Chile: ¿Pionero en reestructuración estatal y reforma administrativa?

Tras una década de estancamiento de gobiernos socialdemócratas en países en vías de desarrollo y unos años de proliferación de agendas socialistas radicales en países desarrollados, aparecen liderazgos que buscan soltar las amarras del estatismo asfixiante. Los estanques de oxígeno comienzan a aparecer poco a poco en algunas regiones del mundo. Bajo esta mirada optimista de un futuro más próspero para todos, la libertad vuelve a ser un caballo de batalla dentro del discurso y las políticas públicas.

Mientras la economía más importante del mundo, los Estados Unidos de América, se encuentra expectante sobre qué harán y lograrán Elon Musk y Vivek Ramaswamy para reducir el aparato burocrático del Estado, bajo el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de la administración de Donald J. Trump, por otro lado, avanza una agenda de desburocratización en Argentina, de la mano del economista Federico Sturzenegger, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la administración de Javier Milei.

Que este tipo de agendas sean nuevo motivo de discusión, tras décadas de avances de crecimiento y prosperidad —y en otros casos de ciertos retrocesos— viene a mostrar los síntomas crónicos de la enfermedad de la sociedad de la dependencia y la irresponsabilidad política y fiscal, bajo el imperio de las socialdemocracias contemporáneas. Y así, dentro de la misma mirada, es necesario revisar la experiencia que llevó a Chile a dar el salto de ser uno de los países más pobres del continente a uno de los países líderes de la región. Nos referiremos a la subponderada institución —y algo ignorada en el mismo país— la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (Conara).

Argentina avanza con Milei

Por medio del Decreto 585/2024, que modifica la Ley de Ministerios, el presidente argentino, Javier Milei, creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Luego, y con el Decreto 586/2024, pasó a designar como ministro al doctor en economía del MIT, Federico Sturzenegger.

Sin duda, son enormes los desafíos de Argentina para la disminución de permisos, regulaciones, y desarrollar una sólida y sostenible transformación del Estado. Este último ítem, no muy popular dentro de los ámbitos de discusión contingente, supone el entendimiento de las dinámicas internas institucionales y contraste con el entorno normativo, así como permitir una solución de largo plazo que encamine a Argentina a su liderazgo regional que tuvo en décadas anteriores.

En este esfuerzo, según constatamos, se han derogado un sinnúmero de regulaciones, destacando la derogación de más de 40 normas (Resoluciones 1212/2024, 433/2024 y 434/24) que regulaban industrias y 107 derogaciones previas que hacían de Argentina un país poco atractivo para la inversión, y que siguen la titánica tarea dentro de la reestructuración de ministerios y asuntos de ajuste de la deuda pública. En resumen, en tan solo un año derogaron 672 regulaciones y 450 reparticiones públicas. A este respecto, no solo la labor tecnocrática jugará un papel, sino también la de un cambio cultural hacia el entorno normativo de los argentinos.

El caso excepcional chileno en los setenta

Hoy, la agenda de desregulación está muy latente en los países que quieren incrementar su liderazgo internacional y otorgar un mayor bienestar a sus ciudadanos. Ante estos hechos, vamos a indagar en una de las instituciones que revolucionó este tipo de agendas, quizás sin el mérito suficiente, pero que debería ser motivo de estudio en las universidades.

Conara en Chile fue uno de los primeros «DOGE» que se tenga registro y evidencia efectiva sobre materias de reorganización estatal y disminución de la burocracia en el mundo occidental. Incluso antes de desarrollar las agendas modernizadoras de los países postsoviéticos como Estonia, Polonia, Hungría, entre otros. Conara, nacida el 26 de diciembre de 1973, mediante el Decreto Ley 212, y que fue cerrada tras la publicación de la Ley 18.201, el 5 de abril de 1983, tiene una historia técnico-política digna de destacar. En su cierre, el Ministerio del Interior pasó a ser su continuador legal, a través del traspaso de la División de Modernización y Reforma Administrativa (Rocha 2021). Para dimensionar tamaña hazaña, hay que remontarse a un Chile absolutamente centralizado, donde no existían competencias claras de las entidades subnacionales y donde el desarrollo regional no era tema país. Tan así, que fue mencionado solo superficialmente en El ladrillo, de los Chicago Boys, cuando trata en específico un punto sobre desarrollo de organismos intermedios, y que, sin duda, sin Conara, no podrían haberse desarrollado las llamadas «siete modernizaciones» que cambiaron completamente el rumbo de Chile.

La visión de Conara era clara, presentar una política que permitiera al país incorporar una tríada inseparable: regionalización, descentralización y desarrollo regional (Boisier 1996), que con sus matices y vaivenes fueron aplicados en mayor o menor medida. Para la revisión del abultado sector público, se ejecutó una Reestructuración de Estructura Superior de la Administración del Estado desde cuatro puntos de vista: político, económico, jurídico y técnico-administrativo (bajo los principios de racionalidad y eficiencia). El diagnóstico era bastante similar a lo que hoy se plantea en las estructuras burocráticas de los países mencionados: crecimiento inorgánico del Estado, duplicidad de funciones, grupos de interés político que favorecían la inercia y rigidez estatal, y un incremento del rol intervencionista del Estado.

Para ello, Conara planteó dentro de sus objetivos la «racionalización de la Administración Pública, la reducción del gasto fiscal, la excesiva cantidad de funcionarios que configuran el sector público y obtener el máximo de aprovechamiento de los recursos que este maneja» (Conara 1974), para que «una vez llevada a cabo una real y efectiva descentralización administrativa hacia las regiones, deba revisarse el rol de los ministerios y pueda consolidarse una eventual disminución o fusión de ellos, a un número considerablemente inferior al propuesto» (Conara 1974). Esto, como se señala anteriormente, dentro de los plazos fijados por dicha comisión.

A este respecto, Conara presentó la reorganización a nivel ministerial basado en congruencia, criterios de funcionalidad y sectorialización, revisando toda la estructura del Estado, así como también la duplicidad de funciones. Por otro lado, se incorporó una mirada racionalizada sobre qué instituciones deben ser descentralizadas, desconcentradas, y cuáles deben ser, en definitiva, instituciones meramente regionales. Lo anterior fue directamente de la mano de un diseño de nueva estructura superior para la administración pública. El número de funcionarios públicos por cada 1000 habitantes en Chile el año 1976 era de 23,4, el cual se logró bajar a un 11,1 en 1984. En la actualidad, este indicador es de 59,5, reflejando una pérdida de rumbo en esta materia y que está siendo sometido a constantes debates en Chile. Por otro lado, se presentó una profunda reforma a la división político-administrativa con una reorganización regional, creando 13 regiones para poder dotarlas en el tiempo de mayores facultades y desarrollar sus capacidades propias según su vocación productiva, sin involucrar aumento de los gastos, sino redireccionando los recursos desde nivel central al regional.

Cabe destacar que dicho proceso de reformas estructurales y funcionales fueron desarrolladas no solo por miembros del aparato estatal, sino también fueron convocados profesionales y expertos de la academia y de organizaciones de la sociedad civil como el Colegio de Arquitectos y expertos de distintas universidades y disciplinas. Esta mirada integral de reforma señalaba que la «regionalización involucra, al mismo tiempo que incremento de la responsabilidad, un aumento de la libertad real de cada persona, como consecuencia de la eliminación de la burocracia inútil y carente de justificación social y técnica» (Conara 1979).

Respecto a los sistemas de información del Estado se implementaron tres campos prioritarios: la normalización contable, estadística nacional e informática. Un trabajo que se dio de forma conjunta con la Universidad de Chile. Además, para la administración de personal del sector público se reformó completamente el Estatuto Administrativo, se normó la carrera funcionaria de los trabajadores del sector público, e implementaron planes de capacitación (Art. 4.° del DFL/90 de 1977) y nuevas formas de calificación, entre otras.

Además, las políticas de Conara permitieron crear un mecanismo técnico para el financiamiento de las regiones y las municipalidades del país, que no tenían en ese tiempo y que se conservan hasta los días de hoy: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Fondo Común Municipal (FCM).

El éxito del futuro debe incorporar aprendizajes pasados

Sin duda, uno de los éxitos de la Conara se debió a que se le dieron potestades y confianzas de supraministerio, lo que permitió estar por sobre las pugnas de poder propias de los liderazgos particulares de cada ministerio sectorial. Otro de los méritos es que Conara lo logró con un grupo de directivos, profesionales y administrativos que rondaba los 30-40 funcionarios, muy distinto a lo que se puede ver en las reparticiones públicas de la actualidad. Un compromiso total con el país, de trabajar por modernizar Chile.

De este modo, tanto los Estados Unidos, Argentina u otros países que se sumen a estas agendas desregulatorias, deberían explorar lo desarrollado por Conara en Chile hace más de 50 años, que, con las tecnologías de la época, representan un enfoque de libertad pionero que ni en nuestro mismo país ha sido dimensionado, y que hoy es motivo de discusión para la innovación en desregulación y eficiencia del Estado.