Zonas francas y libres: un mecanismo para el desarrollo territorial

Actualmente ningún país latinoamericano se encuentra ni siquiera entre los top cuarenta en el World Competitiveness Ranking del IMD, en cuanto a la competitividad enfocada en la creación de valor a largo plazo —de los medidos según disponibilidad de datos—, lo cual nos invita a reflexionar sobre el desempeño de los países, pero aún más en las dimensiones sobre la eficiencia empresarial o infraestructura estatal para la competitividad. De la misma forma, la OCDE viene estudiando, de forma comparativa, estrategias para avanzar en la atractividad regional, mediante la promoción de la inversión, el turismo, la atracción de talentos y la digitalización de la economía.

De este modo, en medio del auge de políticas de naturaleza estatista en Latinoamérica, resulta necesario revisar algunos mecanismos de escape, que puedan servir para mejorar la economía nacional, regional y local, frente a la usual tendencia al intervencionismo, apareciendo como una luz en el frondoso bosque sobrerregulado de la región.

En medio del auge de políticas de naturaleza estatista en Latinoamérica, resulta necesario revisar algunos mecanismos de escape, que puedan servir para mejorar la economía.

Según este complejo escenario, es necesario destacar dos de las más recientes reformas económicas —en esta vía— realizadas en Colombia por el expresidente Iván Duque (2021) y en Ecuador bajo la administración del presidente Guillermo Lasso (2023). 

Colombia pasó a modificar su régimen de zonas francas, mediante el Decreto 278 del 15 de marzo del 2021, flexibilizando la situación, actualizándose de acuerdo con los nuevos tiempos y mirando más de cerca lo que ocurre a nivel internacional sobre esta materia. Algunos aspectos importantes que deben ser tomados en consideración sobre la normativa aprobada y monitoreados respecto a su potencial beneficio a las comunidades locales serán: la simplificación de los trámites para el comercio electrónico y la eliminación del requerimiento de áreas mínimas de 20 hectáreas para nuevas zonas francas, dedicadas a prestación de servicios en municipios con menos de un millón de habitantes que abren la posibilidad de que determinadas empresas puedan solicitar nuevas zonas francas para actividades agroindustriales, concesiones aeroportuarias y férreas. Entre otras ventajas, esto iguala en treinta años el término máximo para prorrogar zonas francas permanentes y permanentes especiales.

Entre otras ventajas, esto iguala en treinta años el término máximo para prorrogar zonas francas permanentes y permanentes especiales.

Se ha demostrado que el desarrollo de zonas francas en Colombia significa en promedio el 
57 % del valor agregado nacional, dinamiza el empleo y fortalece el tejido empresarial (IIB, 2021), del mismo modo que permite una mayor especialización en las actividades económicas de acuerdo con el potencial de cada región (Zhihua Zeng, 2019), abriendo una ventana hacia una mayor competitividad y constituyendo una atracción de inversión extranjera.

El caso de Ecuador también merece ser tomado en cuenta, puesto que es una reforma que intentó hacerse cargo de la mirada centralizada y falta de accesibilidad al bienestar y/o servicios de las regiones más apartadas de los centros financieros tradicionales de nuestros países. En este caso, si bien la Corte Constitucional falló en contra, no puede dejar de ser analizada en cuanto a su contenido y los objetivos que con la misma se pretendían alcanzar: atracción de inversión, competitividad y generación de empleo.

Permite una mayor especialización en las actividades económicas de acuerdo con el potencial de cada región.

El Decreto Ley para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, firmado el 23 de mayo del 2023, propone un régimen para impulsar nuevas zonas francas y fortalecer las llamadas zonas especiales de desarrollo económico. Entre los aspectos que deben destacarse en dicha propuesta se planteó: exonerar del impuesto a la renta por 10 años y por 15 años en zonas fronterizas; exención de tributos al comercio exterior, exceptuando las tasas por servicios aduaneros para importaciones de insumos, bienes de capital, materias primas destinadas a la ZF o ZEDE; el IVA con tarifa 0 % para adquirir insumos, bienes de capital importados o nacionales destinados a la zona autorizada, y la exoneración del impuesto a la salida de divisas.

Se ha demostrado que el desarrollo de zonas francas en Colombia significa en promedio el 
57 % del valor agregado nacional, dinamiza el empleo y fortalece el tejido empresarial.

Se estima que por nearshoring hay un potencial de más de $78,000 millones de dólares para ser invertidos en Latinoamérica. El escenario internacional, cada vez más dinámico, complejo y competitivo, obliga a que los tomadores de decisión estudien y evalúen nuevas alternativas para atraer inversión. Esta es una tarea permanente y de largo aliento, donde las relaciones económicas internacionales —en clave de libertad— son decisivas para el beneficio de las pymes, desarrollo de nuevas empresas e innovar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ¿Quiénes darán los nuevos pasos? Ya veremos.