El efecto último de los subsidios estatales


Pedro Trujillo

Ciertos grupos de interés generan presión a sus gobiernos para conseguir diferentes ventajas. Subsidios a la electricidad, al agua, al transporte público, a la enseñanza, etc., son las solicitudes más habituales sobre la base de ser considerados servicios básicos y de que hay grupos sociales que no pueden pagarlos, y, por tanto, acceder a ellos. Algunas reflexiones caben desde la perspectiva del análisis económico de las decisiones públicas

Cuando el gobierno —atendiendo a grupos de presión— paga total o parcialmente esos servicios, lo hace con dinero de otros contribuyentes que posiblemente no los usan o que, además de pagar los suyos, son obligados a asumir una parte alícuota de terceros. Además, cada año, debe incluirse en el presupuesto del Estado cierta cantidad para atender ese tipo de «necesidades básicas» reclamadas por un sector de la población, lo que en el mediano plazo hace insostenible el modelo, puesto que la cantidad suele aumentar anualmente y llega a convertirse en una deuda insostenible. Se debe considerar también que nuevos grupos de interés justifican otras solicitudes de privilegios sobre la base de ventajas que el gobierno de turno otorgó a determinados colectivos bajo la premisa: «¿por qué a unos sí y a otros no?», y terminan promoviendo otra nueva excepción. 

Cuando el gobierno —atendiendo a grupos de presión— paga total o parcialmente esos servicios, lo hace con dinero de otros contribuyentes que posiblemente no los usan o que, además de pagar los suyos, son obligados a asumir una parte alícuota de terceros.

Abrir la puerta de la justificación política a un grupo, significa que cualquier otro pueda exigir lo mismo bajo idéntica excusa. Se generan, finalmente, incentivos perversos entre quienes deben elegir al político y las ayudas de aquel para atraer el voto, lo que además promueve otro aliciente malicioso, puesto que esos costos —gratis no hay nada— los asumen con sus impuestos grupos minoritarios a los que se les vulneran sus derechos sin que puedan presionar por su tamaño o falta de organización. En definitiva: la democracia deja de perder el respeto por los derechos individuales, la igualdad ante la ley, la justicia y el Estado de Derecho y lo camufla con aquello de «lo que la mayoría decida» o «lo que el pueblo diga», cuando no bajo el más amplio epígrafe de «la justicia social».

Los actuales sucesos en Chile y Ecuador tienen en el fondo mucho de eso. La subida al transporte público —caso de Chile— o la eliminación de la subvención a la gasolina o el diesel —Ecuador— han desencadenado protestas muy violentas y sucesos que han tomado rumbos violentos y mediáticos sin que se trate el fondo del problema: el fin de subvenciones estatales que, por otra parte, son jurídicamente insostenibles en un sistema republicano y económicamente inviable.

Hay otros programas en diferentes lugares con este matiz de «interdependencia» que termina por fusionar intereses particulares de políticos con otros de grupos de presión, como los programas de ayuda a la familia, la alimentación escolar, leyes específicas que exoneran de impuestos a ciertos sectores, etc. En América latina, países como Chile, Colombia, México o Brasil son un ejemplo de implementación de estas ayudas sociales. Otras, como la recientemente aprobada en Guatemala, norman un pago impositivo menor a ciertos sectores productivos —generalmente asociados al sector agrícola— y lo justifican para mantener un cierto grado de soberanía alimentaria o contar con productos de primera necesidad; otros que no presionan no consiguen ventaja alguna.

Otras, como la recientemente aprobada en Guatemala, norman un pago impositivo menor a ciertos sectores productivos —generalmente asociados al sector agrícola— y lo justifican para mantener un cierto grado de soberanía alimentaria o contar con productos de primera necesidad.

La estrategia de apoyo a «nuevas industrias» también puede incluirse en ese grupo de ventajistas. El ejemplo más visible en los últimos años ha sido la subvención a los vehículos eléctricos. La falta de competitividad de aquellos requiere necesariamente un atractivo que promueven ciertos gobiernos: la ayuda financiera como estimulo, algo que pagamos usted y yo para que otro disfrute del vehículo que alguien desde el poder decidió que era «lo adecuado». Finalmente: menos libertad y más costos.

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28 de noviembre del 2019

¿Quiénes somos?

El Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas —CADEP— es el núcleo de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Fue fundado en el año 2002 con el objetivo de promover la teoría de la elección pública —en inglés, public choice—, una herramienta de análisis que utiliza la economía para estudiar la política.


AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.


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