Acerca de CADEP
El Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas —CADEP— es un centro de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (EPRI) de la Universidad Francisco Marroquín. Fue fundado en el 2002 con el objetivo de promover la teoría de la elección pública —en inglés, public choice—, una herramienta de análisis que utiliza la economía para estudiar la política.
Nuestro enfoque
El public choice ofrece explicaciones y posibles escenarios sobre el comportamiento de los individuos involucrados en las decisiones colectivas —políticos, burócratas, votantes y grupos de presión— y parte de la premisa de que el individuo no se comporta en política de forma diferente a como se comporta en el mercado.
Es decir, que aquellos que participan en la toma de las decisiones públicas también buscan, en última instancia, satisfacer sus propios intereses. Esto permite tener una visión más realista de la política y entender por qué el Estado falla al tratar de resolver problemas.
Lo que hacemos
Desde 2002, el CADEP se ha enfocado en potenciar la investigación en temas políticos y económicos. Promovemos la teoría de la elección pública y buscamos difundir los valores de una sociedad de personas libres y responsables.
Para este propósito, publicamos tanto artículos como investigaciones sobre temas de relevancia para Guatemala y la región.
En el interior del país, el CADEP extiende el trabajo de la universidad en la transmisión de las ideas de la libertad. Para ello, el CADEP promueve la discusión y el intercambio de ideas a través de foros, coloquios, conferencias, y otras actividades.
¿Qué es public choice?
El public choice aplica la metodología de la economía para analizar las decisiones que se toman desde la política.
Analiza la actividad estatal y la toma de decisiones colectivas, así como a los individuos que están involucrados en ellas: votantes, políticos, burócratas, grupos de interés, etcetera. Al utilizar los métodos de la economía, hace que los análisis sean más realistas, tomando en cuenta la información que tienen las personas del Gobierno a disposición —que no es perfecta— y sus incentivos para actuar de la manera en que lo hacen.
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