Lobbying y el derecho de petición: la transparencia legítima y la búsqueda de influencia

El lobbying, a pesar de la imagen negativa que tiene, es una práctica legal que le ha devuelto la voz y el derecho de petición a grupos desfavorecidos, marginados e ignorados. Sin embargo, al igual que todo en la política, mientras no existan leyes con mayor capacidad de control, la legalidad depende de la voluntad de actuar en forma ética y transparente del cliente y del proveedor.

El derecho de dirigir peticiones a las autoridades

En la mayoría de los países democráticos, las constituciones reconocen el derecho individual de los ciudadanos de dirigir peticiones a la autoridad. Cada país tiene su propio proceso, pero bajo el mismo principio de asegurar la voz individual de cada ciudadano de un país ante sus autoridades.

Cada país tiene su propio proceso, pero bajo el mismo principio de asegurar la voz individual de cada ciudadano de un país ante sus autoridades.

Lamentablemente, el ejercicio de este derecho se hizo difícil por muchas décadas; ya que varios grupos fueron marginados, otros ignorados y, en general, la política electorera les cerró el acceso a los ciudadanos durante el tiempo que no fuera de campaña política.

Otros grupos de poder o influencia logran mantener su acceso a las autoridades en forma continua, gracias a la naturaleza intrínseca de la política de mantener alianzas y cercanía con aquellos que son útiles en la búsqueda de intereses personales, políticos y económicos.

El lobbying, en su forma ideal, trae a la política un factor de equidad y equilibrio para que todos los intereses legítimos puedan ser escuchados y evaluados por las autoridades y que, en retorno (teóricamente), los funcionarios, legisladores y burócratas puedan tomar decisiones dando igual peso a todas las voces que peticionan. Sabemos que la realidad no es así; sin embargo, la búsqueda y exigencia de un marco legal que asegure la legalidad, legitimidad y transparencia en la práctica del lobbying fortalece la equidad y el respeto a los derechos individuales de los ciudadanos.

Transparencia para ti, no para mí

En EE. UU., el lobbying o cabildeo es considerado por algunos como un mal necesario y una industria elitista nociva; ya que se cree que provee una forma de influencia ventajosa que beneficia principalmente a quienes lo pueden pagar o acceder a los servicios.

Sin duda alguna la sobremediatización y sobrerrepresentación en series y películas del ámbito de la influencia política en Washington D. C. ha incrementado esta imagen negativa de una industria que ha ayudado a muchos desfavorecidos, criminalizados, excluidos e ignorados por el sistema político.

En ese sentido, en EE. UU. no hay otro factor que nivele más el campo de juego político, en pro de la consideración justa de una petición, que el servicio de lobbying.

Sin embargo, como se dice en Guatemala, «hecha la ley, hecha la trampa»; el lobbying en EE. UU. se mantiene tan legal y transparente como así lo quieran practicar el lobista y el cliente. Además, la falta de transparencia e incluso la simulación de legalidad se han vuelto prácticas comunes para aquellos que buscan ocultar sus acercamientos al Gobierno de EE. UU. y esconder, ante el ojo público, sus verdaderas intenciones.

Si bien el Gobierno americano ha impulsado, promovido e incluso impuesto una agenda en pro de la transparencia a nivel mundial, su propio marco legal en el sistema de lobbying ha fallado en escudriñar a quienes se esconden en los pantanos políticos de la influencia ilegal.

Algunos lobistas se han vuelto expertos en navegar esta nebulosa en beneficio de grupos y personas con poca legitimidad, pero que logran en forma opaca conseguir beneficios para sus intereses y agendas. De forma similar, otros lobistas más inescrupulosos cobran por un servicio que nunca se convierte en verdadero lobbying y que no obtiene resultado positivo alguno.

El lobbying en EE. UU. se mantiene tan legal y transparente como así lo quieran practicar el lobista y el cliente.

En su lugar, lo que dan es un engañoso servicio limitado de relaciones públicas que lamentablemente deslumbra y engaña a clientes incautos y sin experiencia en esta industria y que, al final, los expone a peores consecuencias; ya que, en estricto apego a la ley americana, son copartícipes de un delito federal.

Aunado a la narrativa cuestionable impulsada en Latinoamérica por diplomáticos estadounidenses de que pagar/contratar lobbying en EE. UU. puede tener consecuencias adversas para los intereses locales, individuales o corporativos de quienes buscan estos servicios (una afirmación totalmente falsa y malintencionada), muchos que quieren ser escuchados en EE. UU. son silenciados por el miedo o por el engaño.

Lobbying en Guatemala

Actualmente, en Guatemala, no existe un marco legal que establezca el lobbying como una práctica legalmente permitida en el país. Para fines prácticos, cualquier búsqueda de influencia ante las autoridades gubernamentales a cualquier nivel puede ser tipificada como tráfico de influencias.

Hace unos meses, una propuesta de ley de lobbying pasó primera lectura en el Congreso de la República. Si bien es un documento que vislumbra un buen proyecto, este carece de componentes y procesos que garanticen la transparencia y legalidad en la práctica del lobbying o cabildeo en el país.

Para que esta ley llegue a prosperar en el Congreso, esta debe establecer procesos robustos de transparencia, anticorrupción y control, con enmiendas paralelas al Código Penal, para garantizar la aplicación de penas y multas a quienes violen o mal utilicen esta ley para cualquier beneficio ilícito.

Es imperativo que exista un proceso que norme y democratice el derecho de petición ante las autoridades guatemaltecas, para ciudadanos e intereses foráneos. Una ley de lobbying con los controles de legalidad, legitimidad y transparencia, así como prohibiciones específicas necesarias, puede ser el mayor mecanismo de equidad que iguale, para todos los guatemaltecos, la oportunidad de peticionar ante las autoridades y que sus peticiones sean consideradas por igual.