La verdadera política de seguridad

Desde el discurso de la toma de posesión del nuevo presidente Alejandro Giammattei, se le ha prestado especial atención al tema de la seguridad y de las pandillas en Guatemala. Sin embargo, el debate que se ha generado ha sido un tanto polémico, puesto que este problema abarca muchos aspectos que han dejado más dudas que esperanzas. Este artículo pretende priorizar uno de los factores que causan la inseguridad: el hacinamiento carcelario. Para sus efectos, se entenderá por inseguridad todo aquel hecho delictivo que se genere desde un centro carcelario, pues es ahí donde las pandillas se organizan para seguir operando fuera. 

El tema de la seguridad no se limita únicamente a los asaltos en las calles, las extorsiones a pequeños comerciantes del país o los robos en general. Es un tema que va más allá y que debe atacarse desde el núcleo: los centros carcelarios. Es esa la matriz operativa de los grupos pandilleros en el país. El círculo vicioso que se genera desde estos es el que no permite a los privados de libertad rehabilitarse y regresar a la sociedad guatemalteca como ciudadanos productivos. Simplemente origina mayor violencia y contamina al ciudadano que por otros delitos llegó al centro carcelario. 

El círculo vicioso que se genera desde estos es el que no permite a los privados de libertad rehabilitarse y regresar a la sociedad guatemalteca como ciudadanos productivos. Simplemente origina mayor violencia y contamina al ciudadano que por otros delitos llegó al centro carcelario. 

La raíz de este problema es que el sistema penitenciario no funciona como una institución con bases fuertes y consolidadas. Hay, en términos de public choice, una miopía institucional marcada por un dirigente del sistema penitenciario que trabaja sin objetivos a largo plazo que permitan el fortalecimiento del mismo. Las inversiones que hacen no son para que en el futuro se arreglen los problemas, sino para resolver obstáculos de corto plazo. Esto ha desencadenado una serie de problemas internos en el sistema. Sin embargo, después de un profundo análisis de datos, es evidente que el hacinamiento es el que debe atenderse con más urgencia. Según los registros del sistema penitenciario, existe un hacinamiento del 337% en el país, lo cual puede significar que hay 23,000 privados de libertad en un espacio habilitado para 6,800. Esto impide el control  y permite a los pandilleros organizarse en pequeños grupos que operan desde dentro. Un buen ejemplo de cómo las medidas que se están tomando no resuelven el problema a largo plazo es que se está optando por meter a más policías o intentar acomodarlos de manera más “eficiente”, en lugar de construir nuevas cárceles.

Así pues, el hacinamiento tiene un efecto negativo en la violencia y agresividad que se vive dentro de los centros penitenciarios. Según el Instituto Nacional de Estadística, “entre los años 2012 y 2014 la cantidad de privados de libertad fallecidos por diversas causas fue en promedio de 41 cada año”. Esto refleja el comportamiento de los privados de libertad dentro y fuera de los centros carcelarios. Agregado a esto, la poca institucionalidad del sistema penitenciario, aunada al problema del hacinamiento, ha generado otro problema: la falta de clasificación de los presos. Las personas en prisión preventiva no son separadas de las personas condenadas. Además, según Prison Insider, la Dirección General del Sistema Penitenciario no realiza ningún diagnóstico, observación o evaluación de la persona antes de que ingrese a la prisión asignada. Esto solo produce una mayor ingobernabilidad y la mezcla de personas peligrosas con aquellas que no lo son. 

El impacto del hacinamiento debe priorizarse en forma de una política de seguridad, pues mientras no exista rehabilitación ni reinserción son las instituciones, los sectores productivos y, sobre todo, los ciudadanos los que salen perjudicados. Una política pública de seguridad debería considerar los centros de aislamiento como espacios que brinden la oportunidad de rehabilitarse y eliminar cualquier estigma social. En definitiva, un espacio tras el cual seas bienvenido nuevamente a la sociedad.

El impacto del hacinamiento debe priorizarse en forma de una política de seguridad, pues mientras no exista rehabilitación ni reinserción son las instituciones, los sectores productivos y, sobre todo, los ciudadanos los que salen perjudicados.