cada vez menor. La utilidad de cada certificado de alta calidad en la educación otorgado por el Ministerio de Educación colombiano, que sirve de señal para que los potenciales estudiantes, donantes y socios estratégicos en el exterior puedan tener una ayuda al discriminar entre universidades, cada vez es menor —hasta el punto en que nos podemos preguntar ¿qué universidad medianamente conocida no cuenta con este sello?—.

El Estado no sabe nada de calidad

Por otro lado, existe un problema mucho más serio que el relacionado con la utilidad de cada sello de alta calidad otorgado por el Estado. Como Jon Snow, el Estado no sabe nada —de calidad—.

La categoría de medios es una estrictamente subjetiva. A través de un proceso mental, la mente del agente transforma las cosas que lo rodean del mundo de los fenómenos externos en medios cuando identifica que aquellas son útiles para la consecución de un fin, la remoción de una necesidad suya. Lo que para un agente puede ser basura, para otro —entre tanto lo considere útil, sea escaso y pueda llegar a tener posesión de ello— puede ser un tesoro.

Que un medio sea de una determinada calidad para un individuo dice, de una manera muy particular, cómo se espera que con el medio aquel pueda remover cierta inconformidad, que solo él puede entender y que no podrá verbalizar a pesar de sus mayores esfuerzos. Un Robusto de Cohíba podrá ser un goce pagano para algunos. Para el resto de nosotros, no será más que la muestra de cómo la prohibición de la libre empresa resulta en un producto cuya gloria pasada no es capaz de compensar su mediocre ejecución.

Es la acción individual la que revela las preferencias de los compradores e incluso sus inarticulables conceptos de calidad.

Para un potencial estudiante, o para los alumnos que se encuentran estudiando ahí, la Universidad de los Andes en Colombia puede ser de muy alta calidad, tomando en cuenta la inclinación ideológica de un buen número de sus profesores, el tipo de programas que ofrecen y la forma en la que se diseñan y estructuran los cursos. Un estudiante de la Universidad Sergio Arboleda podrá decir lo mismo de esa universidad sin pestañear. 

Es la acción individual la que revela las preferencias de los compradores e incluso sus inarticulables conceptos de calidad. Como con la producción de cualquier medio, se sabe de la percepción de la calidad de una universidad a partir de la acción del consumidor de comprar o no, de pagar o no lo que se pide de matrícula. Cuando esas acciones, esos intercambios, se expresan en dinero, surge la economía mental del cálculo económico y los rectores de las universidades pueden saber si las decisiones que tomaron acerca de titulaciones, duración de los cursos, cualificación de los profesores, color de los edificios, medidas de los salones, etc. han resultado en ganancias o pérdidas. Por algún tiempo, puede pasar lo primero. Sin embargo, en la medida en que cambian las preferencias de los consumidores, en algún otro punto del tiempo, puede obtenerse nada más que pérdidas.

El punto es que, contando con este sencillo test de ganancias y pérdidas monetarias, las universidades pueden tomar decisiones hacia el futuro, continuando con la innovación, bien sea para corregir errores —costos injustificados— del pasado o continuar satisfaciendo las necesidades de los estudiantes en el futuro.

Contando con este sencillo test de ganancias y pérdidas monetarias, las universidades pueden tomar decisiones hacia el futuro, continuando con la innovación, bien sea para corregir errores —costos injustificados— del pasado o continuar satisfaciendo las necesidades de los estudiantes en el futuro.

Como el vendedor de seguros, el panadero o el mecánico de automóviles que opera desde su garaje, el empresario detrás de la producción de la educación universitaria puede contar con esa herramienta del cálculo económico, debido al particular «lugar» que ocupa dentro del proceso de mercado. Anticipando las necesidades de los estudiantes en el futuro, de las cuales se hace una imagen precisamente a través de los precios, compara los que resultan de la compra del trabajo de los profesores, el terreno donde está el campus universitario y todas las herramientas necesarias para producir el servicio de educación con los precios que resultan de sus ventas.

Así puede llegar a determinar si sus compradores, los estudiantes, han juzgado de calidad su servicio o no. Ahora bien, que el empresario detrás de la universidad pueda hacer esto es posible debido a una condición que no se observa en cualquier intento de producción por parte del Estado: la propiedad privada de los factores de producción. El Estado, bien sea a la hora de producir universidades o en controlarlas de cerca, no permite que haya propiedad privada sobre factores de producción para que se asignen con consideraciones de eficiencia, es decir, hacia aquellos cursos de acción que podrían resultar en ganancias.

La calidad es algo subjetivo y el Estado no la puede conocer.

Al ser involuntarios, inducidos por la fuerza de los intercambios con el Estado, a este le es imposible conocer cómo se revelan por medio de las acciones de los individuos sus respectivas preferencias, de acuerdo con las respectivas percepciones de calidad de los individuos. También, entonces, le es imposible juzgar la calidad en la producción de cualquier servicio. El Estado no sabe nada de calidad, puesto que se trata de una categoría subjetiva, cuyo conocimiento solo es aprehensible por medio de la información que transmiten los precios a partir de los intercambios voluntarios y el respeto por la propiedad privada sobre los factores de producción —dos condiciones de posibilidad que justamente el Estado niega—.

La calidad es algo subjetivo y el Estado no la puede conocer.

Por otro lado, el Estado no compite con nadie más en el otorgamiento de ese sello al interior del país, razón por la cual no puede comprender los costos ni los beneficios de otorgarlos. Además, la competencia entre las universidades se dirige no tanto a satisfacer de la mejor manera y al menor precio posible las necesidades de los estudiantes, sino hacia el cumplimiento de los estándares arbitrariamente definidos por el Estado para otorgar aquellos sellos.

«It’s toasted»

El Ministerio de Educación colombiano le ha retirado el sello de alta calidad a la Universidad Sergio Arboleda por haber cometido varias irregularidades. Entre otras, las razones van desde la contratación y pago de salarios a profesores que resultaron no dar clase nunca hasta la compra de algunos bienes inmuebles por parte de algunos directivos para posteriormente arrendarlos a la misma universidad. 

Que estas acciones disminuyen la calidad de la educación universitaria no es algo fácil de distinguir. Lo que sí tenemos que decir es que el mercado cuenta con un mecanismo bastante eficiente para limitar este tipo de conductas, en caso de que lo hagan: ¡el cálculo económico!

En alguna otra parte, hemos discutido cómo ciertos actos de corrupción privada son limitados por parte del mercado mismo. Aquellas acciones que hemos mencionado pueden ser costos que injustificadamente restan a las ganancias de la universidad o que incluso las hagan desaparecer. En ese caso, corresponde a los dueños de la universidad eliminar esos costos, de tal manera que la persecución de ganancias de la universidad pueda continuar.

Ahora bien, si acaso esas acciones no tuvieran ese efecto, es decisión de la universidad —y solo de la universidad— mantenerlas si es que en ello quiere utilizar su propiedad privada, sobre todo si no son acciones injustas, como no parecen serlo. ¿Quién sabe? A lo mejor a los dueños de la universidad, por prestigio, les parece un costo justificado tener como empleado a un profesor, así no dé clase, porque es una de esas señales que ayudan a los estudiantes a discriminar en su favor.

Lo que sí tenemos que decir es que el mercado cuenta con un mecanismo bastante eficiente para limitar este tipo de conductas, en caso de que lo hagan: ¡el cálculo económico!

Todo el asunto nos lleva a recordar una escena muy particular de la serie de televisión Mad Men. En ella, Don Draper hace una exposición de lo que sería la nueva campaña de la marca de cigarrillos Lucky Strike. Después de una intervención similar del Estado, las compañías en los EE. UU. tienen prohibido hacer publicidad de sus cigarrillos exaltando sus beneficios para la salud. A partir del mensaje del Estado, todos los cigarrillos son venenosos.

Ante esto, Don Draper le hace ver al dueño y gerente de Lucky Strike que todas las compañías de cigarrillos son ahora iguales, pues todas venden cigarrillos que son venenosos —así como todas las universidades con el sello de alta calidad en la educación son más o menos iguales—. «Everyone else’s tobacco is poisonous. Lucky Strike is toasted», dice Don Draper haciendo referencia a un paso en el proceso de producción de los cigarrillos, que consiste en tostar las hojas de tabaco. Ante el hecho de que todas las empresas de cigarrillos son iguales, Lucky Strike puede decir de sí mismo lo que quiera y rivalizar de la manera en que considere idónea para distraer a los compradores del servicio en su dirección.

Al señor rector de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia le decimos: no desaproveche esta gran oportunidad. Ante los ojos del Estado colombiano, la universidad ya no es más de «alta calidad». Esto se traduce como que no se observan las condiciones arbitrarias del Estado para determinar que una universidad es de «calidad». La Universidad Sergio Arboleda «is toasted». 

Es la oportunidad perfecta para la universidad de dejar de perseguir el criterio arbitrario de calidad de un puñado de agentes estatales y comenzar realmente a comprender la percepción de calidad de los consumidores, estudiantes, presentes y futuros, de la universidad.

Mientras las demás universidades están saltando en zancos adecuando currículos de acuerdo con la voluntad de algún ministerio, la Sergio puede estar realmente innovando y probando su suerte ante los ojos de quien verdaderamente importa: el estudiante. Será hora, entonces, de ofrecer carreras de Derecho sin clínicas jurídicas obligatorias, de ofrecer grados de Gastro-derecho, de diseñar la carrera de Economía sobre el paradigma de la escuela austriaca de economía con seminarios dedicados exclusivamente a torpedear la abstracción específica del modelo de competencia perfecta.

Será hora también de tener salas de fumadores dentro de la universidad e incluso permitir que se vuelva a recibir clase fumando, de descartar la idea de construir lujosos complejos deportivos y gastar todo el presupuesto en la mejor biblioteca a nivel mundial. Será también hora de ofrecer títulos de abogado express, en tres años, donde el tiempo se vaya no en repetir legislación como un loro mojado, sino en la comprensión profunda de los principios generales del derecho, a partir de las glosas de los juristas boloñeses. 

Señores dueños de la Universidad Sergio Arboleda, señor rector, señores del Consejo Directivo: es el momento de hacer todo lo necesario para librarse del yugo de la acreditación de alta calidad y comenzar ahora así a producir con calidad —desde los ojos de los estudiantes—.