La ilusión fiscal durante la pandemia

Apenas unas semanas después de que se diera a conocer el primer caso del nuevo coronavirus en China, el 31 de diciembre de 2019, los Estados comenzaron a implementar medidas para enfrentar la pandemia. Estados del sudeste asiático como Taiwán, Corea del Sur o Singapur implementaron rápidamente estrategias “tecnológicas intensivas”: testeos masivos, rastreo de personas que habían estado en contacto con las que habían sido encontradas contagiadas y aislamiento de aquellas últimas. Algunos Estados, como EE. UU., Gran Bretaña, Alemania o Suecia, optaron por medidas voluntarias de confinamiento en los hogares y ciertas restricciones light. Otros Estados, en cambio, aplicaron estrategias más “medievales” como la cuarentena casi absoluta, algo que vimos en muchos países latinoamericanos y otros europeos (España o Italia). 

Para abril, estaba claro que las mayores restricciones a la movilidad de las personas y las mayores prohibiciones al funcionamiento de las actividades económicas generarían de manera simultánea una mayor caída en la demanda y en la oferta de bienes y servicios. Ese mismo mes, el Fondo Monetario Internacional pronosticaba una caída del 3% en el PIB mundial, del 6,1% de retracción para los países desarrollados y del 1% para los países en desarrollo y emergentes. Dos meses más tarde, el mismo organismo cambió sus pronósticos: caída de casi el 5% para el PIB del planeta, del 8% para las economías desarrolladas y del 3% para los países emergentes y en desarrollo. La mayoría de los Estados del mundo lanzaron, además, programas fiscales para brindar ayudas al sector privado: subsidios a las personas que tenían restricciones o prohibiciones para trabajar, subsidios y créditos a empresas, ampliación de los programas de desempleo, reducciones o exenciones impositivas, etc. 

Las ayudas masivas de los Estados significan “paquetes” que llegan en muchos casos (sobre todo en los países más desarrollados) a niveles que superan el 10% del Producto Interior Bruto. De forma simultánea, asistimos a la creación de nuevos organismos estatales para hacer frente al problema sanitario, a la contratación de empleados, a las nuevas regulaciones, a los protocolos, etc. Esta es una situación que se ha repetido en el pasado cuando sobreviene alguna catástrofe natural, una guerra o una pandemia: el aumento en el tamaño del Estado. En esas primeras semanas de marzo, cuando el virus llegaba masivamente a Occidente, me vino a la mente un concepto de James Buchanan (el “creador” de la escuela del public choice) que podría ser utilizado para intuir lo que podía suceder en términos del incremento del gasto público. 

Las ayudas masivas de los Estados significan “paquetes” que llegan en muchos casos a niveles que superan el 10% del Producto Interior Bruto.

En su libro Public Finance in Democratic Process (1967), Buchanan se pregunta acerca de las razones por las cuales los ciudadanos y los votantes eligen generalmente a aquellos políticos que proponen programas fiscales y monetarios irresponsables, inconsistentes y que conducirán a resultados económicamente negativos. ¿Por qué los votantes eligen a políticos que tienden a incrementar el gasto público, la deuda y la inflación? Buchanan afirma que los ciudadanos hacen elecciones fiscales: por un lado, deben “decidir” sobre el tamaño del presupuesto y la distribución del mismo y, por el otro, elegir sobre la manera de financiar ese gasto. Es decir, en esta elección, el individuo se enfrenta a un costo (tributos o deuda) y a un beneficio (gasto público). El resultado de esta elección dependerá de la “percepción” que tenga cada persona acerca de dichos costos y beneficios. Y la percepción de estos costos y beneficios dependerá, según Buchanan, de las instituciones fiscales; es decir, de las reglas del juego en materia de tributos y gasto público. Y acá viene el concepto de “ilusión fiscal”: los contribuyentes se ven afectados por una ilusión o falsa percepción de la realidad en materia fiscal si creen que el costo de financiar al Estado es menor al que realmente es y si los beneficios que brindan los servicios estatales son mayores a los que realmente son. 

Los contribuyentes se ven afectados por una ilusión o falsa percepción de la realidad en materia fiscal si creen que el costo de financiar al Estado es menor al que realmente es y si los beneficios que brindan los servicios estatales son mayores a los que realmente son. 

Es decir, el Estado (o las personas que ocupan el Gobierno) puede generar una falsa realidad sobre los costos reales del sector público si, por ejemplo, prometen incrementar un gasto mediante el endeudamiento o la emisión monetaria. Los costos de dichas herramientas son difusos, poco claros y no impactan inmediatamente sobre la población. También los políticos pueden generar una ilusión fiscal cobrando un impuesto para financiar un gasto que tenga gran aceptación entre el público (seguro de desempleo, ayuda a grupos vulnerables, etc.). Pero también pueden generar un efecto de “sobrevaluación” de los servicios que brinda el Estado a través de la “táctica del pánico”; es decir, atemorizando a la población acerca de una situación política, económica o social de extrema gravedad. 

La pandemia, así, ha encontrado una ventana de oportunidad para los políticos para introducir una ilusión fiscal mediante nuevos impuestos, una mayor emisión de moneda y un mayor endeudamiento para financiar mayores gastos. La gran incógnita es qué va a suceder con este aumento en el tamaño del gasto público cuando la pandemia haya pasado. ¿Volveremos a la situación previa o nos encontraremos con un Estado mayor al de antes de manera permanente?