Más leyes, menos resultados: La trampa de la Ley de Aguas en Guatemala

La discusión sobre una probable Ley de Aguas en Guatemala data de más de cincuenta años. Esto significa que el debate viene de décadas atrás y, en mi opinión —y en la de personas con conocimiento histórico, como mi padre, y conocimiento de la realidad nacional actual—, es prácticamente imposible que prospere una propuesta de ley.                

Para ello, podría mencionar algunos elementos que confirman mi criterio del por qué no pasará una ley de aguas, más allá del hecho de que por más de medio siglo se ha venido discutiendo y debatiendo. También propondré algunas alternativas para una mejor gestión del agua en el país.

El agua es un bien económico

Tiene valor y tiene costo y/o precio. En el país todavía no se tiene claro esto, y muchos sectores pretenden no pagar por el servicio o que sea subsidiado. En mi opinión, los subsidios solo llevan a un servicio cada vez peor o incluso a su cierre.

Eso sí, valor sí se le da como un bien indispensable (pero por el cual no se quiere pagar). Por ello, sin tener claro qué se debe de hacer para administrar y conservar un bien como el agua —con el costo económico que implica—, hablar de una ley que regule su uso es muy peligroso.

Existe una diversidad de intereses particulares

Existe una diversidad de intereses particulares, tanto del sector privado como de la ciudadanía —urbana y rural—. Un grupo que históricamente se ha opuesto a una ley de aguas son los 48 Cantones. Su argumento —con cierto grado de certeza— es que durante más de 150 años han podido administrar el manejo del agua en la región y que una ley solo vendrá a interferir. Una postura similar puede verse en otros sectores.

Sin embargo, también pienso, a título personal, que, aunque no apoyo una ley de aguas, la forma en que gestionamos el agua hoy no es sostenible. Por ejemplo, que cada edificio tenga su propio pozo de agua potable y su sistema de tratamiento de aguas residuales no es correcto (ni económica ni ambientalmente). Es mejor pensar en un modelo de distrito en el que se pueda compartir infraestructura; así, el costo inicial, el de operación y el de mantenimiento se reducen, además de ser más eficiente. Y para este modelo de distrito no se necesita una ley. Las corporaciones municipales, dentro de sus atribuciones —como gestionar el servicio de agua—, pueden implementar modelos de este tipo. Incluso pueden concesionar estos servicios a empresas, con un manejo más eficiente.

Ya existe una ley, pero ni esta se cumple: ¿necesitamos más leyes?

Ya existe un acuerdo gubernativo, el AG 236-2006, que cumplirá veinte años en el 2026. Este acuerdo regula, de forma bastante clara, los parámetros de calidad con que cualquier entidad pública o privada puede descargar aguas residuales ya tratadas.

No obstante, aún no se cumple por parte de las municipalidades, y hemos visto durante años la discusión sobre qué hacer y cómo hacerlo. Por lo tanto, si no se puede implementar dicho acuerdo, pensar en una ley general de aguas es ilógico. Debemos empezar tomando la normativa existente y trabajar con ella (y modificarla si es necesario) antes de hablar de una ley general.

Una gestión adecuada del agua debe empezar con una gestión de cuencas hidrográficas

Una gestión adecuada del agua en el país —no me refiero, a propósito, a una ley— debe empezar por una gestión de cuencas hidrográficas. Aunque académicamente y en ciertas empresas ya se habla de ello, el Estado sigue sin presentar un buen argumento de ello y solo habla de ley.

El modelo de gestión del agua a través de gestión de cuencas se aplica en países desarrollados y también en países en vías de desarrollo como el nuestro. No se trata de inventar nada nuevo, sino de adoptar un modelo probado y adaptarlo a nuestra realidad.

Sin embargo, para que este modelo de cuencas prospere, hay que tener presente que una cuenca trasciende los límites municipales (la mayoría de cuencas de primer y segundo orden son intermunicipales). La formación de entidades como la Mancomunidad del Sur es una forma de atender este modelo, pero, por supuesto, el compromiso político es clave, sobre todo por parte de las corporaciones municipales.

También pueden mostrarse ejemplos de países latinoamericanos con leyes generales de aguas, donde existen marcos institucionales y legales bien establecidos, con ministerios de ambiente o similares encargados de formular políticas y regulaciones para el manejo del recurso hídrico, y con instituciones como corporaciones regionales autónomas —formadas bajo el concepto de manejo de cuencas— que implementan dichas políticas.

Pero nuestra realidad en Guatemala es casi lo contrario: tenemos marcos institucionales y legales muy débiles, con un MARN no solo débil, sino politizado desde siempre. De esta forma, una ley solo servirá para entorpecer más o, peor aún, para complicar la gestión del agua.

Conclusiones

Ante esto, para concluir, pueden plantearse algunos puntos directos que refuercen los argumentos expuestos:

• Una ley de aguas no aporta nada a una buena gestión del agua en Guatemala. Basta con observar experiencias pasadas en la implementación de leyes que no resuelven el problema.
• Se debe pensar en una gestión basada en el manejo de cuencas, un modelo que no requiere de una ley para comenzar a aplicarse.
• Es necesario trabajar con la normativa existente, procurar que funcione y que se aplique correctamente.
• Conviene analizar el modelo de gestión del servicio eléctrico —con la CNEE— como un ejemplo de administración que ha funcionado por más de veinte años.
• La experiencia con las leyes en Guatemala en los últimos años no ha sido positiva. Sin marcos institucionales y legales sólidos, se corre el riesgo de generar más burocracia, más discrecionalidad y mayores oportunidades de corrupción.