Anika Lorenzana / / 27 de febrero del 2020

Un breve acercamiento al proceso electoral del presidente de EE. UU.

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Como año electoral, el 2020 hace de Estados Unidos objeto de interés y debate. Los aspirantes presidenciales comienzan a presentar sus propuestas políticas al votante y los favoritos empiezan a perfilarse en las primeras encuestas. Tanto republicanos como demócratas se encuentran en una reñida disputa sobre quién será el candidato que los representará en las llamadas convenciones nacionales por 59ª vez en la historia del país. 

Como cualquier otro,  el proceso electoral presidencial en los Estados Unidos pasa por una serie de fases que tienen como objetivo conducir más certeramente la fuerza democrática de la población. Estos filtros constitucionales se presentan como mecanismos capaces de balancear los poderes que intervienen dentro del proceso de elección, promoviendo así una representación más parcial. Conviene, pues, la observación de los resultados y efectos que tal diseño jurídico promueve para poder evaluar su eficiencia. 

Estos filtros constitucionales se presentan como mecanismos capaces de balancear los poderes que intervienen dentro del proceso de elección, promoviendo así una representación más parcial.

Utilizando la lógica de la teoría de la elección pública o public choice, el votante tenderá a votar de manera irracional en la mayoría de los casos. Ya que no votan de manera instrumental y restan peso a su decisión, las personas pocas veces muestran el interés de informarse sobre las propuestas que presentan los distintos candidatos. Junto a esto, actuar como agente maximizador de sus propios intereses hará que el votante apoye irracionalmente al candidato que más le convenga. Así, en las elecciones democráticas las personas tenderán a reafirmar sus propios sesgos y muchas veces apoyarán políticas públicas contraproducentes y poco funcionales para el bien común. Por lo tanto, la existencia de un marco institucional que modere y regule mencionadas inclinaciones se hace necesario. 

Así, en las elecciones democráticas las personas tenderán a reafirmar sus propios sesgos y muchas veces apoyarán políticas públicas contraproducentes y poco funcionales para el bien común.

Teniendo en consideración esto último, el proceso electoral del presidente estadounidense presenta características a destacar. La primera es la conformación y duración de las elecciones primarias. Cada estado, dependiendo de su peso demográfico, recibe un determinado número de delegados. A su vez, cada partido define en cada estado quiénes serán los ciudadanos que podrán presentarse como candidatos y el método a través del cual se elegirán. Mediante este proceso que dura cuatro meses, se van depurando a los primeros postulantes, quienes reciben menor apoyo. Luego, a través de las convenciones conformadas por los delegados designados, se elige quién será el candidato que representará al partido político. De esta manera, se escoge a los candidatos mediante el voto indirecto a través de las convenciones y no de la mayoría del electorado. La elección general se lleva a cabo bajo parámetros similares. El candidato que obtenga la mayoría absoluta de electores en el Colegio Electoral es quien será nombrado presidente. Como en el caso de la victoria de Trump en 2016, esta elección puede no coincidir con el resultado obtenido mediante las votaciones populares.

Como engranaje institucional, este proceso de votación indirecta tiende a generar niveles más altos de representación política e imparcialidad. Al asignársele un número de delegados a cada estado con base en su demografía y sobreponiéndose este a la cantidad de representantes en el Senado y en la Cámara baja, se evita que los estados con mayor población tengan el peso político que tendrían en un sistema de votación directa. 

Este proceso de votación indirecta tiende a generar niveles más altos de representación política e imparcialidad.

Al homogeneizar las condiciones mediante las cuales los estados expresan su voluntad democrática, la representación política tiende a ser mayor, evitándose que estados con concentración demográfica alta e inclinación ideológica definida socaven a los demás.  De esta manera, las particularidades culturales de un territorio tan amplio como el estadounidense son tomadas en cuenta y se da espacio a una mejor representación democrática. 

La institucionalidad permite que la voluntad de los individuos se traduzca en una mejor voluntad colectiva y que los sesgos que pudieran perjudicar la calidad del resultado democrático disminuyan. Como en cualquier sistema político, el diseño institucional es crucial. Este marca las reglas del juego que los participantes deberán respetar. La ecuanimidad es uno de los valores esenciales para que la democracia opere efectivamente dentro de una comunidad política, pues permite que todos los actores tengan la posibilidad de desempeñarse dentro de ella. Resulta esencial, por lo tanto, analizar e identificar aquellas debilidades y fortalezas que constitucionalmente pudiesen estar afectando a la calidad democrática. 

AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor. Las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la UFM.

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Anika Lorenzana

Internacionalista con especialización en comercio exterior egresada del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UFM . Amante de la economía, la historia, la literatura y la música.

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