¿Por qué hay tantos partidos políticos en Guatemala?

Los sistemas democráticos actuales se basan en el pluralismo, es decir, la representación diversa de distintos grupos sociales por medio de partidos políticos estructurados y formales. Estos son asociaciones voluntarias de personas con intereses en común que buscan cuotas formales de poder (Aguilera de Prat et al., 1999). A través de estos partidos, el electorado tiene la posibilidad de organizarse y canalizar sus demandas, poniendo en la agenda legislativa sus propias preferencias.

En Guatemala, los requisitos para la formación de un partido se encuentran estipulados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Según el artículo 19, este tiene que contar con un mínimo de afiliados del 0.30% del total de ciudadanos inscritos en el padrón utilizado en las últimas elecciones generales. Además, por lo menos la mitad deben saber leer y escribir (Congreso de la República, 2015) y, según el artículo 49, al menos cuarenta deben estar afiliados a nivel municipal. También a nivel departamental hay exigencias; cada partido debe contar con organización en, como mínimo, cuatro municipios. Por último, a nivel nacional debe tener presencia partidaria organizada en, al menos, cincuenta municipios y doce departamentos (Congreso de la República, 2015).

Estas altas barreras de entrada, junto al sistema de listas cerradas y bloqueadas, busca la creación de partidos fuertes e institucionalizados imponiendo grandes costos administrativos, organizativos y de afiliación.

Estas altas barreras de entrada, junto al sistema de listas cerradas y bloqueadas, busca la creación de partidos fuertes e institucionalizados imponiendo grandes costos administrativos, organizativos y de afiliación. Sin embargo, en Guatemala, la ley no cumple su objetivo. Contamos con uno de los sistemas de partidos más débiles y volátiles de Latinoamérica, resultando en la constante creación y muerte de estas estructuras tras cumplir con el período electoral. Si a esto sumamos la falta de ideología y la baja institucionalización, los partidos terminan siendo meramente vehículos para llegar al poder por medio de los representantes locales, lo que Lemus (2013) llama “partidos franquicia”.

De esta manera, nuestro sistema partidario está clasificado como “multipartidismo extremo”, ya que cuenta con cinco o más partidos relevantes. En el país, en las elecciones del 2015 hubo un promedio de 9.47 partidos efectivos a nivel distrital y 9.88 en el listado nacional (Fortín, 2016). Dicha tendencia se presentó de nuevo en el proceso electoral del 2019, con 27 organizaciones participantes. Pero ¿por qué este multipartidismo extremo?

Los miembros de los partidos son actores racionales que responden a incentivos y hacen un análisis costo-beneficio para actuar. Debido a que en Guatemala es muy costoso hacer un partido, las estructuras pactan con líderes locales para poder llenar los requisitos de organización que pide la ley y, a cambio, les proveen de una estructura para postularse. El resultado es que se crean sistemas utilitarios sin unidad ideológica ni raíces en la sociedad, los cuales nacen con el único propósito de burlar los requisitos de la LEPP y obtener cuotas de poder.

Los miembros de los partidos son actores racionales que responden a incentivos y hacen un análisis costo-beneficio para actuar.

Así, las consecuencias prácticas de la ley de partidos políticos resultan contraintuitivas. Al imponer barreras de entrada altas, grupos con ideologías específicas o minorías organizadas que no pueden pagar el nivel de organización que requiere la LEPP no pueden entrar en el sistema. Por esto no se crean partidos ideologizados, sino meras estructuras que nacen durante la época electoral para llegar al poder mediante una dinámica de pacto gana-gana entre los líderes locales y los dueños de los partidos. Estas desaparecen tras las elecciones, pues ya cumplieron su función y no hay ninguna cohesión entre sus miembros que incentive su permanencia.

En conclusión, la Ley Electoral y de Partidos Políticos da como resultado a muchos partidos buscando escaños y alcaldías dentro del sistema, pero sin una verdadera diferenciación en la contienda electoral. De esta forma, los políticos buscan eficientizar recursos, tratando de disminuir sus costos en cuanto a la conformación del partido para la obtención de votos en las elecciones. ¿Debemos bajar las barreras de entrada, abrir los listados y  replantearnos los incentivos que genera la ley? Este análisis nos debe llamar a la reflexión sobre posibles reformas que den soluciones acordes a nuestra realidad multipartidista.

Referencias

• Aguilera de Prat, C.R., et al. (1999). Manual de Ciencia Política. Madrid: Editorial Tecnos. 
• Congreso de la República de Guatemala. (2015). Ley Electoral y de Partidos Políticos. Guatemala: Tribunal Supremo Electoral. 
• Fortín, J. (2016). Armando el Rompecabezas: Distritos electorales en Guatemala. Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
• Lemus, J. (2013). Partidos franquicia: la distorsión del modelo de organización de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).