A vueltas con la reforma electoral: una corrección necesaria

La reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) de Guatemala ha generado una interesante discusión entre politólogos, juristas, sociólogos y economistas. Durante los años 2015 y 2016, fueron muchas las reuniones y discusiones que tuvieron lugar y que provocaron un ambiente de efervescencia que fue capaz de generar algún que otro consenso sobre el contenido de la citada reforma. En el año 2020, se abre un nuevo periodo de reflexión, pues es evidente que quedan flecos por rematar. Ante todo, debemos estudiar los incentivos perversos que existen en la norma vigente con ánimo de corregirlos y mejorar con ello su desempeño. 

Como sabemos, los niveles de rotación en el interior del Congreso de la República son elevadísimos. Más del 50% de la cámara cambia de una elección a otra generando un entorno de desconfianza e incertidumbre que puede dificultar el buen funcionamiento de la misma. Es bien sabido que los diputados son miopes, es decir, piensan siempre a corto plazo. Básicamente, solo desean renovar su posición ganando elecciones a lo largo del tiempo. Pero, como el lector puede suponer, estos diputados participan de un entorno social que progresivamente llegan a conocer y que influye profundamente en su comportamiento y comprensión del ambiente político. 

Como sabemos, los niveles de rotación en el interior del Congreso de la República son elevadísimos. Más del 50% de la cámara cambia de una elección a otra generando un entorno de desconfianza e incertidumbre que puede dificultar el buen funcionamiento de la misma.

Existen muchas razones por las cuales un individuo desea convertirse en diputado. Las mismas van desde las más perversas (participar de la corrupción y de un ejercicio ilícito) hasta las más benevolentes y honorables (buscar la gloria y contribuir a la mejora del país). Es aquí donde, como señalaba James Buchanan, debemos desarrollar una visión no romántica de la política y estudiar los incentivos que determinadas normas producen. Contraintuitivamente, algunos de estos incentivos pueden pavimentar el camino a la corrupción. Y quizás sea eso lo que sucede con la actual LEPP.  

El sistema político de Guatemala posee ciertas barreras de entrada que dificultan la supervivencia de los diputados. Es decir, convertirse en diputado es costoso no solo en términos monetarios, también en tiempo. Guste o no, los diputados tienen que hacer campaña, visitar varias zonas (urbanas y rurales) y darse a conocer. Además, aquellos que superan dicha barrera de entrada e ingresan en la cámara saben que las posibilidades de repetir y convertirse nuevamente en diputado son muy reducidas. 

Por todo lo anterior, es lógico que aquellas personas racionales y con fines más depredadores (con menos escrúpulos) abusen de su puesto con objeto de recuperar, por lo menos, la inversión realizada. Es decir, los más obsesionados con el dinero y la extracción de renta se esfuerzan por amortizar su inversión. Aquellas personas que carecen de ética (y, repito, escrúpulos) y que saben que no volverán a repetir legislatura, caerán en la corrupción de forma casi natural. Y lo cierto es que el sistema no contempla ninguna contramedida para evitarlo. 

Es lógico que aquellas personas racionales y con fines más depredadores (con menos escrúpulos) abusen de su puesto con objeto de recuperar, por lo menos, la inversión realizada.

Además, y de forma realmente perversa, el hecho de percibir una baja probabilidad de reelección, motiva comportamientos poco virtuosos entre los propios diputados. Es decir, el hecho de no repetir los juegos de negociación a lo largo del tiempo (por la baja probabilidad de reelección) incentiva el engaño entre actores y no la colaboración. En este contexto marcado por la miopía y por la preocupación por sobrevivir y recuperar la inversión realizada es imposible desarrollar políticas públicas de larga duración. 

Es por todo esto que son muchos los politólogos que señalan que las democracias de más calidad cuentan con diputados profesionalizados. Es decir, con diputados que tienen más capacidad para sobrevivir y que están acostumbrados a repetir “el juego de la negociación”. El hecho de interactuar muchas veces a lo largo del tiempo y, por supuesto, conocer a aquel con el que interactúas, motiva a no mentir y a ser más transparente a la hora de presentar y gestionar las ideas que forman parte de la agenda. Lo anterior no elimina la corrupción, pero probablemente contribuya a reducir el grado de la misma, pues el hecho de que cacen a un diputado incurriendo en acciones corruptas tiene un elevado costo para él. 

Con base en esta línea argumental, cualquier proyecto de reforma electoral, conduzca hacia un sistema proporcional o hacia un sistema mayoritario, debería favorecer la supervivencia y progresiva profesionalización de los políticos. Es decir, debería favorecer su supervivencia en el tiempo. Lo anterior no está exento de retos.

Obviamente, esto no funcionará si no existen organismos guardianes ajenos al poder político: tribunales independientes e incluso una Administración Pública que no dependa directamente del favor de los tomadores de decisión. Necesitamos de todo esto si lo que buscamos es controlar a nuestros legisladores; pero debemos ser conscientes del peligro que subyace en nuestra arquitectura institucional. No tenemos un organismo judicial independiente. Tampoco contamos con una Administración Pública ajena al sistema político y, encima, entrar en política es costoso.

Todo lo anterior, unido a la baja probabilidad de reelección, incentiva comportamientos corruptos y arriesgados de parte de algunos diputados que buscan, simple y llanamente, amortizar su inversión y obtener una renta que mejore su nivel de vida. Todo a costa del esfuerzo cotidiano de la ciudadanía.  

Si queremos frenar, aunque sea parcialmente, la actitud depredadora de este tipo de individuos, debemos seguir discutiendo sobre los efectos perversos de la LEPP y las potenciales soluciones para corregir parcialmente dicha situación. Solo así podremos conseguir la tan ansiada calidad institucional y democrática que los ciudadanos demandan.