Políticos profesionales: una de las claves para la política pública sostenible


La ciudadanía guatemalteca detonó en el 2015 en la manifestación de descontento hacia el sistema político más importante del siglo —y probablemente de la historia democrática del país—. La principal consigna de «La Plaza» era eliminar la corrupción, un mensaje que se mezclaba con altos niveles de falta de confianza y legitimidad. Esta oleada de sentimiento político sigue afectando a la política nacional, aunque en menor medida que hace cuatro años. En este contexto, es difícil escribir argumentos como el que propongo en el siguiente artículo: que los políticos, en particular los legisladores, deben ser profesionales y durar más tiempo de lo que actualmente duran en su administración. 

Los políticos, en particular los legisladores, deben ser profesionales y durar más tiempo de lo que actualmente duran en su administración. 

La supervivencia de los políticos en el sistema es un tema delicado. Según Latinobarómetro, el Congreso es la institución con menos confianza por parte de la población, que asciende a un 79.2% en el 2017 —frente a un 68.4% de desconfianza en el judicial, un 77.4% en el ejecutivo y un 70.5% en el electoral—. Como parte del desencanto hacia el Congreso, la opinión popular apunta a que deben ser cargos menos pagados e incluso sin reelección. Este artículo busca argumentar en contra de lo segundo, con énfasis en su potencial efecto positivo en el desempeño de la política pública nacional. 

¿Por qué es importante la profesionalización? Los autores Scartascini, Spiller, Stein y Tommasi (2010) identifican tres variables de peso para elevar la probabilidad de que una política pública dure en el tiempo: 1) jueces independientes; 2) burócratas profesionales; y 3) políticos profesionales. Este eje triangular de elementos, en su conjunto, puede ayudar a institucionalizar las políticas públicas. Los burócratas profesionales pueden ejecutarla de forma continua por sus expectativas de permanecer en su puesto a lo largo del tiempo. Un juez independiente puede aplicar la ley con mayor certeza e imparcialidad, generando un ambiente de certidumbre. Un político profesional puede generar las políticas con mayor madurez y expertise en un tema en particular. Un diputado primerizo en una comisión de salud, por ejemplo, poco sabrá de salud pública en comparación con el diputado que lleva presidiendo la comisión 15 o 20 años. Con el segundo, se eleva la probabilidad de obtener propuestas de reforma basadas en expertise y experiencia, fácilmente fundamentadas con evidencia. Así, la política pública se vuelve un proyecto a largo plazo, más efectiva y, tal vez, más eficaz. 

Javier Brolo (2016) y Eduardo Fernández Luiña et al. (2016) escribieron acerca de la supervivencia y rotación de élites en Guatemala. Brolo calcula el promedio de vida de un diputado en 5.7 años, mientras que Fernández Luiña et al. lo calculan en 5.8. Esto es, en promedio, una legislatura y media por diputado, menos de lo que puede ser razonable para facilitar la profesionalización. Si los diputados no tienen expectativa de permanecer mucho tiempo en su puesto, es más fácil caer en incentivos perversos de miopía institucional. Este es un término que se utiliza en public choice para denotar el cortoplacismo de la política en general. Las políticas públicas suelen ser a corto plazo y, por ende, inefectivas e ineficientes. 

Si los diputados no tienen expectativa de permanecer mucho tiempo en su puesto, es más fácil caer en incentivos perversos de miopía institucional.

Pongamos un ejemplo. Cuando un gobierno implementa una política para combatir la desnutrición, es razonable esperar ver resultados a partir de 10-15 años como mínimo. Es una política sumamente compleja e importante que involucra salud preventiva, hábitos de alimentación, educación, higiene, etc. Si la política se empieza a implementar de forma exitosa, lo ideal es que se siga implementando así. Incluso si no es exitosa al principio, un elemento fundamental de una política pública es que pueda ser flexible y se adapte a la retroalimentación de la ciudadanía. El denominador común ahí es el hecho de que se necesita tiempo para ver resultados. Si transcurridos 4 años, en un cambio de gobierno y de legislatura, los nuevos gobernantes reinician la política pública para implementar una nueva y «más efectiva», se pierde el trabajo realizado y la gente se puede ver seriamente damnificada. Esto puede ocurrir incluso si la burocracia está profesionalizada. Los políticos tienen una enorme influencia en la ejecución e implementación de política pública. 

Incluso si no es exitosa al principio, un elemento fundamental de una política pública es que pueda ser flexible y se adapte a la retroalimentación de la ciudadanía. El denominador común ahí es el hecho de que se necesita tiempo para ver resultados.

El ejemplo no es descabellado. Es, de hecho, la regla en la administración pública guatemalteca. A pesar de la baja confianza en el legislativo, es importante que los diputados puedan estar ahí más tiempo para que puedan tener un mayor margen de trabajo y expectativa de supervivencia. Esto implica cosas que no son muy populares: reelección, aumento de sueldos, «dipusaurios» —sin ser peyorativo— y en concordancia con mi último artículo, un Congreso más grande. Claro, nada de esto garantiza un buen desempeño institucional, simplemente eleva la probabilidad de éxito a través de una correcta alineación de incentivos. Lo mejor es poder tener los tres elementos que identifican Scartascini et al. Ya hay consenso con el tema de los jueces y burócratas, yo solo pretendo meter el de los políticos al debate para que no se subestime su potencial beneficio. 

Referencias

  • Brolo, J. (2016). Supervivencia de los partidos políticos, diputados y alcaldes en Guatemala desde 1984. Guatemala: ASÍES.
  • Fernández Luiña, E., Argueta, R. M., Maldonado, M. A., Matheu, K., Méndez, A. M., & Montenegro, S. S. (2016). Consolidación democrática y circulación de élites en el sistema político guatemalteco. Península, 65-84.
  • Scartascini, C., Spiller, T. P., Stein, E., & Tommasi, M. (2010). ¿Cómo se juega en América Latina? Instituciones políticas, procesos de negociación y políticas públicas. In C.
  • Scartascini, T. P. Spiller, E. Stein, & M. Tommasi, El juego político en América Latina: ¿Cómo se deciden las políticas públicas? (pp. 1-32). Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.



Por Edgar Gutiérrez Aiza
16 de agosto del 2019


AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.


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