No, plurinacional no significa lo que crees
En medio de las protestas en contra de la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval, varios ciudadanos muestran apoyo para un Estado «plurinacional», incluso circula el hashtag #ParoPlurinacional en Twitter. Sin embargo, creo que una mayoría de personas no está familiarizada con este término.
Es importante aclarar por qué los «plurinacionalistas» no son una celebración de la diversidad cultural, sino un intento de romper con la igualdad ante la ley, confiscar propiedad privada y controlar recursos naturales. Veamos lo que pretenden y por qué este término, como muchos otros, es parte de una guerra semántica que busca torcer intencionalmente el significado de las palabras.
El plurinacionalismo y el indigenismo
En primer lugar, a los proponentes del plurinacionalismo no les gusta hablar claro: evitan a toda costa aclarar lo que realmente significa un Estado «plurinacional» para ellos.
Hoy en día, prácticamente todas las personas valoran la diversidad cultural. Esta incluye la adopción de distintas costumbres, rituales, vestuarios, tradiciones y valores. No obstante, el plurinacionalismo no se trata de esta celebración de la diversidad cultural. El plurinacionalismo no se refiere a valorar, tolerar y celebrar otras culturas dentro del mismo territorio nacional, sino a privilegiar algunas por una dudosa justificación de «anterioridad».
El plurinacionalismo también pretende brindar «mayor representación» a los «pueblos originarios» dentro del Estado. Cabe resaltar que esta visión es difícil de reconciliar con el hecho de que en Guatemala existe una democracia (con todas sus imperfecciones), donde todos los guatemaltecos adultos (por igual y sin excepción) tienen derecho a un único voto. Entonces, si se habla de una «mayor representación», lo único que puede significar es que se procure un privilegio sobre otros grupos de votantes (con la excepción de temas más rudimentarios como la traducción de documentos oficiales a lenguas indígenas).
En fin, el plurinacionalismo pretende reorganizar la política nacional, reasignar la propiedad debidamente asignada y tener un mayor control político sobre los recursos naturales del país.
Tampoco es el plurinacionalismo un intento de descentralizar el país. Yo estaría completamente a favor de mayor autonomía para los departamentos y municipalidades (y una minimización del Gobierno central), mientras se respete el derecho de propiedad y el libre movimiento de bienes y personas dentro del territorio nacional. Pero eso no es lo que pretende el movimiento «plurinacional» en Guatemala.
Lo que pretende el plurinacionalismo
Al contrario, el plurinacionalismo en Guatemala pretende algo radicalmente diferente:
- declarar recursos naturales, como el agua, parte de los «derechos originarios» de diversos colectivos y, asimismo, una nacionalización o mayor control sobre ellos;
- declarar tierra, principalmente en el interior de Guatemala y que hoy día es propiedad privada, parte de los «derechos originarios» y permitir la confiscación de estas propiedades por líderes comunitarios a supuesto beneficio de un colectivo difícil de definir;
- reorganizar el sistema democrático de tal modo que los fines de ciertos grupos pueden presidir sobre los fines de otros y en el cual ciertos grupos obtienen un privilegio en términos de representación política.
En fin, el plurinacionalismo no pretende descentralizar el país; no pretende tener un país con más autonomía local. Pretende reorganizar la política nacional, reasignar la propiedad debidamente asignada y tener un mayor control político sobre los recursos naturales del país.
El indigenismo y la Constitución
La Constitución no tiene por qué reconocer a los pueblos originarios porque (1) una democracia liberal se basa en derechos individuales, no en derechos colectivos, y (2) el distinguir a los pueblos originarios de personas «no originarias» (signifique lo que signifique) sería una violación de la igualdad ante la ley.
Derechos individuales, no colectivos
Declarar que los derechos sean individuales no implica negar que los individuos viven dentro de un contexto social, es decir, como parte de múltiples colectivos. Es claro que todos los seres humanos dependemos de una variedad de colectivos (familia, comunidades religiosas, etc.). El problema de otorgar un derecho a un colectivo es que no hay una «consciencia colectiva» que decida por parte de cada uno de los miembros de este.
Al fin y al cabo, no es un colectivo abstracto que roba a otro colectivo abstracto; sino una persona que le roba a otra persona. No puedes hacer responsable a un colectivo abstracto porque es completamente arbitrario en qué momento alguien forma parte de un colectivo y en qué momento no. Al fin y al cabo, siempre estamos hablando de un representante de un grupo de individuos, solo a diferentes escalas y con mayor o menor homogeneidad entre sus miembros.
No es un colectivo que pueda gozar de una libertad de expresión o religión, porque esto implicaría que la voluntad de un «líder» de un colectivo (su derecho) está por encima del derecho de sus subordinados, efectivamente estableciendo una desigualdad ante la ley, un sistema de castas, que contradice el propio concepto de un derecho individual.
No es un colectivo que pueda gozar de una libertad de expresión o religión, porque esto implicaría que la voluntad de un «líder» de un colectivo (su derecho) está por encima del derecho de sus subordinados, efectivamente estableciendo una desigualdad ante la ley, un sistema de castas, que contradice el propio concepto de un derecho individual. Acaso, si el líder les roba a sus subordinados, ¿no lo deberíamos de considerar una infracción de derechos?
Los «pueblos originarios» y la igualdad ante la ley
Primero, hay bastante evidencia genética que pone en duda el concepto de «pueblos originarios». Parece que en realidad los «pueblos originarios» de grandes partes de Guatemala han venido migrando desde algunas partes de lo que hoy es México y el norte de Guatemala. Si desean adquirir derechos asociados a la idea de anterioridad de ancestros, los deberían de reclamar al Gobierno de México, aunque lo dejo como pensamiento medio en broma, medio en serio (obviando el hecho que algunos «pueblos originarios» les quitaron el territorio por la fuerza [militar] a otros «pueblos originarios» durante, por ejemplo, el periodo [pre]clásico maya).
Sin embargo, lo que sin duda es cierto es que, al otorgarle un estatus especial a los pueblos originarios, uno rompe con la igualdad ante la ley. Como comenta Friedrich Hayek:
«La idea de la justicia social es que el Estado debe tratar a las diferentes personas de manera desigual para hacerlas iguales».
Esta frase gana sentido cuando consideramos que el ideal de una Guatemala «plurinacional» es justamente eso: abandonar la igualdad ante la ley por una presunta, pero indefinible justicia social. Desde luego, este afán por la justicia social nos obliga a tratar a las personas de manera desigual, por lo cual abandonar la igualdad ante la ley significa abandonar la libertad. Como escribe Hayek:
«La igualdad ante la ley es la única igualdad que fomenta la libertad y la única igualdad que puede ser asegurada sin peligro de la libertad».
Por lo tanto, el plurinacionalismo en Guatemala es una amenaza para la libertad y, asimismo, para las posibilidades de un futuro próspero dentro de esta.
AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor. Las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la UFM.