Las ventajas de la ley de atracción de inversión extranjera

Para nadie es un secreto que el mundo ha ido cambiando a raíz de la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias directas e indirectas. Una de las principales, y que no se termina de comprender en su totalidad, ni su impacto estimado, es la situación con las cadenas de suministro y, por consiguiente, con las cadenas globales de valor.

A pesar de ser un tema polémico, que expertos en todas partes del mundo están estudiando en mayor profundidad, hay algo claro: las grandes empresas están mirando hacia América Latina, para reubicar parte de sus inversiones. Esto lo han entendido a la perfección los gobiernos de diferentes países, a lo largo y ancho del continente, principalmente en las cercanías de EE. UU., el mercado más grande del mundo.

Las grandes empresas están mirando hacia América Latina, para reubicar parte de sus inversiones.

Leyes para fomentar la inversión extranjera en Guatemala

Actualmente Guatemala cuenta con varias leyes para fomentar la inversión extranjera directa. Comenzamos por la Ley de Inversión Extranjera –Decreto 9-98–, que estructura el marco regulatorio para la inversión extranjera directa; pasamos por las leyes de ZOLIC, Zonas Francas y Fomento a la Actividad Exportadora y de Maquila –Decretos 65-89, Decreto 22-73 y Decreto 29-89, respectivamente–, que otorgan algunos beneficios a ciertas actividades exportadoras, y terminamos con la Ley de Libre Negociación de Divisas –Decreto 94-2000–, que permite que en el país se comercie con cualquier divisa extranjera. 

Durante el segundo semestre del 2022, en Guatemala se aprobó la Ley de Fomento de Inversión de Capital Extranjero –Decreto 46-2022–, con la que se pretende mejorar el marco regulatorio para inversiones con mayor impacto en el país. Esta ley se suma a la reforma a la Ley de Zonas Francas del 2021 y a la creación de la Red de Consejeros Comerciales, cuya función principal es atraer inversión al país, dando a conocer las principales ventajas de asentarse en él.

Se pretende mejorar el marco regulatorio para inversiones con mayor impacto en el país.

El impacto de esta red se ha visto en los diferentes indicadores desarrollados para medir su rendimiento, tales como cantidad de inversión extranjera directa que entra al país, o la cantidad de exportaciones de productos guatemaltecos que llegan a otros mercados. Las metas fijadas para el 2021 por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron superadas con creces y en este momento estamos esperando los resultados del 2022.

Con el fin de modernizar y hacer más atractivo el marco regulatorio de la inversión, siguiendo el ejemplo de otros países de América Latina, el Decreto 46-2022 estima lo siguiente:

• Se calificarán las inversiones de acuerdo con unidades de salarios mínimos y deberán ir de 800 000 a 6 800 000.
• El no cumplir con los planes de ejecución puede conllevar  una multa de hasta el 1 % del monto total previsto como inversión. 
• El Ministerio de Economía, según el artículo 52 bis, será el ente que determine qué incentivos se les pueden otorgar a los diferentes proyectos; los mismos serán presentados a los interesados y a la Superintendencia de Administración Tributaria y tendrán una vigencia de hasta 10 años. 

La duración de estos incentivos dependerá de la cantidad de unidades de inversión que serán determinadas por el promedio de salarios mínimos vigentes, fijados por día, que estará generando el proyecto. 

Es importante resaltar que la ley excluye explícitamente a las empresas que estén acogidas al Decreto 29-89 o se dediquen a la actividad minera. No obstante, no menciona las empresas que estén acogidas a otras leyes de atracción de inversión, como la Ley de Zonas Francas o la Ley de ZOLIC. Tampoco pueden aplicar las empresas de la industria extractiva a los beneficios que otorga esta ley. 

Es importante resaltar que la ley excluye explícitamente a las empresas que estén acogidas al Decreto 29-89 o se dediquen a la actividad minera.

¿Dónde nos pone esta nueva ley?

Ahora bien, dónde nos pone, en materia de competitividad, esta nueva ley? La verdad es que la ley, igual que otras leyes aprobadas entre el 2021 y el 2022, es un paso en la dirección correcta buscando una mayor competitividad; no obstante, se trata de un paso vago y temeroso. La nueva ley de inversión trata de tomar partes de leyes de países como Panamá o Costa Rica, para aplicarlas en la legislación guatemalteca, pero se queda todavía bastante atrás de ellas. 

En Panamá se desarrolló y se puso en práctica la Ley EMMA –Ley 159 del 2020– en el marco de la pandemia de la COVID-19, con la cual se pretendía comenzar la reactivación económica del país, atrayendo empresas extranjeras, principalmente multinacionales, que se dedicaran a la manufactura. Este proyecto de ley se vio respaldado por un grupo de empresarios del sector privado y por otras instituciones gubernamentales que permitían beneficios adicionales. Entre ellos, está la agilización de los trámites migratorios para los diferentes empleados que traiga la empresa, teniendo que cumplir, obviamente, ciertas cuotas y requisitos mínimos. 

Entre ellos, está la agilización de los trámites migratorios para los diferentes empleados que traiga la empresa.

Igualmente se creó la Comisión de Licencias para Empresas Multinacionales, con el fin de manejar las solicitudes de las empresas interesadas y apoyarlas durante el proceso, agilizando aún más su entrada al país. 

Aumento de la inversión extranjera en Costa Rica

En Costa Rica vemos cómo en los últimos años la entrada de inversión extranjera directa
–IED– ha ido aumentando, impulsada por regulaciones favorables y acceso a mano de obra mucho más calificada y con la capacidad de entrar en un nivel más avanzado de las cadenas globales de valor. Los costarricenses han sabido complementar incentivos fiscales con no fiscales y utilizar su ubicación geográfica para volverse un centro atractivo de inversión.

Guatemala debe seguir esas líneas y desarrollar un plan nacional a largo plazo, para lograr los cambios necesarios y ser un país más atractivo a la inversión. Esto no se logrará únicamente con una ley o un esfuerzo aislado del sector público. Es necesaria una alianza entre todos los sectores –público, privado y académico– para lograr el impacto esperado y sacar adelante al país. Los pasos que se están dando son correctos. No obstante, todavía no son suficientes.