Etanol obligatorio en Guatemala: entre el mercantilismo y la pérdida de libertad económica

El debate sobre la incorporación obligatoria de etanol en los combustibles en Guatemala no es nuevo. Aunque recientemente ha cobrado visibilidad pública a raíz de la implementación del reglamento que obliga a mezclar etanol con gasolina, esta discusión lleva más de dos décadas presente en el país. Desde el inicio de esta política, diversas voces han advertido sobre sus posibles efectos económicos, técnicos y ambientales.

Esta discusión adquirió nueva relevancia tras la aprobación del Acuerdo Gubernativo 159-2023 que establece el reglamento para la mezcla obligatoria de etanol con gasolina en el país. La medida busca introducir biocombustibles en el mercado energético guatemalteco; sin embargo, también ha generado críticas por sus posibles efectos sobre la competencia, los precios de los combustibles y la libertad de elección de los consumidores.

Una conversación con Ramón Parellada

En una conversación reciente, Ramón Parellada explicó que su oposición a esta política se remonta al momento en que se aprobó la ley original. Según relata, desde entonces ha señalado los problemas de imponer este tipo de medidas desde el Estado.

Para Parellada, el principal problema del etanol obligatorio radica en su naturaleza intervencionista. En su opinión, no se trata de una evolución natural del mercado energético, sino de una política pública impulsada para beneficiar a un sector específico de productores.

Para Parellada, el principal problema del etanol obligatorio radica en su naturaleza intervencionista.

«El problema es la obligatoriedad»

«El problema es la obligatoriedad», explica. «Cuando el gobierno obliga a utilizar etanol, restringe las opciones de los consumidores y crea un privilegio para quienes lo producen». Desde esta perspectiva, la medida introduce una distorsión en el mercado de combustibles. En lugar de permitir que los consumidores elijan libremente entre distintas alternativas energéticas —gasolina convencional, mezclas con etanol o incluso vehículos eléctricos—, la regulación impone una única opción para todos.

Este tipo de medidas, señala Parellada, tiende a generar lo que en economía política se conoce como mercantilismo: un sistema en el que el Estado otorga privilegios a determinados grupos económicos mediante regulaciones o barreras que favorecen sus intereses.

Mercantilismo guatemalteco

En el caso guatemalteco, los principales beneficiarios serían los productores de etanol derivado de la caña de azúcar. «La ley está hecha para favorecer a quienes producen etanol», afirma. Sin embargo, los beneficios para estos sectores no implican necesariamente beneficios para el resto de la economía. De acuerdo con Parellada, una de las primeras consecuencias de esta política será el aumento de costos en la cadena de combustibles.

La introducción del etanol, además, requiere modificaciones técnicas importantes en la infraestructura existente. Tanques de almacenamiento, mangueras, empaques y recubrimientos deben adaptarse para resistir las propiedades químicas del etanol, que es higroscópico y puede afectar ciertos materiales. Estas modificaciones no solo deben realizarse en instalaciones industriales, sino también en gasolineras y sistemas de distribución. Todos estos cambios implican inversiones adicionales que, inevitablemente, terminan trasladándose al consumidor. «Ese costo se va a trasladar al consumidor. Tarde o temprano, lo va a pagar», explica.

Todos estos cambios implican inversiones adicionales que, inevitablemente, terminan trasladándose al consumidor. «Ese costo se va a trasladar al consumidor. Tarde o temprano, lo va a pagar».

Preocupaciones técnicas

Además de los costos económicos, existen preocupaciones técnicas relacionadas con el parque vehicular del país. Guatemala cuenta con una flota relativamente antigua que incluye muchas motocicletas y motores de dos tiempos que no fueron diseñados para operar con mezclas de etanol. Esto podría generar problemas de funcionamiento y aumentar los costos de mantenimiento.

Otro argumento frecuente a favor del etanol es su supuesto beneficio ambiental. Sin embargo, Parellada considera que este punto tampoco está plenamente demostrado cuando se analiza el ciclo de vida completo del combustible.

¿Bueno para el ambiente?

La producción de etanol a partir de caña de azúcar requiere grandes cantidades de agua, tierra y energía. Además, la expansión del cultivo de caña puede implicar la reducción de áreas forestales. Cuando se toman en cuenta todos estos factores —desde el cultivo hasta el procesamiento industrial—, los beneficios ambientales del etanol dejan de ser tan claros.

A esto se suma un aspecto técnico importante: el etanol tiene un menor poder calorífico que la gasolina convencional. En términos prácticos, esto significa que los vehículos recorren menos distancia por galón cuando utilizan mezclas con etanol, lo que reduce la eficiencia del combustible. «Con el mismo galón recorres menos kilómetros», explica Parellada, lo que también puede traducirse en mayores costos para los usuarios.

Más allá de los aspectos técnicos y económicos, Parellada considera que esta política refleja un problema más profundo en la forma en que se estructuran las decisiones públicas. Según él, muchas regulaciones parten de la idea de que los planificadores gubernamentales pueden determinar qué es mejor para toda la sociedad.

Los vehículos recorren menos distancia por galón cuando utilizan mezclas con etanol, lo que reduce la eficiencia del combustible.

La «fatal arrogancia»

Esta visión recuerda lo que el economista Friedrich A. Hayek denominó la «fatal arrogancia»: la creencia de que un grupo reducido de planificadores puede poseer suficiente conocimiento para organizar de manera eficiente decisiones que, en realidad, dependen de millones de individuos con información dispersa.

Esa visión, afirma, ignora la naturaleza descentralizada del conocimiento en la economía. Las preferencias de los consumidores, las innovaciones tecnológicas y las condiciones del mercado cambian constantemente; por ello, imponer una solución única puede generar consecuencias no previstas.

¿Libertad de elección?

En lugar de imponer el uso de etanol, Parellada propone permitir que el mercado determine qué opciones energéticas resultan más eficientes. Con este enfoque, algunas gasolineras podrían ofrecer combustibles con etanol, mientras otras venderían gasolina convencional, de modo que la decisión final quedaría en manos de los consumidores. «Que haya gasolineras que vendan etanol y otras que no, y que la gente decida», resume.

Parellada también enfatiza que este debate es especialmente relevante en el contexto de Guatemala, un país donde gran parte de la población enfrenta restricciones económicas. En su opinión, limitar esas opciones mediante regulaciones obligatorias puede tener el efecto contrario: «En un país pobre, mientras más opciones tenga la gente de escoger, más rápido saldrán de la pobreza».

«En un país pobre, mientras más opciones tenga la gente de escoger, más rápido saldrán de la pobreza».

El corto y largo plazo

Finalmente, advierte que las políticas públicas deben evaluarse no solo por sus efectos inmediatos, sino también por sus consecuencias a largo plazo y por su impacto en toda la sociedad, no únicamente en un grupo específico. Siguiendo una idea clásica del economista Henry Hazlitt, Parellada insiste en que las políticas económicas deben analizarse considerando todos sus efectos indirectos y de largo plazo. De lo contrario, medidas que parecen beneficiosas para algunos sectores pueden terminar empobreciendo al conjunto de la población.

En un país como Guatemala, donde gran parte de la población enfrenta limitaciones económicas, restringir las opciones de consumo y aumentar los costos energéticos puede tener efectos significativos.

Para Parellada, este tipo de medidas reflejan, además, un patrón histórico de políticas mercantilistas, en las que el Estado interviene para otorgar privilegios a ciertos grupos económicos a costa del resto de la sociedad. Este tipo de prácticas, advierte, ha sido precisamente una de las razones por las que economías como la guatemalteca han tenido dificultades para desarrollarse plenamente.

¿Conclusiones?

Por ello, concluye, el debate sobre el etanol no debería centrarse únicamente en el combustible en sí, sino en un principio más amplio: la libertad de los consumidores para elegir qué productos utilizar y la necesidad de evitar políticas que favorezcan a unos pocos a costa del resto de la sociedad.