Cómo la Constitución de 1985 condenó a la USAC

En este segundo semestre, los estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) no tendrán clases. Después de la elección de Walter Mazariegos, organizaciones estudiantiles, algunas facultades y profesores decidieron entrar en huelga como forma de protesta.

¿Por qué la universidad terminó en una situación tan precaria? ¿Cómo se puede evitar este tipo de escenarios en el futuro? Decidí escribir este artículo para generar mayor discusión sobre la USAC y el origen de sus problemas. Está dedicado a aquellos interesados en mejorar la educación superior en Guatemala.

Autonomía y calidad universitaria

Históricamente, muchos académicos y asociaciones estudiantiles lucharon por dotar de autonomía a la universidad. Autonomía, ante todo, de los caprichos políticos y la arbitrariedad que los acompaña. Es un noble propósito buscar que la universidad pública se dedique a la educación superior y no esté sujeta a intereses políticos. Esto es crucial, sobre todo, en un país con poca movilidad social como Guatemala. 

En este espíritu, se introdujeron diversas garantías constitucionales en 1985 para cumplir dos objetivos: 1) inmunizar a la universidad de los intereses políticos y 2) garantizar la provisión de educación superior de calidad a personas que no podían pagar una universidad privada.

El artículo 82 de la Constitución establece la autonomía universitaria. Adicionalmente, le otorga a la USAC el monopolio de la educación superior pública, es decir, no es posible fundar otra universidad pública que reciba fondos del Estado. 

El artículo 84, con el objetivo de garantizar la autonomía, indica que el 5 % del presupuesto nacional debe destinarse al financiamiento de la USAC. Esta medida busca evitar que los gobernantes extorsionen a la universidad bajo la amenaza de reducir su presupuesto. Curiosamente, este artículo rara vez se ha cumplido.

El artículo 84, con el objetivo de garantizar la autonomía, indica que el 5 % del presupuesto nacional debe destinarse al financiamiento de la USAC.

Las contradicciones y efectos no intencionados

Ahora bien, los constituyentes introdujeron otros artículos que contradicen el principio de autonomía universitaria. Por ejemplo, el artículo 269 establece que la universidad tiene la potestad de escoger a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC). 

Sabemos que dicha corte tiene un rol primordial en el sistema político guatemalteco. Se caracteriza por la cantidad de funciones que ha adoptado con el tiempo, sobre todo después de 2015. En la última elección de magistrados, quedó clarísimo que el proceso estuvo sumamente politizado (y sucio). 

La teoría de las decisiones públicas (o public choice) nos indica que los jueces no son inmunes a la política, cuentan con intereses propios y sus formas de pensar varían. En efecto, esa figura del juez imparcial y robótico no existe. Esto pasa especialmente con los magistrados de las altas cortes de un país. Guatemala no es la excepción.

La teoría de las decisiones públicas nos indica que los jueces no son inmunes a la política

A partir de esta idea, queda claro que el artículo 269 condenó a la USAC a estar politizada en contraposición al principio de autonomía universitaria. Estoy seguro de que la lógica de los constituyentes era buscar formas más «técnicas» y menos politizadas de escoger magistrados éticos y profesionales, pero esto nos indica un desconocimiento de cómo funciona el poder y la política. Su ingenuidad condenó a la USAC a inevitablemente politizarse hasta culminar en la elección de Mazariegos.

Esta dinámica se puede ver también con las comisiones de postulación. La elección del fiscal general es un proceso completamente politizado a pesar de que está conformado principalmente por profesionales universitarios. La reelección de Consuelo Porras estuvo dotada de mucha politización, hasta el punto que tuvieron que recurrir a la CC para imponer su aprobación. En este proceso, todas las universidades del país con una facultad de derecho se ven arrastradas a un juego político, una desviación de su propósito institucional. 

No nos debería extrañar, entonces, que el control del Consejo Superior Universitario de la USAC sea objeto de politización. Es un factor clave en las dinámicas de poder del país. El episodio de Mazariegos ha sido el más descarado de todos, pero varios rectores pasados han sido arrestados o señalados de delitos precisamente porque tienen un rol importante en la elección de cargos públicos. 

No nos debería extrañar, entonces, que el control del Consejo Superior Universitario de la USAC sea objeto de politización. Es un factor clave en las dinámicas de poder del país.

La efímera y contraproducente «resistencia»

Simpatizo con el sentimiento de indignación y frustración que muchos sancarlistas tienen ante la situación de su universidad. Sin embargo, al entender cómo los problemas de la USAC provienen de un mal diseño constitucional e incentivos perversos, su boicot de la universidad pierde justificación. 

Dicho boicot no está representando costos a Mazariegos y sus aliados. Al contrario, los costos lo están absorbiendo muchos estudiantes que, pese a que desaprueban el fraude, sus estudios son esenciales para su superación personal. Muchos estudiantes necesitan graduarse para trabajar con mayor remuneración y apoyar a sus familias. A la larga, este «sacrificio» no dará frutos porque la USAC fue condenada desde 1985, así como todos las demás protestas estudiantiles que se han hecho. 

Los costos lo están absorbiendo muchos estudiantes que, pese a que desaprueban el fraude, sus estudios son esenciales.

Así que, desde mi punto de vista, es indefendible el boicot, porque no resolverá el problema de fondo y representa un fuertísimo costo al corazón de la universidad: sus estudiantes. También demuestra, en cierta manera, la mediocridad de tanto académico que no ha sido capaz de reconocer las causas profundas de los problemas de la universidad y articular propuestas de reforma que intenten resolverlos.

También es ingenuo pensar que Jordán Rodas iba a solucionar el problema. El exprocurador de derechos humanos siempre ha sido un actor político que ha utilizado la PDH para catapultarse al ámbito público. Es parte de una dinámica política que busca controlar el poder en la USAC. No representa una solución a sus problemas porque tampoco aspira a reformar y remover los incentivos perversos que afligen a la institución.

Espero que, en el futuro, más guatemaltecos podamos unirnos para formular propuestas que atiendan a las causas profundas de los problemas que nos afectan. Sobre todo, anhelo que rescatemos nuestras universidades con una discusión más institucional y menos personalista. En el caso de la USAC, estas reformas deberán estar orientadas a remover los privilegios que la condenan a la politización y decadencia.