La reforma de Petro a la justicia

Gustavo Petro intentará reformar la justicia. Con la mayoría que ha logrado hasta ahora en el Congreso de Colombia, es fácil ver cómo no enfrentará mayor problema en hacerla una realidad.

No es exageración decir que todos los presidentes que ha tenido Colombia, particularmente desde 1990, han incluido dentro de sus promesas electorales algún tipo de reforma al aparato judicial de este país. La mayoría de ellos ha convertido sus promesas en reformas reales, modificando de alguna forma esa rama del poder público.

Todas las reformas a la rama judicial incluyen elementos como la creación de una nueva jurisdicción, modificaciones a los mecanismos de elección de los jueces y de ascenso dentro de la rama judicial y, finalmente el más común de todos, el aumento del número de jueces.

Dos argumentos subyacentes

A lo largo de todas estas propuestas, vemos al menos dos argumentos subyacentes. Por un lado, como todas las propuestas requieren recursos económicos, uno de esos argumentos es que la solución a todos los problemas de la administración de justicia es presupuestal. Una mayor cantidad de recursos en manos de la administración de justicia se traduciría en mayor eficiencia en la producción de ese servicio y, por ende, menor congestión judicial.

Uno de esos argumentos es que la solución a todos los problemas de la administración de justicia es presupuestal.

Por otro lado, otro argumento subyacente es que el Estado puede llegar a ser eficiente a la hora de producir justicia. Esto último rara vez se discute, pues, incluso desde la concepción del Estado liberal, el monopolio por excelencia que debería siempre detentar el Estado es de la producción de seguridad, particularmente a través de la administración del servicio de justicia. Además, desde una perspectiva económica, el principal argumento que sustenta ese monopolio es económico y es uno que se construye sobre la premisa de que el mercado, a la hora de producir ciertos servicios, falla. 

En cuanto a este último argumento, a pesar de su vigencia, hemos discutido en otras oportunidades cómo, precisamente, el Estado es altamente ineficiente a la hora de producir justicia en un buen número de contextos y cómo es la acción dentro del proceso de coordinación que es el mercado aquel que ha sido capaz de satisfacer las necesidades de adjudicación de disputas.

La actual propuesta de reforma a la justicia en Colombia

En el caso concreto de la promesa electoral de Gustavo Petro en lo referente a una reforma a la rama judicial en Colombia, tal reforma tendría en cuenta, en principio: la independencia judicial, la meritocracia, la autonomía administrativa y presupuestal, la lucha contra la corrupción, el acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Concretamente, para aumentar el acceso de los individuos al servicio de justicia, Gustavo Petro ha propuesto aumentar el número de jueces por cada 100 mil habitantes. Hoy en día, al parecer, ese número es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes y la idea es elevarlo a 15. Por otro lado, la reforma, de alguna forma que no se ha expresado hasta ahora, buscará que cada municipio cuente con un mínimo de agentes estatales —que representan a la rama judicial—. Así, cada municipio de Colombia contaría con mínimo un fiscal, un asistente y un policía judicial.

Para aumentar el acceso de los individuos al servicio de justicia, Gustavo Petro ha propuesto aumentar el número de jueces por cada 100 mil habitantes.

Además de esto, a partir de lo que se conoce como la Encuesta de Necesidades Jurídicas —un insumo técnico con el que cuenta la agencia del Estado colombiano para la recopilación y análisis de estadísticas—, la reforma buscará fortalecer el sistema de defensoría pública, de tal manera que las personas que no tengan el dinero para contratar a un abogado en el contexto de un litigio judicial puedan finalmente hacerlo.

Entre otras reformas puntuales, también se destaca la creación de una nueva jurisdicción, la jurisdicción agraria, que buscaría, por así decirlo, satisfacer la demanda de adjudicación de disputas alrededor de la asignación de títulos de propiedad sobre la tierra, a lo cual, según sigue siendo el argumento popular, se rastrean manifestaciones del conflicto armado en Colombia.

Más recursos hacia la rama judicial, más recursos a la hoguera de las vanidades

Casi que todos los puntos de una reforma a la rama judicial, no siendo la reforma planeada por el Gobierno de Petro la excepción, requieren el traslado de recursos a la rama. Estos recursos o bien se extraerán por medio de impuestos, de los cuales ya se anuncia que van a aumentar por medio de la próxima reforma tributaria, o se trasladan del presupuesto de otras agencias estatales para ser asignadas a la rama judicial.

En el caso de requerir nuevos ingresos tributarios la reforma a la justicia, ello implicaría un mayor grado de expropiación, una mayor entrega sistemática de recursos por parte de una fracción de la sociedad que crea la riqueza por medio del intercambio voluntario a favor del Estado para cumplir sus fines, los cuales, al no contar el Estado con la capacidad de calcular económicamente, se traducen en el consumo de esos recursos y no su inversión. Se trata, entonces, del usual y grave irrespeto por parte del Estado del principio de no agresión, principio ético que habilita la acción dentro de la sociedad, lo cual es éticamente reprochable. Se trata de una grave injusticia para reformar el servicio de justicia.

Se trata, entonces, del usual y grave irrespeto por parte del Estado del principio de no agresión, principio ético que habilita la acción dentro de la sociedad, lo cual es éticamente reprochable.

Tanto en este caso como en aquel del simple traslado presupuestal entre agencias del Estado, la asignación de una mayor cantidad de recursos a la rama judicial crea una importante distorsión del mercado y, por ende, ineficiencia en este.

Por medio del cobro de impuestos, al reducir la cantidad de recursos en una parte de la sociedad como resultado del cobro de impuestos, aquella parte del mercado que sufre esta resta comienza a demandar menos factores de producción que antes, disminuyendo el bienestar de los dueños de aquellos recursos. Por otro lado, los recursos que resultan de aquella expropiación se asignan por parte del Estado a la producción del servicio de justicia, aumentando la demanda de ciertos factores de producción alrededor de esto.

La distorsión en la mirada de los abogados

Ilustremos esto brevemente. Los abogados en la sociedad, y respecto de las acciones que la componen, son en la mayoría de las veces unos costos que los agentes del mercado quieren evitar de ser posible. Sin embargo, se demandan los servicios de abogados. Identificando ganancias en el futuro, las universidades producen abogados y algunos agentes del mercado están dispuestos a dejar de invertir en, por ejemplo, acciones de empresas, para invertir en sí mismos y producirse en abogados. Los profesores de Derecho, como un importante factor en la producción de abogados, ven cómo son demandados y reciben salarios de acuerdo con su productividad marginal descontada.

Pues bien, al cobrar el Estado impuestos a una parte específica del mercado, aquellos se pagan restando de los ingresos de quienes actúan en aquella parte. Así, habiendo menos empresarios en esa parte del mercado, menos factores de producción se demandan, cuyos dueños ven cómo disminuyen sus ingresos. Por otro lado, el Estado está asignando fuertemente recursos en un curso de acción que demanda abogados, quienes serán jueces eventualmente, y muchos agentes, al ver cómo aumenta la demanda de jueces, comienzan a producir abogados, de acuerdo con la elevación de precios que resulta del aumento en la demanda de ese factor de producción en particular.

La distorsión acá se ve en la forma en la que los abogados, los jueces, los fiscales y demás ven cómo sus ingresos aumentan; pero no como resultado de una expansión de la demanda de los servicios que comúnmente prestan los abogados en el mercado, sino por el traslado del consumo de manos privadas a manos del Estado, el cual solo puede satisfacer sus propias necesidades, consumiendo importante capital. Muchas personas pueden interpretar que vale la pena, más que nunca, volverse abogados para producir algo que los consumidores no están comprando.

La distorsión acá se ve en la forma en la que los abogados, los jueces, los fiscales y demás ven cómo sus ingresos aumentan; pero no como resultado de una expansión de la demanda de los servicios que comúnmente prestan los abogados en el mercado, sino por el traslado del consumo de manos privadas a manos del Estado.

Tomando en cuenta la propuesta concreta de aumentar el número de jueces de 11 a 15 por cada 100 mil habitantes, el punto más importante acá es resaltar cómo el Estado no tiene cómo conocer que esa es la forma concreta con la cual se genera una mayor satisfacción de la necesidad de adjudicación de disputas.

Al estar monopolizado por el Estado el servicio de administración de justicia y, por ende, no habiendo propiedad privada sobre los recursos de orden superior para administrar el servicio de justicia, es imposible contar con herramienta alguna, en términos de ganancias y pérdidas, para llegar a conocer hasta dónde sea humanamente posible la demanda de adjudicación de disputas jurídicas. Al producir como un bien público el servicio de justicia, el Estado no solo tiene que decidir el número de jueces para satisfacer tal demanda.

De igual manera, tiene que decidir cuánto pagarles a los jueces, en qué tipo de silla sentarse, los horarios en los que trabajarán y las cualificaciones que tendrán que tener para prestar el servicio, entre muchas otras cosas. El Estado no cuenta con la herramienta del cálculo económico para tomar racionalmente esas decisiones, puesto que no puede ni conocer ni anticipar los costos y beneficios de tal producción del servicio. Solo está en capacidad de asignar esos recursos arbitrariamente, puesto que no puede ni conocer las necesidades de los consumidores del servicio de administración de justicia, ni tampoco la forma más eficiente de producirlo, ni mucho menos la intensidad de la remuneración de todos aquellos involucrados en tal producción.

Solo está en capacidad de asignar esos recursos arbitrariamente, puesto que no puede ni conocer las necesidades de los consumidores del servicio de administración de justicia.

Ineficiencia estatal en la producción de justicia

Como lo hemos afirmado, el Estado no cuenta con la posibilidad de calcular económicamente hablando. Siendo así, la idea de reformar la rama judicial para que el servicio de justicia se produzca de manera eficiente, satisfaciendo las necesidades de las personas de resolución de disputas, no puede ser más que una buena intención, que se traduce, en el mejor de los casos, en una quimera y en un absoluto desperdicio de recursos. El Estado no puede ser eficiente a la hora de producir ningún servicio y la producción del servicio de justicia no será la excepción.

Pensemos por un momento en una forma en particular en la que el Estado quiere hacer más eficiente la prestación del servicio de justicia. Esta vez no por medio del aumento arbitrario del número de jueces en términos de un porcentaje de la población, sino a partir de la integración de bienes de capital, como el caso de la digitalización de la justicia. Se trata esto de pretender hacer más ágil, más eficiente la producción de decisiones judiciales, permitiendo que diferentes pasos del debido proceso se adelanten por medio de ciertas herramientas tecnológicas, particularmente aquellas basadas en internet.

La idea detrás de esto es que haya ahorro en costos de transporte, por ejemplo, no teniendo que asistir las partes a una sede física de un juzgado para poder participar del proceso, ni tener que, por ejemplo, el juez dictar una sentencia en una audiencia con la presencia física de las partes, sino que lo uno y lo otro se puede hacer por medio de alguna aplicación de videoconferencia, como Zoom o Skype.

El problema principal acá es que, al no contar con cálculo económico, en realidad, el Estado no conoce los costos reales de la prestación del servicio de administración de justicia, ni mucho menos aquello que se ahorrarían con la integración de aquellas herramientas en la producción de sentencias judiciales.

El problema principal acá es que, al no contar con cálculo económico, en realidad, el Estado no conoce los costos reales de la prestación del servicio de administración de justicia.

Por otro lado, y por la misma razón, el Estado no tiene cómo evaluar la eficiencia de todas las herramientas tecnológicas que podría integrar en la producción del servicio, al no tener cómo conocer las ganancias y las pérdidas de una u otra decisión al respecto, no pudiendo tampoco corregir con suficiente antelación los posibles errores que cometería. Justamente, en el caso de integrar tecnología de la información en la producción del servicio de justicia, es el mercado, y no el Estado, quien lo ha hecho de una manera más eficiente.

Conclusión

Lo que parece ser la futura reforma a la justicia de Gustavo Petro será un fallido intento más en el cometido de hacer la prestación estatal del servicio de justicia eficiente. No solo supone una mayor violación a la propiedad privada de aquellos que son pagadores netos de impuestos —y, por ende, a sus vidas—, sino trae consigo la absoluta certeza de que las modificaciones a la rama judicial y la mayor cantidad de recursos que se le asignarán terminarán siendo desperdiciados, logrando, por un lado, importantes distorsiones en el mercado y el desperdicio de valiosos recursos, respecto de los cuales la sociedad libre habría hecho un mejor uso.

Sin embargo, posiblemente el resultado más grave de esta y cualquier otra reforma a la justicia estatal es que perpetúa el impedimento del libre mercado para producir este servicio eficientemente. Es solo por medio del libre mercado, de la propiedad privada de los factores de producción y la división del trabajo que la producción de los medios para la protección de la propiedad privada de los individuos —y que de tal forma avance el proceso de civilización— cuenta con un alto grado de probabilidad de asignación eficiente, de tal manera que efectivamente se puedan satisfacer las necesidades de las personas alrededor de la protección de tal derecho.

La propuesta de Gustavo Petro de perpetuar el monopolio estatal de la justicia, al garantizar la prestación ineficiente de ese servicio, continúa privando a los individuos de esas herramientas efectivas para protegerse de los criminales, quedando a la merced de ellos.