Guatemala: entre la frustración y la rabia. Asimetrías de información y cleptocracia


El pasado 21 de noviembre quedará en la memoria de todos los guatemaltecos como uno de los días más tristes de su historia democrática. Esa tarde, un grupo de radicales participó en la quema del Congreso. Casi al mismo tiempo, y muy cerca de allí, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado utilizaban gases lacrimógenos y medios violentos para aplacar una manifestación pacífica. Mientras unos quemaban alegremente el legislativo nacional, otros eran reprimidos por la policía. La historia pondrá a cada quién en su lugar, pero no podemos dejar de hablar e intentar explicar cómo se ha llegado a esta situación. Como todos saben, la mecha se encendió fruto de la aprobación de los “presupuestos de la vergüenza”. 

Una vez más, y aunque el lector esté cansado por la temática, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) tiene mucho que ver en esta nueva crisis que sufre el sistema político guatemalteco. Las asimetrías de información que la LEEP genera y que impiden que conozcamos a nuestros representantes, unido a la elevada probabilidad que los diputados tienen de desaparecer en la siguiente elección, incentivan comportamientos poco virtuosos por su parte. Si, además, esto ocurre en un sistema presidencialista rígido, como lo es el guatemalteco, la crisis está servida. Es harto evidente que los legisladores guatemaltecos no sienten la presión cotidiana de su circunscripción. Son conscientes de que pueden beneficiarse a corto plazo de negocios ilícitos, transando y negociando “por debajo de la mesa”. Al mismo tiempo, saben que probablemente no ingresen en listas para la siguiente elección. Y lo anterior no es resultado del castigo popular. Esto es fruto de la partidocracia que asola el sistema: partidos que son solamente vehículos electorales y que responden a una camarilla que desde su cúpula lo controla todo. 

Es harto evidente que los legisladores guatemaltecos no sienten la presión cotidiana de su circunscripción. Son conscientes de que pueden beneficiarse a corto plazo de negocios ilícitos, transando y negociando “por debajo de la mesa”. Al mismo tiempo, saben que probablemente no ingresen en listas para la siguiente elección. Y lo anterior no es resultado del castigo popular. Esto es fruto de la partidocracia que asola el sistema.

Por tanto, el camino se explica solo. ¿Quién es el mayor afectado por esta peligrosa arquitectura institucional (formal e informal)? Desafortunadamente, los de siempre. Los ciudadanos. ¿Y esto por qué? Pues la razón se encuentra, como hemos señalado líneas atrás, en las citadas asimetrías de información. Como no sé a quién he votado, no lo puedo fiscalizar. Como no lo puedo fiscalizar, y, además, la estructura de beneficios a corto plazo (un presupuesto mafioso) es elevada, los diputados aprovechan dicho escenario y caen en la trampa. Si sale bien, se han llevado un buen bocado del pastel (ilícito, por supuesto). Si sale mal… ¿Quién tiene la culpa? Todo el Congreso, un abstracto colectivo difícilmente identificable. Lo anterior se evidencia en la situación actual. Obviamente, y en este caso, solo 13 diputados se opusieron a la aprobación del presupuesto. Ese número tan reducido hace que seamos capaces de reconocerlos y, por tanto, de premiarlos por su actuación si consideramos la misma acertada. Por el contrario, difícilmente podremos ubicar a todos los que votaron a favor. Y seguro que muchos de ellos sobrevivirán a la crítica pública sencillamente porque nadie los conoce. 

¿Quién es el mayor afectado por esta peligrosa arquitectura institucional (formal e informal)? Desafortunadamente, los de siempre. Los ciudadanos. ¿Y esto por qué? Pues la razón se encuentra, como hemos señalado líneas atrás, en las citadas asimetrías de información. Como no sé a quién he votado, no lo puedo fiscalizar. Como no lo puedo fiscalizar, y, además, la estructura de beneficios a corto plazo (un presupuesto mafioso) es elevada, los diputados aprovechan dicho escenario y caen en la trampa.

Urge reformar el sistema para conectar a los representantes con los representados. Solo así se puede meter presión sobre nuestros diputados. Solo así, se pueden evitar estas situaciones extremas. Los sistemas políticos requieren de estabilidad. Un sistema que solo es capaz de resolver sus problemas movilizando a un gran número de ciudadanos con ánimo de meter miedo a sus propios representantes es, como el lector puede suponer, disfuncional. Reduciendo asimetrías de información entre representantes y representados podemos contribuir a la estabilidad del sistema y con ello motivar el desarrollo de cambios más pausados y suaves. No está bien cambiar a través de conmociones sociales. Es poco saludable para la convivencia, para la estabilidad y para la prosperidad. 

Un sistema que solo es capaz de resolver sus problemas movilizando a un gran número de ciudadanos con ánimo de meter miedo a sus propios representantes es, como el lector puede suponer, disfuncional.

Un sistema electoral que sea capaz de reducir esa distancia entre las élites políticas y aquellos que mandan sobre ellas debería ser una política pública prioritaria. Solo así los representantes podrán sentir la presión cotidiana que motivará, poco a poco y de manera progresiva, comportamientos más virtuosos resultado de la crítica y la censura social por parte de los ciudadanos representados a nivel distrital (o subdistrital como hemos defendido en otras ocasiones). Solo así podremos controlar a una masa abstracta y difícilmente identificable. La discusión sobre la reforma electoral debe regresar al ámbito público; la estabilidad del sistema político guatemalteco depende de ello. Nuevamente, y como sociedad civil, debemos tomar las riendas del proceso y proponer una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos que reduzca estas asimetrías de información y, con ello, los abusos en los que habitualmente incurren los diputados. 


26 de noviembre del 2020

¿Quiénes somos?

El Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas —CADEP— es el núcleo de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Fue fundado en el año 2002 con el objetivo de promover la teoría de la elección pública —en inglés, public choice—, una herramienta de análisis que utiliza la economía para estudiar la política.

AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.


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