Formalismo y captura regulatoria en el organismo judicial


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Sebastián Morales

Politólogo con especialización en Políticas Públicas del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UFM. Le interesa la política económica, el debate y el discurso político. Fue ponente en Alacip sobre comportamiento judicial y rent-seeking en países con recursos naturales. 

No es ninguna novedad el excesivo formalismo con el que se maneja la burocracia en Guatemala. Constantemente nos vemos en la necesidad de sacar fotocopias para trámites y de movernos entre muchas oficinas que realizan procesos obsoletos para obtener credenciales necesarias. El concepto de búsqueda de rentas es útil por comprender que aquellas minorías organizadas logran incidir en el Estado para utilizarlo en su favor. Maximizan sus ganancias, ya sea con sobornos o de formas más sutiles como intercambiando favores de manera legal, pero igualmente perversa. Todo esto se da porque las leyes confían en que el interés público puede estar representado en algunos órganos con personas “conocedoras” o “notables”. Sin embargo, el interés público no es siempre el de todos, y a veces ni siquiera el de la mayoría, sino el del grupo que mejor cabildea al Estado.

¿Qué pasa cuando esta misma lógica de maximizar las rentas se encuentra en un cuerpo colegiado temporal?

Actualmente se están desarrollando tres elecciones en el poder judicial: se elige a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros de las 45 salas de la Corte de Apelaciones y a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Es obvio que en todas las elecciones hay intereses de por medio y, viendo que las tres son elegidas por el Congreso, que los diputados votarán a quien más les convenga. Sin embargo, antes de llegar al Legislativo, los aspirantes a las cortes pasan por el duro proceso de las comisiones de postulación, compuestas por abogados, magistrados y académicos que definen si cuentan con las calidades para participar y ser electos magistrados.

Se ha visto cómo algunos comisionados utilizan las mismas herramientas que la burocracia para presionar y dejar fuera a los aspirantes que les incomodan a ellos o al sector que los patrocina. Hay posiblemente tres grandes incentivos: el económico, ofrecido por los sectores que patrocinan la participación en la comisión —no es barato dejar de ejercer la profesión de abogado durante varios meses ni pagar las campañas con las que son electos—; el político, que consiste en buscar la reelección, pues en la otra comisión están los aspirantes por los que votan; y el de simplemente responder al dinero circulante en el momento de la votación.

Se ha visto cómo algunos comisionados utilizan las mismas herramientas que la burocracia para presionar y dejar fuera a los aspirantes que les incomodan a ellos o al sector que los patrocina.

Si partimos del public choice, que nos recomienda interpretar los votos como renta y así estudiar el comportamiento político como el mercado, los sectores que patrocinan la participación de comisionados del Colegio de Abogados y Notarios —CANG— tienen un claro interés en ser beneficiados por la justicia más adelante. No es menor, pues es distinto patrocinar una campaña por un contrato que patrocinar una campaña para evadir la justicia o utilizarla como un arma contra otros. Asimismo, como menciona Stigler, si entendemos la comisión de postulación como el regulador del juego —pues ellos definen cómo calificar—, podemos entender nuevamente que la captura regulatoria funciona al igual que en el mercado: un actor con ventaja manipula al regulador con incentivos económicos o políticos —reelección— y así anula a su competencia.

Si entendemos la comisión de postulación como el regulador del juego pues ellos definen cómo calificar, podemos entender nuevamente que la captura regulatoria funciona al igual que en el mercado: un actor con ventaja manipula al regulador con incentivos económicos o políticos reelección y así anula a su competencia.

Es así como se ha visto que en repetidas ocasiones se deja fuera a aspirantes por razones como “excluir la palabra ‘sindical’ en una declaración jurada” o por “la falta de numeración, sello y firma en la legalización de su DPI”. Más dramáticos son los casos como el de la postuladora del TSE, que excluyó aspirantes porque sus actas notariales consecutivas terminaban en el mismo minuto que empezaba la siguiente. Parecen los típicos errores frustrantes con los que el burócrata tramitador extorsiona al ciudadano común. Esto es mucho más grave, pues de ellos depende la justicia del país y utilizan estos formalismos para eliminar a candidatos que incomodan a su sector o que son competencia para sus preferidos.

Es urgente evaluar la nominación de magistrados y minimizar los conflictos de interés para garantizar la independencia judicial y, así, construir un Estado de Derecho. Hacer las comisiones de menor tamaño y renovar la Corte de Apelaciones parcialmente en distintos períodos puede mejorar la fiscalización. También ayudaría reducir los espacios para distintos actores patrocinados y eliminar el conflicto de interés que tienen los magistrados de elegirse entre sí. 

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21 de febrero del 2020

¿Quiénes somos?

El Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas —CADEP— es el núcleo de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Fue fundado en el año 2002 con el objetivo de promover la teoría de la elección pública —en inglés, public choice—, una herramienta de análisis que utiliza la economía para estudiar la política.

AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.


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