Cuando la democracia da igual: golpe de Estado en Myanmar 2021



Luis Carlos Araujo Quintero

Estudiante del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Ferviente creyente de la moderación y del respeto a las reglas justas y correctas. Defensor de la libertad en todas sus dimensiones. 

El frágil balance de poder en Myanmar se rompió. Tras diez años de un lento y controversial proceso de democratización parcial del país, el Ejército dio un golpe de Estado contra el recientemente reelecto Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (NLD). Tanto el presidente como la consejera nacional, Aung San Suu Kyi, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991, fueron apresados por cargos menores, como poseer walkie-talkies no registrados.

¿Por qué será imposible que el Consejo de Seguridad de la ONU logre solventar la crisis en Myanmar?

El contexto del reciente golpe de Estado

Aung San Suu Kyi, ganadora del Nobel de la Paz, ha sido la líder nacional de facto desde que su partido empezó a gobernar en 2015. Su gestión ha sido criticada por muchos Gobiernos occidentales debido a su falta de acción y aparente confabulación con el Ejército en la persecución contra minorías étnicas. Este desprestigio internacional no previno que ganara las elecciones de 2020 por una amplia mayoría con 83 %.

Sin embargo, esta victoria se dio en condiciones cuestionables ante la exclusión de minorías étnicas. El problema actual se deriva de la posición del Ejército, el cual ve estos comicios como un fraude del partido de gobierno. La institución castrense intentó invalidar las elecciones en las cortes nacionales; ante el fracaso de este recurso legal, el Ejército dio el golpe el 1 de febrero con la promesa de nuevas elecciones.

A pesar de la indignación internacional que generó este golpe al proceso de liberalización del país asiático, el actuar del Ejército no es ninguna sorpresa: el proceso de democratización de Myanmar ha progresado poco debido a la reticencia de las fuerzas armadas de dejar el poder. Ante esto, la comunidad internacional está tratando de resolver esta crisis política desde las instituciones internacionales.

Así funciona el Consejo de Seguridad de la ONU

En el caso del golpe en Myanmar, el principal organismo internacional que puede actuar es la Organización de Naciones Unidas (ONU), específicamente a través del Consejo de Seguridad. Este cuerpo es el más poderoso de la ONU, pues es el único que puede tomar decisiones legalmente vinculantes sobre todos los Estados miembros. 

El objetivo principal del Consejo es mantener la paz a nivel mundial. Para lograrlo, este cuerpo tiene varios poderes:

  • instar a las partes a la resolución pacífica de conflictos;
  • implementar misiones especiales de paz;
  • autorizar intervenciones militares;
  • imponer sanciones económicas;
  • o llevar casos a la Corte Internacional de Justicia.

Debido al carácter delicado de la paz en Myanmar, este país ya se encuentra intervenido por una misión especial de la ONU que supervisa la democratización, ahora interrumpida por el golpe. La situación es tan grave que el Consejo de Seguridad se reunió de emergencia el día después del golpe para determinar qué hacer para restaurar la democratización. Pese a esta rapidez, hay un enorme obstáculo para su actuar internacional: el poder de veto de los miembros permanentes del Consejo. 

El Consejo consta de 15 miembros, cinco de los cuales son permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Cada uno de estos tiene el poder especial del veto. Esto quiere decir que el voto negativo de cualquiera de estos cinco países, aunque todos los demás voten que sí, impide la acción del Consejo. La idea de esto era prevenir que los intereses de las grandes potencias del mundo se vieran vulnerados por el poder colectivo de los demás. Sin embargo, esto ha servido para que las potencias defiendan a sus Gobiernos aliados, aunque estos cometan crímenes. En el caso de Myanmar, el país ha sido protegido por el veto de China en las resoluciones del Consejo. Por ejemplo, el Consejo fue incapaz de actuar ante la crisis de los rohinyá en 2017, masacres que tenían la sospecha de ser un genocidio, por la negativa china.

En la actual crisis, China volvió a proteger al Gobierno al solo permitir una condena vaga y sin acciones concretas en contra de su aliado. Si bien se exige la liberación de los presos y el libre actuar de la ONU en el país, no se impone ninguna sanción ni acción militar. En esencia, la resolución es más un símbolo de rechazo que una herramienta que incide en la crisis efectivamente.

El problema agente-principal de la ONU 

La raíz de esta inacción se puede entender desde la perspectiva del problema agente-principal. La idea básica es que, cuando alguien (el principal) delega la responsabilidad o autoridad a alguien más (el agente), el agente nunca va a actuar al 100 % conforme lo que quiere el principal porque ambos tienen intereses divergentes.

En el caso de la ONU, los Estados de la comunidad internacional son los principales que delegan responsabilidades y poder sobre el Consejo de Seguridad, que actúa como agente. Por lo tanto, lo que muchos Estados quieran no va a ser necesariamente lo que el Consejo haga.

Esta divergencia de intereses se debe al interés chino sobre Myanmar, el cual hace que ejerza su poder de veto. Myanmar ha sido un Estado satélite de China desde la Guerra Fría. Esto se debe tanto a la afinidad ideológica del Ejército como a la posición estratégica de Myanmar respecto al interior de China: tener un Gobierno afín, militar o no, garantiza los intereses económicos chinos, pues asegura el suministro de petróleo al interior del gigante asiático al recortar la ruta marítima.

Por esto, el Consejo se vuelve incapaz de actuar. Esto, a su vez, incentiva sanciones exclusivamente occidentales, las cuales solo acercan al país a China. Ante esta situación, es poco probable que esta crisis se resuelva en el seno de la organización internacional diseñada para prevenirla porque la democracia en Myanmar le da igual a China económicamente.


15 de febrero del 2021

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El Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas —CADEP— es el núcleo de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Fue fundado en el año 2002 con el objetivo de promover la teoría de la elección pública —en inglés, public choice—, una herramienta de análisis que utiliza la economía para estudiar la política.

AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.


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