Ahora, hablemos del financiamiento electoral

Luego de la primera vuelta de las elecciones, se han publicado algunos artículos interesantes planteando varias ideas para la discusión académica. Por ejemplo, un artículo reciente propuso la posibilidad del surgimiento de un autoritarismo competitivo basado en un sistema de partido dominante. Otros, como Eduardo Fernández y Phillip Chicola, mostraron cómo el sistema electoral le dio ventaja a la UNE, sobre todo en distritos de baja magnitud. Edgar Gutiérrez Aiza describió su perspectiva sobre el tamaño del Congreso y otras voces se han sumado a esta discusión. En el medio digital Plaza Pública, Jean Roche Lebeau y Quique Godoy plantearon un análisis interesante sobre el voto rural, el urbano y los territorios llamados rururbanos, haciendo énfasis en los cambios estructurales como posibles influencias en el voto. 

En la mayoría de estos análisis se coincide con el diagnóstico de que la UNE ha logrado consolidar un buen porcentaje de poder a pesar de no contar con un respaldo mayoritario. Asimismo, se ha mencionado el impacto de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en los resultados. Sin embargo, en estos análisis hemos dejado de lado una variable importante: el financiamiento de las campañas políticas. Seguramente en los próximos meses se publicarán datos de cuánto gastaron los partidos en este proceso electoral. Aunque aún no contemos con estas cifras, se pueden hacer algunos comentarios sobre el tema. 

Desde mi perspectiva, las nuevas reglas sobre el financiamiento podrían ser las responsables de algunos de los fenómenos observados en este 2019. Por ejemplo, se observó que la competencia a nivel nacional se vio reducida. Tradicionalmente, al menos tres partidos eran capaces de competir de forma muy equilibrada por las elecciones presidenciales. Esto posiblemente era resultado de que había cierta libertad para el financiamiento privado, el cual incluía el lícito y el ilícito. Independientemente de la moralidad de estas prácticas, el efecto final permitía que el poder no se concentrara en una sola organización.

La debilidad nacional de los partidos, debido a la falta de financiamiento, tuvo a su vez otros efectos. Se observó, por ejemplo, que la competencia fue más equilibrada en aquellos segmentos donde el costo de darse a conocer era más bajo. En territorios urbanos como el distrito central y el departamento de Guatemala, se vio el surgimiento de nuevos grupos y actores. También, se observó que nuevos candidatos lograron alcanzar las alcaldías. Esto probablemente sucedió porque los votantes en estos territorios tienen costos de información mucho más bajos en comparación a los de lugares rururbanos y rurales. En los territorios urbanos, las reglas de financiamiento no necesariamente distorsionaron el acceso a la información. En el resto de lugares, probablemente fue todo lo contrario. 

Por otro lado, es muy probable que las reglas de financiamiento limitaran las contribuciones privadas de fuentes lícitas, mas no las de las ilícitas. Esto podría haber alentado a agrupaciones políticas con candidatos cuestionados por sus vínculos con grupos del crimen organizado. En ese sentido, la reforma electoral, en lugar de resolver el problema del financiamiento solo lo profundizó, pues ahora se observa con más temor la irrupción del narcotráfico en la política guatemalteca. 

La Ley Electoral establece que al finalizar las elecciones, se podrá iniciar un proceso para hacer ajustes para el próximo proceso electoral. El financiamiento electoral probablemente será discutido de nuevo. Algunos buscarán justificar el fracaso del modelo proponiendo la obligatoriedad de que los medios pauten publicidad a una tarifa del 20%. Otros, entre los que me incluyo, probablemente presentaremos argumentos para aumentar la libertad en el régimen de financiamiento. Así como en el mercado, solo la libertad y la competencia pueden generar una buena oferta. En la política, esto también es cierto.