La gran empresa


Durante muchos años, la democracia en Guatemala ha sido juzgada por la sociedad civil. Frases como «todos roban», «nadie hace nada», «dónde están mis impuestos» o «todos son lo mismo» recorren cada rincón del territorio guatemalteco. Sin embargo, si cada uno reflexionara sobre la relevancia que tienen en el área política tanto los ciudadanos como los funcionarios, la perspectiva sería distinta. Este artículo trata de dar un nuevo enfoque sobre el Gobierno y quienes lo conforman, desde la teoría del public choice y apoyándose en el modelo económico de Downs. 

Siguiendo la teoría del rational choice, los políticos, al igual que todos los demás individuos, están en constante búsqueda de maximizar sus beneficios. Debido a que el objetivo final de estos es permanecer en el poder la mayor cantidad de tiempo posible, tienen que actuar basándose en aquello que les dará más prestigio y legitimidad frente a los votantes (Holcombe, 2016). Por esta razón, la idea de que los políticos no responden a los intereses de la comunidad no es completamente cierta; la mayoría del tiempo actúan teniendo en cuenta lo que se les está pidiendo para poder ser reelegidos en su puesto. De hecho, el actuar político y el económico se pueden relacionar si pensamos en el Gobierno como una empresa, en los funcionarios como empresarios y en la comunidad como consumidores.

La idea de que los políticos no responden a los intereses de la comunidad no es completamente cierta; la mayoría del tiempo actúan teniendo en cuenta lo que se les está pidiendo para poder ser reelegidos en su puesto.

En su libro Teoría económica de la democracia, Anthony Downs parte de una idea central: cada partido político, integrado por distintos individuos, tendrá como función crear políticas para venderlas como una mercancía y así generar votos (como se cita en Caminal, 2005). Él argumenta que cada una de las políticas se crea tanto para obtener beneficios económicos como para demostrar la influencia y el poder que un político puede obtener. Sin importar si la distribución electoral en ese momento es unimodal, bimodal o multimodal, las políticas se adaptarán para ser lo mejor recibidas posible por la población y para tener un apoyo más fuerte. 

Asimismo, el consumidor juega un rol sumamente importante. Igual que cada individuo compra el producto que le es de mayor utilidad, utilizará la misma lógica a la hora de votar. El votante tiende a analizar desde su propio interés qué oferta política es la que más le beneficia y no quién podría traerle más beneficios a todo el país. En el momento en el que cada uno de nosotros busca qué candidato se adapta mejor a nuestro estilo de vida y confiamos en que las propuestas que hace  puedan ser las indicadas para la mejora del país, emitimos un voto racional y, en este caso, hacemos una compra acertada. 

El votante tiende a analizar desde su propio interés qué oferta política es la que más le beneficia y no quién podría traerle más beneficios a todo el país.

Teniendo todo esto en cuenta, podemos entender que la arena política es un juego de oferta y demanda. Tanto los políticos tienen la oportunidad de ofertar las políticas que los harán llegar al poder, como la sociedad la responsabilidad de demandar lo que es necesario. Hay que dejar de creer que únicamente involucrándose en la política se puede hacer un cambio. Debemos dejar de subestimar el papel del votante y generar entre los ciudadanos espacios de diálogo que permitan negociar posiciones en otras esferas de la vida en sociedad. Sepamos reconocer que en el interés del político y del ciudadano por maximizar sus beneficios existe una oportunidad para el cambio.

Referencias

  • Caminal, M. (2005). Manual de Ciencia Política. Madrid: Tecnos. 
  • Holcombe, R. (2016). Advanced Introduction to Public Choice. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.

Por Pablo José Zelaya Villavicencio
24 de septiembre del 2019


AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.


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