Los efectos ¿no intencionales? de las reformas del 2016


El Congreso de la República de Guatemala aprobó en el 2016 reformas a varias leyes que hoy influyen en la coyuntura. Entre ellas, se modificó la Ley Electoral y de Partidos Políticos con dos disposiciones: 1) adelantar la fecha de las elecciones para junio —primera vuelta— y agosto —segunda vuelta—, y 2) prohibir la reelección de diputados tránsfugas. La primera tenía como objetivo dar validez al voto nulo de manera que si este alcanzaba la mayoría, se repitieran las elecciones; la segunda pretendía castigar una práctica rechazada cada vez más por los guatemaltecos. Además, se reformó la Ley de la Carrera Judicial, incluyendo un nuevo requisito de informes sobre candidatos a jueces y magistrados. El Consejo de la Carrera Judicial debería realizar dichas evaluaciones a partir de un reglamento, el cual no se elaboró. El objetivo de esta reforma era dotar de autonomía al poder judicial, privilegiando a jueces de carrera por encima de los nombrados por consideraciones políticas. En la actualidad podemos observar los efectos de estas modificaciones, algunas de ellas realizadas sin una discusión extendida acerca de sus implicaciones. 

El objetivo de esta reforma era dotar de autonomía al poder judicial, privilegiando a jueces de carrera por encima de los nombrados por consideraciones políticas.

En primer lugar, adelantar las elecciones por la remota posibilidad del voto nulo incrementó el tiempo de transición a cinco meses. En la actualidad, la transición presidencial guatemalteca es similar a la mexicana, considerada una de las más largas del mundo (Aristegui Noticias, 2012). La ampliación del periodo de transición tiene al menos dos efectos: 1) se genera un problema de doble legitimidad, y 2) se modifican los horizontes de tiempo de los políticos según el resultado obtenido en las urnas. En el caso de la legitimidad dual, el presidente saliente aún tiene poder según la ley, pero el entrante reclama la legitimidad popular. Esta situación podría explicar la polémica sobre dos regulaciones aprobadas recientemente: la negociación del acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos y la aprobación del Acuerdo Gubernativo número 189-2019 que prohíbe el uso del plástico en el territorio nacional. En ambos, el presidente electo, Alejandro Giammattei, se ha mostrado en desacuerdo al no ser consultado. Ambas disposiciones entrarían en efecto durante su gobierno, por lo que probablemente Giammattei considerará derogarlas o modificarlas. El constante cambio disminuye la certeza jurídica y esta dinámica podría convertirse en regla en las próximas transiciones presidenciales.

En el caso de la legitimidad dual, el presidente saliente aún tiene poder según la ley, pero el entrante reclama la legitimidad popular. Esta situación podría explicar la polémica sobre dos regulaciones aprobadas recientemente: la negociación del acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos y la aprobación del Acuerdo Gubernativo número 189-2019 que prohíbe el uso del plástico en el territorio nacional.

En el Congreso, la ampliación de la transición ha modificado los horizontes de tiempo para los diputados. Aquellos diputados que no fueron reelegidos —algunos por la prohibición del transfuguismo—, tienen incentivos para asegurarse de que la elección de magistrados y jueces ocurra antes de enero de 2020. Por su parte, aquellos diputados reelegidos —apoyados por los de nuevo ingreso— tienen horizontes de tiempo más largos, por lo que podrían buscar posponer la elección de jueces y magistrados hasta después del 14 de enero del próximo año. Ciertamente, esto también depende de su cálculo racional sobre la correlación de fuerzas en el Congreso. En este caso, los diputados de la UNE podrían tener más interés en posponer la elección —serán un tercio del Legislativo a partir de enero—. 

En segundo lugar, las modificaciones a la Ley de la Carrera Judicial se realizaron sin tomar en cuenta su efecto en los plazos de las comisiones de postulación. Al no existir el reglamento de evaluación, el proceso podría prolongarse indefinidamente. Esto ha sido aprovechado por los actores que desean posponer la elección, los cuales buscaron amparo en la Corte de Constitucionalidad —CC—. Los magistrados de la CC, a su vez, podrían responder al incentivo de reelegirse en el 2021. Dar la potestad de elegir jueces y magistrados al nuevo Congreso podría incrementar las probabilidades de reelección, pues será la próxima legislatura y la Corte Suprema que surja de ella quienes tendrán por lo menos cuatro de los diez espacios en la CC. 

En países como Estados Unidos existen regulaciones para fomentar una transición ordenada entre el gobierno saliente y el entrante como La Ley de Transición Presidencial de 1963. Sin embargo, el problema actual en Guatemala probablemente no se resolverá con crear nuevas regulaciones. En este caso, se deberían retomar los tiempos de elecciones establecidos antes del 2016, pues es poco probable que el voto nulo algún día alcance la mayoría. Finalmente, de no eliminarse los requisitos de evaluación a jueces y magistrados, debería prontamente aprobarse el reglamento y, para el futuro, los plazos de selección deberán ajustarse a los efectos de estos nuevos requisitos. De esta manera se cumpliría con el plazo establecido en la Constitución y, a la vez, se mejoraría el proceso de selección. 

El problema actual en Guatemala probablemente no se resolverá con crear nuevas regulaciones. En este caso, se deberían retomar los tiempos de elecciones establecidos antes del 2016, pues es poco probable que el voto nulo algún día alcance la mayoría.

En resumen, será imposible determinar si estas consecuencias formaron parte del cálculo estratégico de sus diseñadores o si fueron inintencionadas, algo que no se buscó responder en este artículo. Sin embargo, y aunque esta no es la única explicación posible, es innegable que las reformas a leyes clave en el 2016 —aprobadas sin discusión profunda— están teniendo efectos en la coyuntura política a finales del 2019. 

Referencias

  • Aristegui Noticias. (2012). Transición de gobierno en México, una de las más largas del mundo. Recuperado de https://bit.ly/2oEQKr5
  • Fernández Luiña, E. [EPRI UFM] (19 de febrero del 2019). Reforma de la ley electoral: La naturaleza del problema [Archivo de video]. Recuperado de https://bit.ly/2oCSu48
  • Fernández Luiña, E. [EPRI UFM] (19 de febrero del 2019). Reforma de la ley electoral: La reforma de fondo [Archivo de video]. Recuperado de https://bit.ly/2oDecoM
  • Fernández Luiña, E. [EPRI UFM] (19 de febrero del 2019). Reforma de la ley electoral: El contenido [Archivo de video]. Recuperado de https://bit.ly/2n72bYj

Por Jonatán Lemus
3 de octubre del 2019


AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.


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