Cómo controlar a los gatos: algunas medidas para frenar el gasto público

En mi artículo pasado, presenté la teoría del gato para explicar los peligros de un aumento desenfrenado del gasto público. La carencia de restricciones institucionales permite a los grupos de presión extraer rentas del presupuesto nacional, creando una dinámica política en la que los tomadores de decisiones se ven motivados a otorgar estos recursos a cambio de apoyo. A largo plazo, esto representa una reducción en la calidad del gasto y de las políticas públicas.

Ahora, deseo discutir algunas ideas sobre cómo evitar que suceda la dinámica del gato.

El voto y el financiamiento electoral

En primer lugar, en un sistema democrático, una importante forma de presionar por mayor responsabilidad fiscal es a través del sufragio y el financiamiento. En efecto, el propósito de los centros de investigación y tanques de pensamiento es propagar ideas para que los ciudadanos apoyen a buenos candidatos y políticas públicas sanas. Después de todo, dentro de la sociedad civil pueden surgir organizaciones que financien campañas políticas alineadas con sus ideas. Aquel candidato que cumple sus promesas de austeridad puede ser premiado con una reelección.

Aquel candidato que cumple sus promesas de austeridad puede ser premiado con una reelección.

Lamentablemente, debemos reconocer que el sistema electoral de Guatemala, en la actualidad, no permite al votante identificar a sus representantes distritales, ni mucho menos fiscalizar, premiar o castigarlos de forma adecuada. Aunque la mayoría de la población exige conservadurismo fiscal, los problemas del sistema actual eliminan los incentivos de los diputados para cumplir sus promesas electorales —recomiendo este artículo que profundiza sobre esta problemática—.

Los vicios de la democracia

Más allá del voto, es importante discutir frenos institucionales al gasto público. Las preferencias del electorado pueden cambiar fácilmente con el tiempo. Los gobernantes suelen aprovecharse de nuevas coyunturas para gastar y cumplir promesas de una forma cortoplacista. Al fin y al cabo, la factura la pagan los contribuyentes y, posiblemente, la seguirán pagando las futuras generaciones que no han nacido. Saldar la deuda, sacar a los gatos parasitando el sistema y promulgar reformas incómodas serán el problema de otro desafortunado.

Dicho cortoplacismo es uno de los grandes vicios de la democracia. Claramente, los políticos suelen estar más preocupados en sus reelecciones, y el pueblo puede ser caprichoso. Por tanto, deben implementarse normas sobre la cantidad de dinero que pueda aprobar el Congreso, que sean difíciles de evadir y permanezcan con el tiempo.

Deben implementarse normas sobre la cantidad de dinero que pueda aprobar el Congreso, que sean difíciles de evadir y permanezcan con el tiempo.

Para imponer limitaciones al gasto público, legislar no es suficiente. Lo que el Congreso aprueba puede ser fácilmente enmendado o derogado. En otras palabras, las normas serían meramente simbólicas. Por tanto, el límite debe estar plasmado en la Carta Magna de la nación.

Ahora bien, esta idea no es nueva. En Estados Unidos, por ejemplo, se intentó introducir una enmienda constitucional a finales del siglo pasado que limitara el gasto y el nivel de endeudamiento del Gobierno federal. Desgraciadamente, no logró obtener el apoyo suficiente entre los estados —quizá porque preferían seguir extrayendo dinero del Gobierno federal—.

Barreras institucionales

Por lo tanto, se deben establecer 3 limitaciones importantes: 1) los ingresos del Estado respecto al PIB, 2) el porcentaje de endeudamiento permitido respecto a los ingresos del Estado y 3) que el banco central no le pueda prestar al Estado, especialmente a través de la impresión de billetes sin respaldo.

La primera limitación consiste en evitar que el Estado controle demasiado la economía. Asimismo, se previene que los ciudadanos que dependen de este se conviertan en un grupo de votantes demasiado significativo que prevengan reformas y recortes. No hay que olvidar también que los impuestos excesivos desincentivan la producción, reduciendo los estándares de vida de toda la población.

La segunda impide que suceda un endeudamiento irresponsable como respuesta a la primera medida. El principal beneficio de esto es eliminar la ilusión de que los recursos son infinitos. Consecuentemente, al limitar la cantidad de comida que se puede ofrecer a los gatos, también se logra evitar la dinámica que expliqué en mi artículo anterior. Los diputados se verán forzados a balancear cuántos recursos dedicarán a satisfacer las demandas del electorado para ser reelectos y cuánto otorgarán a los gatos sin que esto devenga en un endeudamiento sin escrúpulos. En otras palabras, se reduce la extracción de rentas de grupos de interés a niveles más aceptables.

No hay que olvidar también que los impuestos excesivos desincentivan la producción, reduciendo los estándares de vida de toda la población.

Debo mencionar que, aunque usualmente la deuda pública se calcula respecto al PIB, esto puede resultar engañoso. Para solicitar un préstamo en el banco, se debe mostrar cuánto gana uno, no cuánto ganan mis vecinos. Lo mismo aplica al Estado. Particularmente, en este tema recomiendo este artículo.

Ahora bien, la tercera limitante es clave para evitar una inflación innecesaria y dañina. Guatemala ya ha tenido, afortunadamente, candados constitucionales a esta práctica. Los resultados han sido muy satisfactorios.

A manera de conclusión

Por lo tanto, termino mi artículo mencionando algo muy importante: no deben haber excepciones para tiempos de crisis. La pandemia de la COVID-19 ha mostrado lo irresponsable y corrupto que es el gasto público cuando carece de restricción. Esto no es un fenómeno nuevo. Las instituciones democráticas se deterioran y el Estado se expande. La única excepción sería en el caso de la guerra, donde este ve amenazada su existencia. De lo contrario, le tocaría al Gobierno, entonces, aplicar la misma austeridad en sus gastos que cada ciudadano tuvo que adoptar durante la pandemia.