El buen político



Marielos Chang

Politóloga egresada del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UFM y tiene una especialización en comunicación política de la Westminster University.

«Si tan solo los buenos participarán» es una frase que se escucha comúnmente cuando hablamos de política guatemalteca. Muchos creen que los problemas de nuestro país se solucionarían si las personas más aptas, o las más honestas, llegarán a ocupar los puestos de poder. Y llevan algo de razón. Seguramente personas con conocimiento de la administración pública podrían hacer un mejor trabajo en política que los comediantes. Pero, lamentablemente, en términos más amplios, no hay evidencia suficiente que respalde tal hipótesis. Podríamos tener a los mejores representándonos, o trabajando para el Estado, pero solo su simple presencia en la mesa de toma de decisiones no cambiaría mucho nuestra realidad. 

Seguramente personas con conocimiento de la administración pública podrían hacer un mejor trabajo en política que los comediantes. Pero, lamentablemente, en términos más amplios, no hay evidencia suficiente que respalde tal hipótesis.

El modelo de public choice nos ayuda a entender mejor dicha afirmación. Simmons (1994) explica que el sistema político está compuesto por cuatro grupos: votantes, oficiales electos —políticos—, burócratas y grupos de interés; agentes políticos interesados en ganar beneficios del sistema. Buscadores de rentas, como suele referírseles. La teoría explica que a pesar de que estos grupos buscan beneficiarse del sistema, a su vez el sistema puede generar incentivos y definir —y limitar— la manera en que dichos grupos se comportan. Los sistemas extractivos, por ejemplo, incentivan a los grupos de poder a tomar lo que puedan mientras tengan la oportunidad (Runciman, 2014). La política se convierte en una cuestión de «ahora o nunca». Por el otro lado, los sistemas inclusivos, incentivan a los grupos de poder a tomar turnos para perseguir sus beneficios, porque la alternativa —que todos los hicieran la mismo tiempo— sería peor para todos (Runciman, 2014). En este tipo de sistemas, los grupos de poder entienden que es para su propio beneficio escuchar lo que los demás quieren.  

En Guatemala, el sistema es extractivo, lo que algunos académicos llaman «Estado patrimonial». Reglas del juego hechas a la medida y la ausencia de un verdadero Estado de derecho provocan que políticos, burócratas y grupos de interés vean al Estado como un patrimonio al servicio de sus intereses. Evidencia de ello son las acusaciones a varios diputados de haber recibido dinero a cambio de votar a favor de una ley que beneficiaba con contratos públicos a una empresa de telecomunicaciones. No obstante, sin intención de reducir la gravedad de las acusaciones, dichos hechos representan meras consecuencias de un sistema que no funciona. Un sistema que genera incentivos perversos y que fomenta mayor participación de quienes buscan enriquecerse del patrimonio público que de quienes buscan procurar por intereses más allá de los suyos. Pero, además, también incentiva a quiénes ya están dentro —qué podrán estar llenos de buenas intenciones— a ser parte de las mismas dinámicas perversas porque de lo contrario serían expulsados y, con ellos, cualquier oportunidad para perseguir algún beneficio común.  

Sin intención de reducir la gravedad de las acusaciones, dichos hechos representan meras consecuencias de un sistema que no funciona. Un sistema que genera incentivos perversos y que fomenta mayor participación de quienes buscan enriquecerse del patrimonio público que de quienes buscan procurar por intereses más allá de los suyos.

El reconocer todo lo anterior en absoluto busca desanimar a quienes desean participar. Abandonar esa idea romántica del buen político nos da la oportunidad de concentrar los esfuerzos en donde más cambios se pueden hacer: las reformas al sistema. Existen ya consensos para reformar el sistema electoral de partidos políticos, el sistema de justicia, el servicio civil y el sistema de contrataciones públicas. Reformas que nos permitirían cambiar los incentivos perversos que hoy dominan nuestro sistema. El aporte que hace el modelo de public choice a la discusión de las reformas es comprender las decisiones racionales que toman los individuos tanto en lo privado como en lo público. Esto puede ayudar a que existan mayores posibilidades de construir sistemas que no le apuesten a la buena voluntad del político, sino a la capacidad de las instituciones en limitar a quienes desean continuar con un modelo extractivo. 

Referencias

  • Acemoglu, D. y Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Londres: Profile Books LTD.   
  • Runciman, D. (2014). Politics: Ideas in Profile. Gran Bretaña: Profile Books LTD. 
  • Simmons, R. (1994). Beyond Politics. California: The Independent Institute.
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24 de octubre del 2019

¿Quiénes somos?

El Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas —CADEP— es el núcleo de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Fue fundado en el año 2002 con el objetivo de promover la teoría de la elección pública —en inglés, public choice—, una herramienta de análisis que utiliza la economía para estudiar la política.

AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.


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