América Latina ante un cambio de época

El 2020 va a ser un año intenso para América Latina desde el punto de vista electoral: tendrán lugar dos comicios presidenciales —Bolivia y República Dominicana—, dos elecciones legislativas —Perú y Venezuela—, un plebiscito y muy posiblemente posteriores elecciones a Convención Constituyente —Chile— así como numerosas convocatorias de carácter local. Todo ello en una región que vive bajo la sombra de la incertidumbre, la desafección política, la parálisis económica, un creciente malestar y la movilización social.

Tanto las elecciones de este 2020 como las del ciclo electoral 2021-24 guardan continuidad con respecto a las que han tenido lugar entre 2017 y 2019. Se enmarcan dentro de un mismo periodo histórico: los países latinoamericanos han entrado en la quinta etapa de su historia reciente desde que la región se democratizara en los años 80. En estos últimos 40 años —la actual época democrática arrancó en 1978— América Latina ha atravesado cinco diferentes períodos. El primero fue la Década Perdida —1982-1990—, que supuso el final de un modelo de desarrollo —la industrialización por sustitución de importaciones— y la restauración de la democracia. Después, los años 90 presenciaron la puesta en marcha de todo un paquete de reformas de corte aperturista —«neoliberal»— inspiradas en el Consenso de Washington. El último decenio del siglo XX acabó en un nuevo periodo de crisis, la Media Década Perdida —1997-2002—, etapa a la que siguió una época de bonanza y de heterogéneo y no generalizado «giro a la izquierda» durante la Década Dorada —2003-2013—. 

En la etapa actual, la quinta, los países de América Latina viven desde el 2013 una fase de bajo crecimiento —desde hace seis años la región no se expande por encima del 3%—, larga ralentización —años 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020— e incluso crisis —2015-2016—. Se trata de una desaceleración generalizada provocada por la caída de las demandas interna e internacional. De hecho, esa parálisis económica que entre 2014 y 2019 ha provocado la reducción del ingreso per cápita en torno a un 4% está en el origen de la creciente desafección política y el malestar ciudadano por el mal funcionamiento de unas administraciones públicas que no canalizan las nuevas demandas de las clases medias, los jóvenes y los nuevos sectores sociales emergentes. Todo ello, desemboca en una extendida frustración de expectativas de mejora personal e intergeneracional.

Este nuevo periodo histórico que vive la región está signado por dos fenómenos que van a condicionar y marcar la labor de los diferentes gobiernos en ejercicio y de los que salgan de las urnas: en primer lugar, recuperar un robusto crecimiento económico mediante el impulso de reformas estructurales capaces de adaptar la matriz productiva regional a las exigencias de la IV Revolución Industrial-Digital. El objetivo es poder construir naciones más productivas y competitivas —vía inversión en capital físico y humano— para conseguir no solo crecer a mayor velocidad, rompiendo con el actual estancamiento, sino alcanzar un desarrollo sostenible basado en la innovación, en exportaciones con valor añadido y en la vinculación a las cadenas de valor internacional. 

El objetivo es poder construir naciones más productivas y competitivas —vía inversión en capital físico y humano— para conseguir no solo crecer a mayor velocidad, rompiendo con el actual estancamiento, sino alcanzar un desarrollo sostenible basado en la innovación, en exportaciones con valor añadido y en la vinculación a las cadenas de valor internacional. 

Y, en segundo lugar, los nuevos gobiernos tienen por delante como reto principal en el ámbito político diseñar un nuevo contrato social con la ciudadanía. Uno más urgente aún, si cabe, tras los estallidos sociales ocurridos en la región a lo largo de 2019. Un pacto social entendido como herramienta para canalizar ese extendido y amplio malestar que ha llegado para quedarse y que amenaza con poner en peligro la estabilidad institucionalidad y la gobernabilidad democrática.

Los nuevos gobiernos tienen por delante como reto principal en el ámbito político diseñar un nuevo contrato social con la ciudadanía. Uno más urgente aún, si cabe, tras los estallidos sociales ocurridos en la región a lo largo de 2019.