Antecedentes históricos de la usurpación de tierras: períodos conservador y liberal

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En mi artículo pasado, describí brevemente los antecedentes históricos de la usurpación de tierras en el período colonial. En este abarcaré a los períodos conservador y liberal, y su impacto en la Guatemala de hoy.

Los Gobiernos conservadores, 1840-1871, lograron consolidarse utilizando las mismas estructuras coloniales de antaño, pues eso les garantizó el apoyo de la población indígena y la Iglesia católica, principalmente. 

En un comienzo, el motor económico primordial fue el cultivo de la cochinilla. Gracias a que esta actividad era posible solamente en dos departamentos, por cuestiones geográficas, el statu quo agrario se mantuvo por mucho tiempo. No obstante, la cochinilla perdió su rentabilidad gracias a los tintes sintéticos europeos. El café emergió, entonces, como una posible alternativa. 

Esto planteó un nuevo problema: las regiones indicadas para el cultivo del café ya estaban ocupadas por comunidades indígenas por al menos trescientos años. Se adoptó, consecuentemente, la ley del 5 de agosto de 1835, que permitió el arrendamiento de las tierras comunales indígenas. 

Se adoptó, consecuentemente, la ley del 5 de agosto de 1835, que permitió el arrendamiento de las tierras comunales indígenas. 

Las tensiones entre las comunidades y el régimen conservador se incrementaron debido a que se utilizó frecuentemente el soborno y la imposición de tributos altos para forzar a los pueblos a arrendar sus terrenos para el cultivo del café. Esto se empeoró gracias a lo mal delineados que estaban los ejidos y las quejas que surgían a raíz de esto. Este contexto creó para algunas facciones disconformes una ventana de oportunidad para rebelarse y hacerse con el poder. 

Las reformas agrarias liberales

La Revolución liberal triunfó en 1871 e inició una serie de reformas agrarias y laborales relevantes para nuestro estudio. Para analizar los efectos de dichos programas, utilizamos los trabajos de Castellanos Cambranes, enfocado en la industria del café durante este período, y Davis, por su estudio antropológico de algunas comunidades del altiplano guatemalteco. 

Los tres aspectos más importantes de este período son las redistribuciones de tierra y políticas para estimular la producción del café, las redistribuciones orientadas a la preservación del régimen y el vínculo entre la propiedad y el Estado.

Durante el régimen liberal, el Estado dedicó todos sus esfuerzos a promover el cultivo del café. Castellanos Cambranes destaca como ejemplo el Acuerdo Gubernativo del 10 de mayo de 1875 que hizo obligatorio la siembra de 10 quintales de semillas de café en cada departamento, por lo que se forzó la siembra de café en las tierras comunales. 

Durante el régimen liberal, el Estado dedicó todos sus esfuerzos a promover el cultivo del café.

Asimismo, según Castellanos Cambranes, el Gobierno «permitió, de ahí en adelante, vender y comprar terrenos [comunales] sin obstáculos de ningún tipo a todos aquellos extranjeros deseosos de convertirse en caficultores. En la Alta Verapaz se llegó aún más lejos: se fomentó la venta de tierras que incluía a los campesinos que hasta entonces las habían habitado y trabajado». 

Combinado con el Reglamento de Jornaleros del 3 de abril de 1877 y el Reglamento del Servicio de Trabajadores Agrícolas del 27 de abril de 1894, se instauró un sistema de trabajo forzoso con herramientas como los «libretos de jornaleros». De esta manera, en algunas regiones las fincas de café se convirtieron en monopsonios laborales. Los centros urbanos carecían de un desarrollo industrial que representara una alternativa para muchos campesinos.

Es importante indicar que muchas de estas compraventas de tierras comunales se hicieron sin el consentimiento de las comunidades indígenas. Davis menciona que se hizo un nuevo registro de propiedad y muchos poblados no lograron registrar sus terrenos debido a que la mayoría eran analfabetas, aparte que solo se permitió hacerlo a título individual. 

Mestizos migraron hacia el altiplano para trabajar en sus nuevas fincas, mientras otros se limitaron a registrar terrenos a su nombre. Algunas comunidades, como las de Santa Eulalia, por ejemplo, terminaron cultivando y asentándose en tierras de dueños ausentes. Esto representó un problema en el futuro cuando los propietarios intentaban vender terrenos que ya estaban ocupados.

Divide et impera

Para garantizar su estadía en el poder, los presidentes liberales tomaron medidas para evitar cualquier clase de sublevación. Castellanos Cambranes describe algunas de ellas. 

Apenas se hicieron con el poder, los liberales expropiaron fincas de muchos mestizos localizadas en el oriente del país. Se las otorgaron a poblados indígenas en forma de ejidos. 

Apenas se hicieron con el poder, los liberales expropiaron fincas de muchos mestizos localizadas en el oriente del país. Se las otorgaron a poblados indígenas en forma de ejidos.

Cuando se implementaron las reformas agrarias, se utilizaron dos métodos para mantener el orden: la represión y la división. Se expropiaron terrenos de unos poblados para otorgárselos a otros, garantizando la lealtad de los beneficiados y ocupándolos con pleitos territoriales. 

Dichas comunidades beneficiadas proveyeron reclutas para las milicias y policías rurales para reprimir a posibles rebeldes. Quizá algunas disputas territoriales entre municipalidades que persisten en la actualidad provengan de esta época.

Finalmente, cabe destacar el vínculo político que Castellanos Cambranes hace entre los caficultores y el régimen. Indica que se les «invistió no sólo de autoridad civil y policial, sino incluso, de autoridad militar, dándose una gran similitud entre los sistemas de trabajo forzado y control político existentes en el Reino de Guatemala en la segunda mitad del siglo XVIII y los adoptados por los finqueros encabezados por J. Rufino Barrios». 

Davis indica que las expropiaciones a la Iglesia católica y la expulsión de las órdenes religiosas rompieron un contrapeso y puente de comunicación entre el Estado y los pueblos indígenas. Dicho vacío fue reemplazado por los finqueros, con la importante diferencia de que estos buscaban preservar el statu quo, mientras que los párrocos defendían y servían a sus comunidades. 

Davis indica que las expropiaciones a la Iglesia católica y la expulsión de las órdenes religiosas rompieron un contrapeso y puente de comunicación entre el Estado y los pueblos indígenas.

Se puede interpretar estas reformas agrarias, entonces, como una continuación de la teoría colonial del señorío, en el que las personas y municipalidades poseían tierras por gracia del Estado. Un sistema en el que la propiedad está íntimamente ligada al poder político y a sus caprichos difícilmente puede llamarse capitalista. Al contrario, tenía facetas feudales y mercantilistas que se llevaban practicando por siglos.

Consecuencias

De estas reformas agrarias podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, la introducción de la propiedad privada y la modernización de la economía en Guatemala se hizo de una forma muy desigual y conflictiva: una inmensa porción de la población perdió tierras históricamente suyas y muy pocos lograron formalizar lo que ya tenían. 

Por el otro lado, una minoría con mucha influencia política logró obtener tierras con métodos cuestionables y registrarlas formalmente a su nombre. Dicha minoría logró asegurar su propiedad a través de compraventas forzosas y expropiaciones estatales. Difícilmente se puede construir una cultura de respeto a la propiedad privada cuando un sector la obtiene por la fuerza, mientras se excluye a otro del acceso a estos derechos. 

Una minoría con mucha influencia política logró obtener tierras con métodos cuestionables y registrarlas formalmente a su nombre.

Si se observa el caso de Inglaterra, por ejemplo, la propiedad privada emergió como consecuencia de un proceso gradual con los enclosures y la evolución de la costumbre. Por otro lado, en Guatemala las reformas agrarias tuvieron el objetivo de radicalmente quebrar una costumbre de trescientos años a través de la usurpación. 

No debe extrañarnos, entonces, que durante los Gobiernos revolucionarios de Arévalo y Árbenz se hablara tanto de una nueva reforma agraria para intentar ajustar los errores de esta época.

Otro aspecto para tomar en cuenta es el rol protagónico del Estado en todo este proceso. En cierta manera, gozaba de dicha participación desde la Conquista y la posesión de terrenos estaba asociada con influencia política y prestigio. El problema que esta cultura política representó, como lo muestran las reformas agrarias liberales, es que la propiedad privada estaba sujeta a las arbitrariedades del Estado. Las garantías de protección eran casi nulas. 

Más importante aún, las reformas representaron un trauma en el consciente colectivo de muchas comunidades. Tal como muestra el estudio de Davis, estas lo recuerdan como un período oscuro en el que perdieron su autonomía y prosperidad. Muchos anhelan recuperar la posesión de terrenos que se perdieron durante el régimen. Esto explica, de alguna manera, la obsesión en Guatemala con la distribución y el acceso a la tierra. No debe extrañarnos si este sentimiento ha permanecido hasta nuestros días. 

Más importante aún, las reformas representaron un trauma en el consciente colectivo de muchas comunidades.

El problema que esto plantea tiene una faceta jurídica importante, especialmente si se busca construir un Estado de derecho. Las reformas liberales, pese a su ética cuestionable, fueron legales

Los herederos de todos estos terrenos no son culpables de los actos inmorales de sus antepasados. También hay dificultades con rastrear a los dueños originales de muchos terrenos, especialmente con documentación oficial si se desea contemplar algún programa de restitución. Consecuentemente, muchos grupos se frustran con las vías legales y recurren a la usurpación y la violencia. 

Otras organizaciones utilizan este evento histórico como parte de su narrativa política y así justificar invasiones. En efecto, bajo la pretensión de corregir injusticias históricas es que se han emprendido muchas usurpaciones. Resolver conflictos que han surgido a partir de este período histórico requiere de buen liderazgo y creatividad, dos características que lamentablemente escasean mucho en el Estado de Guatemala. 

AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor. Las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la UFM.

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Pablo Andres Rosal

Estudiante de Ciencia Política con una especialización en Políticas Públicas del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UFM. Apasionado por la cultura, la economía y la religión, y cómo afectan al desarrollo de un país.

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