7 argumentos contra una ley de competencia

La competencia es un ingrediente esencial del capitalismo. En consecuencia, cuando una empresa parece haber adquirido suficiente dominio del mercado como para desalentar a la competencia, es tentador pedir al Gobierno que remedie el problema aplicando una ley de competencia. Esa tentación debe resistirse, excepto para corregir el poder monopolístico que el propio Gobierno ha ejercido.

He publicado varias variaciones sobre esta crítica, principalmente en relación con el caso antimonopolio contra Microsoft durante las llamadas guerras de navegadores. Hoy, la crítica merece ser repetida, mientras el Departamento de Justicia persigue su mal aconsejada cruzada contra Apple, en beneficio de los competidores en detrimento de los consumidores.

Sin una vigilancia constante por parte del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio (o una Superintendencia de Competencia), se argumenta, las grandes corporaciones destruirían sin piedad a sus rivales más pequeños y aumentarían precios y ganancias a expensas de los consumidores. Cuando las megaempresas se apoderan de una alta cuota de mercado, la necesidad de una aplicación enérgica de la ley de competencia parece obvia. Y, sin embargo, hay un lado oscuro en el antimonopolio. Las leyes de competencia, en palabras del ex-presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, son un «revoltijo de irracionalidad económica e ignorancia».

Las leyes de competencia, en palabras del ex-presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, son un «revoltijo de irracionalidad económica e ignorancia».

1. Una ley de competencia degrada la idea de propiedad privada

Primero, las leyes de competencia degradan la idea de propiedad privada, transformándola en algo que efectivamente pertenece al público, para ser diseñado por funcionarios gubernamentales y vendido en términos agradables para rivales empresariales que están empeñados en la caída del líder del mercado. Algunos «liberales» respaldan ese proceso, a pesar de las implicaciones destructivas de despojar a la propiedad privada de su protección contra la confiscación.

Si las nuevas tecnologías serán propiedad pública, la futura tecnología jamás se materializará. Si la tecnología será propiedad privada, entonces no debe ser expropiada. Una vez que la expropiación se convierte en el remedio elegido, es poco probable que la gallina siga poniendo huevos de oro.

Los principios son estos: Nadie más que el propietario tiene derecho a la tecnología que creó. Los consumidores no pueden exigir que un producto se proporcione a un precio especificado o con características especificadas. Los competidores no tienen derecho a compartir las ventajas del producto. Al exigir que la creación de una empresa se explote en beneficio de los competidores, o incluso de los consumidores, el Gobierno está despreciando los principios fundamentales de los mercados libres y la libertad individual.

2. Incertidumbre: las empresas jamás pueden estar seguras de qué constituye una conducta permisible

Segundo, las leyes de competencia son maleables, arbitrarias y a menudo retroactivas. Debido a estatutos ambiguos y jurisprudencia contradictoria, las empresas nunca pueden estar seguras de qué constituye un comportamiento permisible.

La conducta que de otro modo sería legal de alguna manera se transforma en una violación de la ley. Prácticas comerciales convencionales —descuentos, mejoras de productos, contratación exclusiva— se convierten en potenciales violaciones de la ley.

Cuando no se les acusa de monopolizar el precio por cobrar demasiado, a las empresas se les acusa de precios predatorios por cobrar demasiado poco, o de colusión por cobrar lo mismo.

3. Visión estática: el proceso de rivalidad y competencia (en pro del consumidor) siempre produce concentración de mercado

Tercero, las leyes de competencia se basan en una visión estática del mercado. En los mercados reales, los vendedores buscan crear mini-monopolios. Los beneficios brindados por tener alto poder de mercado son el motor que impulsa la economía. Por lo tanto, lo que podría suceder en un entorno utópicamente competitivo es irrelevante para la pregunta de si es necesario o apropiado la intervención gubernamental.

La comparación adecuada es con el mercado que evolucionará si las leyes de competencia, al castigar el éxito, eliminan los incentivos para productos nuevos y mejorados. Los mercados se mueven más rápido de lo que las leyes de competencia podrían moverse. Los consumidores mandan, no los productores. Y los consumidores pueden destronar cualquier producto y cualquier empresa, no importa cuán poderosa y arraigada esté. Solo pregúntale a Blockbuster o Lotus o Polaroid.

4. No se consideran las pérdidas económicas o las consecuencias negativas de la intervención gubernamental en la competencia

Cuarto, los remedios antimonopolio son diseñados por burócratas que no entienden cómo funcionan los mercados. Las pérdidas económicas por regulación excesiva pueden hacer un gran daño a productores y consumidores. Pero el Gobierno avanza en nombre de corregir imperfecciones del mercado, aparentemente sin considerar las consecuencias de la intervención gubernamental.

Los defensores de una ley de competencia nos dicen que los planificadores estatales saben qué productos deben retirarse del mercado, sin importar lo que los consumidores prefieran realmente. El problema con ese argumento es que lleva directamente al paternalismo, a la idea de que un cuerpo élite de expertos conoce nuestros intereses mejor que nosotros —y puede regular nuestros asuntos para satisfacer esos intereses mejor que el mercado.

El verdadero problema no es si un producto es mejor que otro, sino quién decide: los consumidores, declarando sus preferencias por compras en el mercado o especialistas del Gobierno evaluando los méritos de varios bienes y servicios. Cuando permitimos que el Gobierno tome tales decisiones por nosotros, y permitimos que esas decisiones anulen las elecciones subjetivas de los consumidores, abandonamos cualquier pretensión de un mercado libre. En el proceso, reducimos la elección del consumidor a una apreciación formalista, centrada solo en características técnicas, a pesar de que los productos también son deseados por calidad, precio, servicio, conveniencia y una serie de otras variables.

5. Captura regulatoria: la Ley de Competencia es utilizada por competidores menos eficientes para reducir la competencia y favorecerse a sí mismos

Quinto, la Ley de Competencia es utilizada por rivales empresariales y sus aliados en la arena política. En lugar de enfocarse en productos nuevos y mejores, rivales descontentos intentan explotar la ley —conspirando con miembros del Congreso, sus asesores, funcionarios del ente regulador y las mejores firmas de cabildeo y relaciones públicas que dinero puede comprar. Pronto, la empresa objetivo responde de la misma manera —usando influencia política para derribar a competidores. Esa agenda destruirá lo que se propone proteger.

Los ciudadanos preocupados por las enormes corporaciones dominando los mercados privados deberían estar aún más preocupados si esas mismas corporaciones deciden que el poder político sirve mejor a sus intereses —politizando la competencia para avanzar los intereses privados de las empresas favorecidas.

6. Las barreras de entrada son creadas por el Gobierno y es incoherente resolver problemas del Estado y su burocracia exigiendo más Estado y burocracia

Sexto, las barreras de entrada son creadas por el Gobierno, no por empresas privadas. Bajo la ley de competencia, la prueba adecuada para la intervención gubernamental es si las barreras de entrada impiden una competencia significativa. Pero, ¿qué es una «barrera»?

Cuando una empresa anuncia, baja precios, mejora calidad, añade características, u ofrece un mejor servicio, lo que hace es desalentar a sus rivales. Pero no puede obstruirlos. Las verdaderas barreras surgen de la mala conducta gubernamental, no del poder privado —de legislación de intereses especiales o un régimen regulatorio mal concebido que protege a los productores existentes precisamente de la competencia.

Cuando el Gobierno otorga beneficios fiscales específicos, subsidios, garantías de seguro y préstamos blandos, o promulga aranceles y cuotas de importación para proteger a las empresas domésticas de rivales extranjeros, eso crea el mismo ambiente anticompetitivo que las leyes de competencia pretenden evitar. Así es como nacen y se nutren las barreras a la competencia a costa de la población. La respuesta obvia, que tiene poco que ver con una ley de competencia, es que el Gobierno deje de crear esas barreras desde el principio.

7. La Ley de Competencia es un arma de extorsión político

Séptimo, una Ley de Competencia inevitablemente será abusada por políticos sin principios como un garrote político. Demasiado a menudo, la rama ejecutiva ha explotado las leyes de competencia para forzar la conformidad por parte de empresas «no cooperativas».

Recuerda cuando el presidente Nixon usó la amenaza de una demanda antimonopolio contra las tres principales redes de televisión para extorsionar una cobertura mediática más favorable. En una cinta ampliamente publicitada, Nixon le dijo a su asistente, Chuck Colson, «Nuestro beneficio es más importante que el beneficio económico para el país. No nos importa un bledo el beneficio económico. Nuestro juego aquí es puramente político.»

Si Nixon fuera el único culpable, eso sería lo suficientemente malo. Pero la cruzada actual contra Apple sugiere que la administración de Biden busca dividendos políticos atacando a una enorme e inmensamente rica corporación, sin tener en cuenta el costo económico para la sociedad. La lección es clara: la amenaza del abuso de poder público es mucho mayor que la amenaza del poder de la empresa privada.

Hace más de dos siglos, en La Riqueza de las Naciones, Adam Smith observó que «Las personas del mismo oficio rara vez se reúnen… pero la conversación termina en una conspiración contra el público o en algún ardid para elevar los precios». Viniendo del padre del laissez faire, esa advertencia ha sido citada a menudo por los proponentes del antimonopolio para justificar todo tipo de travesuras intervencionistas. Esos mismos proponentes, ya sea descuidadamente o de manera engañosa, raramente mencionan la siguiente oración de Smith: «Es imposible prevenir tales reuniones, por cualquier ley que pudiera ejecutarse, o sería consistente con la libertad y la justicia.»

Foto cortesía de Manuel Asturias, SJ