Choque de intereses en las protestas de Israel

Las protestas en Israel han tomado las calles durante todo el mes de julio. Originalmente se trató de protestas semanales, pero la molestia de miles de ciudadanos ha ido aumentando y las manifestaciones han pasado a ser casi diarias. Al analizar la situación que se vive en dicho país, se puede ejemplificar el choque de intereses entre la ciudadanía y el Gobierno y algunas consecuencias que se podrían desatar. Para poder hacer esto, primero debemos preguntarnos, ¿qué ha llevado a este descontento en plena pandemia?

Dos factores muy importantes han causado que se dejen de lado las reglas del distanciamiento social con tal de expresar esta situación de desacuerdo: el primero, las acusaciones de corrupción contra el primer ministro, Netanyahu; el segundo, la mala gestión que este ha hecho de la crisis del coronavirus.

La situación de Israel en los últimos meses se ha caracterizado por la inestabilidad. Esta inestabilidad ha sido el resultado de la celebración de tres elecciones en un espacio corto de tiempo y de, a pesar de ello, la ausencia de una mayoría absoluta que permitiera formar Gobierno. Para resolver esta situación, fue necesaria la creación de una coalición para poder enfrentar la crisis sanitaria que se avecinaba. El principal interés del Gobierno era controlar el brote de COVID-19 con tal de agradar a la población y así consolidar su apoyo político para las siguientes elecciones.

La reacción inicial del Gobierno en cuestión de salud fue buena. Al cerrar gran parte del país cuando surgieron los primeros casos en marzo, se logró contener gran parte del brote. Aun así, estas medidas tuvieron un fuerte impacto en la economía de Israel. Esto hizo que el desempleo pasara de apenas un 4% a más de un 20% en cuestión de meses. Este empeoramiento de los índices demostró el fracaso del Gobierno a la hora de balancear una respuesta adecuada entre la salud y la economía.

Este empeoramiento de los índices demostró el fracaso del Gobierno a la hora de balancear una respuesta adecuada entre la salud y la economía.

Aunque el Gobierno intentó implementar medidas para evitar que el golpe a la economía fuera demasiado fuerte (por ejemplo, con ayudas gubernamentales a sectores específicos), su reacción fue insuficiente. Además, las acusaciones de corrupción contra el primer ministro han aumentado la percepción de que este es incapaz de responder a las necesidades de Israel frente a la pandemia. Por lo tanto, con tal de evitar perder más apoyo político, Netanyahu reabrió el país. Actualmente, Israel, un país con nueve millones de habitantes, tiene un promedio de dos mil casos nuevos al día.

Ante esta situación, el Gobierno de Netanyahu ha decidido volver a cerrar gran parte del país, lo que ha afectado directamente a los pequeños empleos que seguían con vida. Este último intento de recuperar el apoyo político no ha servido de mucho, pues el primer ministro goza de un 30% de aprobación a nivel nacional. Además, el 78% de los jóvenes consideran que el Gobierno está desligado del interés nacional. Esto ha llevado a que el descontento, que ya se había expresado en algunas manifestaciones semanales, se haya extendido a todo el país en protestas diarias y cada vez más fuertes.

El juego de decisiones que el Gobierno israelí ha llevado a cabo representa la dicotomía que suele existir entre las disposiciones políticas (y sus resultados) y el interés de los ciudadanos en general. El proyecto de minimizar el impacto de la pandemia involucra costos que el Gobierno no afronta, los afronta la ciudadanía; es decir, el político paga poco o nada de los costos necesarios para obtener un beneficio, por lo que no está incentivado a minimizar el impacto. En este caso, el beneficio es frenar los contagios y el costo es el golpe que recibe la economía de los ciudadanos. Al fracasar esto, Netanyahu ve cómo peligra no solo su capital político, sino también sus votantes para las próximas elecciones y, ahora, el sistema de salud y la economía de Israel.

El proyecto de minimizar el impacto de la pandemia involucra costos que el Gobierno no afronta, los afronta la ciudadanía.