La reconciliación público-privada



Paulina Santizo

Internacionalista egresada del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, donde se especializó en comercio exterior. Es amante de la historia, de los museos y de la constante búsqueda de un punto de vista diferente. 

El 29 de octubre de este año, el Congreso de la República resolvió con 32 votos a favor, 50 en contra y 78 ausentes el rechazo al proyecto de rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje. Esta obra hubiera sido construida y financiada bajo el modelo de alianza público-privada —APP—. Víctor Cruz Clavería, diputado por Escuintla, agradeció la votación contra el proyecto porque, según él, la obra sería una privatización de la carretera que solo sería de beneficio para los ricos (Escobar & Hernández, 2019). De igual forma, alcaldes de este departamento ya habían mostrado su rechazo al proyecto y demandaban que el gobierno fuera quien construyera la carretera. No obstante, ¿cómo funcionan realmente las APP y por qué este no es un modelo? que solo beneficia a los ricos como dice.

Víctor Cruz Clavería, diputado por Escuintla, agradeció la votación contra el proyecto porque, según él, la obra sería una privatización de la carretera que solo sería de beneficio para los ricos

En Guatemala, como en el resto del mundo, la contraposición entre lo público y lo privado está a flor de piel. Usualmente se percibe al sector privado como «el enemigo del pueblo», quien solo busca su propio interés a expensas de los demás. Las APP son una modalidad de contratación de obra pública que a largo plazo permite a entidades públicas y privadas llegar a acuerdos para proveer un activo o servicio público que supera por mucho la capacidad financiera técnica del Estado. En estos proyectos, la contraparte privada es quien asume los riesgos financieros y la responsable de hacer que sea rentable por el tiempo que dure el proyecto (Asturias, 2019). 

Las alianzas público-privadas son conocidas por alinear los incentivos de cada una de las partes involucradas para poder dar un mejor servicio de calidad. Debido a que son edificados con capital privado, el constructor busca que el proyecto sea rentable a largo plazo para poder recuperar su inversión y extender la concesión del mismo por parte del Estado. Eso le lleva a mantener la obra en buen estado y funcionando de la mejor manera posible. Por otro lado, el sector público se «ahorra» tener que gastar en la construcción del proyecto y su posterior desarrollo e implementación. Además, permite concentrar los costos de mantenimiento en aquellos que utilizan el servicio en lugar de repartirlos entre todos los contribuyentes. Es decir, al contrario de los que señala el diputado Cruz Clavería, beneficia al que la usa y no perjudica al que no la usa.

Permite concentrar los costos de mantenimiento en aquellos que utilizan el servicio en lugar de repartirlos entre todos los contribuyentes. Es decir, al contrario de los que señala el diputado Cruz Clavería, beneficia al que la usa y no perjudica al que no la usa.

Dado que las APP son un ejemplo de cooperación entre lo público y lo privado, es imposible no pensar en el potencial que tienen en el país. No solamente atraen inversión al abrir los proyectos a licitación internacional y generan empleos, sino que responden a las necesidades de la población de una mejor manera que su alternativa pública. Es por eso que considero que el modelo APP puede reducir el antagonismo público-privado y la cantidad de free riders

En Guatemala, la construcción de obras bajo este tipo de modelo está estipulada en la Ley Decreto Legislativo 16-2010, que contempla la formación de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica —ANADIE—. La ANADIE es una entidad descentralizada que asesora a otras instituciones públicas en la planificación, estructuración y contratación de proyectos bajo el modelo APP. Una vez adjudicada la obra, el Congreso debe votar a favor para ponerla en marcha. Este proceso supone una limitación a la iniciativa privada, que encuentra obstáculos para conciliar sus propios intereses con las necesidades sociales.

Este proceso supone una limitación a la iniciativa privada, que encuentra obstáculos para conciliar sus propios intereses con las necesidades sociales.

Como hemos visto, las APP son un híbrido entre lo público y lo privado, uniendo a ambos sectores para la construcción, el mantenimiento y el funcionamiento de proyectos de infraestructura en Guatemala. La ley estipula que los tipos de proyectos que se pueden desarrollar en el país bajo una APP, y por un plazo máximo de 30 años, tienen que ver con infraestructura en general. Así, bajo un modelo de APP se pueden desarrollar proyectos de infraestructura vial, puertos, aeropuertos, transporte ferroviario y energía eléctrica. No obstante, el marco legal excluye a todos los relacionados con salud, educación y agua.  Es por esto que es importante también cuestionar las limitaciones que pone la ley a este tipo de proyectos. ¿Son las APP la solución para mejorar el sistema de salud o el de educación? ¿Deberíamos permitir este tipo de alianza en dichos sectores y no limitarla únicamente a trabajos de infraestructura? 

Referencias: 

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5 de noviembre del 2019

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El Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas —CADEP— es el núcleo de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Fue fundado en el año 2002 con el objetivo de promover la teoría de la elección pública —en inglés, public choice—, una herramienta de análisis que utiliza la economía para estudiar la política.

AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.


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