La enfermedad rotatoria del sistema político guatemalteco


Hace dos semanas, Edgar Gutiérrez Aiza nos hablaba en este espacio de la necesaria profesionalización de los políticos. En opinión del politólogo guatemalteco, la profesionalización era requisito indispensable si lo que buscamos es la continuidad y duración de políticas públicas en el largo plazo. Como el propio Edgar citaba, la obra de Carlos Scartascini, Pablo Spiller, Ernesto Stein y Mariano Tommasi (2011) es de gran importancia en ese sentido. Los autores indican que si lo que buscamos son políticas públicas duraderas y técnicas se necesita de una administración pública profesional; un poder judicial realmente independiente y alejado de la política; y, por último, pero no menos importante, políticos capaces de lograr acuerdos sostenidos en el tiempo. 

«Si lo que buscamos son políticas públicas duraderas y técnicas se necesita de una administración pública profesional, un poder judicial realmente independiente y políticos capaces de lograr acuerdos sostenidos en el tiempo».

Para esto último, para desarrollar la necesaria capacidad de los representantes de lograr acuerdos de largo plazo, los diputados no deben rotar excesivamente. Y esto puede parecer contraintuitivo en el continente latinoamericano, pues en la propia Centroamérica un país como Costa Rica —la democracia de más calidad— prohíbe no solo la reelección del ejecutivo sino también del legislativo. En decir, el porcentaje de rotación de diputados en el país vecino es del 100%. 

La teoría podría señalar en última instancia lo siguiente: si queremos políticas públicas de largo plazo necesitamos que uno de los tres ingredientes expuestos líneas atrás se cumpla. En caso de que falten todos —como de facto sucede en Guatemala en la actualidad— las políticas públicas difícilmente permanecerán en el tiempo, siendo estas objeto de cambios drásticos de legislatura en legislatura. Pero si, como en Costa Rica, se disfruta de una administración pública profesionalizada y relativamente alejada de la política, algunas políticas públicas podrán sobrevivir en el tiempo.

Por esto último, las reformas a la Ley de Servicio Civil y al Organismo Judicial son prioritarias para el nuevo gobierno. Pero además, en el corto plazo, el hecho de aumentar la vida legislativa de los representantes podría conllevar efectos positivos para el sistema en su conjunto. Desde el shock de 2015, y por razones evidentes —existen buenas razones en la población para desconfiar de las élites políticas—, la rotación de diputados en el interior de la cámara ha vuelto a aumentar. La gráfica número 1 muestra la rotación de diputados en una serie histórica desde el año 2000. 

Gráfica 1. Porcentaje de rotación de diputados en el Congreso de la República

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, después de los sucesos acaecidos hace cuatro años y resultado de la elevada desconfianza ciudadana en las instituciones y en los partidos políticos, el porcentaje de rotación no ha dejado de subir. Lo anterior genera escenarios problemáticos y realmente perversos, y más con la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos. En este contexto caracterizado por altas barreras de entrada, los diputados incurren en muchos costes para ingresar en la cámara. Afrontar la campaña no es precisamente barato y el hecho de ingresar representa sin duda un gran esfuerzo económico y de tiempo. 

«Después de los sucesos acaecidos hace cuatro años y resultado de la elevada desconfianza ciudadana en las instituciones y en los partidos políticos, el porcentaje de rotación no ha dejado de subir».

Una vez dentro —esto es quizás lo más preocupante— el diputado observa que las probabilidades de sobrevivir en la cámara son, cuando menos, bajas. En el periodo 2020-2024, más del 65% de los diputados son novatos y se encuentran en su primera legislatura. Sin querer, debido a la alta rotación y a las elevadas barreras de entrada, se está pavimentando —incentivando— el camino hacia la corrupción. Es decir, como ingresar en el Congreso cuesta demasiado y la probabilidad de salir es elevada, los agentes podrían intentar amortizar la inversión realizada en los cuatro años que tienen como diputados. Y eso hace que más que cooperar, diseñando políticas públicas de largo plazo que mejoren el desempeño del sistema, depreden y mientan, intentando aprovechar la ventana de tiempo de la legislatura. Es imposible en este contexto proponer soluciones de política pública para el país.

Los países con tasas de rotación más bajas y estables producen mejores políticas públicas, y, obviamente, como el lector puede suponer, esto sucede por dos cuestiones. La primera es endógena y relativa a la propia institución: la información fluye mejor cuando repito el juego de negociación a lo largo de una serie temporal más amplia. Es decir, si un diputado disfruta de una preferencia temporal más baja, es más probable que no mienta a corto plazo y que intente obtener protagonismo y poder a largo. Todo porque sus posibilidades de abandonar la cámara son bajas y quiere ser protagonista. Es decir, en cierto sentido, los intereses individuales y colectivos convergen.  

«La información fluye mejor cuando repito el juego de negociación a lo largo de una serie temporal más amplia».

Pero no debemos obviar la segunda cuestión. Un Congreso con diputados de larga duración sin vigilancia exógena incurrirá también en prácticas de corrupción. Por ello, porque se sabe que para que un sistema funcione se necesita promover la vigilancia y rendición de cuentas horizontal, los sistemas desarrollan organismos guardianes —administración pública y poder judicial— para controlar a los tomadores de decisión, denunciando comportamientos ilícitos siempre que sea necesario.  

Como conclusión, debemos señalar sin ánimo de incurrir en pesimismos infundados que la situación en la arena política guatemalteca es compleja. No podemos esperar políticas públicas de largo plazo, pues parece difícil que estas se abran espacio cuando no cumplimos  ni uno de los ingredientes que la teoría señala. La elevada rotación dificulta la concentración de poder —y eso es objetivamente bueno—, pero al mismo tiempo impide el desarrollo de políticas públicas de largo plazo que solucionen problemas reales. 

«No podemos esperar políticas públicas de largo plazo, pues parece difícil que estas se abran espacio cuando no cumplimos  ni uno de los ingredientes que la teoría señala».

Necesitamos concienciar a la población sobre este fenómeno porque, inevitablemente, debemos afrontar una serie de reformas estructurales con ánimo de mejorar el desempeño del sistema político guatemalteco y la calidad de su democracia. 

Referencias 

  • Gutiérrez Aiza, E. (16 de agosto de 2019). Políticos profesionales: una de las claves para la política pública sostenible. Centro de Análisis para las Decisiones Públicas (CADEP). Guatemala.
  • Scartascini, C., Spiller, P., Stein, E., & Tommasi, M. (2011). El juego político en América Latina. ¿Cómo se deciden las políticas públicas? Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.

Por Eduardo Fernández Luiña
28 de agosto del 2019


AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.


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