Quauhtlemallan: ¿lugar de menos árboles?

El nombre Guatemala viene de la palabra en náhuatl “Quauhtlemallan”, que significa lugar de muchos árboles. Sin embargo, hay un problema latente de deforestación que se puede explicar con dos razones principales: primero, la eliminación total de los bosques para un cambio en el uso de la tierra; y, segundo, la tala ilícita y desmedida de árboles. Cuando se discuten soluciones para resolver esta situación, usualmente se proponen cambios en la legislación, en este caso, la Ley Probosques. Esta aboga por más regulación por parte del Gobierno central. Sin embargo, dichas medidas no han sido eficientes para reducir el problema. Por eso, se propone que es posible establecer soluciones descentralizadas efectivas siempre y cuando se cumplan tres condiciones: que existan acuerdos institucionales que involucren a los actores pertinentes; que haya cooperación y sanciones establecidas para aquellos que no cumplan; y que se creen reglas con los incentivos adecuados para asegurar el cumplimiento de las mismas.

Una de las causas de la deforestación son los incentivos creados por el Estado. Un ejemplo de ello son los programas de desarrollo que incentivan el uso de la tierra para fines agrícolas, los cuales han llevado a que tierras con vocación forestal también se usen para estos fines. Otro caso es la práctica de “tumba y quema”, que debido a la falta de precauciones y un proceso adecuado termina en incendios forestales. También la tala ilícita ocurre, ya que la leña es vital para la subsistencia de millones de familias en Guatemala y se da en territorios difíciles de controlar para el Estado (como Petén). No solo hay problemas de incentivos a nivel estatal, sino en el mercado. Aquellos individuos que están involucrados en el proceso de producción y modificación de los recursos forestales no necesariamente se preocupan por una producción sostenible, ya que no son conscientes de lo que implican los cambios en la base de los bosques. 

Debido a la falta de precauciones y un proceso adecuado termina en incendios forestales. También la tala ilícita.

Entonces, ¿cómo se puede resolver este problema? Muchas personas involucradas en las organizaciones ya existentes sostienen que es necesaria más regulación por parte del Estado central. Sin embargo, esto no sería lo más eficiente, pues ya se hizo evidente que el Gobierno tiene serias dificultades para tener presencia en los territorios en donde el problema está más latente. En vez de tener un enfoque monocéntrico, que atribuya al Gobierno central todas las responsabilidades y facultades en la toma de decisión de la gestión de estos recursos, es más provechoso enfocarse en una perspectiva policéntrica. El objetivo es crear marcos institucionales adecuados en los que el sector público y privado puedan encontrar soluciones en conjunto a los problemas que encuentren.

El objetivo es crear marcos institucionales adecuados en los que el sector público y privado puedan encontrar soluciones en conjunto a los problemas que encuentren.

No es un problema que participen diferentes actores en la toma de decisión, siempre y cuando “puedan ser coordinados a través de patrones de acuerdos interorganizacionales”. Estos acuerdos son descentralizados, por lo que incentivan principios de eficiencia y establecen procesos más rápidamente para corregir el mal comportamiento. Además, es más probable que sí respondan a las necesidades reales, pues estas se viven diariamente. Elinor Ostrom demostró, a través de sus investigaciones empíricas, que la colaboración ocurre muy frecuentemente. Las conversaciones informales aumentan las probabilidades de esta y las probabilidades de éxito aumentan cuando los individuos están dispuestos a invertir en sanciones para aquellos que no cumplan con los acuerdos establecidos. 

El Gobierno central ha demostrado su incapacidad a la hora de resolver el problema de la deforestación. Por eso, se cree que es más eficiente aplicar soluciones de manera local y policéntrica, lo cual implica que hay diferentes actores involucrados en el proceso de la creación, el monitoreo y la aplicación de las reglas. Estas deben estar instituidas de manera que existan incentivos que fomenten la cooperación y establezcan mecanismos de sanción para aquellos que no se apeguen a lo acordado. De esta manera, el problema puede ser tratado más adecuadamente.