Ojo con quién paga la cuenta



María Isabel Gándara

Estudiante del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UFM. Apasionada por el debate y aficionada del estudio e investigación.

«No existe tal cosa como un almuerzo gratis». Esta es una frase que se le escuchaba frecuentemente a Milton Friedman y que puede ser aplicada también al ámbito político. Por ejemplo, desde un punto de vista económico, podríamos decir que las universidades públicas son «gratuitas»; pero tanto usted como yo, que pagamos impuestos, sabemos que somos nosotros quienes las pagamos. Por tanto, estas no son gratis. Ahora bien, si suponemos que en la política tampoco hay «almuerzo gratis», ¿quién y por qué lo está pagando? 

Para entender esto, es necesario referirse a lo que en public choice se conoce como buscadores de rentas. Este concepto hace referencia a la búsqueda de un aumento en las utilidades para un determinado sector por medio de la manipulación o creación de políticas públicas. Las utilidades juegan un papel determinante en las inversiones y no se puede olvidar que todas estas conllevan una inversión previa. En el mercado de bienes y servicios se invierte en el producto para mejorarlo y así estar por delante de la competencia, pero en el mercado político se emplean recursos para que la persona que está en el poder pueda generar obstáculos para la competencia con el fin de eliminarla. Estos terminan en favores que tienen como propósito eliminar la competencia. 

En el mercado de bienes y servicios se invierte en el producto para mejorarlo y así estar por delante de la competencia, pero en el mercado político se emplean recursos para que la persona que está en el poder pueda generar obstáculos para la competencia con el fin de eliminarla.

La pregunta, entonces, es cómo se consigue el beneplácito de los políticos. Sencillo, pagándoles la cuenta. En «Ahora, hablemos del financiamiento electoral», Jonatán Lemus (2019) nos habla sobre los efectos del financiamiento electoral durante la campaña. Sin embargo, ¿qué sucede cuando este proceso finaliza? Considero que el financiamiento es igual de importante durante la campaña que después, y por eso es conveniente que pongamos atención a qué pasará ahora que ya tenemos un presidente electo. Una vez pasadas las elecciones, existe un mayor incentivo para «pagar el almuerzo» y, debido a que ya podemos poner el ojo sobre una sola persona y un gabinete, la inversión se vuelve segura. Esto cambia cuando aún no hay candidato electo porque se da este dinero a diferentes personas. 

Ahora bien, si ya determinamos a quién le pagamos la cuenta, ¿quién va a pagarla? La teoría nos dice que aquel que esté interesado en obtener ventaja sobre su competencia por medio de inversiones en el mercado político; en la mayor parte de los casos, por lo menos en Guatemala, son los empresarios. Lo que intenta el buscador de rentas es que su empresa se posicione por delante de su competencia, algo que hecho por medios no políticos puede ser más difícil y costoso. En otras palabras, como lo definía Manuel Ayau, el buscador de rentas «[busca] ampararse en el poder coercitivo del gobierno para privar a unos del ejercicio de su libertad, con el objeto de beneficiar a una persona o grupo, garantizando la supervivencia del negocio o el aumento de las ganancias del privilegiado» (como se cita en García, 2016, párr. 1). 

Lo que intenta el buscador de rentas es que su empresa se posicione por delante de su competencia, algo que hecho por medios no políticos puede ser más difícil y costoso.

Dado que ya hemos explicado qué es ser un buscador de rentas y quiénes pagan la cuenta, el siguiente tema que debemos poner sobre la mesa es por qué es un problema. Esto se resume en costos y corrupción. En primer lugar, aumentará el costos de los productos que sean víctimas de los buscadores de rentas, puesto que se alteran los precios por medio de la manipulación del gobierno. En segundo lugar, se generará un círculo vicioso en el cual la única oportunidad de sobrevivir en el mercado será por medio de inversiones. Ahora bien, vale la pena aclarar que en el mercado político no se genera riqueza, solo se distribuye. Por lo tanto, estas inversiones, como dijimos antes, van enfocadas a eliminar la competencia por medio de concesiones y ya no por medio del aumento en la calidad de determinado producto. 

No podemos asegurar que todos aquellos que tienen un interés en un cambio en las políticas públicas lo estén haciendo porque sean buscadores de rentas, ya que podrían genuinamente querer beneficiar a la población. Además, se sabe que si no hay quien financie cambios políticos estos nunca llegarán. Sin embargo, no por eso deberíamos, como ciudadanos guatemaltecos, dejar de ver quién invita a almorzar a quién y, mejor aún, quién paga la cuenta. 

Referencias

  • García, J. (2016). ¿Seguimos con los privilegios? Market Trends. Recuperado de https://trends.ufm.edu/articulo/seguimos-los-privilegios/
  • Holcombre, R. (2016). Advanced Introduction to Public Choice. Massachusetts: Edgar Elgar Publishing. 
  • Lemus, J. (2019). Ahora, hablemos del financiamiento electoral, Centro Para el Análisis de las Decisiones Públicas. Recuperado de https://bit.ly/2kky1PT
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17 de septiembre del 2019

¿Quiénes somos?

El Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas —CADEP— es el núcleo de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Fue fundado en el año 2002 con el objetivo de promover la teoría de la elección pública —en inglés, public choice—, una herramienta de análisis que utiliza la economía para estudiar la política.

AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.


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