Cuando los frenos amenazan las instituciones: las elecciones estadounidenses de 2020-2021

El “50 % más uno” es típicamente la fórmula mágica para que un candidato presidencial gane las elecciones. En muchos casos, estas democracias presidencialistas también son plurales, por lo que varios candidatos, no solo dos, compiten por la presidencia. Esto hace que se tengan segundas vueltas electorales para asegurarse que un candidato consiga esta simple mayoría.

Este es un claro ejemplo de un sistema de votación mayoritario, es decir, uno en el cual se gana por mayoría absoluta. Los Estados Unidos son tanto presidencialistas como mayoritarios, pero una simple mayoría no asegura la presidencia debido al Colegio Electoral. Esta es una institución controversial, ya que es una manera indirecta de escoger al binomio presidencial.

Este es un proceso largo que va más allá de ganar una elección popular. Dicho proceso fue interrumpido temporalmente en 2021 por una ocupación violenta del Congreso estadounidense por parte de simpatizantes de Donald Trump. Dado lo sucedido, ¿cuál fue el rol del Colegio Electoral en esta crisis democrática?

El Colegio Electoral

Según la Constitución estadounidense, el Colegio Electoral es un sistema indirecto para determinar al presidente y vicepresidente del país. A continuación, se presenta, a grandes rasgos, cómo funciona.

En primer lugar, existe un voto popular. Ahora bien, los criterios para escoger votantes han variado en la historia; no obstante, en la actualidad, existe sufragio universal en todos los estados. En segundo lugar, se determina qué candidato ganó la mayor cantidad de votos, no necesariamente la mayoría, en cada estado y el Distrito de Columbia. Salvo en dos estados federales pequeños, todas las otras entidades federales asignan la victoria al primer lugar. Esto les garantiza a todos los grandes electores del estado. Sin olvidar que cada partido tiene una lista propia de electores leales para su candidato.

De resultar electo, esa lista es la que el estado federal certifica. El número de electores es igual a la cantidad de congresistas de cada estado federal, entre senadores y representantes, más tres electores especiales de la capital. Seguidamente, los electores certificados votan por el binomio presidencial en sus estados. Estos resultados son contados y certificados por los estados individuales. Luego estos se cuentan en la capital nacional, Washington D. C., por una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso estadounidense el 6 de enero del año siguiente a las elecciones. Este proceso es meramente un recuento: no se decide quién es presidente, sino se anuncian los resultados de cada estado para sumarlos.

Quien gane más de la mitad de los votos del Colegio Electoral, gana la presidencia. Este día, los congresistas pueden presentar objeciones a las actas que certifican los votos de cada estado, argumentando algún tipo de fraude electoral. Una vez se termina de contar, se anuncia el ganador de la elección. Si no lo hubiera, la Cámara de Representantes escoge al presidente y el Senado, al vicepresidente.

Las objeciones son comunes

Las objeciones que se pueden presentar en el recuento de votos en el Congreso se han vuelto un ejemplo claro, pero poco mediático, de la polarización de los Estados Unidos y la crisis de legitimidad que sufre su Colegio Electoral. Al hablar de este sistema, se suele criticar su carácter poco democrático al no reflejar siempre el voto popular. En 2000 y 2016, el candidato ganador de la presidencia perdió el voto popular. Sin embargo, las objeciones se han vuelto comunes en las elecciones más reñidas que se han dado desde 2000 inadvertidamente.

Una objeción es negarse a aceptar los resultados de un estado específico por creer que el proceso electoral fue fraudulento o llevado a cabo mal a propósito. Si la firma un representante y un senador, ambas cámaras del Congreso deben aceptar o negar la objeción en un voto especial. Si ambas aceptan, los votos electorales se invalidan.

En 2001 y 2005, unos demócratas objetaron las elecciones en Florida y Ohio, respectivamente. En Florida se alegó que la diferencia era demasiada pequeña, y en Ohio se argumentó supresión de minorías. En 2017, algunos demócratas intentaron objetar la elección de Trump porque argumentaban que la gente tenía miedo del resultado. Finalmente, en 2021, se presentaron objeciones para muchos estados reñidos, como Arizona y Pensilvania, en los que ganó Biden, según algunos republicanos, fraudulentamente. Ninguna de las objeciones citadas fue aceptada.

¿Fue esta vez diferente?

Estas últimas elecciones demuestran algo preocupante para la institucionalidad estadounidense. Provisiones como las objeciones a los votos electorales, concebidas como un freno al fraude en la Constitución, en la época moderna se han vuelto armas políticas para prevenir la formación de un Gobierno opositor legítimo.

De la mano de valores democráticos universales como argumentos sentimentales, tales como el respeto a las minorías o al debido proceso, se han usado los frenos institucionales para descarriar un proceso válido. Es preciso notar que las elecciones en este país son descentralizadas: cada entidad federal tiene el control de sus propios comicios, y el Gobierno nacional no tiene derecho a incidir, salvo para anunciar los resultados.

Por lo tanto, estos intentos de congresistas a nivel federal y de ambos partidos alternativamente de anular resultados de elecciones de algunos estados son un abuso de la institucionalidad. Si bien el principio de límite al poder ha sido la clave del republicanismo americano, abusar de los frenos constitucionales al sistema solo genera incertidumbre y posible inestabilidad política.

En conclusión, no es mi propósito apoyar el Colegio Electoral ni criticarlo como institución. Sin embargo, la politización que hemos observado debilita la institución por un abuso en sus prerrogativas en nombre de valores democráticos casi sagrados.