La ideologización de la universidad: el caso de Harvard

Actualmente existe una fuerte polémica en Estados Unidos. El presidente Trump desató una «guerra» contra algunas universidades de prestigio y, en particular, contra Harvard. A la vez, profesores universitarios —no necesariamente demócratas—, como Steven Pinker y Tyler Cowen, se han opuesto a la política actual de Trump contra estas universidades. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto y quién tiene la razón? ¿Deben preocuparnos las universidades? ¿Qué debemos aprender y evitar aquí?

El financiamiento estatal de la universidad

Ayaan Hirsi Ali se pregunta: ¿cuál es el propósito de una universidad? En Harvard, fundada en 1636, este solía ser «avanzar el aprendizaje y perpetuarlo a la posteridad». De hecho, su lema es simplemente Veritas (verdad). Sin embargo, en los últimos años la universidad pasó de ser un lugar de aprendizaje a convertirse en uno de activismo.

Antes que nada, Harvard cuenta con un endowment de aproximadamente 55,000 millones de dólares, además de cobrar miles de dólares al año a sus estudiantes. No obstante, la tentación del «dinero gratuito» del Gobierno —federal, en este caso— puede ser excesiva. Harvard recibe aproximadamente 700 millones de dólares anuales en fondos estatales, lo que equivale a cerca de dos tercios de su financiamiento total en investigación. La mayor parte de estos recursos proviene de los National Institutes of Health (NIH) y de la National Science Foundation (NSF).

Ahora bien, Trump ha puesto en duda la mayor parte de estos fondos, que suma un total de 9,000 millones de dólares en subvenciones distribuidas a lo largo de múltiples años. 

Dinero estatal, pero siempre con condiciones

Es fácil entender, desde el punto de vista de public choice, que, a pesar de la tentación del dinero «gratuito» y fácil del Gobierno, es casi imposible que este no venga acompañado de condiciones políticas.

Específicamente, el dinero estatal venía:

1. De manera directa, para proyectos políticos e ideológicos, usualmente relacionados con «justicia social», «critical race theory», «diversidad, equidad e inclusión» (DEI), «sesgo racial», «historia racial de Estados Unidos», «teoría de género», «interseccionalidad» y todo lo relacionado con «LGBTQ». Un ejemplo es un programa de casi 200,000 dólares en Brown University para la prevención de VIH en «mujeres transgénero chinas», financiado por NIH.
2. De manera indirecta, a través de subvenciones destinadas, por ejemplo, a investigación en cáncer, que exigen que el solicitante explique cómo el proyecto incorpora y promueve la «diversidad, equidad e inclusión», y que obligan a destinar parte de los fondos del proyecto a dichos propósitos. Esta información, desde luego, se utiliza en el proceso de solicitud y evaluación: ¿eres woke? Entonces recibirás dinero para tu investigación en cáncer. ¿No eres woke? Entonces olvídalo: no recibirás financiamiento, incluso si tu proyecto era más prometedor para encontrar una cura contra el cáncer.

En ambos casos, el resultado es idéntico: una captura institucional por parte de la izquierda de las facultades, en particular de las ciencias sociales.

Las oficinas de DEI, usualmente financiadas con dinero estatal, han tenido repercusiones reales en los campus universitarios. En Harvard, comenzaron a organizar actos de graduación racialmente segregados; por ejemplo, ceremonias exclusivas para graduados afroamericanos. Resulta irónico que, dado que los blancos —y, por extensión, los judíos— son considerados colectivos opresores desde la cosmovisión woke, no cuenten con ceremonias segregadas, mientras que la segregación parece estar permitida siempre que sea para las minorías consideradas «oprimidas». 

Otra fuente indirecta de dinero estatal para Harvard son los préstamos federales y las becas Pell, ayudas que terminan encareciendo la educación y aumentando la rentabilidad por estudiante de la universidad. La participación institucional en estos programas también puede conllevar requisitos de cumplimiento para las universidades, incluidos lineamientos de índole DEI.

Un profesorado ideologizado (de izquierda)

El dinero estatal en la educación estadounidense ha dejado una huella profunda. A lo largo del tiempo, el profesorado, en términos políticos e ideológicos, se ha vuelto mucho más de izquierda que la población en general.

Por ejemplo, el presidente Trump obtuvo 49.8 % del voto popular en la elección presidencial. Sin embargo, una encuesta de Joshua Koss, de Michigan University, mostró que, en disciplinas como antropología, sociología, psicología y ciencia política, el 86 % del profesorado de investigación se autorreporta como demócrata. Menos del 3 % afirma ser republicano. Entre los economistas, el 82 % declara ser demócrata. Existe mucha más data al respecto; para los interesados, puede consultarse un buen resumen de AEI.

Esto no siempre fue así. Hace décadas, el profesorado presentaba una ligera sobrerrepresentación de la izquierda y, en algunas disciplinas, la derecha estaba incluso ligeramente sobrerrepresentada. Ya en aquella época, Hayek advertía sobre la creciente influencia del izquierdismo en las universidades o, en términos más generales, entre los «distribuidores de ideas de segunda mano», seducidos por las tentaciones del utopismo socialista. Sin embargo, en los últimos cincuenta años —y de forma acelerada en los últimos veinte—, el profesorado se ha vuelto (casi) exclusivamente de izquierda.

En el caso de Harvard, una encuesta de Harvard Crimson mostró que el 82 % del profesorado se considera «progresista» o «muy progresista» (es decir, de izquierda). En contraste, solo el 1.5 % se considera «conservador» (es decir, de derecha). 

La causa detrás de este cambio radical es el dinero estatal. Follow the money. Si las subvenciones se condicionan a ser, en efecto, de izquierda, entonces se incentiva la contratación de profesores e investigadores con esa orientación, because that is where the money is.

La asimetría alarmante en quejas: los estudiantes de izquierda se quejan más

Existe otra dinámica —además de las evaluaciones estudiantiles— que conduce a una degradación de la educación y a una inflación de notas, y que debe preocuparnos: quiénes se quejan de los profesores y con qué frecuencia.

Un estudio demuestra una asimetría alarmante: los estudiantes de derecha son más tolerantes frente a afirmaciones del profesorado contrarias a sus ideas que los estudiantes de izquierda. Cuando a un estudiante de derecha le asignan un profesor con ideas opuestas a las suyas, está menos dispuesto e inclinado a presentar quejas ante la administración universitaria. En cambio, el estudiante de izquierda está más dispuesto e inclinado a quejarse de un profesor «de derecha».

El resultado de esta desafortunada asimetría es que los profesores de derecha reciban más quejas que los profesores de izquierda. A su vez, esto afecta las oportunidades profesionales de ambos: los profesores de derecha reciben menor compensación, más anotaciones en sus expedientes, menos oportunidades y menos clases, y sufren con mayor frecuencia reprimendas del personal administrativo y despidos. En ninguna universidad se toma en cuenta esta asimetría, que, llevada a su extremo lógico, implica que una minoría estudiantil imponga gradualmente sus preferencias sobre el cuerpo docente que enseña a todos, no solo a ellos.

Esta es otra razón por la cual hoy día el profesorado en Estados Unidos es primordialmente de izquierda. Los profesores de izquierda traen «plata», y los profesores de derecha traen quejas.  

Discriminación positiva: ¿antimérito e ilegal?

El multiculturalismo, un derivado del colectivismo, concibe a ciertas minorías como colectivos «oprimidos» por mayorías «opresoras» y, en consecuencia, busca favorecer a estas minorías mediante el Estado. Esto choca con el individualismo cultural e histórico de Occidente en general y de Estados Unidos en particular. En lo más fundamental, este es el origen del conflicto actual entre el Gobierno de Trump y algunas universidades, como Harvard.

En concreto, mientras la izquierda «tomó», casi de forma literal, las universidades estadounidenses, comenzó a modificar las políticas de admisión. Así entra en escena la discriminación positiva. 

Sin embargo, este enfoque presentaba varios problemas. En primer lugar, las pruebas de admisión resultaban «incómodas» para los propósitos de la izquierda. Si se aceptan estudiantes con resultados muchos peores en dichas pruebas en función del tono de piel, resulta más sencillo eliminar las pruebas de admisión por completo y sustituirlas por «requisitos soft», como cartas de recomendación, entrevistas personales y «actividades extracurriculares». Es más, el autorreporte de la puntuación en la prueba SAT es opcional; por lo tanto, cualquier promedio basado en los resultados de los admitidos es engañoso, ya que quienes reportan su SAT suelen hacerlo porque obtuvieron buenos resultados. De este modo, el promedio deja de ser informativo. A ello se suma que Harvard intentó, de manera evidente, mantener toda la data confidencial para ocultar sus políticas de admisión discriminatorias. Solo cuando el caso llegó a los tribunales, la discriminación se volvió innegable. Algo similar ocurrió con New York University y Columbia University, cuyos datos de admisión se hicieron públicos tras un hackeo.

En resumen — y para no abrumar al lector con un exceso de datos—, el estudiante afroamericano tenía mayor probabilidad de ser admitido que el hispánico; el hispánico, más que el blanco; y el blanco, más que el asiático. De este modo, no era raro que un estudiante asiático rechazado tuviera un mejor promedio en la prueba de admisión que un estudiante afroamericano aceptado. 

En un intento adicional por ocultar estas políticas discriminatorias, Harvard fue un paso más allá y trató de manipular un indicador que sí era de acceso público: la tasa de rechazo. Si no se rechaza a ningún aspirante afroamericano, pero sí al 50 % de los aspirantes blancos, la tasa de rechazo resulta «sospechosa». Harvard, sin embargo, logró atraer a más aspirantes afroamericanos, de modo que pudo incrementar la proporción de estudiantes afroamericanos admitidos sin exhibir una tasa de rechazo anómalamente baja.  

Todo esto no habría constituido un problema en Estados Unidos si no fuera por el hecho de que estas universidades reciben financiamiento público.

La degradación educativa ocurrió no solo en las admisiones: la inflación de notas

La mayor parte del conflicto entre Trump y Harvard se origina en las políticas discriminatorias de admisión, pero no se limita a ellas. Favorecer candidatos no por su mérito académico, sino por características raciales, combinado con una tendencia a evaluar la calidad educativa con base en evaluaciones estudiantiles, ha repercutido negativamente en la exigencia y la calidad de la enseñanza.

En Harvard, como en muchas otras universidades, el grado se ha convertido en un «trofeo de participación». En 2005-2006, apenas 25 % de los estudiantes obtuvo una nota A (equivalente a 92 o más de 100). Para 2024-2025, esta proporción aumentó hasta el 60.2 % de los estudiantes que obtienen la misma calificación. Al mismo tiempo, la exigencia de las evaluaciones académicas se ha reducido.

La anécdota que más me sorprendió involucra al notable premio nobel Joel Mokyr, cuyos estudiantes podrían elegir entre su curso de historia europea y el curso de historia americana impartido por otro profesor. Un estudiante lamentó su decisión cuando Mokyr recibió el Premio Nobel en 2025, pues en su momento «escogió la opción más fácil»: el otro profesor tenía fama de otorgar calificaciones más altas con menor esfuerzo académico.

Cuando una universidad determina el desempeño docente primordialmente con base en evaluaciones estudiantiles, se crea un incentivo para degradar la calidad educativa e inflar las calificaciones. Esto favorece el activismo superficial por encima del aprendizaje profundo; dicho de otro modo, privilegia el activismo superficial sobre el pensamiento crítico. Un artículo académico reciente lo confirma:

Estudiantes, administradores y profesores están implicados en un juego individualmente racional pero socialmente destructivo… Administradores quieren mejores evaluaciones estudiantiles porque conduce a mejores notas y mayor retención de estudiantes, lo que significa mayores ingresos. Profesores quieren mejores evaluaciones estudiantiles porque conducen a mejores salarios y oportunidades, y estudiantes quieren mejores notas por lo mismo. Sin embargo, el efecto social general es convertir las evaluaciones estudiantiles en una señal defectuosa de calidad de enseñanza y las notas en una señal defectuosa para el futuro desempeño en un trabajo. Ningún estudiante, miembro de facultad, ni administrador, tiene por sí mismo mucho incentivo de parar este ciclo vicioso.

Este ciclo vicioso explica una parte significativa de la inflación de notas y de la degradación de la calidad y la exigencia educativas. Hace unos días, Harvard cambió de hecho su política de notas. Por ejemplo, a partir de 2027, solo podrá otorgarse la nota más alta —A— a un máximo del 20 % de los estudiantes por curso. La graduación con méritos —honores, como cum laude— no se basará en la nota promedio, sino en el rango percentil promedio del estudiante. Queda por ver si esto resuelve algo o si solo trata los síntomas sin atacar la raíz del problema.

La cultura de cancelación en Harvard

Todo lo que hemos discutido hasta ahora —las crecientes subvenciones estatales, el financiamiento público condicionado, la diversidad, equidad e inclusión, la discriminación positiva, la degradación de la calidad educativa y el activismo, la inflación de notas, las políticas discriminatorias de admisión, etcétera— ha conducido a otro fenómeno: la cultura de cancelación.

El ejemplo que más de cerca conozco es el de un matemático, Theodore Hill, quien sufrió una cancelación particularmente grave. Por presión de un grupo de académicos fanáticos de izquierda, su paper, revisado por pares y ya publicado, no fue retractado: fue borrado de la faz de la Tierra, sin ningún tipo de declaración por parte del editor. El artículo, que planteaba la hipótesis de que los hombres muestran mayor variabilidad que las mujeres en ciertos rasgos, estuvo publicado apenas tres días en la revista The New York Journal of Mathematics. Una académica de la Universidad de Chicago, en lugar de responder al paper, optó —con éxito— por «cancelar» la publicación, presionando al editor de la revista. 

Casos como este también ocurrieron en Harvard. El más polémico es el de Roland Fryer, profesor de economía. En medio de las protestas de Black Lives Matter, investigó si los afroamericanos eran víctimas de violencia letal por parte de la policía de forma desproporcionada en comparación con otros grupos raciales (dato no esencial para el argumento, pero relevante: el propio Fryer es afroamericano). Los datos demostraron que no existían diferencias raciales en la violencia letal policial. Sin embargo, estas conclusiones contradecían la narrativa del movimiento defund the police. Fryer fue suspendido por dos años por una acusación muy dudosa de «acoso sexual». Cuando regresó, él —un investigador talentoso— y su trabajo habían sido marginados dentro de Harvard.

El mensaje es claro: importa más el sentimiento de un «representante» de una «minoría oprimida» que la verdad, incluso cuando se trata de cuestiones empíricas, y cuestionar el dogma se convierte en herejía académica. La pregunta, entonces, es inevitable: si se trata de dinero público, ¿puede permitirse este tipo de cultura de cancelación y arbitrariedad en la selección y promoción de ciertas voces por encima de otras?

Algo más: el antisemitismo en Harvard como «cancelación»

Además de las políticas discriminatorias de admisión —que, según la Corte Suprema, violan la ley, dado que Harvard acepta voluntariamente fondos del Gobierno federal—, han surgido problemas graves de antisemitismo en la universidad.

En abril del 2025, Harvard publicó el informe Presidential Task Force on Combating Antisemitism and Anti-Israeli Bias. Un número significativo de estudiantes judíos afirmó que les había dicho que su mera presencia en el salón de clase era «ofensiva»; estas afirmaciones provinieron de compañeros, docentes y miembros de la facultad. El 25 % de los estudiantes judíos en Harvard declaró sentirse en peligro físico; un número considerable fue intimidado físicamente o escupido. El 75 % afirmó sentirse «incomodo» al expresar su opinión política, en general, dentro del campus. Este fenómeno responde a una forma de colectivismo que hace responsables a estudiantes judíos de posibles atrocidades del Gobierno israelí, una norma moral que, evidentemente, nadie se atreve a aplicar en sentido inverso.

En este contexto, el presidente Trump afirmó que Harvard podría haber violado leyes de derechos civiles, lo que constituiría otro posible motivo para retirar los fondos federales. La Casa Blanca escribió:

Harvard’s commitment to racial hierarchies—where individuals are sorted and judged according to their membership in an oppressed group identity and not individual merit—has enabled anti-Semitism to fester.

Harvard tomó medidas para corregir los hallazgos señalados en el informe, aumentar la presencia de seguridad en el campus y sancionar a estudiantes disruptivos.

¿1 + 1 = 2? Universidades privadas + dinero estatal = ¿universidades estatales?

Existen pocas universidades en Estados Unidos que, por principio, no reciben dinero estatal. Un ejemplo es Hillsdale College, que, a pesar de ello, fue intimidada por el Gobierno de Obama. 

La solución es muy sencilla:

• Harvard puede optar por no recibir dinero público y continuar con sus políticas discriminatorias de admisión (puede admitir a quien quiera por la razón que sea); o
• Harvard puede optar por recibir dinero público y eliminar sus políticas discriminatorias de admisión.

Sin embargo, lo que Harvard pretende es seguir recibiendo el dinero público y, al mismo tiempo, decidir libremente sobre sus políticas de admisión, que son, francamente, racialmente discriminatorias. Esto es precisamente lo que el presidente Trump se propuso combatir. ¿Quieres recibir dinero público —el dinero de la población trabajadora y productiva de los Estados Unidos—? Entonces debes cumplir la ley como si fueras una universidad pública. Y eso implica que no se puede discriminar racialmente en el proceso de admisión.

Este conflicto llegó hasta la Corte Suprema en el 2013 (Students for Fair Admissions —SFFA— versus Harvard), con una decisión definitiva en el 2023. Ese año, la Corte Suprema concluyó que Harvard había incurrido en discriminación racial en violación de la ley. Harvard intentó «ocultar» evidencia de dicha discriminación. En efecto, la Corte determinó que las universidades no tienen derecho a considerar la raza del estudiante durante el proceso de admisión. Diversos estudios académicos respaldaron las observaciones del tribunal.

La reacción de Harvard fue curiosa: públicamente declaró que actuaría en contra de la decisión del máximo tribunal. Y así ocurrió. En muchas universidades prestigiosas, la admisión de estudiantes afroamericanos se redujo en torno a un 40-50 %, mientras que la admisión de estudiantes asiáticos aumentó, tal como anticipaban los datos comparativos entre estos grupos. En Harvard, no. Harvard desafió abiertamente a la Corte Suprema y al Gobierno, ignorando la ley.

Ahora, Harvard «se presenta como víctima». En un «uno-dos» con Obama, argumenta que Trump está atacando «la libertad académica» de la universidad en aspectos como «qué se enseña, a quién se admite, a quién se contrata y qué se investiga». Aparentemente, usar dinero público para promover una ideología mediante políticas de DEI es aceptable, pero retirar fondos públicos porque se promueve precisamente una ideología se considera una violación de «la libertad y autonomía de Harvard». Esto es absurdo. En realidad, Harvard quiere dinero público y, al mismo tiempo, seguir haciendo lo que desea: activismo en lugar de aprendizaje. Pero no se puede tener el pastel y comérselo también, como dirían los estadounidenses.

Si Harvard quisiera gozar de plena «libertad académica», podría seguir, sencillamente, el ejemplo de Hillsdale College: no aceptar dinero público y continuar contratando «guerreros de la justicia social», «agentes de cambio de diversidad e inclusión» e «investigadores en interseccionalidad». El punto, quizás, es que desea hacer todo esto con los 9000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses, aproximadamente 60 dólares por taxpayer.

A pesar de todo, existen negociaciones tras las bambalinas, y es posible que pronto haya novedades por parte de las autoridades de Harvard y de la Casa Blanca.

Discriminación positiva en los puestos más altos: la rectora de Harvard que cometía plagio

A luz de todo lo anterior, resulta pertinente mencionar el caso de Claudine Gay. Gay asumió como rectora de Harvard en julio del 2023, convirtiéndose en la primera mujer negra en ocupar ese cargo en la historia de la universidad. Su nombramiento fue celebrado como un símbolo de diversidad institucional; sin embargo, su gestión se volvió rápidamente polémica. En diciembre del 2023 enfrentó una ola de críticas, primero por su tibia respuesta ante expresiones antisemitas en el campus tras los ataques de Hamás y, poco después, por acusaciones de plagio en varios de sus trabajos académicos. Durante meses fue protegida por el liderazgo de Harvard, hasta que finalmente renunció en enero del 2024, después de apenas seis meses en el cargo.

La pregunta que surgió fue la siguiente: ¿cómo es posible que una académica con un historial tan pobre de publicaciones haya llegado, en primer lugar, a una posición de liderazgo académico en una de las universidades más prestigiosas del mundo y que, además, las pocas publicaciones que tenía resultaran ser plagiadas? Parecería que su tono de piel y la «inclusividad» pesaron más que el mérito académico. La respuesta —la discriminación positiva— no ha sido un factor exclusivo en el caso de Gay. Aunque se trate del ejemplo más extremo, no ha sido la única beneficiaria: otras académicas, como Sherri Charleston, Shirley Greene y Christina Cross, quienes fueron favorecidas con promociones internas, también fueron identificadas por prácticas de plagio.

En otras palabras, la discriminación positiva ha permeado incluso los niveles más altos de la contratación y promoción del profesorado, y no solo el proceso de admisión estudiantil.

Esto implica que el mérito académico deja de ser el criterio supremo y es gradualmente erosionado por otras consideraciones ajenas a la calidad académica, vinculadas a nociones de «justicia social». Dado que la diversidad, equidad e inclusión (DEI) se conciben como un fin en sí mismo —aunque, sin evidencia concluyente, se suele afirmar que la diversidad racial produce múltiples beneficios—, las promociones y oportunidades internas terminan respondiendo a rasgos colectivos más que al mérito individual.

Los estudiantes extranjeros de Harvard

El estudiante extranjero es clave para Harvard: casi el 30 % del alumnado de la universidad proviene del extranjero. La mayoría de estos estudiantes paga la matrícula completa; aunque son eligibles para becas y ayudas, no necesariamente las reciben.

Cuando Harvard se negó a acatar el fallo de la Corte Suprema y continuó con sus políticas discriminatorias, Trump buscó «palancas» para forzar el cumplimiento de la ley y de la sentencia judicial. Una de ellas fue la retención de fondos federales. Otra consistió en amenazar con la cancelación de visas de estudiantes extranjeros ya matriculados o con la negativa de visas a futuros estudiantes, afectando así a Harvard donde más le duele: en su bolsillo.

Además, Trump contaba con un argumento adicional: una parte significativa del antisemitismo en universidades como Harvard provenía de ciertos grupos de estudiantes extranjeros. Surge entonces la pregunta ética: ¿es aceptable que estudiantes judíos estadounidenses sufran antisemitismo por parte de estudiantes extranjeros en una universidad estadounidense? En el caso de estudiantes chinos, también podía invocarse el argumento de «adversarios extranjeros» y de «seguridad nacional».

No obstante, esta última «batalla» entre Harvard y el Gobierno de Trump parece responder más a una estrategia de negociación.

¿Qué ha hecho Trump ante este secuestro de las universidades por parte de la izquierda?

El presidente Trump metió el dedo en la llaga. El dinero es el principal problema de los excesos de la izquierda que hemos presenciado, excesos que, en gran parte, se originaron en los campus de universidades prestigiosas del país.

Ordenó remover de inmediato todas las consideraciones y condiciones de diversidad, equidad e inclusión en las subvenciones estatales a las universidades. Además, condicionó las subvenciones federales a la eliminación de la discriminación racial en, entre otras cosas, los procesos de admisión, en línea con el fallo de la Corte Suprema. Condicionó esas mismas subvenciones a la adopción de políticas más contundentes contra el antisemitismo y, asimismo, podría condicionarlas a la preservación de la libre expresión en los campus universitarios, tras el cobarde asesinato de Charlie Kirk en el campus de Utah Valley University. Cabe destacar que no intentó, en ningún momento, presionar a aquellas universidades que no reciben dinero federal para que actúen de una u otra manera, como corresponde.

Cuando algunas universidades, como Harvard, pensaron que podrían «intimidar» a Trump en instancias judiciales inferiores y obligarlo, mediante un juez, a transferir las subvenciones a pesar de desobedecer el fallo de la Corte Suprema, Trump respondió amenazando con anular las visas de estudiantes extranjeros quienes representan una parte sustancial de los ingresos de estas universidades. Como consecuencia, Harvard y la administración de Trump se encuentran ahora en proceso de negociación. Sea como sea, se trata de un avance significativo en comparación con la situación anterior, y resulta dudoso que otro presidente hubiera logrado algo similar en tan poco tiempo.

Steven Pinker: ¿y la investigación y desarrollo?

Más importante aún, Trump está cuestionando lo más fundamental: ¿debe el Gobierno federal gastar miles de millones de dólares en «investigación científica» incluso cuando los resultados no han sido particularmente buenos? ¿Incluso cuando, lejos de impulsar el avance de la ciencia, este financiamiento ha fortalecido al extremo a la izquierda woke en los campus universitarios?

Para el 2026, Trump propuso reducir drásticamente el presupuesto de NIH en un 40 % y de NSF en un 55 %, cortando así el flujo de dinero del gobierno hacia las universidades. ¿Y si el sector privado —que sí obtiene resultados— financiara la mayor parte de la innovación y del avance científico, en lugar del Gobierno?

Sin embargo, el Congreso debe aprobar el presupuesto y autorizar estos recortes. Dado que se trata de miles de millones de dólares, el cabildeo en Washington —y, por extensión, los restaurantes de lujo en sus alrededores— florecerá.

Aquí llegamos, para concluir, al argumento de Steven Pinker, quien critica la política de Trump como un intento de throwing away the baby with the bath water. El gobierno financia la ciencia y la ciencia ha sido exitosa; por lo tanto, sostiene Pinker, el gobierno no debería dejar de subvencionar a las universidades por «el bien de la ciencia». Hay woke, hay bloat, admite Pinker, pero la ciencia estadounidense depende del gobierno y de la NSF. Este argumento, sin embargo, es falaz, pues la mayor parte de la verdadera innovación proviene del sector privado y no de las subvenciones del NSF o del NIH.

Más aún, Steven Pinker parte de la premisa de que los avances tecnológicos son el resultado de esfuerzos planificados de arriba hacia abajo, cuando, en realidad, la mayoría de los avances surgen del tinkering. El microondas, por ejemplo, no apareció porque alguien recibiera un grant para desarrollar una caja barata que recalentara comida de forma rápida y sencilla. Surgió porque un ingeniero del sector privado que experimentaba con radares y descubrió que ciertos tubos derretían alimentos y hacían estallar granos de maíz. El progreso real no proviene de planes centralizados ni de expertos que «predicen» el futuro, sino de individuos que exploran, prueban, fallan y, ocasionalmente, descubren algo significativo, a menudo por accidente. El financiamiento estatal de la «ciencia» es contrario a la propia naturaleza del progreso tecnológico. Además, quien compite con éxito por una subvención no es necesariamente el mejor inventor o ingeniero, sino quien mejor sabe competir por la subvención; ambas habilidades suelen ser mutuamente excluyentes. Esto es precisamente lo que explica la teoría de rent seeking aplicada a las subvenciones para «promover la ciencia». 

Conclusiones

El caso de Harvard es simbólico y ejemplar. Representa el deterioro de una universidad históricamente prestigiosa, cooptada por la izquierda mediante el financiamiento estatal, a modo de «caballo de Troya». Desde estudiantes de izquierda más propensos a presentar quejas contra profesores de derecha, hasta subvenciones estatales condicionadas ideológicamente, el profesorado de Harvard —y de muchas otras universidades— se volvió gradualmente primordialmente de izquierda. Este proceso ha coincidido con una reducción de la calidad educativa, en la que el activismo ha pasado a priorizarse sobre el aprendizaje, así como con una marcada inflación de notas. En este contexto, las universidades se transformaron en un caldo de cultivo fértil para fenómenos como la cultura de cancelación y el antisemitismo.

Que Trump busque ahora un remedio a estos males presentes en el sistema universitario estadounidense no constituye, lejos de ello, un «ataque a la libertad académica», sino una lección para todos sobre lo que ocurre cuando el Gobierno interviene en la educación, incluso cuando, en un primer momento, resulta muy tentador decir «sí» al dinero del Estado.