La viabilidad de una gobernanza policéntrica en la administración pública

Con la modernidad y el descrédito del modelo de Estado jerárquico y centralizado tradicional, aparece dentro del léxico de la ciencia política el concepto de gobernanza o gobierno relacional. De manera general, el término define una manera de gobernar cuyo objetivo es propiciar un desarrollo económico, social e institucional duradero dentro de un contexto de sano equilibrio entre Estado, sociedad civil y mercado. 

   En relación con esto último, la teoría de la elección pública ha resaltado el importante papel de la descentralización de poderes y los beneficios de su implementación para la consecución de mayores niveles de gobernanza. Entre las formas en que esta dispersión política puede manifestarse, la descentralización vertical ha sido foco de atención en el debate académico. Esta implica la existencia de un localismo que permita la toma de decisión con respecto a asuntos públicos a nivel regional. 

En relación con esto último, la teoría de la elección pública ha resaltado el importante papel de la descentralización de poderes y los beneficios de su implementación para la consecución de mayores niveles de gobernanza.

    Elinor Ostrom, politóloga y economista estadounidense, acuña el concepto de gobernanza policéntrica para analizar la importancia y el desempeño que mencionado localismo tiene en la elaboración de políticas públicas. Centrándose en la administración de los bienes públicos de distintas colectividades, Ostrom estudia las diversas formas en las que una comunidad se organiza para lograr la eficiencia y señala la importancia de que un Estado otorgue autonomía a las distintas comunidades para el manejo de sus recursos. En estos casos, arguye, el sistema reconoce las diferencias existentes dentro de la población que gobierna y permite la autogestión de cada unidad de acuerdo a sus propias particularidades. Esto sustituye la tendencia habitual de aplicar una política uniforme por parte de un ente centralizador. 

El sistema reconoce las diferencias existentes dentro de la población que gobierna y permite la autogestión de cada unidad de acuerdo a sus propias particularidades. Esto sustituye la tendencia habitual de aplicar una política uniforme por parte de un ente centralizador. 

    Las diferencias en cuanto a los recursos del territorio, a sus principales actores políticos, a su historia y a las necesidades de la población hacen evidente que la información del mercado, tanto en el sector público como en el privado, se encuentra dispersa dentro del conjunto de individuos que lo componen. Permitir, por lo tanto, que actores tanto gubernamentales como privados a nivel local gocen de autonomía significa que las decisiones se fundamentarán en información más certera y que, por consiguiente, las políticas estarán encaminadas hacia una mejor dirección. Junto a esto, la fiscalización de la autoridad competente será también más accesible para el ciudadano y se gozará de una mayor legitimidad política derivada del acercamiento a los representantes. 

   Por lo tanto, y subrayando la necesidad de contar con un marco jurídico que englobe al conjunto dentro de principios republicanos, la autonomía local derivada de una gobernanza policéntrica representa maneras de elaborar políticas públicas más eficientes y representativas. Analizar bajo qué condiciones esta puede implementarse dentro de las distintas expresiones sociales es el siguiente paso para reformar de manera acertada aquellas estructuras que, alejadas de la realidad social, buscan traer a ella desarrollo y bienestar a poblaciones caracterizadas por su heterogeneidad.